lunes 16 de noviembre de 2026

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La muerte de Nemesio Oseguera no sólo significó la caída del líder del CJNG, también reveló la magnitud de su influencia en Jalisco. Los narcobloqueos, incendios y ataques armados se extendieron desde Tapalpa hasta Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos mostrando que el poder del cártel alcanzaba incluso destinos religiosos y turísticos. La parálisis de las corporaciones policiacas estatales y municipales evidenció la fragilidad institucional frente a un grupo que había tejido estructuras sociales, políticas y financieras capaces de proyectar un “estado ilegal” dentro del Estado.

LAGOS DE MORENO, Jal.– La mañana del domingo 22 de febrero de 2026 marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Jalisco. La detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sólo sacudió las estructuras del crimen organizado, también removió las emociones más profundas de una sociedad acostumbrada a vivir entre la violencia, miedo e incertidumbre.

Una de las cosas que cambió tras el día que ahora se conoce a escala local como “22F” es que en estas últimas semanas se ha hablado del Mencho como no se hacía en mucho tiempo, puesto que el temor social y la autocensura obligaban a ni siquiera mencionarlo.

El 22F estuvo marcado por la extrema tensión y violencia en las diversas regiones de Jalisco ante los narcobloqueos, la quema de vehículos y, en algunas zonas, por enfrentamientos armados y asesinatos.

Desde Tapalpa, donde fue desplegado el operativo que derivó en el abatimiento del Mencho y que se convirtió en el epicentro de la violencia, se extendió rápidamente la quema de vehículos en caminos de esa región y posteriormente de distintos puntos del estado alcanzando la zona costera, con Puerto Vallarta como inédito escenario de la escalada que arrasó con tiendas, vehículos e infraestructura.

La estrategia de reacción criminal mostró la expansión territorial en el estado y se manifestó en rumbos antes intocados.

Uno de ellos fue San Juan de los Lagos, ciudad que alberga el segundo santuario católico más importante del país, dedicado a la Virgen de San Juan. Conocida como “la tierra de los milagros”, sólo el año pasado San Juan recibió alrededor de cuatro millones de peregrinos.

El 22 de febrero en esta localidad fueron incendiados al menos 60 autos, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil Municipal.

Peregrinos originarios de San Pedro, Coahuila, de Querétaro y de otras ciudades se quedaron varados ese día y tuvieron que pasar la noche en albergues provisionales, sin comida, con poco efectivo y sin dónde conseguir víveres, ya que la mayoría de las tiendas fueron cerradas.

Encerrados por algunas horas dentro de la Basílica de San Juan, decenas de peregrinos escucharon un mensaje de prudencia y calma que provenía de la voz de un sacerdote que desde el púlpito los invitaba a mantener la tranquilidad ante lo que ocurría.

Para los comerciantes de San Juan de los Lagos esa jornada de violencia afectó más sus ventas y la llegada de peregrinos que lo que vivieron con la pandemia de covid-19.

“San Juan es tranquilo y ese día de violencia nos rompió la burbuja de que ‘no pasa nada’. La gente estaba asustada y desconcertada por lo que pasó. Hay gente que dice que escuchó detonaciones alrededor de la basílica o en el centro de la ciudad. Pero lo cierto es que hubo un pánico por todos los vehículos incendiados”, relató uno de los vendedores de cajeta y dulces típicos.

“El que seamos un destino de turismo religioso sirve para que muchos negocios laven dinero, literal. Aquí la mayoría de la gente paga todo en efectivo y gasta mucho dinero, aquí hay mucho poder adquisitivo, y lo del domingo 22 pudo haber sido más aparatoso porque se trata de un destino turístico, pero realmente el ataque iba enfocado a la Guardia Nacional (GN)”, refirió otro comerciante.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención de los periodistas que ese día pudieron salir a reportar lo que ocurría fue la parálisis de las corporaciones estatales y comisarías municipales, cuyos elementos simplemente no salieron a las calles.

Lo mismo sucedió en la delegación Mezquitic de la Magdalena, que pertenece a San Juan de los Lagos, donde se venera al Santo Niño del Cacahuatito en un pequeño santuario también muy visitado. Los habitantes de esta localidad ofrecieron comida, cobijas y medicinas para apoyar a todos los peregrinos varados.

En ese municipio de los Altos de Jalisco también se reportó un ataque directo contra la base de la Guardia Nacional, mientras cerca de ahí el capitán Leonel Cardoso Gómez, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes, falleció ese domingo al estallar un artefacto en un auto.

En Lagos de Moreno hubo cinco bloqueos carreteros y sólo en dos quemaron los vehículos. En otros municipios como San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Cañadas de Obregón y algunos otros fueron incendiadas las sucursales de los Bancos del Bienestar del gobierno federal.

Afianzamiento territorial y económico del CJNG

El Mencho era un líder criminal con estructuras sociales y políticas que se ven reflejadas en al menos dos presidencias municipales, Tequila y Teuchitlán, además de otros municipios de Jalisco donde han sido privados de la vida y de la libertad o desaparecidos algunos actores políticos y miembros de diferentes partidos, resalta en entrevista con Proceso Rubén Ortega Montes, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Guadalajara.

Pero el CJNG también tiene una estructura financiera que lo posicionó como líder en el desarrollo inmobiliario y empresarial, y para la cual manejó el nombre de Jalisco como una especie de denominación de origen o identidad, como ocurrió con el tequila o el mariachi.

“A la palabra Jalisco le dio un énfasis, un liderazgo hasta en lo criminal a este estado. Y con esa estructura del brazo violento, una estructura armada, si conjuntamos esos tres elementos, esas tres bases estructurales, social, política, financiera y la del brazo armado, se habla de un pequeño estado ilegal dentro de otro” y luego tuvo una proyección a escala nacional e internacional, destacó Ortega Montes.

En ello coincide el también investigador Jorge Ramírez Plascencia, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, quien refiere que el sistema de control territorial del CJNG ya estaba muy consolidado hacia mediados del sexenio de Aristóteles Sandoval, y también en cuanto a control de los aparatos de seguridad municipales, pero durante el sexenio de Enrique Alfaro ese control se volvió también político-electoral, lo que continúa hasta nuestros días.

“El dominio que ha logrado el CJNG en esa zona es reciente y coyuntural, sobre todo debido al conflicto interno de las facciones del Cártel de Sinaloa y a la pérdida de empuje de los cárteles de Santa Rosa de Lima y del Noreste, los antiguos Zetas”, dice.

Apunta que se trata de un dominio relativo apoyado por las fuerzas de seguridad del estado en los municipios referidos, “y eso parece que ya no será tan sencillo sostenerlo durante el mandato de (la presidenta) Sheinbaum”.

“El CJNG capturó primero las funciones de seguridad y su influencia se fue ampliando hasta el grado de definir la afiliación partidista de municipios enteros, incluidos algunos de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, agregó.

En enero de 2017, en la gestión del gobernador priista Aristóteles Sandoval, éste intervino la corporación policiaca en Tlajomulco y al año siguiente la de Tlaquepaque, en ambos casos bajo la premisa de que se trataba de corporaciones infiltradas por el crimen organizado. En lugar de los policías municipales entró la estatal, a cuyos integrantes, por el color de sus uniformes, se les conoce como “los negros”.

Su sucesor, el emecista Enrique Alfaro, hizo lo propio y el 24 de febrero de 2020 desmanteló la primera comisaría municipal de su sexenio, en San Juan de los Lagos. La justificación para intervenir esta dependencia municipal fue que la administración estatal recibió reportes de inteligencia sobre una probable infiltración del crimen organizado en la corporación.

En esa ocasión, cerca de 160 agentes fueron suspendidos y sometidos a pruebas de control de confianza.

El 31 de julio de ese mismo año, el entonces secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Pacheco, intervino la comisaría de otro municipio alteño, de Jalostotitlán, y el Estado tomó el mando. A tres días del desarme se dieron a conocer las primeras irregularidades encontradas, como el hallazgo de una bolsa con droga, una pistola y varias armas blancas que no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público (MP) ni estaban debidamente resguardadas.

En mayo de 2021 pobladores de las comunidades de Mascua, Analco y Huejotitlán, comunidades rurales de Teocaltiche, se manifestaron en la Plaza Guadalajara, frente a Palacio de Gobierno, para exigir seguridad frente a la presencia del crimen organizado, lo que les llevó abandonar sus hogares.

El 10 de mayo de ese año, luego de que más de 250 personas de cuatro comunidades dejaran sus hogares por la ola de violencia en la zona, Enrique Alfaro acudió a la delegación de Mechoacanejo, Teocaltiche, donde prometió que “su gobierno estará presente con todos los elementos que sean necesarios para recobrar la paz y la tranquilidad de este municipio”.

Casi cinco años después el gobierno del también emecista Pablo Lemus intervino la policía municipal de Teocaltiche, exactamente con la misma justificación. De nuevo, “los negros” entraron a asumir las tareas de seguridad local.

Posteriormente Lemus ordenó también la corporación policiaca municipal de Villa Hidalgo, tomando el control de ambas la Secretaría de Seguridad Pública.

“Todo está ligado, todo está encadenado, es una liga de hechos que se dan, que pasan, muy probablemente, por la infiltración de la policía municipal de Villa Hidalgo y también la de Teocaltiche en defensa de un grupo criminal”, señaló el gobernador de Movimiento Ciudadano.

Esta última intervención se originó con el reporte de la desaparición de ocho policías de Teocaltiche y el chofer que los trasladaba a Guadalajara para renovar sus exámenes de control y confianza.

Tanto Teocaltiche como Villa Hidalgo eran municipios identificados con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa. El cambio de escenario facilitó el avance del CJNG en las mismas.

A principios de marzo de 2025, ante la sede de la Secretaría de Gobernación en la CDMX, alrededor de 400 habitantes y policías municipales de Teocaltiche y Villa Hidalgo se manifestaron y exigieron la salida de la policía estatal de sus municipios y justicia por la desaparición de ocho policías municipales, denunciando abusos de autoridad y colusión delictiva.

Unos días después vinieron las represalias: el 30 de marzo de 2025 fue asesinado el activista por la paz en Teocaltiche Juan Pablo Alonso Estrada, quien perdió la vida como consecuencias de impactos de arma de fuego. En el ataque perpetrado en su domicilio su hermana Hilaria también resultó herida.

En 2025 Teocaltiche registró un aumento significativo en homicidios dolosos (34 casos, frente a seis del año anterior), es el año con más desapariciones sumando 31 denuncias de enero a noviembre.

Ramírez Plascencia destaca que la base operativa del cártel no va a cambiar “porque es un sistema piramidal de control desde zonas más pequeñas o las cirugías más pequeñas, que son digamos los barrios, las colonias y de ahí pasamos a zonas o municipios y escala, es un sistema piramidal que coloquialmente se conoce como las plazas tensión […] está muy arraigado, cortante y de control social de vigilancia, pero también orientado a la ganancia o extracción de múltiples rentas, de negocios ilegales. Esa estructura se va a mantener funcionado”.

Para este académico la zona metropolitana de Guadalajara es donde comienza con mayor fuerza una disputa por la concentración del narcomenudeo y también por las inversiones importantes.  Además de la zona Costa-Sierra oriental, donde se encuentra de manera central Puerto Vallarta y la región de Los Altos.

“Yo creo que mientras siga operando el sistema de las plazas no se ve cómo se va a fragmentar, de momento, pero esas zonas también van a ser muy muy cuidadas. No hay que descartar también que haya nuevos intentos de incursión de parte del Cártel de Santa Rosa de Lima o de grupos que están trabajando y operando en los estados vecinos de Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas”, destaca.

El investigador resalta que los municipios del interior del estado son presa fácil del despojo de tierras y propiedades. “Eso es mucho más salvaje y feroz porque fuera de la zona metropolitana es una forma de crecimiento que ha encontrado el cártel, que hasta su gente se ha vuelto latifundista, y eso es algo que está poco
analizado”.