lunes 16 de noviembre de 2026

x

“Ya no hay negocio para nosotros, trabajamos para ellos”. Así resume un empresario de Los Cabos la realidad que viven cientos de prestadores de servicios turísticos bajo el control de Los Chapitos. Hace cinco años y medio llegaron desde Mazatlán, empezaron por los tiempos compartidos y terminaron acaparando todo: precios, prostitución y hasta el suministro del agua. Quienes han intentado denunciar han sido secuestrados, torturados o asesinados. Los que sobreviven lo cuentan sólo bajo anonimato porque en Los Cabos, dicen, el narco tiene ojos en todo el aparato estatal.

LOS CABOS, BCS.– Con el aval del gobierno municipal, en manos del Partido del Trabajo, el centro turístico de Los Cabos se convirtió en una fuente de ingresos para el Cártel de Sinaloa vía la extorsión al sector turístico y del control del agua en el municipio, acusan hoteleros y prestadores de otros servicios. Autoridades federales, estatales y municipales no descartan que así sea.

Giros negros, tiempos compartidos, prostitución y distribución de agua en el municipio aportan cantidades millonarias a Los Chapitos, afirma en entrevista para Proceso un empresario que pidió omitir su nombre por seguridad.

Los hoteleros saben que para que no les pase nada deben “alinearse” con el cártel porque de no hacerlo, “una levantada, una tableada y ya no hay segunda vez”.

Más allá de la venta de droga, aseguran que “la guerra del Cártel de Sinaloa necesita ser financiada y uno de los puntos donde recogen dinero es Los Cabos, que es de los centros turísticos más importantes del país.

También bajo anonimato, uno de los afectados afirma que hace unos cinco años y medio llegó el cártel.

“Vino un grupito de personas de Mazatlán, plenamente identificados del Cártel de Sinaloa, de la facción Los Chapitos. Empezaron extorsionando, controlando mucho el área de los tiempos compartidos. Llegaron a imponer los precios que debías darles a los turistas ‘y sobre eso me vas a dar tanto de esta tarifa’, ordenaban. Y le tenías que declarar todo porque tenían gente, halcones, monitoreando todo lo que hacíamos”.

Los emprendedores ahora están obligados a financiar al grupo criminal, que gana entre “siete y diez millones de dólares mensuales, tranquilamente”, sólo por tiempos compartidos. En el caso, por ejemplo, de uno no muy grande, tiene que darles al mes cerca de 400 mil dólares. Si el pago no llega puntual cobran con intereses y además amenazan con dañar a sus familias.

Los empresarios extorsionados no confían en interponer denuncias en el estado ni en la Federación, pues es “como darte un balazo en el pie, en todos lados tienen infiltrados, y cuando alguien se queja dan con él”.

En Los Cabos, afirma, “la mafia lo acaparó todo y hasta simulan negocios para cometer fraudes directamente a los turistas, que por cada uno podían obtener hasta 200 mil dólares”.

Un negocio líquido

Desde el propio ayuntamiento cuestionan por qué los gobiernos municipal y estatal no admiten que en BCS se vive una situación grave de extorsión y secuestros a quienes no se alinean y con ello lograr el apoyo de la Federación.

“Ya no hay negocio para nosotros, trabajamos para ellos, no podemos hacer otra cosa. Quienes no se han dejado ya no están para contarlo”, asegura un empresario.

También tienen que entrar con los moches a la autoridad municipal para obtener servicios como el agua, sin la que no logran ningún desarrollo.

Aseguran que el ayuntamiento ofrece a los desarrolladores turísticos pagar millones para tener agua, les garantizan el tandeo y al final no cuentan con el recurso, “le abres a la llave y no hay agua”.

–¿Y cómo resuelven ese problema? –se le
pregunta.

–No, pues ahí viene el negocio de las pipas.

Denuncian que mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), el agua es un negocio que también deja ganancias al crimen organizado.

Una pipa cuesta tres mil 500 pesos, registran al menos 100 pipas al día “y además no pagan impuestos porque todo es en efectivo” y aseguran que el agua la obtienen de la que se otorga para los agricultores.

Cuando llegan hoteles de renombre la instrucción es “planifiquen cómo los van a desangrar” y, sobre todo con el agua, dicen “pues aquí le tiene que caer”.

Julio Villarreal, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en BCS, explica a Proceso que, aunque se debe garantizar el derecho humano de acceso al recurso, pues resulta que no hay agua, aunque sí para el reparto en pipas, con un costo adicional.

El mayor problema de suministro de agua es en La Paz y Los Cabos (en un estado de cinco municipios), que representan prácticamente 82% de la población de la entidad y la economía también gira alrededor de esas dos demarcaciones.

El problema es la falta de eficiencia en los organismos locales que distribuyen el agua. El ejemplo es en Los Cabos y San José del Cabo, que suman 400 mil personas y deberían tener 200 litros cada día por persona. “El agua que tienen debería de ser suficiente para la población”, asegura Villarreal.

El otro tema es el del agua: “La gente dice ‘¿cómo nos van a decir que no hay agua, entonces cómo para comprarla por pipa sí hay. Por la llave no sale, pero por la pipa sí llegan’”.

Afirma que hasta hace dos años el agua les llegaba cada 15 días y ahora es cada dos meses. “Sabemos que está coludido también el gobierno municipal. Muchos de ellos tienen su propio negocio de pipas. Qué bueno que el gobierno federal detecta que hay mucho huachicol de agua”.

Conagua calcula que alrededor de cinco mil personas, solamente en Cabo San Lucas, no cuentan con una red, y aun con ella no es garantía de tener el recurso.

El director de Conagua dice: “Sabemos que existen volúmenes de aguas no contabilizadas, que involucra clandestinaje, fugas, agua no medida”.

Advierte que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, a partir de que el agua sale de su fuente de abastecimiento, la entrega está fuera de la competencia de la Federación y es responsabilidad del municipio también atender si existe un uso indebido o huachicol de una red.

Estos delitos, recuerda, podrían alcanzar penas de cárcel de dos a cinco años y pueden ser perseguidos por oficio; “el segundo paso es que los estados lleven a cabo esta homologación, sobre todo en lo que tiene que ver con las sanciones”.

Añade que “el uso agrícola está exento de pago de derechos; el uso de servicios, no. Entonces, al dar un uso distinto hacen un quebranto o falta de contribución”.

“Tenemos una visión muy clara de que la distribución de agua en pipas se ha vuelto un negocio para unos cuantos y esto es tendiente a, entre comillas, una privatización del suministro de agua y el costo representa un gasto muy fuerte para las familias que menos tienen. Es totalmente indeseable para la Conagua que se lleven a cabo esas prácticas”.

Los Chapitos cierran la llave

De acuerdo con la autoridad federal, más allá de que las pipas representen una “solución”, es muestra de que el problema está lejos de resolverse.

Los testimonios recabados por Proceso en Los Cabos indican que el grupo criminal dominante en el centro turístico son Los Chapitos, que se queda con las ganancias, que se multiplican porque dan el agua sin los procesos necesarios para potabilizarla, incluso pasa por tanques que también se han utilizado para aguas residuales tratadas.

Cálculos de la Conagua indican que el costo por cada metro cúbico es de 120 pesos, incluido el proceso de potabilización, pero en el caso de las pipas, para llenar un tinaco de 1.2 metros cúbicos cobran cerca de 500 pesos y “ni siquiera hacen por clorarla”. El costo es cinco veces más que si recibieran el agua desde la autoridad municipal obligada. Además, ponen condiciones de cuánta es la cantidad por la que están dispuestos a enviar una pipa.

La Conagua no descarta que ese negocio esté en manos de grupos criminales y por esa razón es muy necesaria la vigilancia desde la Federación, por lo que admiten que si un organismo está cooptado por el crimen organizado es responsabilidad del municipio.

Las pipas deberían ser una excepción, pero en el caso de Los Cabos es una regla.

En Los Cabos, la Conagua clausuró dos pozos, el Chaparro y el Estrella, lo que causó la manifestación de piperos “diciendo que se les estaba restringiendo su fuente de trabajo y más bien estaban incurriendo en uso indebido, pues estaban dando un uso ilegal por no contar con un título de concesión”, expuso Villarreal.

En su momento la OOMSAPAS justificó que no fue por un tema de ilegalidad y que la competencia de esa revisión es de la Dirección de Transporte.

“Nosotros no regulamos o no controlamos el transporte, nosotros vigilamos el uso y la explotación de las aguas nacionales”, dice Julio Villarreal, director de la Conagua.

Reconoce también que al inicio de la administración municipal pasada buscó priorizar el envío de agua por red y no por pipas.

En agosto de 2025 el diputado Sergio Huerta Leggs, de Morena, solicitó la remoción de Julio César Villarreal Trasviña, director de Conagua BCS, y solicitó a la Secretaría Anticorrupción una auditoría integral con el argumento de que cerró dos pozos.

El 5 de mayo último, el noticiero N+ dio a conocer un testimonio de un informante que se acogió como testigo protegido en Estados Unidos, según el cual el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, entregó juntas municipales de agua y módulos de riego, además de que mencionó la existencia de un video en el que se observa que René Bastidas el Doble Cero, operador del Cártel de Sinaloa en BCS, entregó a los hijos de Rocha Moya 10 millones de dólares que llegaron de La Paz y que habrían sido para ganar la elección en 2021.

El polémico Beltrán Olmeda

Los testigos entrevistados por este medio en Baja California Sur relatan que uno de los sitios de donde más dinero obtiene el grupo criminal es en Los Cabos, y que uno de los perfiles más cuestionados en la presidencia municipal es el Oficial Mayor hasta el 25 de mayo de 2026, Carlos Beltrán Olmeda, quien entró al cargo en 2023, casi al final de la gestión de Óscar Leggs (tío de Sergio Huerta Leggs), quien buscó la reelección en medio de una intensa competencia interna entre acusaciones contra el petista Christian Agúndez, que finalmente ganó la candidatura. El único que se mantuvo en el cargo con la llegada del enemigo político de su exjefe fue Beltrán Olmeda, con sólo un año de experiencia en la Oficialía Mayor y sin mayor trayectoria en cargos similares.

En abril último el semanario Zeta informó sobre la vinculación a proceso de un tercer exfuncionario del ayuntamiento de Los Cabos por abuso de autoridad por simulación y recordó que uno de los procesados es el exalcalde Óscar Leggs, quien al anunciar su aspiración por la gubernatura de BCS en 2027 acusó persecución política y se mantiene activo en señalamientos contra la gestión de Agúndez Gómez, quienes mantuvieron en común al oficial mayor.

Uno de los entrevistados aseguró que Beltrán Olmeda fue “reclutado en Culiacán por la red de Iván Archivaldo Guzmán. Pilotaba aeronaves para Jaime Fernández Zazueta, el Jimmy, y desde 2021 está colocado en posiciones operativas dentro de estructuras públicas de Baja California Sur”.

En una ficha de la Unidad de Inteligencia Naval titulada “Los Cabos-Agua y C4” se describe una reunión sostenida en San José del Cabo una semana antes de la elección municipal del 2 de junio de 2024, en la que participaron por La Chapiza Jaime Fernández Zazueta, Carlos Beltrán Olmeda y un sujeto identificado como Calzón. Por el aparato político-gubernamental: Christian Agúndez Gómez (entonces candidato), Narciso Agúndez Montaño y Saúl González, representando al gobernador”.

Entre los acuerdos, afirma, estaba que “Beltrán Olmeda se mantendría en la Oficialía Mayor de Los Cabos; el sistema de agua municipal de Los Cabos (operado por OOMSAPAS) quedaría bajo control de la red y el reparto por pipas se operaría ‘en sociedad’, además de que el senador Homero Davis seguiría siendo enlace nacional con Adán Augusto López Hernández”.

Expone que hubo una “segunda reunión, a mediados de mayo de 2024, también en San José del Cabo, que ratificó estos acuerdos y los amplió”.

En mayo de 2025 en redes sociales circuló la información e imágenes de presuntas narcomantas en las que se señalaba a Beltrán Olmeda.

Agrega que “la misma ficha sostiene que en 2021 Los Chapitos instruyeron al alcalde electo Óscar Leggs Castro a aceptar como ‘donación’ un sistema troncalizado comercial Kenwood NXDN, que se incorporaría al C4 de Los Cabos. El propósito –según el documento– era que comunicaciones del cártel pudieran encubrirse dentro del propio sistema oficial de radiocomunicaciones. La donación se simularía como aportación de ‘empresarios hoteleros’”.

Proceso buscó a Beltrán Olmeda el 25 de mayo último, quien dijo que minutos más tarde de esa comunicación saldría a una conferencia para anunciar su renuncia al cargo de Oficial Mayor, “para estar por el lado ciudadano”.

Sobre los señalamientos en su contra respondió: “Todo es totalmente falso. No tengo ningún arreglo, ningún pacto y menos andar con temas fuera de la ley. Gracias a Dios y a mis padres me han dado valores y estudios. Lo que me tiene en puestos es porque he trabajado duro y de manera profesional”.

Dijo que se afilió a Morena hace más de año y medio y deja el cargo porque “quiero ser respetuoso con lo que ha discutido nuestra presidenta, la doctora Claudia: cualquiera que quiera aspirar, tiene que dejar los puestos. Sí es mi interés postularme a alguna posición, pero ahorita estaré enfocado en trabajar por la ciudadanía”.

El aún funcionario al momento de esa declaración admitió que “la primera necesidad en la ciudadanía es el agua. Vivimos en un municipio geográficamente con problemas naturales para obtener el vital líquido. Pero estoy seguro que se puede solucionar con tecnología e infraestructura, ya que llueve poco, pero cuando llueve, llueve a cantidad y esa agua se puede aprovechar”.

De acuerdo con el reporte elaborado a partir de información de la Unidad de Inteligencia Naval, “en enero de 2025 el Jimmy, el ingeniero Narciso Agúndez, Christian Agúndez y Carlos Beltrán acordaron que Beltrán sería el candidato a la presidencia municipal de Los Cabos en el siguiente proceso, y Christian Agúndez el candidato a la gubernatura”. Las próximas elecciones para presidente municipal se realizarán en junio de 2027.

Destaca que desde enero de este año algunos medios publicaron en redes sociales la imagen de Beltrán Olmeda con descripciones favorables. Los entrevistados acusan que “usa recursos públicos para promover una imagen personal de confianza”, aunque de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el sueldo neto mensual de Beltrán como oficial mayor fue de 52 mil 894 pesos, sin reportar ningún ingreso adicional.

Por ejemplo, el medio El Heraldo de Los Cabos publicó una imagen titulada: “Carlos Alberto Beltrán Olmeda: Un Oficial Mayor esencial para el progreso de Los Cabos”, con frases como “Beltrán Olmeda se ha ganado el reconocimiento por su compromiso, cercanía y dedicación, demostrando que la gestión pública no sólo se trata de tomar decisiones, sino de garantizar que los servicios y procesos lleguen de manera efectiva a cada rincón de Los Cabos”.

Una cuenta llamada “AEcomunicaciones” y otros reporteros replicaron un video con las características de campaña electoral, aun cuando se mantenía en la Oficialía Mayor del que se estaría aprovechando, con el uso de recursos públicos o de procedencia desconocida.

En el mismo, Beltrán Olmedo asegura: “Últimamente se han dicho muchas cosas de mí, ahora hasta que fui pollero y muchas cosas más (…). Estamos frente a un proceso electoral y como siempre pasa, esto viene acompañado de campañas de desprestigio, de mentiras y de chismes porque cuando alguien trabaja con dedicación y da resultados incomoda y a muchos no les conviene que sigamos avanzando. Aquí seguimos, no nos van a parar”.

Periodistas locales publican en cuentas personales información favorable a Beltrán. También hay entrevistas radiofónicas o transmitidas en YouTube que destacan su gestión. En otras publicaciones en redes se le muestra con traje y capa de
superhéroe.

Lo que no se encuentra con facilidad es su trayectoria profesional y en especial en la administración pública. En la red Linkedin indica que estudió en el Tecnológico de Hermosillo, Sonora; de 2009 a 2013 fue desarrollador de software en el gobierno del panista Guillermo Padrés.

En 2015 fue “autónomo” en arte digital y desarrollador en Nezter y, después, en HarvestLandscape Enterprises, Inc., donde no indica en qué fecha terminó. Después no hizo ninguna publicación más de su trayectoria.

Una fuente que fue cercana al exoficial mayor Beltrán afirmó a esta reportera que su trabajo en Sonora, en el sistema de agua potable en Nogales, comenzó con algunas actividades irregulares: “Podían alterar como una especie de redondeo en las cuentas ciudadanas y a veces le subían 1 o 2 pesos, 50 centavos a cada recibo de agua”, y con eso ganaban dinero.

Después llegó con el llamado “equipo de Sonora” a la campaña interna de Gerardo Vargas, aspirante a la gubernatura de Sinaloa, en el mismo proceso en que ganó Rubén Rocha, en 2021. Trabajó en el mapeo de intención del voto y tras no tener el triunfo dentro de Morena, “todos se regresaron a territorio sonorense, menos Beltrán Olmeda”.

“De repente me lo encontraba y empecé a ver que se compró una camioneta Tahoe del año, se cambió de casa a una de las privadas más importantes de Culiacán. Hacía fiestas, conjuntos norteños, cerveza, lo que quisieras. Él decía que le hacía ciertos trabajos de outsourcing a empresas de software de Estados Unidos”.

Enseguida empezaría a trabajar en la campaña de Baja California Sur y operaría en Los Cabos.

“De repente pasan las elecciones y me entero que lo nombran oficial mayor, sacaron al que estaba ahí, un mal manejo de un préstamo, algo pasó y va para fuera”.

Un prestador de servicios describe que Carlos Beltrán era “un muchacho noble, tranquilo, pero después de que se le empezó a ver todo ese dinero cambió totalmente. Hizo muy buenas migas con el Jimmy y se veían en todas partes. También tuvo una formación en una escuela de piloto, maneja avionetas. Y empezó a hacer traslados entre Baja California Sur y Sinaloa”.

Uno de los empresarios entrevistados dice sobre Beltrán Olmeda: “No lo conocíamos, no sé de dónde venga, viene de aquel lado. Lo pusieron cuando fue lo de la campaña; lo mandaron. El Jimmy venía coordinando la campaña de parte de Los Chapitos y ya cuando se ganó ya mandaron a Carlos Beltrán”.

Proceso solicitó entrevista a Saúl González y a Homero Davis; también buscó a Óscar Leggs y Christian Agúndez en sus números de celular particulares, pero al cierre de esta edición ninguno
respondió.