lunes 16 de noviembre de 2026

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El Operativo Enjambre que derivó en la detención de dos alcaldes en funciones en Morelos no fue una sorpresa para las autoridades federales. Desde 2019 informes clasificados de la Sedena y de la Semar documentaron con nombres y estructuras la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales y estatal. Los documentos señalaron vínculos entre funcionarios de las administraciones de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, primero, y como gobernador, después, con organizaciones criminales.

El 20 de mayo último el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la orden de detención de dos alcaldes en funciones y uno más que ya había concluido su mandato, como parte del Operativo Enjambre para detener a funcionarios coludidos con la delincuencia organizada.

Los capturados fueron los alcaldes de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el exalcalde de Yecapixtla Irving Sánchez. También fue desarticulada la estructura de la Presidencia Municipal de Cuautla, cuyo titular, Jesús Corona, se encuentra prófugo. Dos de ellos estaban identificados desde hace años por sus relaciones criminales.

Desde 2019 informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron que Morelos ha estado en manos de autoridades, incluidos jueces, coludidas con bandas del crimen organizado. Los reportes fueron elaborados a principios de ese año entre la Sedena, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y la 24 Zona Militar ubicada en Cuernavaca.

Uno de los documentos titulado “Panorama delictivo de Morelos”, con el folio SEMAR/UIN.-DI.-C-033, reveló que los remanentes del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva contaban con “protecciones de autoridades del exgobernador de la entidad, Graco Ramírez (2012-2018)”, y detalló que, en la siguiente administración, el primer círculo de influencia política del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024) tenía vínculos con los cárteles de Los Rojos, Gente Nueva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los narcotraficantes con centros de operaciones en Morelos se encargaron de colocar a gente de su confianza en regidurías y alcaldías, por mencionar los puestos más bajos. Esa misma práctica se repite en la administración de Margarita González Saravia, quien arribó al máximo cargo público del estado con el apoyo de organizaciones delictivas como Los Tlahuicas o Comando Tlahuica, a cargo de Homero Figueroa Meza, mejor conocido como la Tripa, de acuerdo con un exfuncionario morelense que participó en la contienda electoral de 2024 y que pidió reservar su identidad por temor a las represalias. Se trata del mismo presunto criminal que apareció junto a Blanco Bravo en una fotografía publicada por El Sol de México en enero de 2022.

La estructura criminal que operó bajo la gestión de Graco Ramírez protegió y brindó apoyo al extinto Héctor Beltrán Leyva, el H o el Ingeniero, que a su vez era compadre de Héctor Omar Maganda Salazar, exdirector de Seguridad Pública en Zihuatanejo, Guerrero; este último habría liberado a Salvador Granados, alias el Chava Granados, líder del grupo Los Guerreros y Fuerza Guerrerense, aliado al CJNG. Lo anterior forma parte del análisis de fuentes abiertas de la Sedena incluido en el mismo informe. En reiteradas ocasiones Maganda Salazar presumía con políticos y capos ser informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y haber brindado protección a delincuentes de la talla de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, hoy preso en una cárcel estadunidense y convertido en testigo protegido.

Según ese informe, Graco Ramírez también brindaba su apoyo incondicional al expresidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, el primer integrante de Morena en asumir el cargo y que, junto con Maganda Salazar, se encargaron de brindarle protección a la organización Beltrán Leyva, liderada en el pasado por Édgar Valdez Villarreal, la Barbie; Moisés Montero Álvarez, el Koreano, y Gamaliel Aguirre Tavira, mejor conocido como el Güero Huetamo”.

De acuerdo con el documento, el hermano del expresidente municipal de Cuernavaca, Pablo Rubén Villalobos, habría hecho una seria amenaza contra el entonces vicepresidente ejecutivo del diario Reforma, Jorge López Flores, “por una mala negociación”, pero Maganda Salazar “fungió como intermediario para detener la ejecución”.

En 2019 el municipio de Cuernavaca ocupó el primer lugar a escala estatal, con 40.36%, de eventos delictivos cometidos en Morelos, “esto debido a la disputa entre Los Rojos con su antagónico más fuerte, el CJNG”, detalla otro de los informes. Y añade: “Representa un punto de unión en la ruta de la droga proveniente del estado de Guerrero y su ingreso a los estados de México y la Ciudad de México; además de estar situada sobre el poliducto Añil-Cuernavaca, donde los grupos delincuenciales aprovechan para realizar el robo de hidrocarburos”.

En el documento de 51 páginas marcadas con la leyenda “CONFIDENCIAL”, se puede constatar la influencia del crimen organizado en el estado de Morelos: “Tienen presencia CJNG, La Familia, escisiones de los Beltrán Leyva como Los Rojos y Guerreros Unidos, así como grupos delictivos locales autodenominados Los Mayas, Los Linos y el Cártel del Sur, quienes mantienen enfrentamientos por el control del territorio para actividades ilícitas vinculadas a la delincuencia organizada”.

Según detalla, Los Rojos eran liderados por Santiago Mazarí Hernández, el Carrete; con una fuerte presencia en los municipios de Cuernavaca, Miacatlán, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Zacatepec, Jojutla y Tlaquiltenango, “donde controla el trasiego, distribución y venta de drogas (cocaína, marihuana y metanfetaminas al menudeo procedentes de Guerrero)”. Asimismo Guerreros Unidos tiene una fuerte presencia en Cuautla, Ayala, Jonacatepec, Yecapixtla y Ocuituco, así como en la zona metropolitana de Cuernavaca; específicamente en Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Amacuzac.

Hasta 2019 el grupo denominado La Familia tenía influencia en Cuautla y Yautepec y estaba aliada con Guerreros Unidos. Las actividades criminales que llevaban a cabo era el trasiego y venta de drogas. Según refiere el informe, en la zona existen alianzas entre los grupos CJNG y Guerreros Unidos y Los Rojos y el Cártel del Sur; ambos “mantienen pugnas en la entidad”. Aunque también hay grupos como Los Marraneros y Los Tilos ligados a Los Rojos y Guerreros Unidos, respectivamente.

En enero de ese mismo año autoridades de Morelos identificaron a un grupo autodenominado Comando Tlahuica, liderado, como hemos dicho, por la Tripa, en los municipios de Temoac y Jonacatepec. El organismo de justicia estatal aseguró que la organización está “dedicada al secuestro de empresarios, comuneros, ataques armados, ejecuciones y extorsiones”; y algunas de sus principales actividades que realizan los integrantes de la delincuencia organizada son “trasiego de drogas, narcomenudeo, tráfico de armas, robo de hidrocarburo, extorsión, el secuestro y el préstamo irregular (gota a gota)”.

La Semar reveló que el municipio de Temoac tiene una ubicación privilegiada al oriente de Morelos, debido a que cuenta con una autopista que conecta con el estado de Puebla; sin embargo, ésta sería utilizada por miembros del crimen “como la ruta centro” de sus actividades ilícitas. Eso, pese a la presencia de la Organización de Vigilancia Comunal, que en años anteriores redobló esfuerzos para mantener la paz en la zona sin mucho éxito.

En aquel poblado, el CJNG y el Comando Tlahuica negociaron con políticos y empresarios de Morelos para tener participación criminal en el Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual contempló la construcción y operación de una central termoeléctrica, así como un acueducto que transporta 50 millones de litros de agua al día a través del municipio de Ayala y un gasoducto en la región oriente de la entidad. “Esto es de interés para el Comando Tlahuica, que pretende controlar la recaudación del pago del servicio de agua potable, el robo de hidrocarburo y gas en el municipio”, detalló el informe, que fue corroborado con una fuente consultada al interior del gobierno del estado. Precisaron que las gestiones estuvieron a cargo de Figueroa Meza y de un hombre identificado como “‘El Comandante Juárez’”.

Los integrantes de la delincuencia organizada, al verse superados por antagónicos o sentirse afectados por parte del personal de seguridad pública o medios de comunicación, “optan por eliminar esa amenaza”, refieren las autoridades. De esa forma, ejecutan a las personas de forma violenta “para infundir temor en la sociedad o a sus adversarios”. Prueba de ello fue el 20 de febrero de 2019 “cuando sicarios del Comando Tlahuica ejecutaron en la puerta de su casa con arma de fuego al activista Samir Flores Soberanes, de 35 años, en la localidad de Amilcingo, en Temoac, Morelos”.

Samir había fundado la estación de radio Amiltzinko 100.7 FM y era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Agua y Aire en Morelos, Puebla y Tlaxcala. En sus últimos meses de vida el también comunicador fue opositor a los proyectos de la termoeléctrica en Huexca, en Yecapixtla; el gasoducto de Amilcingo y el acueducto de Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros. Su voz era incómoda para Figueroa Meza y su grupo, por lo que, según informes de inteligencia, habría sido ultimado para evitar el crecimiento de un movimiento opositor.

Años antes del homicidio de Samir Flores ocurrió otro ataque, el 16 de diciembre de 2016, cuando las oficinas del programa radiofónico El Txoro Matutino fueron baleadas en Cuernavaca. De acuerdo con un comunicado del medio, el atentado se perpetró días después de una amenaza contra el conductor Juan José Arrese, emitida presuntamente por el entonces dirigente estatal del extinto PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro de Graco Ramírez. El aviso se lo habría dado el subsecretario de Gobierno del Estado, Jorge Meade González, en una llamada grabada por Arrese, en la que el funcionario perredista le reiteró que “le iban a poner una madriza”.

La amenaza se habría derivado de los comentarios emitidos por Arrese –y otros comunicadores del programa– en favor del entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, informes de inteligencia tienen una versión más enfática. Un correo electrónico fechado el 1 de abril de 2019 entre agentes de inteligencia de la Sedena detalló que el jefe de plaza del CJNG en Cuautla, Raymundo Isidro Castro, el Ray, y su gente “fueron contratados por medio de Cuauhtémoc Blanco y José Manuel Sanz, ya que planean balear el domicilio de un locutor… de nombre Juan José Arrese, quien es el locutor del programa el Choro matutino (sic)”.

De acuerdo con la comunicación, “Cuauhtémoc Blanco pagó tres millones de pesos al jefe de plaza para balear el domicilio del locutor y echarle la culpa a Rodrigo Gayosso”. Y agregó: “También me comenta que se hicieron compromisos para que ‘el Ray’ siguiera controlando la plaza, sello de ese compromiso es la foto de Cuauhtémoc Blanco con ‘El Ray’ en la iglesia del padre Juan (Alvarado, vicario de Cuernavaca), que es el lugar donde se hacen a veces los arreglos del crimen organizado, político y demás”.

En el caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco los informes de la Sedena desnudaron la doble función que llevaban a cabo funcionarios de su gestión, entre ellos José Manuel Sanz Rivera, quien fungía como jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos y también sostenía vínculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG; así como José de Jesús Guízar Nájera, subsecretario de Gobierno del Estado de Morelos con nexos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG; Uriel Carmona Gándara, el entonces fiscal de la entidad, y con señalamientos de contubernio con Los Rojos y Gente Nueva. También develaron que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, tenía vínculos con Los Rojos y Gente Nueva; así como Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico de Morelos, quien sostenía relación político-criminal con Los Rojos y Gente Nueva. Lo anterior está contenido en un documento de la dependencia titulado “Autoridades estatales con posibles vínculos con la delincuencia organizada” fechado el 18 de febrero de 2019.

Durante los primeros años de gestión de Blanco, el Comando Tlahuica se coludió con el entonces gobernador, “debido al interés que demuestran por la seguridad de este”. Los documentos, hasta este momento clasificados, apuntaron a un repunte de la violencia en la entidad: “Es posible que incrementen los índices de violencia por enfrentamientos entre grupos antagónicos, debido a su interés de mantener en el gobierno a funcionarios corruptos que les permitan actuar con impunidad”.

Los informes también registran el caso de quienes se han negado a colaborar. Tal es el caso de la diputada local del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez, quien fue asesinada el 5 de octubre de 2022, tan sólo tres meses después de haber tomado posesión.

El verdadero capo en Morelos

Tres años antes, en 2019, el estado de Morelos venía arrastrando una estela de violencia con la operación y expansión del cártel de Los Rojos, entonces liderado por el Carrete, quien fue aprehendido en agosto de ese mismo año y condenado a dos décadas en prisión por delincuencia organizada. El grupo criminal logró tener entendimiento con el Cártel del Sur y Guerreros Unidos que, a su vez, operaban en alianza con La Familia y el CJNG.

La fuente que estuvo cercana a las dos últimas administraciones de Morelos reveló a este reportero que la captura del Carrete en la región de Leonardo Bravo, en Guerrero, no se debió a un trabajo de inteligencia de la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional, la Policía Federal ni mucho menos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Es una auténtica falacia”, reveló. “Hay que decirlo con todas sus letras: el verdadero capo en Morelos es Federico Figueroa” (hermano del fallecido cantante Joan Sebastian), quien en 2016 fue citado a declarar en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de que el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez, lo señalara de tener vínculos con el crimen organizado. Un año antes, el hermano del denominado “Rey del jaripeo” fue mencionado en narcomantas en Guerrero por, presuntamente, estar vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Ya se traían pique”, dijo el contacto. Y reveló que en una reunión, que el propio Figueroa organizó en el hotel Holiday Inn de Cuernavaca, platicó con miembros influyentes de la administración de Cuauhtémoc Blanco y pidió que lo dejaran “pacificar el estado”. Y así fue. Luego de abrazos y apretones de manos, Federico se retiró del lugar y semanas después enviaría un mensaje clave a gente cercana al mandatario estatal, horas antes de la captura del Carrete”: “Ya quedó. Me deben una”, decía la misiva.

El temido hermano de Joan Sebastian, según contó, “es de las piezas más sigilosas al momento de operar”; muchos líderes de otras mafias locales lo respetan y siguen sus consejos. “Es una especie de mentor para algunos criminales”, dijo.

Algo similar ocurre en torno de la –casi mítica– figura criminal de Abel Maya Domínguez, identificado como exlugarteniente del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, y que al día de hoy dirige su propio grupo conocido como Los Mayas o La Gente de Abel Maya, con centro de operaciones, principalmente, en la Zona Metropolitana de Cuernavaca. Según la fuente oficial, la administración está coludida en el cobro de piso o extorsiones con Abel Maya e, incluso, “le han permitido el control de la distribución de drogas en la capital morelense con la ayuda del Cártel de Sinaloa”.

Lo anterior, con la operación en campo de policías municipales y la Policía Estatal de Morelos. En el documento “Panorama delictivo de Morelos” las autoridades aseguran que Maya es uno de los “Objetivos Prioritarios” de la entidad desde 2019 y, pese a ello, no lo han capturado. Sin dejar de mencionar que el Área de Inteligencia de la Sedena cuenta con al menos cinco domicilios en los que se podría estar guareciendo el presunto criminal; tres de ellos en Cuernavaca, uno en Puebla y otro más en la Ciudad de México.

Alianzas con alcaldes

La presencia del narcotráfico en Morelos no es fortuita. Otro reporte de inteligencia reveló que por lo menos 12 presidentes municipales estaban aliados con Los Rojos: Alberto Sánchez Ortega, expresidente municipal de Xochitepec y hoy diputado de Morena; Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jiutepec por la coalición PT-Morena-PES; así como los alcaldes de toda el área suroeste de Morelos, es decir, los municipios de Tlaltizapán (Alfredo Domínguez Mandujano), Puente de Ixtla (Mario Ocampo Ocampo), Tlaquiltenango (Jorge Maldonado Ortiz), Jojutla (Juan Ángel Flores Bustamante), Amacuzac (Alfonso Gabriel Miranda Gallegos), Mazatepec (Maximina Trinidad Pérez Coria), Coatlán del Río (Celso Nieto Estrada), Tetecala (Luz Dary Quevedo Maldonado), Xoxocotla (Leonel Zeferino Díaz) y Coatetelco (Norberto Zamorano Ortega). Sin importar la bandera partidista, el narco se incrustó lo mismo en el partido Morena que en el PRI, el PAN o el PSD.

Los documentos filtrados son vastos y también explican la relación de la política del PRI, Rosalinda Mazarí Espín, quien tiene nexos con Los Rojos, pues ella no sólo habría recibido apoyo directo de la organización, sino que tenía una conexión cercana con el Carrete al ser su tía. Rosalinda fue tres veces diputada federal por Cuernavaca y diputada local en una sola ocasión.

El informe de la Semar también señaló a otros presidentes municipales como el de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez (PRD y PSD); el de Cuautla, ahora prófugo, Jesús Corona Damián (Morena, PES y PT); Yecapixtla, Francisco Erick Sánchez Zavala (PAN y MC); Temoac, Valentín Lavín Moreno (PVEM), y Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega (Morena, PT y PES); todos vinculados con los cárteles de Guerreros Unidos y CJNG.

El documento detalla que “el alcalde de Temoac es yerno del secuestrador Antonio Aparicio”. Y refiere que en 2018 ejecutaron a tres mujeres de su familia y fue amenazado públicamente por el Comando Tlahuica, al considerarlo “su contrario político-delictivo”. En el caso de Cuautla, los documentos detallaron que Samuel Corona Damián, hermano del presidente municipal, había sido detenido por secuestro, ya que “en la casa de seguridad había mantas con mensajes de narcopolítica”.