La agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum refleja un patrón arraigado en la cultura patriarcal mexicana: acoso y abuso sexual normalizados, baja denuncia y alta impunidad. De acuerdo con una encuesta del INEGI de 2021, más de 70% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido violencia, y casi la mitad violencia sexual. Pese a movimientos como Me Too, persisten prejuicios que minimizan los delitos y culpan a las víctimas. El caso de la mandataria, ocurrido en público y documentado en video, expone la urgencia de transformar leyes, instituciones y percepciones sociales.
La agresión sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en la vía pública volvió a colocar bajo el escrutinio público un tipo de violencia que enfrentan cotidianamente niñas, adolescentes y mujeres en México.
El 4 de noviembre último Sheinbaum fue agredida sexualmente mientras hacía un recorrido en el Centro Histórico de la capital del país, donde sólo de enero a septiembre de 2025 se han abierto 134 carpetas de investigación por abuso o acoso sexual.
Ese día, Uriel, el hombre que tocó e intentó besar a la presidenta, también atacó sexualmente a otra mujer, una joven de 25 años. Los hechos reflejan una situación que puede ocurrirle a cualquier mujer.
Sólo en la alcaldía Cuauhtémoc se han levantado mil 64 denuncias por delitos contra la libertad y seguridad sexual de enero a septiembre de 2025, de acuerdo con los boletines estadísticos de incidencia delictiva en la Ciudad de México de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
“El acto contra la presidenta es la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan todas las mujeres, no importa la clase ni tu condición, estamos frente a estos abusos que se viven constantemente”, opina en entrevista María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En México 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado una o más situaciones de violencia. De ellas, 51.6% sufrió violencia psicológica y 49.7% violencia sexual, según los resultados de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Rosalba Cruz, consejera jurídica de la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica en entrevista que la violencia sexual se considera un mecanismo de disciplina hacia las mujeres y uno de sus efectos es la culpa y la violencia para la víctima.
“En los estudios que existen de los efectos de la violencia sexual está muy acreditada la revictimización, y las afectaciones a mediano y largo plazo se ven incrementadas por la reacción de los entornos”, comenta la abogada de la UNAM.
“No es para tanto”
Sheinbaum fue víctima de este abuso frente a las cámaras y su equipo de seguridad, pero la mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres son agredidas sin testigos y de manera casi oculta. Pese a la evidencia, buena parte de la discusión pública y hasta mediática del hecho giró en torno de las especulaciones sobre si se trataba de un montaje.
“Esto que pasó con la agresión sexual contra la presidenta nos da una muestra de lo que sucede colectivamente. Teníamos un video y era la presidenta, bajo esas condiciones de elementos probatorios, tomando en cuenta que la violencia sexual casi siempre ocurre de manera oculta, sin testigos, sin evidencia física. Salvo que sea cruenta y deje huellas físicas en el cuerpo, casi siempre las evidencias son el testimonio de la víctima y las afectaciones en el ámbito de su salud, que se ven afectados a partir de la agresión”, comenta Rosalba.
“Lo que evidenció es que hay una sociedad permisiva, frases como ‘no es para tanto’, ‘¿por qué es un delito?’, ‘al ser la presidenta pudo haberse hecho a un lado y ya, decirle que no y ya’, ‘no es tan grave’. Hay quienes sostienen que no tendría que ser un delito, que lo que tenemos que hacer las mujeres es aprender a defendernos. Entonces es situar el discurso en la responsabilidad de la víctima y no cuestionar por qué un hombre se siente con la libertad de actuar de esa forma”, añade.
En un país con un arraigado machismo, en 2024 se calculó una tasa de cuatro mil 160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, cifra estadísticamente equivalente a los cuatro mil 290 registrados en 2023, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Del total en 2024, tres mil 881 correspondieron a hostigamiento o intimidación sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación.
La propia presidenta dijo que no es la primera vez que le pasa, sufrió acoso cuando tenía 12 años en el transporte público. “A partir de la secundaria yo utilicé el transporte público, a los 12 años empecé a usar el transporte público, y viví como niña, porque a los 12 años eres una niña, acoso en el transporte, como lo viven muchas mujeres”, recordó en la mañanera del 5 de noviembre último.
María de la Luz Estrada, activista por los derechos de las mujeres, dice que pese a que el acoso y el abuso sexual son de las violencias sexuales que a diario viven las mujeres, son de las menos denunciadas. De hecho, el INEGI calculó en 2021 que al menos 85.1% de las víctimas no denunció violencia física o sexual.
“Porque hay una sociedad que legitima ciertas prácticas, una sociedad que considera que las mujeres provocan la violencia sexual, entonces esa concepción que hay se vuelve permisiva”, explica.
“Hasta el día de hoy se sigue diciendo que las mujeres son las que provocaron por cómo visten, las horas, en dónde andaban; siempre responsabilizan a las víctimas. Y a eso hay que añadirle que tienes que probar que te acosaron, que te hostigaron con fines sexuales, y que no ha servido nada tener fiscalías especializadas para el delito porque no están capacitadas y especializadas”, agrega.
Ambos delitos son altamente invisibilizados y tolerados por la sociedad. Pese a la cifra negra, en años recientes las denuncias se han incrementado. En el caso del abuso sexual, de enero a octubre de 2025 se registraron 28 mil 107 carpetas de investigación en el país. Mientras que 2024 y 2023 fueron años récord con 34 mil 575 y 35 mil 916 carpetas, respectivamente. En 2022 se abrieron 33 mil 359 carpetas, un incremento de 20.3% por encima de 2021, con 27 mil 718, que al mismo tiempo ya representaba un aumento de 23.9% frente a 2020, con 22 mil 377.
Cada año aumentan los casos
Los estados en los que se han abierto más carpetas de investigación por abuso sexual de enero a octubre de 2025 son Jalisco, con cuatro mil 633; seguido del Estado de México, con cuatro mil 113, y en tercer lugar la Ciudad de México, con tres mil 241, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En los casos de acoso y hostigamiento sexual, hasta octubre de 2025 se han iniciado 12 mil 389 carpetas de investigación en todos los estados de la república. En 2024 fueron 14 mil 891 y en 2023, 17 mil 300. En tanto, en 2022 se abrieron 13 mil 758, un aumento de 50.6% por encima de 2021, con nueve mil 137, que ya representaba un incremento de 24.3% sobre 2020, con siete mil 349.
Además, de enero a septiembre de 2025 se registraron nueve mil 930 llamadas de emergencia relacionadas con acoso u hostigamiento sexual a escala nacional. En 2024 fueron 12 mil 923; en 2023, 11 mil 879; en 2022, 11 mil 323; en 2021, nueve mil 505; en 2020, ocho mil 376; en 2019, siete mil 470, y en 2018, seis mil 58. Esto muestra el aumento sostenido de las llamadas al 911 por casos de acoso.
Para explicar este incremento, la abogada Rosalba Cruz dice que se debe a varios factores, entre ellos que ha habido una transformación en la tipificación del delito.
“Hasta hace algunos años, por poner un ejemplo, en el Estado de México el delito de abuso sexual se llamaba actos libidinosos y en Querétaro se llamaba actos deshonestos. Hasta hace algunos años para poder acreditar delitos de violencia sexual la víctima tenía que acreditar, a escala procesal, honor y buena reputación. Hacía muy complejo que alguien dijera voy a hacer una denuncia. Hoy día todavía lo decimos, pero con esas características que señalo era todavía más difícil”.
Además, comenta que estos delitos siguen ocurriendo porque son conductas muy arraigadas en la sociedad patriarcal mexicana. “Tradicionalmente ante una situación de violencia sexual en todos y prácticamente todos los ámbitos de socialización, como la escuela, la iglesia y la familia, creaban estrategias de protección (hacia el agresor)”.
“Una víctima de 70 años me contó que cuando le comentó a su mamá lo que su papá le hacía, entonces lo que hizo fue colocarla en medio de sus hermanos para que fuera más difícil el acceso a ella. En las escuelas tradicionalmente era cambiar al profesor y enviarlo a otra instancia más alejada, no hacer escándalo, y en la iglesia lo mismo, mandaban al sacerdote a otro lado y ya, entonces era esconder, pero no había una cultura de la rendición”, ejemplifica.
Tras el movimiento Me Too, que tomó fuerza en 2017 a partir de denuncias públicas de acoso y agresiones sexuales, ya hay más conciencia de que se trata de delitos, pese a ello, todavía no son considerados delitos graves y muchas mujeres prefieren no denunciar porque saben que sus agresores podrían no enfrentar consecuencias, en un país donde el porcentaje de impunidad en casos de abuso sexual es de 96.1%, de acuerdo con la organización México Evalúa.
Miedo a las consecuencias
El INEGI concluyó, tras la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, que la principal razón por la que las mujeres no buscan apoyo, atención o denuncian una agresión física o sexual de sus parejas, conocidos o desconocidos, es porque consideraron que “se trató de algo sin importancia que no le afectó”. Sin embargo, la segunda causa en el ámbito escolar, laboral, familiar y de pareja fue por miedo a las consecuencias o a las amenazas.
En 2018 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano alentar a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, asegurar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantizar que todos los casos se investiguen de manera adecuada, así como que los responsables sean enjuiciados y sancionados.
Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum dudó en presentar la denuncia contra su agresor, pero finalmente lo hizo para dar un ejemplo. “Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”, cuestionó. “No hay que dejarlo pasar”, recomendó. El agresor de la presidenta fue detenido y vinculado a proceso por abuso sexual.
Tras la agresión que sufrió, Sheinbaum pidió a funcionarias de su gobierno revisar en qué estados no está tipificado el delito de acoso, pero para María de la Luz Estrada, quien acompaña casos de víctimas de violencia de género, más allá del marco legal se necesitan acciones contundentes, “de cero tolerancia porque si denuncias a un funcionario, lo protegen”.
“Nos enfrentamos a muchos obstáculos y es importante que no sólo se quede en un marco legal, porque estará destinado al fracaso, eso es una mínima parte. Todo lo demás que deben instrumentar para que esa ley se llegue a implementar debidamente ése es el desafío y eso es lo que nos ha fallado”, opina.
Por su parte, la abogada Rosalba Cruz comenta que una estrategia meramente punitiva tampoco lo va a resolver, “por todo lo complejo que resulta hacer una denuncia, por todo lo complejo que resulta acreditar un delito de esa naturaleza”.
“Nadie dice que los códigos penales no tengan que conservar los tipos penales relacionados con violencia sexual, está bien. Hacer las sanciones más gravosas no está mal, pero si nadie va a llegar a una sentencia, pues tampoco son suficientes. ¿Qué se necesita? Una política integral, que atienda causas, consecuencias cuando ya ocurrió el evento y que entonces sea ejemplar, que no haya impunidad, pero además que se atiendan las causas. Necesitamos estrategias que tengan que ver con la educación, por ejemplo, la educación integral en sexualidad, en términos relacionales, cómo nos relacionamos con la sexualidad, dónde está el consentimiento, cómo acompañamos el tema y las relaciones de poder que existen en el orden social de género, y esto como parte de la formación que debemos tener todas las personas”.
Apenas en 2022 México ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Violencia y el Acoso en el empleo, que establece la obligación de adoptar una estrategia integral que aborde las causas, medidas para prevenir y combatir estas conductas, además de mecanismos de reparación y medidas de apoyo. Sin embargo, la armonización de la legislación mexicana con el convenio permanece incompleta, pues en el Congreso existen iniciativas para ajustar la Ley Federal del Trabajo al Convenio 190 de la OIT, pero ninguna ha sido aprobada por el Pleno todavía.
Además, en los sistemas interamericano y de Naciones Unidas, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales orientados a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994.
No obstante, el país sigue en deuda con las mujeres en temas de violencia de género y la presidenta de México lo sabe.








