A un año de concluir su gubernatura, Evelyn Salgado deja un Guerrero fracturado, donde la organización criminal La Familia Michoacana impone cuotas, controla mercados y desplaza comunidades para apoderarse de rutas de trasiego, recursos naturales y espacios para producir fentanilo entre las zonas de la Montaña y Tierra Caliente. La respuesta del gobierno estatal y federal ha sido tardía y simbólica: despensas, colchonetas y una coordinación de paz instalada en un cuartel. Mientras, comunidades enteras permanecen atrapadas entre la violencia y el abandono.
CHILPANCINGO, Gro.– A poco más de un año de concluir el primer gobierno de Morena en Guerrero, encabezado por la primera mujer en el cargo, Evelyn Salgado Pineda, en varias regiones del estado reina la ingobernabilidad por el poder de las organizaciones delictivas, que ha dejado en el abandono a una parte de la población que se encuentra atrapada y aterrorizada por la pugna criminal.
Desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos e incursiones criminales en diversas comunidades, ejidos y pueblos son síntomas presentes de la inoperancia de la autoridad entre la Montaña y Tierra Caliente guerrerenses.
En lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán, ejidatarios de Guajes de Ayala permanecen en guardia ante el acecho del cártel La Familia Michoacana.
La organización criminal, aseguran a Proceso ejidatarios que pidieron reservar su identidad, intenta desplazarlos para apoderarse de la ruta de la sierra Tierra Caliente-Costa Grande, de la explotación de madera, oro y uranio, además de pretender instalar laboratorios para producir fentanilo. Sus escuelas están cerradas y el único centro de salud lleva cuatro años sin funcionar.
La población de Coyuca de Catalán ha luchado desde los años cuarenta por defender su bosque. Se ha enfrentado a los brazos armados del gobierno y empresarios, policías, militares, paramilitares y recientemente a sofisticados criminales, supuestos integrantes de los cárteles de la droga.
El costo ha sido el desplazamiento forzado, cárcel, tortura, desapariciones y ejecuciones para cientos de pobladores.
Manuel Olivares Hernández, exdirector del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dice que el desplazamiento en la región es parte de una estrategia de contrainsurgencia a largo plazo.
Guerrero es uno de los estados con mayor número de bases militares en el país. De la IX Región Militar depende la 27 Zona Militar con seis batallones de infantería en ese puerto y las dos costas: Cruz Grande, Cumbres de Llano Largo, Pie de la Cuesta, El Ticui, Petatlán y Zacatula. Y la 35 Zona Militar que tiene batallones en Iguala, Ciudad Altamirano, Teloloapan, Chilpancingo y Tlapa de Comonfort.
El Ejército se instaló, asegura, después de que las luchas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas fueron derrotadas militarmente en los setenta.
Guajes de Ayala es un núcleo agrario con siete comunidades marginadas, pero autosuficientes en su alimentación y economía. Ahora viven otro intento de despojo de sus tierras por parte de una avanzada de criminales. Ante la falta de seguridad decidieron tomar las armas, pero su vida agrícola y cotidiana se alteró.
El Centro de Salud de El Pescado es el único en el ejido. Al inicio de 2021, cuando la población expulsó a delincuentes que iniciaban la explotación de madera, huyó el único enfermero que atendía. Sólo hay una ambulancia en desuso.
En una urgencia, los vecinos recorren siete horas de distancia para atenderse en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande. No pueden ir a su cabecera porque el camino está cuidado por sicarios. Una familia desembolsa al menos cinco mil pesos para cubrir el traslado, alimentos, atención y medicinas.
En Guajes de Ayala la única opción de estudio son tres escuelas primarias situadas en Hacienda de Dolores, Los Órganos y El Pescado, donde los maestros salieron a mediados de octubre de 2025 tras un enfrentamiento entre delincuentes y autodefensas. Las autoridades no garantizaron la seguridad.
Los programas del gobierno federal como Sembrando Vida no llegan a varias de estas comunidades.
Manuel Olivares considera que el Ejército se desprestigió al sembrar el terror en Guerrero, por lo que delegó su estrategia de contrainsurgencia. “Los militares ya no cometen desapariciones y ejecuciones porque los grupos de narcoparamilitares se convirtieron en brazos ejecutores”.
El año pasado el ejido Guajes de Ayala sufrió ataques de huestes de la organización dirigida por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Pez y el Fresa, en dos fechas, el 15 de octubre y el 18 de diciembre.
Javier Hernández Peñaloza preside el comisariado de bienes ejidales Guajes de Ayala y coordina a un grupo de pobladores que ha repelido las balas. Consultado, enumera motivos por los que se ambiciona ocupar estos territorios: la ruta, las madrigueras que ofrece la sierra, los recursos naturales y minerales, así como la instalación de laboratorios para producir drogas sintéticas.
El ejido es la única ruta de trasiego que conecta Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, con la Costa Grande. Además, la sierra es apta para refugiarse de operativos por estar aislada de la civilización.
Guajes de Ayala tiene una extensión de 18 mil 20 hectáreas de tierra, más de 50% son maderables.
“No hay concesiones reconocidas o que alguna empresa reclame, pero sabemos que hay dos minas de oro”, dice el comunero. Agrega que “incluso Estados Unidos ha sancionado a los líderes y familiares de la organización criminal por la explotación y trasiego de recursos naturales, como uranio, mercurio”.
Otra razón es la instalación de laboratorios de drogas sintéticas, como lo han hecho cerca de Zirándaro. El ejido tenía mil 600 habitantes, a raíz del desplazamiento masivo se ha quedado con 500. “No queremos estar bajo el yugo de esclavitud de ninguno de la delincuencia organizada”.
Terror en Taxco
En la última década, Taxco, referente del turismo religioso, se convirtió en el epicentro de las desapariciones en Guerrero, que alcanzó al presidente municipal morenista Juan Andrés Vega Carranza y a su papá, el director del IMSS Bienestar, Juan Vega Arredondo.
El médico Vega Arrendondo fue secuestrado la mañana del 11 de abril a bordo de su automóvil cuando se dirigía a su trabajo. Su hijo, el edil, acudió personalmente a negociar la liberación la madrugada del lunes 13, pero también fue privado de su libertad.
A la una de la tarde, el alcalde y su padre fueron encontrados en las inmediaciones del municipio de Zacualpan, Estado de México. Ambos estuvieron en una casa de seguridad de Tetipac, de acuerdo con una fuente de seguridad consultada por Proceso.
Para su localización se desplegaron por tierra y aire más de 500 efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministerial.
La negociación, según la información recabada, habría sido la liberación de Juan N, alias el Goku, jefe de plaza de Taxco, así como el libre tránsito de la ruta San Juan Tenería, Taxco, a Puerto Oscuro, en Zacualpan.
El 29 de abril fueron cesados en sigilo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, y el director de la Policía, Santiago Medina Mora, que asumieron el cargo en octubre de 2024 y habían dado golpes a la célula criminal. La salida de los mandos, confió la fuente, fue otro acuerdo en el secuestro.
La operación para encontrar al alcalde y su padre evidenció el sometimiento de la clase política a la delincuencia y un trato preferencial: en Guerrero hay víctimas de primera y de segunda.
En Taxco el hostigamiento de autoridades y criminales obliga a las familias a buscar en silencio a sus desaparecidos. Es tanto el temor que no se ha conformado ni un colectivo de familiares de víctimas, pese a que hay cientos de casos.
Jesús Alberto Jaimes Brito, de 25 años, es un ciudadano estadunidense que llegó en enero a Taxco para visitar a su familia dedicada a la reparación de alhajas y celebró el cumpleaños de su mamá el 25 de marzo. Cinco días después salió de su casa y no ha regresado.
El día 31 su familia denunció la desaparición ante la FGE, pero hasta el 2 de abril las autoridades mostraron interés cuando en pleno Jueves Santo, ante la mirada de turistas, familiares y amigos bloquearon la avenida Plateros para exigir su búsqueda.
El alcalde Juan Andrés Vega los convenció de levantar su manifestación. La noche del sábado 11 de abril solicitaron ayuda al edil cuando éste se encontraba reunido con el senador Félix Salgado tratando la desaparición de su padre.
“Cedimos porque nos dijo que estaban haciendo su trabajo y que no estábamos colaborando”. Desde entonces no han tenido respuesta.
“No les importó mi hijo. Les preocupaba la imagen de Taxco”, dijo la madre. Las autoridades realizaron una supuesta búsqueda en Tetipac y dijeron que no hallaron pistas.
“Nos da impotencia y coraje que se perdió el padre del presidente y movieron cielo, mar y tierra. Y los ciudadanos, ¿somos nada? ¿Números? Las autoridades no están haciendo su trabajo. Mis hijos vinieron de vacaciones y es un calvario”, reclamó la mamá del joven.
En medio de la violencia, un grupo de mineros continúa una huelga iniciada desde hace 18 años. Con temor y reservas cumplen sus guardias en cuatro minas, una de ellas situada en una cañada que es paso a Tetipac.
El líder del Sindicato Minero de Taxco, Roberto Hernández Mojica, calcula que la violencia criminal tiene más de 12 años. “Poco a poco empezó a arreciar hasta llegar a esto. Hace dos años era insostenible, pero a raíz de la entrada de este gobierno bajó; creo que hubo un convenio, al menos los asesinatos bajaron”.
Pero los levantones y el cobro de piso, alerta, sí está a la luz del día, advierte.
La Comisión Estatal de Víctimas de Guerrero informó que del 1 de enero de 2015 al 20 de mayo de 2026 se han denunciado 199 casos de desaparición de personas en este municipio de 10 mil habitantes. Del total, no se sabe el destino de 113 víctimas y 13 han sido encontradas muertas.
Según el reporte, sólo en 2023, en el gobierno municipal de Mario Figueroa Mundo, desaparecieron 41 hombres y seis mujeres. Pero vecinos consultados informaron que en los últimos cinco años han desaparecido cientos de personas, entre obreros, profesionistas, transportistas, empresarios, políticos y periodistas.
El periodo del recrudecimiento del terror se ubica en 2021, cuando Mario Figueroa “subió a negociar y vendió el municipio” para llegar a la presidencia, aseguraron fuentes locales.
A partir de este momento La Familia Michoacana tomó el control de la seguridad pública, impuso cuotas a comerciantes y transportistas y acaparó la comercialización de abarrotes.
Mario y Marco, hijos del alcalde, presos por delincuencia organizada y desaparición forzada, controlaban la venta del huevo, pollo fresco, carne de puerco, crema y queso en todo el municipio.
En el ocaso del gobierno de Figueroa, su policía fue desmantelada; nueve agentes son procesados por desaparición forzada. Figueroa Mundo intentó reelegirse por Movimiento Ciudadano, pero los dados estaban cargados para Morena y aliados que ganaron Taxco, Tetipac y Pilcaya. El exedil está prófugo.
Otra desaparición no resuelta es la ocurrida el 28 de febrero de 2023, cuando hombres armados sacaron por la fuerza de la comisaría de Temaxcalapa al Servidor de la Nación Miguel Huerta Torres, que encabezaba una reunión con beneficiarios de programas sociales.
Su familia salió del pueblo y fue abandonada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, según señalan allegados. Su hija Jazmín Huerta realizó investigaciones que presentó a las autoridades, pero no han tenido eco.
Denuncia que simularon una búsqueda y que se han negado a ir a lugares donde pudo ser llevado su padre, en la misma zona donde fue internado el alcalde Vega Carranza y su padre.
En el proceso contra tres responsables materiales, la defensa y los jueces la han presionado para que desista. Las mismas autoridades exigen que no digan nada y que esperen a que encuentren a sus familiares.
La lucha para encontrar a su padre la ha hecho fuera del municipio. Sabe en carne propia que en Taxco no se puede buscar a los desaparecidos y el martirio que se sufre. “Los que se quedan es como si estuvieran condenados a llevar la desaparición de su familiar en silencio”.
El gobierno de Evelyn Salgado ha estado ausente en la crisis de desaparición. En la víspera a la Semana Santa inauguró la rehabilitación de la Plaza Borda “para fortalecer la imagen turística del Pueblo Mágico”.
Chilapa, “andar como perros”
El 15 de abril de 1975 Anastacia y Alejandro Venacio viajaron de Tula a Alcozacán, en el municipio de Chilapa, para casarse en la iglesia.
“No hubo fiesta porque no había dinero, nomás comimos mole de pollo, pero de conjunto (musical) y bebida, nada”, recuerda Anastacia.
A 51 años de distancia de ese momento de felicidad, el matrimonio de 74 y 78 años, respectivamente, está de nuevo en el centro de la población, pero ahora a su alrededor hay soldados y vecinos atemorizados que apenas conocieron.
Sentados en unas sillas de plástico, sin mesa, en platos de unicel comen un chile seco payanado (machacado) con huevo y una tortilla. En sus pies hay costalillas con seis gallinas, un manojo de ajos maltratado y una pequeña mochila negra.
La tarde del sábado 6 de mayo Anastacia estaba preparando sus alimentos y Alejandro llegaba de pastorear sus chivos cuando vecinos pasaron a gritarles que se salieran porque hombres armados había entrado disparando contra la comunidad.
“¡Sálganse porque ya vienen en la barranca!”, escucharon gritarles.
No lo creían, pero cuando escucharon los balazos cerca corrieron hacia el campo.
“Venimos pa’rriba, al cerro, porque la balacera estaba pasando, luego por la barranquita, mi esposo ya no podía caminar”.
Caminaron por unas cuatro horas hasta llegar a Alcozacán, ya en la noche, cuando ya no veían nada. Llegaron con los pies hinchados.
Su casa quedó en Tula, donde no hay ni un alma y se respira muerte y miedo. En sus tierras hay animales putrefactos, mazorcas y viviendas reducidas a cenizas que desprenden una pestilencia y un olor a humo amargo.
“Ocho días aquí andamos como perros callejeros, como si no tuviéramos casa. La casa allá está bien quemada, toda mi ropa y la de mi esposo quemada, los santos todos los quemaron, quemaron mi credencial, mi acta, mi tarjeta de Bienestar, todo, todo lo quemaron”, dice Anastacia con las manos en el rostro para detener sus lágrimas.
“Otra vez llegamos aquí, pero del peligro, nos acomodamos como ratones. Me da mucha tristeza”, dice la vecina de Tula que no quiere regresar a su casa por miedo.
Del miércoles 6 al domingo 10 de mayo, denunció el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), unos 300 hombres con vestimenta militar, fusiles de asalto y drones irrumpieron en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, la entrada al territorio comunitario, para incendiar viviendas, trojes de maíz y comisarías.
El lunes, cuando habitantes de estas tres comunidades se refugiaban en Alcozacán, también escucharon ráfagas y les fue cortada la luz y telefonía.
Las comunidades pertenecen al CIPOG-EZ y a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF-PC). Ambas organizaciones responsabilizan de las agresiones al grupo criminal Los Ardillos, con presencia en municipios de las regiones Centro, Montaña, Costa Chica y la zona rural de Acapulco, según autoridades.
En 2015, 16 comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera acordaron en asambleas integrarse a la CRAC-PF para conformar su policía comunitaria y defenderse de la delincuencia ante el abandono de las autoridades.
Luego, Jesús Plácido Galindo, hijo de Cirino Plácido, uno de los fundadores de la CRAC de los Pueblos Fundadores en la entidad, creó el CIPOG-EZ en la misma zona.
En una década se han registrado más de 80 muertos y 30 desaparecidos de las dos organizaciones, sin contar las víctimas de San Jerónimo Palantla con las que mantienen un conflicto armado.
Las organizaciones acusaron que en los días de ataques una base de operaciones fue desocupada por el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, dejando a las comunidades sin esta vigilancia.
El saldo fue de al menos seis muertos, entre ellos una mujer; seis heridos, entre las víctimas dos bebés y una mujer, así como cinco desaparecidos, además de unos dos mil desplazados de las cuatro poblaciones.
Las incursiones armadas de grupos criminales se han extendido a otras comunidades y hacia la región de la Montaña, como en Olinalá.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, lleva más de 14 años monitoreando el movimiento de las mineras que buscan instalarse en estos territorios.
Armando Galeana Méndez, coordinador de fortalecimiento comunitario, informó a Proceso que en Chilapa hay una concesión “cancelada”, pero que existe una concesión en solicitud conocida como Don Julio, que abarca 555 mil hectáreas de municipios de La Montaña y Centro de la entidad, justamente donde hay presencia de organizaciones criminales.
Para el investigador Hugo Ozuna Meza, en muchas zonas de Guerrero existe la extracción de materiales naturales pétreos como grava, arena y piedra caliza, agua, además de las rutas y la tala ilegal de madera vinculadas a industrias criminales.
La gobernadora Evelyn Salgado y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se presentaron el 13 de mayo para regalar despensas y colchonetas. Y el 22 de mayo, casi tres semanas después de la irrupción violenta a las comunidades, la Segob informó la instalación de una “Coordinación para la construcción de la paz”; eso sí, establecida en el cuartel de la Guardia Nacional en Chilapa.








