Tras 11 años de planeación errática, el Tren México-Toluca empezará a operar por completo este mes, siete años después de lo previsto. El megaproyecto, impulsado por Peña Nieto y heredado por Claudia Sheinbaum, tuvo un sobrecosto de 263%, retrasos crónicos y una larga lista de contratos modificados que beneficiaron a consorcios cercanos al poder. Asimismo comunidades afectadas resistieron con bloqueos y amparos obligando a cambiar trazos y suspender obras. Sheinbaum promete que el recorrido Toluca-CDMX se hará en 40 minutos.
Después de 11 años de planeación caótica, el Tren México-Toluca finalmente empezará a operar por completo este enero, aunque con un costo final de más de 140 mil millones de pesos, un monto prácticamente tres veces superior al que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando lanzó este gran megaproyecto de su sexenio, que dejó inconcluso.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en octubre último el fin de la obra civil y electromecánica, y que para fines de enero la ruta entre Toluca y la estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México se hará en 40 minutos con la nueva vía marcada por la improvisación, el amplio rechazo de comunidades originarias, los sobrecostos y oportunismos políticos.
Evaluada en 2013 en 38 mil 608 millones de pesos, la obra tiene un costo actualizado de 140 mil 134 millones de pesos en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual representa un sobrecosto de por lo menos 263% y un gasto final de dos mil 419 millones de pesos por kilómetro de vía, en promedio. El tren correrá su ruta completa en 2026, es decir, más de siete años y medio después de lo planeado.
Con el paso de los años el proyecto se convirtió en un pozo sin fondo de recursos públicos, que se vio reflejado en una amplia serie de convenios modificatorios a los contratos iniciales, que aumentaron los montos y los plazos de entrega; por ende, las empresas contratistas vieron sus ingresos dispararse.
Un ejemplo, el consorcio encabezado por la empresa española CAF, que recibió una de las principales tareas de la obra.
El tren como tal fue contratado en 2014 mediante tres convenios por 15 mil 40 millones de pesos, que debía concluir en mayo de 2018, es decir, unos meses antes de que Peña Nieto entregara el poder.
En 2024 la obra seguía sin concluirse y su costo se disparó a 25 mil 10 millones de pesos mediante decenas de convenios y modificaciones a los contratos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe publicado el 23 de octubre último.
Este fenómeno se produjo en todas las etapas del megaproyecto. En marzo de 2024 la empresa Senermex Ingeniería y Sistemas, filial de la empresa española Sener, que fue contratada para supervisar el desarrollo de la obra, elaboró un largo documento donde detalló minuciosamente cómo el Tren México-Toluca se fue descarrilando a medida que estallaron los problemas derivados de su mala planeación y que éstos se convirtieron en una bola de nieve.
Cuando los expertos de la empresa española redactaron el informe, en poder de Proceso, el megaproyecto tenía un costo calculado de 122 mil 982 millones de pesos, para concluirse en 2025; no tenían contemplado que serían necesarios otros 18 mil millones de pesos y un año más.
En esta bitácora del caos abundan los eufemismos como “discontinuidad del proceso constructivo” para referirse a paros de varios meses, “adecuaciones” en lugar de sobrecosto, o “problemáticas sociales” para describir la férrea resistencia de comunidades afectadas, que buscaron desviar la ruta o vender sus tierras a un mejor precio.
Ganadores de los retrasos
Megaproyecto emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues conecta la capital del Estado de México –del que provenía el expresidente– con la capital de país, el Tren México-Toluca implicaba desde su origen una “infraestructura muy exigente”, ya que era necesario construir numerosos viaductos de hasta 44 metros de altura y un túnel de 4.75 kilómetros para superar declives del recorrido por los cerros que conforman la Sierra de las Cruces y el Desierto de los Leones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces a cargo del político mexiquense Gerardo Ruiz Esparza, quien fue señalado en diversos casos de corrupción a lo largo del sexenio de Peña Nieto, dividió el trayecto de 57.7 kilómetros en tres tramos y en cinco grandes contratos.
La dependencia federal entregó el primer tramo al consorcio formado por La Peninsular, empresa del multimillonario mexiquense Carlos Hank Rhon, y una filial de la española OHL, envuelta en escándalos por su colusión con Peña Nieto y su grupo, por 10 mil 148 millones de pesos. El segundo tramo fue para ICA, por dos mil 855 millones de pesos y el tercero, por 10 mil 426 millones de pesos, fue adjudicado a un consorcio integrado por Caabsa Constructora, la española Omega y otras tres empresas.
El contrato para los trenes fue entregado al Consorcio Ferrocarril Urbano, conformado por las empresas transnacionales CAF, Isolux Cordán, Construcciones Urales y la francesa Thalès, por 13 mil 570 millones de pesos.
En marzo de 2018 el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) elaboró un informe en el que exhibió al Tren México-Toluca como ejemplo de un proyecto mal planeado y con un proceso de contratación “desorganizado y opaco”, que terminó beneficiando a empresarios cercanos al grupo político de Peña Nieto.
En diciembre de 2017, al margen del megaproyecto, el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera dio a la empresa Inmobiliaria Tecaponiente Nuevo Milenio, del empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, el permiso para construir y operar durante 40 años un Centro de Transferencia Modal (Cetram) en la estación Observatorio, para conectar el Tren México-Toluca con la red de transporte público de la capital, incluyendo las líneas 1 y 12 del Metro.
Alcántara Rojas formó parte del grupo político-empresarial de Peña Nieto, y se vio afectado por el tren, pues sus empresas ETN y Flecha Roja ejercían (y hasta la fecha ejercen) un monopolio en el servicio de traslado de pasajeros entre Toluca y la Ciudad de México.
“Problemática social”
El gobierno priista lanzó la obra sin tener todos los derechos de vía ni los estudios ambientales, lo que se convirtió en un problema mayúsculo a medida que avanzó el proyecto, pues comunidades de Ocoyoacac, Acazulco, Coapanoaya, Tepezoyuca, San Mateo Atenco y vecinos de colonias capitalinas afectadas por el trazo del tren presentaron amparos en tribunales de la Ciudad de México y Estado de México y realizaron bloqueos contra las obras para negociar un mejor precio en la expropiación de sus tierras. Todavía en 2022, ocho predios ubicados en la ruta del tren seguían “pendientes de desocupar”, señaló la ASF.
La Sener enumeró los actos de resistencia: “Manifestaciones, bloqueos, marchas, mítines y cierre de vialidades, así como escritos presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Asamblea Legislativa, Presidencia de la República y autoridades locales, por los habitantes de las colonias por donde estaba proyectada la infraestructura”.
Esta resistencia obligó al gobierno a modificar la ruta, mover trazos, viaductos elevados y líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –con todo y baterías de estudios no contemplados–, liberar predios de manera “salteada e intermitente” y forzó a los contratistas a suspender las obras por meses. Además, en varios puntos la ruta atravesó asentamientos no regularizados, que implicaron un procedimiento administrativo pesado, y en algún momento los contratistas se percataron que el trazo atravesaba una línea de gas natural.
En el caso del túnel la resistencia tuvo otra consecuencia: como los comuneros no permitieron el acceso a sus predios, los estudios geológicos “no se llevaron a cabo en su totalidad”; cuando la maquinaria pesada finalmente empezó sus labores –con más de un año de retraso respecto del programa original–, los ingenieros se toparon con obstáculos mayúsculos que les llevaron a cambiar sus planes.
Ello disparó el monto de la obra, que la entonces SCT había contratado por tres mil millones de pesos en 2014, mediante tres contratos a ICA, Dirac y Senermex. En 2020, los convenios modificatorios al contrato inicial habían aumentado el monto a cinco mil 152 millones de pesos, de acuerdo con un informe publicado por la ASF en 2021.
Lo mismo ocurrió con el tramo 3: el consorcio de Caabsa, que debía entregar la obra en 2016, firmó varios convenios modificatorios que dispararon el costo 30% y extendió el plazo de entrega a más de tres años. Además, el gobierno de Peña Nieto firmó en 2016 otro contrato de obra con un consorcio encabezado por Gami Ingeniería, por 785 millones de pesos, no contemplado en la obra original.
Informes de la ASF elaborados a lo largo de la última década dieron cuenta de la improvisación con la que se desarrolló el tramo, como cuando los responsables se dieron cuenta de que “resultaba inviable” seguir el trazo original sobre la avenida Vasco de Quiroga, porque las obras habrían obligado a cerrar esa vialidad, la principal ruta de transporte público de la zona, y aparte destrozaba el paisaje del pueblo de Santa Fe, territorio considerado Área de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México.
Cuando el IMCO elaboró su informe en marzo de 2018, el proyecto estaba contemplado para entrar en operación en diciembre de 2019 –contra el 31 de diciembre de 2017, en las proyecciones iniciales–, con un costo final de 59 mil millones de pesos.
Pero la organización civil se quedó muy corta: el megaproyecto no estaba ni a la mitad de su atropellado camino hacia la operación, y aunque su presupuesto ya había empezado a salirse de control, le faltaba todavía un sobrecosto adicional de 90 mil millones de pesos.
Contratistas 4T
A tres semanas de tomar posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador inspeccionó las obras de la Línea 12 y aseveró que su administración terminaría los megaproyectos que su antecesor dejó inconclusos. Aunque esta promesa no abarcaba al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que el tabasqueño canceló, sí contemplaba al tren México-Toluca.
López Obrador recibió el Tren México-Toluca con un avance de 70% y lo hizo suyo: lo renombró “El Insurgente”, ordenó la construcción de una estación adicional en Vasco de Quiroga, y pidió a la ahora llamada Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a contratar una empresa para actualizar el Análisis Costo-Beneficio del proyecto, bajo el entendimiento de que las operaciones iniciarían en 2023.
Para 2021 los contratos originales ya habían pasado por 64 convenios modificatorios, según un informe de la ASF. Las modificaciones se atribuyeron a “problemáticas sociales”, pero también a “trabajos no previstos”, “adecuaciones”, “entrega tardía de anticipo”, “condiciones y dificultades geológicas, geotécnicas y condiciones del terreno” o a “liberación del derecho de vía”.
A partir de 2021 el gobierno de López Obrador adjudicó nuevos contratos multimillonarios relativos a la obra. ICA, que para ese entonces ya era controlada por el multimillonario David Martínez Guzmán y era una de las principales contratistas de su administración, recibió un proyecto de mil 148 millones de pesos para construir un viaducto atirantado y otro de 445 millones 339 mil pesos; OHL recibió otro de 232 millones de pesos para un viaducto doble, la empresa Gami Ingeniería obtuvo otros por 660 millones de pesos, la empresa González y Soto Asociados recibió varias asignaciones por más de 700 millones de pesos y la empresa Recal Estructuras ganó dos contratos por más de mil millones de pesos.
Sin embargo, los problemas continuaron conforme avanzaron las obras. En el tramo 3, por ejemplo, los ingenieros no contaban con que el Paso Inferior Vehicular tenía una altura “no compatible con la del tren”, y aparte enfrentaron una férrea resistencia de los vecinos, que los obligaron a modificar la ruta en la mayor parte de los 17 kilómetros del tramo. Ello, a su vez, implicó reubicar algunos edificios técnicos, “entre ellos unos muy importantes como las Subestaciones de Tracción”, detalló la Sener.
Ante la acumulación de problemas, el tramo 3 del tren abandonó el giro de la SICT y pasó al gobierno de la Ciudad de México, bajo Claudia Sheinbaum Pardo, quien a su vez lo entregó a su incondicional Andrés Lajous Loaeza, con la encomienda de terminarlo en 2023. Sin embargo, en 2022 las obras seguían estancadas a poco más de la mitad, por lo que la ahora presidenta dio por terminado el contrato del consorcio encabezado por Caabsa, y lo repartió a otros 12 contratistas.
Como lo hizo con el Tren Maya o la refinería Olmeca de Dos Bocas, López Obrador inauguró el Tren México-Toluca pese a que éste no estaba terminado. Y lo hizo dos veces: encabezó una ceremonia para inaugurar un primer tramo (de Zinacantepec a Lerma) en septiembre de 2023 y el segundo (de Lerma a Santa Fe) en agosto de 2024, poco antes de dejar las riendas de Palacio Nacional a Sheinbaum.








