El 22 de febrero, día de la ejecución del Mencho, Puerto Vallarta fue escenario de narcobloqueos, vehículos incendiados, ataques a comercios y explosiones en La Desembocada, donde un puente vehicular fue dinamitado. Un mes después del operativo militar el puerto está paralizado de miedo y la ayuda federal y estatal no llegan, tampoco la tranquilidad para quienes no pueden reconstruir sus hogares y negocios. La economía local sigue en crisis: restaurantes vacíos, ventas desplomadas y ocupación hotelera de apenas 45%; los comerciantes reportan pérdidas de hasta 80% y cancelaciones masivas de turistas.
PUERTO VALLARTA, Jal.– Es mediodía en la zona del río Ameca. El sol cae a plomo y el agua corre cristalina. Parece un día cualquiera. No lo es. El ambiente es denso: hay tensión, miedo a hablar y preocupación de que la violencia regrese y ahuyente a clientes.
El 22 de febrero último, cuando el Ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, Puerto Vallarta quedó atrapada en una jornada de narcobloqueos: vehículos incendiados, tiendas de conveniencia (Oxxo, Kiosco, Auto Zone, Coppel y Farmacias Guadalajara) atacadas, balaceras y bloqueos en distintos puntos del municipio. Las escenas de humo, detonaciones y carreteras cerradas rompieron la imagen de destino turístico seguro que la ciudad sostuvo durante años.
Ahora los restaurantes con vista al río están vacíos. No hay un solo comensal. Uno de los negocios tiene 22 impactos de bala, a otro la explosión le lanzó una roca que destrozó el techo de la palapa.
“Todavía se siente muy pesado”, dice una trabajadora.
Hace un mes, en medio de la refriega entre el Ejército y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) una explosión con dinamita sacudió el puente La Desembocada. El miedo sigue ahí.
Hoy la postal es de negocios semivacíos, ingresos desplomados y una población que habla en voz baja o prefiere callar.
La tranquilidad de La Desembocada –un poblado de 811 habitantes, en la delegación de Ixtapa– se quebró ese día con una serie de explosiones que dejaron a la comunidad con miedo e incertidumbre. Lo que comenzó como un estruendo derivó en una afectación profunda que atraviesa la economía, la seguridad y la vida cotidiana. El objetivo fue derribar el puente vehicular que cruza el río y conecta la carretera libre Puerto Vallarta–Mascota–Guadalajara.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, personas armadas, vestidas de negro y encapuchadas llegaron alrededor de las diez de la mañana en al menos tres camionetas. La mayoría eran hombres, aunque también había mujeres. Colocaron explosivos en el puente vehicular. Otro grupo de “los chicos malos” portaba equipo táctico con las siglas de un grupo criminal: CJNG. En las calles atravesaron un autobús turístico y al menos siete vehículos para bloquear el paso. La única tienda de conveniencia del poblado, de la cadena Kiosko, fue incendiada.
Los daños en La Desembocada no figuran en los reportes oficiales: puertas arrancadas, ventanas destrozadas, techos colapsados. La explosión dañó al menos diez viviendas. En una de ellas, junto al puente, la onda expansiva derribó techos y vigas y dejó a tres personas heridas: una mujer mayor, su hija y su nieta. La casa quedó además con impactos de bala; sus habitantes huyeron. En otra vivienda las tejas están desprendidas, por la explosión hirieron en el rostro a un bebé de tres meses.
“Se vino la explosión y aventó todo: vidrios, puertas… Estamos sin ventanas, sin puertas”, relata una habitante que esa noche se resguardó con su familia en una habitación. Fue sorprendida por el primer estallido al regresar de misa. “Yo pensé que habían matado a mi hijo”, dice. La onda expansiva lo lanzó mientras intentaba resguardar su motocicleta. Un mes después, las casas siguen sin ser reparadas.
Vecinos aseguran que nadie acudió a auxiliarlos. Ellos mismos atendieron a los heridos. “Nadie llegó. Las ambulancias nunca aparecieron. Los mismos vecinos nos apoyamos. Algunos se fueron por miedo”, relata un habitante. “¿Qué culpa tenemos nosotros?”, preguntó una mujer que tuvo daños en su casa.
Su vivienda quedó sin ventanas ni puertas. Ninguna autoridad ha regresado. “¿Qué culpa tenemos del pleito que se traen entre ellos?”. Dice que el personal del ayuntamiento acudió brevemente, pero no volvió. Protección Civil tampoco llegó. Piden apoyo para reconstruir sus hogares.
Días después, una segunda detonación ocurrió durante los trabajos en la zona del puente y dejó una persona muerta, lo que incrementó el temor en la comunidad.
A un mes de los hechos, la actividad no se ha normalizado. Comerciantes reportan bajas ventas, menos turistas y una comunidad que intenta seguir, pero con miedo. Un restaurante frente al río Ameca lo refleja: antes atendía hasta diez mesas grandes al día; ahora, si acaso, dos. El negocio cerró durante dos semanas. “Fue un desplome total. Literal, nadie se acercaba”, lamenta una empleada.
La destrucción del puente aisló a los habitantes de La Desembocada. Antes pagaban 16 pesos por un solo camión; ahora necesitan dos para llegar a Ixtapa o Puerto Vallarta, con un costo de 26 pesos por trayecto. Para quienes trabajan o estudian fuera, el gasto asciende a 52 pesos diarios sólo en transporte. A eso se suma el tiempo: primero deben ir a Ecoterra –unos 15 minutos– y después tomar otra unidad hacia El Ranchito.
La frecuencia del transporte público también se ha visto afectada. Antes circulaban tres rutas –Ecoterra, Ranchito y Palmas–; ahora sólo opera un camión en El Ranchito, y si se descompone, la espera puede extenderse hasta una o dos horas. La última salida hacia Puerto Vallarta es a las once de la noche, lo que obliga a los trabajadores a apresurarse.
Pese al tiempo transcurrido el temor sigue siendo una constante. “Todavía tenemos miedo”, ahora ponen candados a sus puertas, algo que antes no hacían.
La reconstrucción del puente se prevé para principios de junio. Eso deja a la comunidad con más meses de dificultades. Las tres empresas a cargo trabajan a marchas forzadas: laboran todos los días, inician a las ocho de la mañana y, en ocasiones, se extienden hasta la medianoche.
La presencia de las autoridades en La Desembocada es esporádica y limitada. El Ejército y la policía patrullan en las inmediaciones, pero rara vez ingresan al poblado.
La Desembocada, antes un punto de paso en la ruta del peregrino que atraía visitantes de Puerto Vallarta y Talpa, hoy lucha por sostenerse. Sus habitantes viven entre el recuerdo de las explosiones y la incertidumbre. La ayuda no llega. La tranquilidad tampoco.
Se hunden comercio y turismo
A un mes de los narcobloqueos el impacto en el sector comercial y turístico de Puerto Vallarta es evidente: caída en ventas, menor afluencia de visitantes y una percepción de inseguridad que persiste entre residentes y turistas.
Comerciantes y habitantes cuestionan las versiones oficiales sobre una supuesta normalización. En la práctica, dicen, la actividad sigue lejos de recuperarse.
La ocupación hotelera ronda 45% en promedio, de acuerdo con administradores consultados. Entre las cancelaciones destacan 20 mil springbreakers que fueron redirigidos a Los Cabos, según la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, capítulo Puerto Vallarta.
En el centro, comerciantes de puestos de comida, como Feliciano y Eliodoro González, reportan que el turismo “bajó demasiado”. Antes de los hechos sus ventas diarias oscilaban entre dos mil 500 y tres mil pesos; ahora apenas alcanzan entre 500 y 800. Calculan pérdidas de entre 70 y 80 por ciento.
La caída es generalizada. Otros vendedores confirman reducciones similares en sus ingresos, con desplomes que en algunos casos superan la mitad de sus ventas habituales.
Los taxistas también resienten el golpe. Sus viajes diarios se redujeron a la mitad y sus ingresos pasaron de tres mil pesos a mil 500 o mil 600 pesos, o incluso menos. Además, algunos evitan colonias como Volcanes, Cañadas y Buenos Aires por motivos de seguridad.
La percepción alcanza incluso a los visitantes. Una turista de Guadalajara, que viaja con frecuencia al puerto, describe una ciudad “muy tranquila y muy cambiada”, con negocios cerrados y poca afluencia.
“Lo vemos claramente: muchos negocios están cerrados o no venden. Aunque diga la autoridad otra cosa, lo que uno ve, ¿quién se lo quita?”, afirmó Beatriz.
Ruinas visibles, recuperación lenta
Los narcobloqueos dejaron una estela de destrucción que aún es visible. Fuentes locales calculan que 228 vehículos y 144 negocios resultaron afectados en Puerto Vallarta.
Los daños materiales alcanzaron tiendas de conveniencia –Oxxo y Kiosko–, sucursales de Farmacias Guadalajara, un distribuidor de motocicletas Honda y Coppel, dos sedes del Banco del Bienestar; una de ellas permanece en las mismas condiciones desde el día de los hechos. Un comerciante de recuerdos y ropa perdió la totalidad de su inventario.
Estos establecimientos que ofrecían servicios esenciales como pago de recibos y recargas telefónicas siguen cerrados en varios puntos, lo que obliga a los habitantes a buscar alternativas y afecta la dinámica económica local.
En un recorrido por la ciudad se observaron al menos 11 tiendas Oxxo quemadas: continúan sin ser reparadas, con daños visibles, prácticamente como quedaron tras los ataques del narco. En contraste, algunos locales de la cadena Kiosko apenas iniciaron labores de limpieza semanas después de la jornada de terror.
De acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco, en Puerto Vallarta se han presentado denuncias por 271 vehículos robados o dañados. A escala estatal los hechos del 22 y 23 de febrero dejaron mil 237 unidades afectadas, lo que implica que alrededor de 21% de los casos se concentra en este municipio.
La falta de apoyo gubernamental es una de las principales quejas. Comerciantes afectados señalan que no han recibido ayuda ni del municipio ni del estado.
Trabajadores encargados de retirar escombros considseran que han removido decenas de toneladas de material. Una empresa constructora de Guadalajara, responsable de la limpieza de seis kioscos, calcula que retiró alrededor de 10 toneladas de basura y escombros, y 20 toneladas de estructuras metálicas. Esas labores comenzaron un mes después de los hechos.
Mientras tanto, negocios cercanos operan a medias o permanecen cerrados.
Limpieza exprés para borrar
la escena
Las calles de Puerto Vallarta fueron despejadas en menos de 48 horas. Entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero últimos grúas trabajaron día y noche para retirar los vehículos utilizados en los narcobloqueos y limpiar la imagen del destino turístico.
La operación se concentró en remover unidades de gran tamaño que obstruían puntos clave: en el malecón retiraron tres camiones; sobre la avenida principal, frente a Liverpool, remolcaron un tráiler; en la entrada a la Marina, donde se ubica la escultura de la ballena, sacaron otro camión. En el túnel del libramiento, a la altura de la Cruz Roja, retiraron tres unidades más; en el cruce de Federación y México, otras tres, y frente a la Presidencia Municipal, tres camiones de turismo.
El operativo no se limitó al arrastre, también incluyó la limpieza de cenizas y restos calcinados. Personal de Protección Civil y Bomberos retiró residuos, mientras que el organismo operador del agua aportó pipas para el lavado de las vialidades.
Un trabajador que participó en esas labores explicó que en el municipio no existen corralones públicos, por lo que las unidades fueron trasladadas a depósitos particulares mediante un convenio. Para sostener el ritmo de limpia, las grúas operaron de manera continua con suministro de combustible.
Uno de los casos más complejos ocurrió frente al ayuntamiento. Debido a las dimensiones del vehículo y lo estrecho de las calles del Centro, fue necesario cortarlo por la mitad para retirarlo. Esa unidad, junto con otras, fue trasladada al corralón de Boca de Tomates. En otro depósito de vehículos las unidades siniestradas están apiladas en dos y tres pisos, como si fueran cajas de zapatos. Para el día siguiente gran parte de los puntos afectados ya habían sido despejados.
“Nos dejaron solos”
Mientras la ciudad era limpiada con rapidez, durante las horas críticas de los bloqueos –de acuerdo con testimonios recabados– no hubo autoridad que respondiera.
Habitantes de Puerto Vallarta aseguran que el 22 de febrero no vieron patrullas municipales, estatales ni fuerzas federales. Tampoco, denuncian, llegaron bomberos o servicios de emergencia.
“Nos sentimos solos, completamente solos. Llamabas al 911 y no aparecía nadie”, relata un residente.
Un afectado por el robo y quema de su camioneta cuenta que su hijo fue interceptado, encañonado y golpeado antes de que el vehículo fuera incendiado a dos cuadras. “No salió ni una patrulla a ver qué estaba pasando”, afirma. Hoy sigue pagando el crédito de una unidad que quedó “totalmente calcinada”.
Los testimonios coinciden: durante horas la ciudad quedó sin respuesta institucional. Algunos ubican la presencia de autoridades hasta el día siguiente, cuando los daños ya estaban hechos. Incluso se reportaron saqueos en establecimientos; ninguna autoridad pudo detenerlos.
Fuentes de Protección Civil reconocieron que recibieron órdenes de resguardarse por seguridad. En la dependencia, además, se negaron a informar sobre los servicios prestados ese día.
“Si esto vuelve a pasar, nos dejan indefensos”, dice otro habitante.
A un mes del abatimiento del Mencho la presencia de fuerzas de seguridad es limitada. La vigilancia se limita a patrullajes esporádicos. Habitantes expolican que, a diferencia de antes, ya no hay recorridos a pie de militares o Guardia Nacional. La sensación de abandono persiste.
Mientras las autoridades hablan de normalización, en las calles de Puerto Vallarta la percepción es otra: “Vallarta sigue golpeado”.
La vida continúa, pero entre negocios vacíos, viviendas abiertas al aire y una ausencia que todavía pesa.
“Nos dejaron desamparados, abandonados a nuestra suerte”, dijo un habitante. “No tenemos autoridades, son de dibujo”.








