lunes 16 de noviembre de 2026

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La primera prueba para la gestión de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, de marcar distancia de su antecesor, Alejandro Gertz Manero, sobre la conducción de la institución, acabó en una pifia por las omisiones que el propio Ministerio Público federal reconoció, y que derivaron en el posible robo de evidencia clave para sustentar sus investigaciones contra la estructura de protección y operación en torno de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum presumió el éxito del intenso operativo militar que incluyó la instalación de un cerco terrestre y aéreo para ir por Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos y México desde hace una década, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que quedó al margen de la operación castrense. Y, peor aún, perdió evidencias para eventuales acciones judiciales contra el liderazgo del CJNG.

La ausencia de la FGR se prolongó durante varios días. Fue la prensa la que empezó a publicar parte de lo encontrado en el lugar del que escapó Oseguera Cervantes el 22 de febrero último, según la versión de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El 24 de marzo Grupo Fórmula informó que la cabaña de la que escapó el capo no estaba resguardada por las autoridades, y fueron difundidas imágenes del interior, cuya puerta de ingreso fue forzada por elementos de la Sedena el día del operativo.

Dos días después, el diario El Universal informó que en la cabaña el reportero Manuel Espino encontró documentos que detallan presuntos ingresos y pagos millonarios por venta de droga, sobornos y sueldos que entregaba el Mencho, denominada “la narconómina” del cártel. La información refirió la supuesta protección policial del estado de Chiapas. Nada que involucrara a militares.

Ese mismo día el diario La Jornada publicó que la FGR aseguró en las cabañas documentos presuntamente relacionados con la narconómina del Mencho y sus operaciones financieras.

“Los peritos localizaron documentos que se refieren a pagos que van desde 10 mil hasta cientos de miles de pesos a personajes que son identificados con claves, pero que supuestamente corresponden a entregas de dinero que se realizan en distintas partes del país”, publicaron los reporteros Gustavo Castillo y Juan Carlos G. Partida.

Al día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si esos documentos podrían servir para sustentar procesos penales contra personas vinculadas al cártel, pero el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que la veracidad de la “narconómina” aún estaba por informarse.

El 3 de marzo último nuevamente en la conferencia matutina la mandataria federal fue cuestionada, esta vez, sobre el ingreso de medios de comunicación a la cabaña donde se encontraba el Mencho, pese a que el lugar debía estar resguardado; y se le recordó que ocurrió lo mismo con el Rancho Izaguirre hace más de un año, cuando el extitular de la FGR invitó a los medios de comunicación a ingresar.

“Fue una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y, de inmediato, entró la Fiscalía General de la República. Y ellos tienen que contestar esta pregunta que están haciendo, ellos tienen que decir por qué se permitió la entrada al lugar”, respondió la mandataria.

Al día siguiente, el 4 de marzo, el fotógrafo Valente Rosas y el reportero Manuel Espino, de El Universal, dijeron que lograron entrar a las cabañas porque no estaban resguardadas ni custodiadas por ninguna autoridad.

En una transmisión en vivo mostraron la carpeta en la que se encontraba la llamada “narconómina” y anunciaron que también tenían en su poder un mapa del que días más tarde darían cuenta en el diario revelando que el Mencho buscaba controlar la Sierra-Costa de Michoacán, región en la que predomina el trasiego de cocaína y precursores, y que es clave por su cercanía con Colima y Jalisco, aunque la presencia del CJNG en la zona es de larga data.

El 16 de marzo último, 22 días después del abatimiento del capo, la FGR emitió un comunicado que terminó por tirar la versión oficial de que la autoridad ministerial aseguró el lugar desde el primer momento del operativo.

La Fiscalía afirmó que no ingresó de manera inmediata a las cabañas, como había dicho la propia presidenta Sheinbaum.

“El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial.

“En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial la orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles”.

De igual manera evidenció que el ingreso de los militares a la cabaña donde se encontraba el Mencho mediante la ruptura de cerraduras habría sido realizado sin que los elementos castrenses contaran con una orden de cateo que legalizara su actuar.

Contaminación de evidencias

Respecto de los documentos difundidos en la prensa, la Fiscalía cuestionó su veracidad al confirmar que la escena fue contaminada, por lo que no puede determinar si éstos se encontraban dentro de la cabaña.

“Previo a ello (a asegurar la cabaña) se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena”, continuó la FGR.

“Esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí. Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

Al afirmar que la cadena de custodia de eventuales pruebas pudo romperse, la FGR adelantó que esos documentos no podrán ser utilizados para sustentar acusaciones contra ninguna de las personas que están mencionadas ahí.

“Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse”, apuntó.