La nueva Suprema Corte de Justicia enfrenta baja productividad y tensiones internas. Las estadísticas revelan que la resolución de casos cayó a casi la mitad respecto de la anterior Corte, además el ministro presidente, Hugo Aguilar, no logra imponer orden en las sesiones, donde Lenia Batres genera críticas por sus propuestas polémicas, como reabrir juicios concluidos y atraer litigios fiscales multimillonarios. En el tribunal se habla ya de un “bloque negro” afín a la 4T, que divide la capacidad de resolución del máximo órgano judicial.
La división, baja productividad y diferentes intereses prevalecen en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a grado tal que al interior del alto tribunal se habla de un “bloque negro” integrado por Lenia Batres, Hugo Aguilar y Sara Irene Herrerías, considerados el ala radical de la 4T.
Aunque el resto de los ministros no se muestran de manera abierta como opositores a este grupo, las disputas entre ellos se evidencian en cada sesión en las que el presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se ha mostrado moderado y no logra conducir con orden los debates, mientras que el protagonismo lo ha tenido Batres.
En octubre de 2025, al cumplir su primer mes como ministro presidente, Aguilar presumió ante medios de comunicación que la nueva SCJN resuelve 116 asuntos al mes, lo que los acerca a los 120 a 125 casos que resolvía la anterior integración de manera mensual.
Eso, afirmó, con un promedio de 12 a 15 casos resueltos por sesión, es decir, de lunes a jueves, comparación que hizo pese a que las extintas salas resolvían más de 50 asuntos cada miércoles.
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría General de Acuerdos de la Corte, a las que este medio tuvo acceso, eso ha sido insuficiente para alcanzar los niveles de productividad que tenía la anterior integración que sesionaba en pleno y salas.
En el documento se detalla que, entre enero y agosto de este año, la anterior Corte recibió 10 mil 920 expedientes y para el 31 de agosto de 2025, fecha en la que la administración de la ministra en retiro Norma Piña culminó sus funciones, egresaron 10 mil 159 asuntos, es decir, 93% de casos tuvieron una resolución.
De todos esos asuntos, dos mil 161 egresaron por fallos o dictámenes emitidos desde las ponencias y siete mil 998 por acuerdos de desechamiento dictados por la expresidenta o incidentes de inejecución declarados sin materia.
En cambio, entre septiembre y noviembre de 2025 ingresaron cuatro mil 204 expedientes y en ese tiempo sólo fueron resueltos dos mil 224, es decir, 52.9% de casos con resolución, 532 por fallos o dictámenes emitidos en ponencias y mil 692 por acuerdos presidenciales de desechamiento o incidentes de inejecución declarados sin materia.
Aunque desde sus inicios esta nueva SCJN estableció un reglamento para limitar el tiempo de intervención de los ministros en las sesiones, constantemente lo incumplen.
En ningún momento el ministro presidente, Hugo Aguilar, indica a sus compañeros cuando su tiempo de intervención, siete minutos para la primera participación y cinco minutos para las rondas subsecuentes, está por agotarse o se ha agotado; tampoco ha llamado la atención cuando la ministra Batres se enfrasca en algún disenso con sus compañeros, lo que ha ocurrido principalmente con Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
Con la extinción de las salas, el pleno estableció los miércoles y jueves para resolver los casos que anteriormente resolvían estos cuerpos colegiados como amparos directos en revisión, recursos de reclamación y solicitudes de facultad de atracción, dejando los debates de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y otros asuntos para los lunes y martes. Sin embargo, esta regla tampoco se ha cumplido.
Aunque todos los ministros publican sus proyectos de resolución, se eliminó de las listas los nombres o denominaciones de los quejosos en algunos recursos de reclamación, amparos en revisión y otros asuntos que anteriormente permitían identificar más fácilmente los casos y sus antecedentes.
Ala dura
En su edición mensual de noviembre último, Proceso informó sobre el surgimiento de un grupo encabezado por Lenia Batres para facilitar las acciones de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fuentes consultadas por esta casa editorial indicaron que al interior de la Corte es identificado ya como “el bloque negro” y que las últimas propuestas para reabrir juicios con sentencias firmes, impulsadas por Batres y Aguilar Ortiz, ya empiezan a molestar a la titular del Ejecutivo federal.
En un derecho de réplica a esta revista, Batres dijo que se trataba de afirmaciones “falsas, infundadas e insidiosas”, pero al interior de la Corte la percepción es totalmente diferente.
La jurista llegó a la SCJN en enero de 2024 designada por Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en la primera integrante del Pleno nombrada directamente por un presidente después de la reforma de 1994.
Antes de llegar a la Corte, Batres formaba parte del equipo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, bajo las órdenes de María Estela Ríos.
Como ministra, una de sus primeras acciones fue reducir su salario para no ganar más que López Obrador y se inscribió en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), desde entonces comenzó a acuñar el mote de “la ministra del pueblo” que utilizaría en la campaña electoral para colocar su imagen en medios de comunicación y redes sociales.
Ganadora en la “elección del acordeón”, la ministra ha dejado sentir su afinidad política en sus proyectos de resolución y participaciones en el pleno.
La primera de ellas fue la propuesta de abandonar el criterio establecido en 2016 por la anterior SCJN y gracias a la cual fueron invalidadas 50 leyes por falta de consulta previa, al considerarlo una violación al procedimiento legislativo.
Esa propuesta provocó una de las primeras confrontaciones públicas de otros ministros con Lenia Batres, pues aunque en sesión del 7 de octubre una mayoría de ocho ministros aceptó abandonar el criterio, cuando la ministra pidió reafirmar que se declaraba que la falta de consulta no causa invalidez automática de una norma, Giovanni Figueroa, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se opusieron tajantemente.
Hugo Aguilar, quien votó en favor de la propuesta, pidió posponer la discusión del tema para la siguiente semana “debido a lo avanzado de la hora”, pero el 13 de octubre de 2025, cuando los ministros retomarían el debate para precisar si abandonaban el criterio o no, Batres retiró su proyecto para realizar audiencias públicas con personas con discapacidad.
En dicho ejercicio, esa población y organizaciones de la sociedad civil, entre otros participantes, rechazaron la propuesta de la ministra.
De igual modo, en las audiencias los ministros Esquivel y Figueroa enfatizaron que, contrario a lo que Batres ha afirmado, el criterio de 2016 no ha sido abandonado por el pleno de la SCJN.
“El criterio actual que preserva la Corte como herramienta permite escuchar directamente a las personas con discapacidad, obligando a todos los Congresos a realizar consultas significativas”, dijo la ministra Esquivel.
“Hoy, esta audiencia pública es para determinar si se abandona y se flexibiliza el criterio”.
Figueroa hizo énfasis en que el abandono del criterio era una opinión de Batres que todavía está en debate ante la Corte porque, de otro modo, las audiencias públicas no hubieran tenido sentido.
“Este asunto no ha sido resuelto todavía y sigue bajo análisis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó. “Yo me manifesté porque no estoy de acuerdo con el cambio de criterio”.
Esta reportera confirmó que a dos meses de la realización de las audiencias públicas la ministra Batres no ha presentado su nueva propuesta, pero al interior de la Corte se prevé que insista en abandonar el criterio de la consulta previa.
“La nueva propuesta que someteré a consideración del Pleno de la SCJN contempla que se podrán impugnar normas generales orgánicas, instrumentales y procedimentales, pero de ninguna manera derechos constitucionales o reconocidos en convenios internacionales suscritos por México que sólo se transcriben en otras leyes”, adelantó Batres en su réplica publicada en la edición de Proceso de diciembre último.
Temas polémicos
En su agenda, la ministra Batres ha incluido los casos de créditos fiscales de grandes empresas, así como la reapertura de asuntos concluidos con sentencias firmes para revertirlas por estar “viciadas”, lo que le ha valido críticas públicas por transgredir el concepto de cosa juzgada.
Propuso atraer un amparo relacionado con un crédito fiscal de FEMSA por dos mil 868 millones de pesos, mismo que ya había sido planteado días antes a la Corte, pero cuya atracción fue rechazada por ocho votos contra uno.
Una semana después, el 13 de noviembre, Batres realizó la solicitud obteniendo una votación de seis ministros en favor: Giovanni Figueroa, Loretta Ortiz, Irving Espinosa, Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías y la ponente.
Arístides Guerrero, Yasmín Esquivel y María Estela Ríos se opusieron a la propuesta y una semana después la SCJN salió a aclarar que el rechazo inicial no era una “cosa juzgada” y que la ministra Batres estaba facultada para solicitar la atracción.
Con esto, la Corte analizará el criterio, hasta ahora vigente, que establece que el monto del litigio no es motivo suficiente para justificar la atracción de casos, pues se deben cumplir los otros requisitos establecidos por la ley.
La Corte podría abrir así una nueva vía para intervenir en litigios fiscales multimillonarios alegando el monto del litigio, sin importar si implican o no un análisis de constitucionalidad, tal como planteó en entrevista con Proceso la ministra Batres (edición número 27, septiembre 2024).
Otra muestra de que la ministra está en favor de la reapertura de casos con sentencias firmes y el abandono de criterios de la anterior Corte fue su posición de la sesión del 26 de noviembre último, en el que el Pleno analizó un proyecto presentado por Loretta Ortiz para declarar, conforme a criterios anteriores de la SCJN, que no se puede aplicar la acción de nulidad de juicio concluido, regulada en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México en juicios regulados por el Código de Comercio debido a que éste no contempla tal figura.
La ministra Loretta Ortiz adelantó que en la anterior integración de la Corte ella manifestó su oposición a este criterio y precisó que su proyecto retoma las opiniones mayoritarias de sus excompañeros.
Luego de indicar que la Corte debe intervenir cuando existan “fraudes a la justicia”, Batres reprendió públicamente a Ortiz por presentar un proyecto contrario a su propio criterio.
“No me parece que debería tenerse este tipo de prácticas en una Suprema Corte que no le responde a la sociedad en términos privados sino en términos sociales y por la cual respondemos en nuestros actos”, dijo.
Pese a ello, el ministro presidente no puso orden entre las ministras para evitar alusiones personales ni para explicarle a Batres que lo que hizo Ortiz no es ilegal y, por el contrario, busca evitar dilaciones en la justicia mediante la presentación de proyectos que difícilmente obtendrán una votación mayoritaria.
Seis ministros rechazaron el proyecto: Ortiz, Batres, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Hugo Aguilar. Sin embargo, no todos lo hicieron por las mismas razones.
Fuentes judiciales confirmaron a esta reportera que la posición de diversos ministros apunta a que el caso nunca debió llegar a la SCJN, pues el criterio de la anterior integración es claro.
El debate volvió a poner en el ojo público la posible vulneración de la cosa juzgada, lo que causó que el 27 de noviembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara al respecto.
“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente. No estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”, enfatizó la mandataria federal.
La reapertura de casos ya fue planteada también por Hugo Aguilar, quien presentó una consulta al Pleno para debatir si esta nueva Corte puede revisar sentencias emitidas por las extintas salas. El proyecto de resolución será realizado por la ministra Batres.
Llamada de atención de la presidenta Sheinbaum
Otro planteamiento polémico de Batres fue el de calcular en UMAS y no en salarios mínimos las indemnizaciones por muertes de personas o pérdidas de órganos por negligencias médicas, lo que no sólo beneficiaría a las aseguradoras privadas sino al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencia de la que Martí Batres, hermano de la ministra, es director.
Esa propuesta, pendiente de discusión, también fue criticada por la presidenta Sheinbaum en su conferencia del 27 de noviembre.
“Ellos no legislan, ellos no pueden legislar. Fue justamente uno de los grandes temas de debate con la Corte anterior, que ellos usaron la Corte para legislar. Entonces la Corte no legisla”. Y precisó: “Ellos no pueden definir una nueva acción por encima de una ley, sino sencillamente los problemas constitucionales”.
Del llamado bloque negro, la ministra que menos ha llamado la atención ha sido Sara Irene Herrerías, exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), identificada como cercana a la presidenta Sheinbaum.
En general, las votaciones de Herrerías y Batres coinciden, lo que al interior del máximo tribunal ha valido para que la exfiscal, que no ha destacado en las sesiones, sea llamada “la alumna de Lenia”.
En la sesión del 14 de octubre de 2025 la Corte avaló una reforma al Código Penal Federal que incluyó la violencia vicaria como agravante de la violencia familiar, pese a que la mayoría consideró que la mala redacción del Legislativo no permite que la FGR lo aplique.
En lugar de confrontarse con el Legislativo e invalidar la reforma, a regañadientes los ministros acordaron enviar una invitación al Congreso de la Unión para que considere la posibilidad de hacer bien su trabajo.
Los ministros Figueroa, Esquivel y Ortiz Ahlf votaron por invalidar la reforma para obligar al Poder Legislativo a tipificar adecuadamente, posición contraria a la de Batres, Aguilar, Ríos, Espinosa y Guerrero.
Sara Irene Herrerías indicó que la mala redacción de la reforma conlleva problemas para aplicarla. Sin embargo, sólo propuso enviar la invitación al Congreso en lugar de invalidar la norma.
“La forma en que está redactado no se refiere a un tipo de violencia sino a la forma de cometer el tipo penal que está descrito en este artículo 343 ter, que sería a través de otra persona; esto implicaría, además, una complejidad jurídica de autoría y participación. Es por esto que, insisto, que sí tendríamos que enviar un exhorto al Congreso de la Unión”, dijo.
Esta propuesta fue acompañada también por la ministra Batres, quien enfatizó en que generalmente no está de acuerdo en dar instrucciones a los Poderes Legislativos a través de los exhortos.
Aunque este grupo es minoritario, la posibilidad de que sus propuestas prosperen radica en la ambigüedad con la que votan ministros como Arístides Guerrero, Irving Espinosa y María Estela Ríos, número suficiente para obtener votos mayoritarios y aprobar nuevos criterios.








