lunes 16 de noviembre de 2026

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La red de empresas vinculadas a los hijos y socios de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se convirtió en un entramado de contratos públicos, licitaciones a modo y triangulación de recursos que hoy es investigado por la UIF y la justicia de Estados Unidos. El congelamiento preventivo de cuentas bancarias, las denuncias por tráfico de influencias y la participación de funcionarios cercanos en compañías fantasma revelan un sistema de corrupción que operó bajo la sombra del poder y con la presunta colusión de Los Chapitos.

Al margen de las acusaciones por su presunta colusión con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, instaló en los puestos clave del estado a un grupo que tomó las riendas del aparato burocrático e hizo negocios al amparo del poder; además de contratar a empresas creadas por socios de sus hijos y de su yerno, el gobierno estatal organizó licitaciones a modo para compañías que triangularon parte de los recursos hacia empresas de los hijos del mandatario.

Esta red de compañías, encabezada por Rubén, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos, lo que ha obligado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar a las empresas de los hijos del mandatario y a ordenar a las entidades del sistema financiero mexicano el congelamiento de las cuentas bancarias de Rocha Ruiz y sus nueve coacusados “de forma preventiva”, aunque la UIF resaltó el 18 de mayo último que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva”.

Entre los socios de las empresas de los Rocha Ruiz –llamadas Constructora Chocosa, Stare It Services, Construcciones Suaqui, Grupo Rofcar, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte y Chocosa Ranch– destaca José Carlos Cárdenas Mellado, quien fue nombrado director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) en 2024, y al que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó como uno de los enlaces de Rocha Moya con Los Chapitos, como lo reveló Proceso en su edición XVI.

También aparece Luis Manuel Mercado Rosales, presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), una instancia a la que el gobierno de Sinaloa entregó 198 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2026, según una revisión realizada por Proceso a los miles de convenios y contratos otorgados por la administración de Rocha entre 2021 y 2024, y en lo que va de 2026, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De manera extraña, en la PNT no están disponibles los contratos de obras y servicios entregados por el gobierno de Sinaloa en 2025.

De acuerdo con un reportaje de N+ publicado el 6 de mayo último, el gobierno de Rubén Rocha entregó el control de la JUMAPAM a los operadores de los Chapitos, y con ello las juntas municipales de agua potable de Culiacán y Guamúchil.

En su empresa constructora Chocosa, los Rocha tienen como socio a Francisco Javier Barrón Sandoval, cuyos hijos han ocupado cargos en la administración estatal de Sinaloa bajo la gestión de Rocha. Uno de ellos, Francisco Javier Barrón Aguayo, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable apenas en febrero pasado, en una dependencia entonces dirigida por Omar López Campos, el suplente de Enrique Inzunza Cázarez –coacusado con Rocha en Estados Unidos– en el Senado.

Coincidencia o no, Barrón Aguayo era socio –en Grupo del Siaric 2019, una empresa dedicada a la comercialización de sal– de Juan de Dios Gámez Mendívil, el ahijado de Rubén Rocha Moya y presidente municipal de Culiacán con licencia, acusado también por la justicia de Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos. El tercer socio de la empresa, Jorge Miguel Morales Donada, es hermano de María del Carmen Morales Donada, la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Culiacán.

Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los servicios de Salud del Estado, una institución que junto con el DIF ha otorgado contratos a la red de compañías y socios de los hijos de Rocha Moya, es un hombre cuya trayectoria empezó en la militancia de las izquierdas (fue estudiante y maestro normalista en los setenta, en los que se relacionó con la combativa Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México), se desarrolló en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y creció en el PRD a finales de los noventa, cuando el partido era presidido por Andrés Manuel López Obrador.

Ceguera gubernamental

Los señalamientos sobre las redes de empresas de Sinaloa no son desconocidos en el estado. En noviembre de 2020, en plena pugna por la candidatura de Morena a la gubernatura, el político de Redes Sociales Progresistas, Julio Cahue Heras, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado donde acusaba a Rubén Rocha Moya, entonces senador de Morena, de tráfico de influencias, por las asignaciones de contratos públicos –por 64 millones 660 mil pesos– a la constructora Chocosa durante los gobiernos de los priistas Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, de quienes Rocha había sido asesor.

Otros casos de asignaciones de recursos públicos a las empresas de esta red fueron documentados por periodistas de Sinaloa –como Aarón Ibarra en Proceso, pero también Marcos Vizcarra, Sibely Cañedo, Adrián López o el equipo de Ríodoce–, pero fueron ignorados por el gobierno federal y el oficialismo durante cinco años, como lo fueron las denuncias sobre la participación de hombres armados para beneficiar a Rocha Moya durante las elecciones de 2021, o sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, durante el secuestro de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024.

El año pasado, el medio Xpectro exhibió, en una exhaustiva investigación periodística –basada, entre otros, en documentos de Estados Unidos y del Servicio de Administración Tributaria (SAT)–, la vasta simulación que imperaba en el otorgamiento de contratos de obra pública en Sinaloa, con un grupo de 23 empresas que se repartieron las contrataciones mediante ofertas similares, a veces con diferencias de algunos centavos de peso, entregando obras mal construidas, como el puente El Quelite, adjudicado a una de las empresas de esta red, llamada Grobson, que se derrumbó tres semanas antes de la fecha de su inauguración.

La investigación apuntó también a asignaciones irregulares desde el DIF, encabezado por Eneyda Rocha Ruiz, la hija del entonces gobernador, que entregó contratos de cientos de millones de pesos a empresas fantasma, y señalaba que algunas de las empresas contratadas por el gobierno estatal depositaron dinero a la empresa Chocosa, de los hijos de Rocha, poco después de cobrar el dinero de los contratos públicos.

Los documentos exhibidos por Xpectro muestran una relación entre empresas dedicadas al huachicol y la empresa Stare It Services, que pertenece a Ricardo Rocha Ruiz y su cuñado Jorge Antonio Cano Félix, el esposo de Eneyda Rocha Ruiz. Después del atentado que sufrió la hija de Cano y Rocha, el 23 de septiembre de 2025, Ríodoce exhibió que la camioneta en la que viajaba la menor de edad pertenecía a esta empresa, pero había sido “asignada” por el gobierno estatal a la presidenta del DIF.

Todas estas historias volvieron a cobrar vigencia a la luz de las imputaciones de un gran jurado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y nueve de sus colaboradores cercanos –incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fuera su secretario de Gobierno, y su exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega– por su presunta colusión con Los Chapitos.

Nepotismo

Cada uno en su manera, Enrique Alfonso Díaz Vega y Enrique Inzunza Cázarez, ha aprovechado sus cargos en el poder para beneficiarse a sí mismos y a sus familias.

Aunque en los registros no aparezcan empresas a su nombre, Inzunza, el aliado más cercano de Rubén Rocha Moya, enriqueció a su clan al amparo del poder, pues construyó un cacicazgo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (STJES), del que fue presidente en dos ocasiones –incluyendo unos meses en 2021, antes de brincarse a la secretaría de Gobierno de Rubén Rocha–, y colocó a por lo menos ocho familiares en los cargos clave del tribunal, mientras su hermana Aída Inzunza Cázarez es magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES).

El sucesor de Inzunza en la Secretaría de Gobierno de Sinaloa, el empresario transportista Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, es ahora jefe de Oficina de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, quien tomó posesión cuando Rocha pidió licencia. La esposa de Bedoya, Silvia Beatriz Rivas Zamudio, es jefa de departamento en el DIF de Sinaloa, encabezado por Eneyda Rocha Ruiz.

Enrique Díaz, por su parte, tiene una trayectoria más clásica: empresario inmobiliario, quien hizo negocios durante años con la adinerada familia de Santiago Gaxiola Clouthier –fundador de Grupo Premier, dedicado a la venta de carros–, adquirió 18 propiedades durante sus escasos tres años en el gobierno. Estos bienes inmuebles se sumaron a los 24 que tenía antes de ingresar a la administración de Rubén Rocha; como lo documentó el periodista sinaloense Marcos Vizcarra, de los 131 millones de pesos de propiedades que el hombre reportó en su declaración patrimonial, 125.3 millones de pesos fueron pagados al contado. Uno de sus socios en los negocios inmobiliarios, Javier Gaxiola Coppel, también formó parte de la administración de Rubén Rocha, de quien fue secretario de Economía.

Su sucesor en el cargo, Ricardo Jesús Velarde Cárdenas, es un empresario dueño de bares y discotecas en Sinaloa, y socio de Román Lizárraga Quintero, el esposo de la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; de Armando Lizárraga Angulo, un empresario de la construcción en Mazatlán, y de varios servidores públicos de ese municipio turístico de Sinaloa.

De hecho, el exgobernador de Sinaloa por el PRI, Quirino Ordaz Coppel, también está asentado en Mazatlán, la ciudad donde nació y donde tiene 12 empresas hoteleras. Ordaz es actualmente embajador de México en España, cargo que el expresidente López Obrador le ofreció en 2022, después de la elección de Rubén Rocha Moya, quien había sido su asesor. A diferencia de otras figuras del PRI sinaloense, Quirino Ordaz no denunció los actos de violencia perpetrados por supuestos integrantes de Los Chapitos contra políticos y operadores electorales de su partido el día de las elecciones, para favorecer la elección del morenista.