La Red Nacional de Refugios (RNR) atendió entre enero y noviembre de 2025 a más de 11 mil mujeres y sus hijos víctimas de violencia, de las cuales 40% enfrentan agresores vinculados al crimen organizado. Su directora, Wendy Figueroa, advierte que la colusión entre policías y jueces agrava el riesgo feminicida y perpetúa la impunidad. Pese a salvar vidas, la RNR denuncia que el gobierno de Claudia Sheinbaum redujo y fusionó presupuestos dejando en la incertidumbre la operación de refugios y la sobrevivencia de miles de mujeres y niños.
Un día “Ricardo” obligó a “Ana” y a sus dos hijas a hincarse frente a él, les apuntó con una pistola en la cabeza y le preguntó a ella: “¿A quién quieres?, ¿quién se va primero?”. Ése fue el momento en que esta mujer se convenció de que, a todos los años de violencia que padeció al lado de su agresor, lo que seguía era definitivo: las iba a matar.
En vano fue su denuncia por el intento de feminicidio: ni la policía ni el Ministerio Público le ayudaron, pues el violentador estaba vinculado con el crimen organizado del sur del país. “Si sigues con la denuncia, hay gente que me va a respaldar y si investigan, no me voy a ir solo”, le advirtió.
Mediante un enlace telefónico, la mujer de poco más de 40 años relata a Proceso la historia de violencia que experimentó y cómo hoy está con sus hijas vivas y a salvo, tras el abandono y la revictimización del Estado y gracias al apoyo de la Red Nacional de Refugios (RNR).
De enero a noviembre de 2025 esta organización de la sociedad civil que representa a 60% de los refugios de ese tipo en el país, atendió a 11 mil 442 mujeres y a sus hijos víctimas de violencia y en riesgo feminicida en los 76 espacios de atención, prevención y protección que operan en México.
“Ana”, nombre ficticio que se usa por su seguridad y la de sus hijas, igual que el de su agresor, también es parte de 40% de ese total –equivalente a cuatro mil 577 mujeres–, cuyos violentadores tienen nexos con el crimen organizado que impera en el país.
Esa situación, dice en entrevista la directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, agrava el riesgo de ser víctimas de feminicidio y obstaculiza su proceso para obtener justicia y sobrevivir, pues muchos de los agresores también están coludidos con policías, ministerios públicos y jueces que los protegen y les garantizan impunidad.
Deudas, reducciones y opacidad
Pese al rescate que la RNR hizo de “Ana” y de esas más de cuatro mil 500 mujeres, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha cumplido con la ley para que la Red siga su labor sin contratiempos: hasta mediados de diciembre de 2025 no les había entregado 100% de recursos correspondientes de ese año, denuncia Wendy Figueroa.
Tampoco le había pagado los dos meses de sueldo que le debe a profesionistas que laboran en los refugios. Peor aún, contrario a su lema de “es tiempo de mujeres”, la mandataria federal ordenó cambios en la cantidad y distribución de los recursos para la operación de los refugios que manejan los estados y la sociedad civil.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, el último del presidente Andrés Manuel López Obrador, se destinaron 819 millones 668 mil 742 pesos a dos programas señalados en el Anexo 13: “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas” (PAIMEF), con 334 millones 14 mil 744 pesos, y “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos”, con 485 millones 673 mil 998 pesos.
Ambos eran operados por la Secretaría de Gobernación, vía la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En el PEF 2025, en el primer año completo de Sheinbaum Pardo, comenzó la desatención para los refugios al destinar el mismo presupuesto (819 millones 668 mil 742 pesos) para los mismos programas, pero con una variación: el PAIMEF tuvo 334 millones 947 mil 832 pesos; es decir, 933 mil 88 pesos más. Esa diferencia se lo quitó al Programa para Refugios, que sólo obtuvo 484 millones 740 mil 910 pesos.
Ese año la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlalli Hernández Mora, se encargó de manejar ese presupuesto, luego de la fusión de la Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Peor aún, para el PEF 2026 Sheinbaum Pardo ordenó que los dos programas se fusionaran en el nuevo “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas”. Le dio 856 millones 782 mil 185 pesos, un aumento nominal de 37 millones 93 mil 443 pesos, equivalentes a apenas 4.32% más.
La desaparición del “Programa de Apoyo a Refugios”, vigente desde el 2021 “borra la identidad de una política pública feminista que salva vidas” y es una “falta de prioridad” hacia los refugios, denuncia Wendy Figueroa. Acusa que es un retroceso en el reconocimiento de la importancia de los refugios y su papel en la protección de los derechos de las mujeres.
Y no es lo peor. La activista feminista prevé que la falta de claridad presupuestaria generará un desvío, un “uso discrecional” y poco transparente de los recursos y pondrá en riesgo la operación de los refugios y los centros de atención externos de la RNR. Además, dejará en la incertidumbre la sobrevivencia de miles de mujeres y sus hijos”.
Ante ello, la defensora de los derechos de las mujeres recuerda al gobierno de Sheinbaum Pardo su obligación de cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que exigen garantizar recursos y políticas públicas de protección a mujeres y a sus hijos.
“La policía tenía miedo, nadie se quería meter”
Cuando “Ricardo” le apuntó con una pistola a “Ana” y a sus hijas, “la menor se levantó y se le fue encima. Pensé: ‘¡Se va a disparar el arma!’. Todo eso está en mi declaración en el Ministerio Público, pero no ha pasado nada”, cuenta.
“Ana” llamó a la policía para advertir que el agresor tenía un arma de fuego en la casa, se las enseñó, pero los uniformados no hicieron nada. “Sólo le dijeron a él ‘déjela salir y guarde su arma’”.
De las varias denuncias que hizo contra su agresor, éste nunca recibió notificaciones, los procesos en la Fiscalía donde denunció no avanzaban. Una vez la llamaron para señalar el domicilio del agresor, pero nadie la acompañó. “La policía no se quería acercar, los de la Fiscalía me mandaron sola, ‘señáleme el domicilio y de aquí de lejos le tomo la foto’, me dijeron… Querían saber en qué negocios estaba él para saber con quién se metían”, dice.
Pronto concluyó: “Si los agresores son o si tienen nexos con el narco, la autoridad no hace nada, no te pueden ayudar. Yo creo que todas esas cosas ya rebasaron a la ley. La policía ya no se podía meter”, asegura.
“Ana” conoció a “Ricardo” cuando vivían en la misma zona de una ciudad del sur del país, cuyo nombre se resguarda por seguridad de ella y sus hijas. Él era deportado de Estados Unidos y consumía drogas. Empezaron a salir y pronto se fueron a vivir juntos. La violencia psicológica no tardó: “Si me decía ‘no vas a trabajar’, no iba y me dejaba encerrada con llave. Lo vi normal, pero hoy que veo atrás, digo: ‘Desde siempre hubo violencia’, pero yo no la identifiqué, la dejé pasar”.
Los gritos e insultos pasaron a los golpes y amenazas. Fueron seis meses de terror: “Una vez me tenía con el cuchillo, se lo pude quitar y lo aventé a la calle, me quise salir. Los que iban pasando, en vez de ayudarme, él les gritó ‘¡Alcánzame el cuchillo!’ y se lo alcanzaron”. Las golpizas en el sótano eran tremendas, pero sus gritos no se oían y nadie se metía.
Los rumores de que su agresor andaba en malos pasos eran cada vez mayores, pero ella no los creía. Pensaba que la casa, el auto y los terrenos de los que se hizo de la noche a la mañana eran fruto de un trabajo honesto. Y si hallaba pruebas de algo, las ignoraba al pensar: “Él me da todo, yo cuido a las niñas y si me voy y tengo que ir a trabajar, ¿quién me las va a cuidar?”.
Antes no lo reconocía, pero hoy recuerda acciones que aclaraban los rumores: le prohibía caminar por ciertas calles con las niñas, le sacó licencia de conducir, le dio un auto con vidrios polarizados y le advertía: “Ustedes ya aguantan un levantón… Ten cuidado, te va a pasar algo, nos van a hacer algo”.
Una vez él le dijo que la persona con quien trabajaba era de Jalisco y lavaba dinero. Otro día le contó que a él y a otros compañeros “los levantaron y a uno lo asesinaron”. El hecho salió en las noticias. “Estuvimos como un mes sin salir de casa por miedo a que nos hicieran algo”, recuerda.
Una de las veces que huyó, el hombre le “secuestró” a una de sus hijas para obligarla a regresar. De nuevo hizo la denuncia penal, con el énfasis de que era un consumidor de drogas peligroso, pero tampoco sirvió. Frente a ella, él llamó por teléfono a un supuesto contacto en la Fiscalía y éste le dijo: “Júntate 100 mil pesos y te borro el expediente”.
Decidida a salvar a su hija, “Ana” pensó en involucrarse con el crimen organizado para buscar a alguien que le ayudara a recuperarla. En vez de eso, buscó al agresor, le pidió ver a la niña y éste accedió con la condición de que regresara con él. Ella asintió y él le dejó un par de días a la menor de edad. Entonces, con la ayuda de la Red, huyó a una casa de emergencia lejos del victimario.
Sólo así encontró la tranquilidad y un trabajo para sacar adelante a sus hijas sin miedo de morir. Y aunque no puede regresar a su estado natal para ver a su familia porque es peligroso, lo prefiere así.
“Él no sabe dónde estamos, no sabe que empezamos de nuevo. Ahora me siento segura, confiada, y digo: ‘¿Cuánto tiempo tardé en dar este paso?’ Siempre fue el miedo de ‘no voy a poder’, pero sí se puede, nada más se necesita identificar lo que es violencia y saber que tenemos derecho a una vida libre de violencia”, comenta.
Durante los siete meses que “Ana” y sus hijas estuvieron en un refugio de la Red recibieron un trato digno, completamente opuesto al que tuvo en el espacio que le dio la Secretaría de las Mujeres de la entidad, donde fue violentada. Consiguió un trabajo, mientras sus hijas eran cuidadas por profesionistas de la Red y recibió acompañamiento psicológico y legal para seguir el avance del proceso legal contra su agresor, aunque sin resultados.
Suelta: “Yo no confío en el gobierno, no confío en las leyes, yo siento que toda esta delincuencia los rebasó”.
Las otras víctimas del crimen organizado
Wendy Figueroa, directora de la RNR desde 2012, asegura que el crimen organizado “siempre ha estado” relacionado con la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, en los casos atendidos por la Red observó un incremento a partir de 2019, al inicio de la llamada Cuarta Transformación. Primero era 15%, luego 25% y ahora, 40 por ciento.
“Las mujeres referían las situaciones de mayor riesgo que enfrentaban. Al explorar, identificábamos que los agresores, sus parejas, tenían lazos con el crimen organizado, militares y políticos, que usaban armas de fuego, tenían antecedentes penales y algunos consumían sustancias tóxicas”, explica.
Psicóloga y nombrada en 2021 por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México, asegura que esos lazos de los agresores “pone en mayor vulnerabilidad el acceso a la justicia” para las víctimas, pues cuando intentan salir de la situación, encuentran impunidad y corrupción, ya que al denunciar se les dificulta la credibilidad y se ponen en mayor riesgo.
En un análisis de ese 40% de víctimas de agresores relacionados con el crimen organizado, Figueroa Morales asegura que un 10% de quienes denunciaron a su violentador fueron “secuestradas” en su propia casa para no seguir con los procesos legales. Muchas tardaron hasta siete años en poder salir y llegar a un refugio de la Red. Algunas ya habían estado en alguna institución gubernamental y ahí les hablaron de los refugios. Otras llegaron por recomendación de conocidas.
Su promedio de edad está entre los 18 y 30 años, pero hace unos cuatro era de entre 25 y 45. Wendy Figueroa menciona elementos que podrían explicar esa variación: la violencia contra las mujeres que se da desde los primeros años de vida, el aumento de la violencia digital, la cooptación por internet y el inicio de relaciones sexuales cada vez más jóvenes “con el ideal de poder tener bienestar”.
De ese 40%, al menos un 20% estaba casada y el resto, en unión libre. En el segundo caso, 45% identifica que fue obligada a estar con su agresor, ya sea por su familia —“para que no se llevara a su hermanita de 10 años”— o por su pareja anterior. Y es que, según el análisis, hay víctimas cuyos agresores las sometían a la trata sexual y laboral.
Muchas llegaron a la Red con uno o dos hijos pequeños, algunos productos de una violación. La media de edad de los menores rescatados con su madre va de seis a 12 años, pero algunos han nacido en los refugios, otros tienen un año y otros hasta 16.
El vínculo de agresores con el crimen organizado también causa el desplazamiento forzoso de la víctima muy lejos de su domicilio, pues “el agresor, con esta red de narcotráfico tiene controlado el territorio. Las referimos a refugios en zonas lejanas donde no las puedan localizar”, detalla Figueroa. Dice que un 90% de las rescatadas informa que sus agresores tienen contactos en otras entidades.
Dentro de ese 40%, la Red ha identificado a víctimas originarias de Argentina, Colombia, Guatemala y Honduras. En el caso de las sudamericanas, algunas vinieron a México de vacaciones, se relacionaron con un hombre que les ofreció estabilidad y luego las obligó a la trata bajo la amenaza de denunciar su estancia ilegal en el país; o bien, conocidos les dijeron que había opciones para trabajar y cayeron en esas redes.
Sobre las víctimas centroamericanas, algunas son adolescentes, llegaron a México como migrantes no acompañadas y fueron víctimas de violación sexual. Tras su rescate, la Red buscó opciones para que regresaran a su país a salvo o fueran acogidas en refugios de allá, aprovechando que es fundadora de la Red Interamericana de Refugios y parte de la Red Global de Refugios.
Al puro estilo del crimen organizado vinculado con la policía y las fiscalías, al menos tres veces la Red ha experimentado los efectos de ese poder: “Una vez, al acercarnos con autoridades para pedir apoyo en el traslado de una víctima, hubo camionetas blindadas rondando el refugio y llamadas de extorsión. Eso fue señal de que la información se fuga”.
Otro caso sucedió en la frontera, a donde personas llegaron a una institución y, bajo amenaza, obligaron al personal a darles la ubicación de una mujer rescatada. En el refugio había dos familias más y la Red tuvo que desocuparlo de emergencia. Estuvo inactivo un mes.
Por ello, todos los rescates que hace la Red son con apoyo de empresas de seguridad privada y por la plataforma Uber.
Según el análisis de Figueroa Morales, los agresores vinculados con el crimen organizado se ubican principalmente en el Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco y, en menor medida, en Hidalgo. Y en cuanto a los cárteles a los que pertenecen, es discreta: “Sucede en todos”.
Entre las formas de escape que las víctimas han usado se cuenta que el agresor se emborrachó, dejó la puerta abierta y ella lo aprovechó; que ella le prometió regresar con él si la dejaba ver a su hijo, éste le creyó y en un descuido ambos huyeron, o el menor salió a pedir ayuda.
De 40% analizado por la Red, la directora reconoce que solo 2% de las víctimas rescatadas tiene alguna carpeta de investigación en su contra como presuntas perpetradoras dentro de cárteles. Sin embargo, defiende: “La justicia en México no es ni feminista ni justa ni con perspectiva de género”, y explica que esas acusaciones son porque sabían que a su hija la abusaban sexualmente o que el agresor vendía droga en su casa.
“Cuando hacemos un análisis desde la perspectiva de género y el feminismo, sabemos que esto no es por voluntad, sino que es todo un entramado y estrategias de opresión de los agresores para controlarlas. Y no es que ellas aprobaran lo que él hacía, sino que hay todo un sistema que las paraliza, las condiciona. Son estrategias de sobrevivencia de ellas… Una de las razones que llevan a que una mujer esté ahí es justamente porque no hay un sistema que la sostenga”, afirma.
Respecto de la forma en que ese 40% de víctimas se involucró con su agresor, Figueroa Morales comenta que, en la mayoría de los casos, el inicio fue el llamado “amor romántico” y sus promesas de una familia, estabilidad, cuidado y felicidad; pero luego llega el control, la anulación de la independencia y la violencia: las estrategias de muchos agresores. La precarización, sobre todo en el sur del país, es otro elemento.
Y sobre las señales de que sus agresores eran delincuentes, mencionan que llegaba a casa agitado, ensangrentado, y les contaba “me troné a tal, hice tal cosa”; dejaban la pistola en la mesa; llevaba amigos a la casa, se hacía el borracho y dejaba que éstos abusaran de ella; escuchaba sirenas policiacas y huía con ayuda de cómplices, tenía varios teléfonos celulares, les cambiaba el chip o los destruía. “Terror psicológico”, lo nombra Figueroa Morales.
En otros casos les presumían sus contactos en la policía y el Ministerio Público para que no los denunciaran. Recuerda un caso en Guadalajara: una víctima logró salir de su casa con su hijo en la noche, encontró una patrulla y le pidió la llevara a un centro de justicia o alguna institución de apoyo a mujeres. El oficial hizo una llamada, le pidió esperar a la patrulla que la llevaría y a los cinco minutos llegó su agresor.
La Red que salva vidas
La etapa de huida de “Ana” para salvar su vida y la de sus hijas incluye el paso por un refugio manejado por autoridades estatales y la, entonces, Conavim. “Me fue pésimo”, dice, y recuerda las irregularidades y la revictimización que observó. Tuvo que regresar con su agresor.
Por suerte, en una oficina estatal le dijeron que podía ir con la RNR. Temerosa de repetir la experiencia de revictimización y hambre, acudió y se sorprendió: “Todo cambió. Me trataron con dignidad desde que llegué”.
Sin dudarlo, asegura: “Yo encontré una oportunidad de vida en la Red Nacional de Refugios. Yo me declaraba no apta para tener a las niñas, quería entregarlas a una alguna autoridad, que mis hijas se salvaran. Ahora ya estoy con ellas y me siento capaz de sacarlas adelante. Yo lo que le diría a todas las mujeres es que pidan ayuda y que no están solas”, dice.
SeMujeres registra vínculo
Consultada por Proceso, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal informó que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025, en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se registraron cuatro mil 50 mujeres “con hechos vinculados a la delincuencia organizada”.
Las cinco entidades con más casos registrados fueron Estado de México (383), Tlaxcala (375), Jalisco (311), Guanajuato (226) y Michoacán (221).
La dependencia también informó del registro de 58 mujeres relacionadas con el delito de trata de personas en el mismo periodo, registrados en su mayoría en Tlaxcala (21), Quintana Roo (6), CDMX (5), Hidalgo (5) y Puebla (5).
Revictimizada por las autoridades que existen para procurar justicia, “Ana” recuerda que denunciar la violencia que sufrió fue “muy desgastante, desde el trato que te dan las personas que te toman las declaraciones. Si hubiera sabido, ni hubiera hecho denuncias y mejor dar vuelta a la página y empezar de cero, perderme del estado de donde sufrí la agresión y deja todo por la paz”.








