El caso de Florencia, a quien le arrebataron su bebé en la Ciudad de México, no es aislado. Documentos oficiales revelan un patrón de separación familiar contra la población vulnerable a manos de funcionarios capitalinos. Durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, autoridades del DIF y de la Fiscalía capitalina mantuvieron incomunicada a Florencia, sin intérprete, diagnosticándola erróneamente con retraso mental. De acuerdo con la CDHCDMX, de 2018 a la fecha se han registrado 547 expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos de la población en situación de calle.
CIUDAD DE MÉXICO.– Habituada a atender a mujeres indígenas víctimas de violencia de género, Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora del Centro Comunitario Casa de Saberes Gúwa Kúma de Ayutla, Guerrero, asumió un caso de discriminación y racismo contra una indígena en la Ciudad de México, entonces gobernada por Claudia Sheinbaum Pardo.
El 13 de noviembre de 2024 Florencia Feliciano Espinoza, mujer me’ pháa, originaria de Rancho Nuevo, del municipio de Ayutla, llegó a Gúwa Kúma para denunciar que en la llamada “ciudad de los derechos” servidores públicos le quitaron a su bebé cuando éste tenía seis meses, mientras a ella la mantuvieron prácticamente en cautiverio en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) de Coruña y de Villa Mujeres.
Inaugurado hace tres años como parte de las medidas de no repetición en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por la tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, cometida por militares en 2002, Gúwa Kúma cuenta con profesionistas que atienden en diferentes lenguas indígenas a mujeres violentadas.
“Florencia llegó desesperada, muy triste y ansiosa por saber de su bebé; llevaba en la mano un papel y al revisarlo vimos que era un citatorio con un número de carpeta de investigación en su contra por violencia familiar.
“Se sentía culpable; lo primero que hicimos fue atenderla psicológicamente en su lengua, que entendiera que ella y su hijo eran víctimas de discriminación, de separación familiar, y que tenía derecho a recuperarlo”, recuerda Prisciliano Fernández, quien buscó la colaboración del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representó a su mamá ante la Co IDH, y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), con sede en la Ciudad de México.
Pequeñita, Florencia llegó a la Ciudad de México en noviembre 2022, huyendo de violencia doméstica, pero sólo encontró la separación de su hijo, el encierro y la imputación de delitos por parte la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños y Adolescentes, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando su titular era Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Después de ser abandonada a su suerte por su empleadora en la carretera México-Querétaro, con nada más que David en brazos, Florencia fue interceptada ya en la capital del país por una brigada del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) de la Ciudad de México, quienes la ingresaron a ella y a su bebé al CAIS Coruña el 3 de febrero de 2023, según la carpeta de investigación integrada el 2 de marzo por una denuncia presentada por Antonio Matías Meléndez, abogado de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Integral de la Familia (DIF) de la CDMX.
De acuerdo con el documento al que Proceso tuvo acceso, el denunciante llegó con un “equipo multidisciplinario” al CAIS por un reporte de que la joven indígena, a quien identificó como “Florentina NN”, ubicada como “originaria de Oaxaca” y en situación de calle, era mamá de “un hijo de sexo masculino sin registrar”, a quien “descuida de manera reiterada (…) no le cambia el pañal de forma reiterada y le da de comer pecho una o dos veces por día”; que la mujer “se queda ausente por largos periodos de tiempo” y que “podría tener algún padecimiento mental”.
Pese a que en la denuncia se reconoce que la imputada no habla español, se determinó “el retiro del niño” por considerar que “se encuentra en riesgo” su integridad física y psicológica, lo cual se le informó a Florencia, a quien se “le explicaron sus derechos”.
“Cuando me lo quitaron todavía amamantaba a mi bebé; yo quise darle leche materna, pero ya no me dejaron, mi bebé lloraba que quería leche”, recuerda Florencia en entrevista, traducida por Noemí, abogada de Gúwa Kúma.
Florencia cuenta que antes de que le retiraran a David le dieron de beber un líquido que la adormeció, y de repente advirtió que su bebé ya no estaba con ella, pero lo escuchaba llorar.
Siguiendo con la carpeta de investigación, el 3 de marzo se trasladó al niño David al Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la misma institución, a petición de la agente del Ministerio Público. A Florencia la canalizaron al CAIS Villa Mujeres el 13 de marzo.
Como parte de la integración de la investigación contra Florencia, el 8 de septiembre de 2023, seis meses después de que la imputaron y le quitaron a David, tuvo acceso a un intérprete en lengua tlapaneca o me’pháa
Ante autoridades ministeriales, representantes del CAIS Villa Mujeres y una abogada de oficio, mediante un traductor, Florencia esclareció su nombre y su origen, que llegó a la Ciudad de México en noviembre de 2022 como empleada doméstica, por lo que le pagaban 200 pesos a la semana; que no podía comunicarse con su familia porque en su comunidad no hay señal telefónica, y que no entendía por qué le habían quitado a su bebé ni por qué en el CAIS “le empezaron a dar de tomar unas pastillas” sin estar enferma.
El 26 de septiembre de ese año se integró el Dictamen Cultural Tlapaneco, firmado por la perito María López Guzmán, de la Organización de Traductores Intérpretes y Gestores en Lenguas Indígenas, AC, con base en la entrevista realizada a Florencia y a la revisión de la carpeta de investigación.
El estudio concluyó que a Florencia se le diagnóstico erróneamente con “retraso mental” por “la falta de un traductor en lengua tlapaneco”; no se observaron “elementos suficientes que demuestren que (Florencia) empleó algún tipo de violencia con su menor hijo”, y advirtió que “hubo discriminación y racismo institucional en el actuar de los funcionarios del DIF”, al determinar una condición mental que no correspondía a la realidad y por lo que fue medicada.
Pese a esa conclusión, y de que el 14 de octubre de 2023 resultados de una prueba de ADN confirmaron el parentesco entre Florencia y David, el 6 de noviembre de ese año se trasladó al pequeño al Centro de Asistencia Social para la Primera Infancia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Un año y un mes después de que se institucionalizó a David, el 9 de diciembre de 2024, la agente del Ministerio Público María Fernanda Grovas García propuso que se determinara la “abstención de investigar” la carpeta de investigación contra Florencia, sin que hasta ahora se haya cerrado de manera definitiva.
El 18 de febrero de 2025, como resultado de trabajo coordinado de las organizaciones, Florencia recuperó a David y decidió presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), que fue ratificada el 2 de octubre último.
Tras recordar que en el CAIS Villa Mujeres logró convencer a una persona de intendencia para que le ayudara a localizar a sus familiares en Ayutla, Florencia denuncia que desde que ella y David vivieron la terrible experiencia sus vidas se vieron trastocadas: no tiene ningún tipo de apoyo económico, tiene problemas de salud, no duerme por miedo de que se lleven a su hijo, mientras que el pequeño tiene un sueño inquieto, llora si se aleja de su madre y le resulta difícil la convivencia con otros niños de su edad.
Aun cuando recuperó a su pequeño, decidió acudir a la CDHCDMX. “No puede quedar así”, dice convencida en voz de Noemí Prisciliano.
El reencuentro de Florencia y David es una excepción en la Ciudad de México, donde por lo menos desde 2015 se registran casos de separación familiar, sobre todo contra población que sobrevive en las calles.
Quejas por violación de derechos
Proceso tuvo acceso a información de 27 quejas por separación familiar presentadas de 2015 a 2023 ante el organismo protector de derechos humanos de la capital, de las cuales 11 se registraron durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera (dos en 2015, tres a 2017 y seis en 2018), y el resto durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (cinco en 2019, dos en 2020, tres en 2021, dos en 2022 y cuatro en 2023).
En 22 quejas en las que se señala al DIF de la Ciudad de México, en algunas se agregan como instituciones señaladas de violar derechos de las familias agraviadas al Tribunal de Justicia de la CDMX, al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), a la FGJCDMX, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al CAIS Coruña.
En las cinco quejas restantes se señala en cuatro de ellas al IAPP y en una a la Secretaría de Salud capitalina.
Las historias detrás de las quejas tienen como factor común las calles de la Ciudad de México, donde mujeres y familias altamente vulnerables son interceptadas por servidores públicos, ya sea policías o personal del DIF, quienes les retiran a sus hijos, con el argumento de que estarían sometiendo a sus hijos a algún tipo de trabajo infantil o exponerlos a riesgos a su integridad.
En los casos documentados durante la gestión de Mancera, el DIF permitía convivencias entre madres e hijos de manera supervisada en instalaciones oficiales, en tanto que la o los progenitores acreditaban capacidad para atender al menor, sin exponerlo a la calle.
Sin embargo, durante la gestión de Sheinbaum Pardo las medidas se endurecieron y se pusieron mayores obstáculos para la convivencia familiar, hasta que, por falta de recursos para contratar abogados, perdían a sus hijos de manera definitiva, habiendo casos en que los menores eran dados en adopción.
Entre las quejas a las que Proceso tuvo acceso, destaca el caso de Cecilia, una mujer que sobrevivía en la calle con su hija de dos años, y quien, en marzo de 2021, acudió al CAIS Coruña a bañarse y ahí “le quitaron a la niña”, para dejarla bajo resguardo del DIF, mientras que ella fue enviada a un centro de atención a las adicciones ubicado en Texcoco, Estado de México.
De acuerdo con las varias solicitudes de información que hizo la CDHCDMX, el IAPP aseguró que se decidió solicitar la intervención del DIF de la capital porque la pequeña de dos años fue “violentada por su madre”, situación que habría sido atestiguada por empleados, entre otros testigos.
Según la narración oficial, personal del DIF trató de dialogar con Cecilia sobre la manera de tratar a su hija, pero “se mostró agresiva y en actitud sumamente hostil”, por lo que “el personal del DIF determinó la imperiosa necesidad de realizar la separación familiar”; que de manera “voluntaria” Cecilia fue enviada al Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones, Clínica Fuente de Vida, y que ese mismo día, 15 de marzo de 2021, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, abrió una carpeta de investigación contra Cecilia “por el delito de violencia en agravio” de su menor hija, quien fue enviada a “un Centro de Asistencia Social, el cual brinda alojamiento, comida, vestido y las atenciones correspondientes a su edad y género”.
Meses después, cuando Cecilia fue liberada del anexo, contó que ella ya no acudía al CAIS por malos tratos del personal, y que el día en que le quitaron a su bebé la buscaron en las calles y le recomendaron acudir al lugar para asearse ella y a su bebé, a lo que accedió. En el CAIS le intentaron quitar a la bebé de manera violenta y repentinamente sintió una inyección que la paralizó y al despertar estaba de nuevo en el anexo de Texcoco.
Entre las quejas resaltan aquellas en las que personas que sobreviven en condición de calle denuncian a agentes de la SSC y de la Policía Bancaria e Industria (PBI), adscritos a la vigilancia del Metro, junto con personal del DIF, por retenerlos en instalaciones del transporte público para quitarles a sus pequeños, por estar descuidados y que, si quieren recuperarlos, acudan a la Agencia 59 de la Fiscalía, donde se les fincan delitos por maltrato u omisión de cuidados.
Sandra, de 28 años, presentó una queja luego de que el 13 de julio de 2021, mientras se encontraba en las escaleras del Metro Pino Suárez junto con su hijo de año y medio, se le acercaron cuatro personas que después se enteró pertenecían al DIF, quienes le ofrecieron comida y espacio para limpiar a su hijo en una oficina dentro de la estación.
Después de ser retenida durante varias horas, personal de la SSC se llevó a su hijo a la Agencia 59 de la Fiscalía, donde le integraron una carpeta de investigación por omisión de cuidados y le impidieron ver a su pequeño.
En otra queja, interpuesta por Lorena, también denuncia a policías del Metro Pino Suárez de quitarle a su hijo de tres años, y que después en la Agencia 59 le requirieron comprobar “que tiene un trabajo estable y una casa con las condiciones necesarias para el niño (cuarto propio, servicio de luz, agua, teléfono, sala, comedor, baño)”. Lorena sólo pudo comprobar tener un trabajo modesto y vivir en un cuarto con baño propio, por lo que no le permitieron recuperar a su pequeño.
Entre la documentación revisada por este medio resaltan casos como el de Osiris, que entre el 19 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022, no sólo se le separó de su hija, con quien vivía en la calle, bajo la acusación del delito de “omisión de cuidados”, sino que fue recluida en un penal para finalmente perder la patria potestad.
De las 27 quejas ante la CDHCDMX, diez se habían cerrado y en sólo dos de ellas hay información de restitución familiar. El resto de expedientes se mantenían en proceso de resolución.
Para la elaboración de este reportaje se solicitó información a la CDHCDMX para actualizar estadísticamente el número de quejas contra instituciones por separación familiar en agravio de población callejera.
En respuesta, la CDHCDMX informó que de 2018 a la fecha se han registrado 547 expedientes de queja sobre posibles violaciones a los derechos humanos de la población en situación de calle.
El organismo local indicó que “entre los derechos mencionados en dichos expedientes están: derecho a la integridad personal (102), derecho a la igualdad y no discriminación (58), derecho de niñas, niños y adolescentes (14), derecho a la libre circulación y residencia (9), derecho a la protección de las familias (5)”.
La CDHCMX agregó que “entre las autoridades señaladas en los expedientes destacan la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (207 menciones), Secretaría de Seguridad Ciudadana (205), Fiscalía General de Justicia (69) y Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (1)”.








