miércoles 18 de noviembre de 2026

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Habitantes y pescadores de Campos, localidad de Colima, promovieron un juicio de amparo contra la CFE por la contaminación generada por la termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno. El proceso judicial, que ya cuenta con suspensión definitiva, busca que las autoridades ambientales cumplan las medidas cautelares, que revisen el uso de combustóleo en la planta y garanticen medidas que protejan la salud y el medio ambiente en la región, pero, acusan los demandantes, las autoridades responsables, entre ellas Profepa y Conagua, evitan que la suspensión sea una realidad.
CAMPOS, Col.– La central termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, con cuatro décadas en operación, está en medio de un proceso judicial luego de que habitantes y cooperativas locales de pesca promovieron un juicio de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y otras dependencias ante los daños causados por la contaminación a la salud humana, al medio ambiente y a las actividades productivas de la región.
Los solicitantes de la protección de la justicia argumentan, entre varios puntos, que la política energética federal del sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador profundizó el problema al impulsar nuevamente el uso de combustóleo en termoeléctricas, en contravención de compromisos internacionales y de la Ley de Transición Energética, lo que “impide alcanzar las metas de generación limpia y reducción de gases de efecto invernadero, y perpetúa la dependencia de combustibles fósiles altamente contaminantes”.
El documento de la demanda recuerda que desde 2011 la ley obliga a considerar las externalidades ambientales y de salud al evaluar el costo de la generación eléctrica, pero acusa que esta obligación se ha ignorado sistemáticamente.
Frente a los argumentos de la demanda, clasificada bajo el expediente 1133/2024-2, el juez tercero de distrito en el estado de Colima, Ignacio Beruben Villavicencio, concedió a finales de noviembre de 2024 la suspensión provisional y en marzo último la suspensión definitiva.
El abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, director ejecutivo de Tsikini, AC –organización ambientalista que asesora a la parte quejosa–, indica que el proceso legal ha enfrentado la resistencia de algunas de las dependencias del gobierno federal señaladas como autoridades responsables, entre ellas la Profepa, CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Las resoluciones judiciales incluyeron órdenes de realizar diversas acciones inmediatas, entre ellas examinar si la termoeléctrica está cumpliendo con todas las disposiciones en materia ambiental y, en caso contrario, se dicten todas las medidas indispensables para evitar que se continúen consumando esos actos.
En el caso de la Profepa, ante el reiterado incumplimiento de la suspensión provisional, el juez interpretó que se trataba de un desacato y en enero último ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación para que realice la investigación correspondiente, cuyo resultado se desconoce hasta ahora.
En entrevista con Proceso, Eduardo Mosqueda denuncia que a ocho meses de que el juez concedió la suspensión definitiva las dependencias del gobierno federal han incumplido cabalmente las medidas cautelares, pues “hemos recibido informes sobre las emisiones, pero éstos no cumplen los estándares de la suspensión”.
Advierte que la organización a su cargo está preparando un expediente con el que podría solicitar un incidente por incumplimiento o por defecto en el cumplimiento de la suspensión por parte de las otras autoridades responsables, para que el juez dicte medidas de apremio y que la suspensión sea una realidad.
Ante una solicitud de entrevista, la Profepa contestó por escrito a este reportero que en cumplimiento al mandato de la autoridad jurisdiccional practicó dos visitas de inspección simultáneas, del 10 al 14 de febrero del presente año, a la termoeléctrica de Manzanillo, una en materia de descarga de aguas residuales y la otra en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, pero que la información es reservada, pues el procedimiento se encuentra en la etapa en que se otorga el derecho de audiencia.
En relación con la investigación ministerial abierta en su contra por presunto desacato, la Profepa justificó que está obligada “a cumplir con el principio de legalidad que rige cualquier autoridad y respetar los plazos y procedimientos establecidos, previo a determinar una sanción, respetando el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia que establece el marco constitucional”.
De enclave pesquero a pueblo contaminado
La comunidad de Campos, que según el Censo de Población y Vivienda en 2020 contaba con una población de apenas dos mil 120 habitantes, fue históricamente un enclave pesquero y agrícola, cuyo desarrollo dependió de la laguna de Cuyutlán, así como de las labores del campo, pero en las últimas décadas la presencia de la termoeléctrica transformó radicalmente la vida de sus habitantes generando un profundo impacto ambiental, económico y sanitario.
La demanda dedica amplio espacio a describir la importancia ambiental de la laguna de Cuyutlán, reconocida como sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) por su relevancia internacional y que representa 90% de los humedales de Colima. El humedal, hábitat de manglares, tortugas marinas y decenas de especies de aves y peces, es vital para la pesca local y la regulación ecológica de la región.
Sin embargo, los habitantes denuncian que desde la construcción de la planta y obras asociadas, como canales de enfriamiento, el ecosistema ha sufrido alteraciones graves. La descarga de agua caliente y residuos del combustóleo utilizado por la termoeléctrica redujeron la calidad del hábitat y afectó la reproducción de especies marinas golpeando la economía pesquera y seguridad alimentaria de la comunidad.
La agricultura, ganadería y pesca, actividades que representaban el sustento de cientos de familias, ahora casi se extinguieron a causa de la contaminación.
Los pescadores sostienen que el uso intensivo de agua de la laguna para enfriar los generadores y la contaminación derivada de este proceso constituyen una violación directa a su derecho humano al agua y al medio ambiente sano.
Peor aún: después de la instalación de la termoeléctrica se ha registrado una alta incidencia de enfermedades respiratorias, pulmonares e incluso casos de cáncer que, a juicio de quienes suscribieron la demanda, podrían tener relación con las emisiones de la industria de generación de electricidad, por lo que entre otras cosas exigen estudios médicos y ambientales completos, con resultados públicos, así como atención médica adecuada y ampliación del centro de salud.
El texto de la demanda de amparo, suscrito por habitantes de Campos y las cooperativas Acuacultores de la Laguna de Cuyutlán y Pescadores de la Laguna de Cuyutlán Alameda, advierte que la contaminación causada por la planta aumenta la vulnerabilidad de la población, especialmente de niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiacas.
Cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la propia Semarnat que documentan daños como irritación de mucosas, disminución de la función pulmonar, exacerbación de asma, incremento de enfermedades respiratorias crónicas y riesgo de cáncer pulmonar.
Los niños, explica la demanda, son particularmente sensibles, ya que “respiran, beben y consumen más recursos por kilogramo de peso que los adultos, lo que incrementa su exposición a contaminantes y su riesgo de desarrollar enfermedades a largo plazo”.
Este complejo termoeléctrico, inaugurado en enero de 1982 y ampliado en años posteriores, es considerado uno de los equipamientos más importantes de la CFE en el país, desde donde se genera cerca de 7% de la energía que produce la paraestatal, suficiente para abastecer a 11 millones de consumidores, esto es, una población equivalente a la de la Ciudad de México.
Sin embargo, los testimonios de quienes han vivido en los alrededores de la termoeléctrica dan cuenta de cómo la industrialización energética sin regulación generó degradación ambiental y pérdida de medios de vida, lo que derivó en migración o venta de tierras y cambio de actividad económica por parte de algunos lugareños, mientras otros siguen luchando por sobrevivir en condiciones cada vez más difíciles.
Daños al ambiente y a la salud
Para Argimira Nava, comerciante de frutas y verduras y esposa de un pescador, el cierre de los canales que regulaban el flujo de agua de la laguna marcó el inicio de los problemas graves: la pesca disminuyó y las fuentes de empleo se agotaron.
La historia de Campos también se refleja en la voz de Agustín Laureano García, delegado municipal:
“En febrero y marzo el humo de la contaminación baja muchísimo debido a las corrientes de aire; tenemos que encerrarnos para no percibir el olor y el hollín. La comunidad ha expresado sus afectaciones; incluso hace unos años se hicieron pruebas de contaminantes en el cuerpo, pero nunca nos entregaron los resultados”.
De acuerdo con Laureano, el uso del gas natural ha reducido la contaminación de manera parcial, pero las unidades que aún funcionan con combustóleo continúan generando emisiones negras que afectan a cientos de kilómetros a la redonda, mientras que los beneficios prometidos por la CFE a la comunidad han sido mínimos o inexistentes: obras compensatorias parciales, sin subsidios reales al consumo eléctrico (que han solicitado), sin acceso a información sobre los impactos ambientales y sin atención sanitaria suficiente.
Aunque el impacto en la salud es persistente, el centro de salud de Campos carece de médicos permanentes, sufre desabasto y carece de equipos necesarios para atender emergencias.
Ignacia Rodríguez Medina, de 73 años, vive prácticamente al pie de la termoeléctrica desde hace más de dos décadas. Su experiencia ilustra el impacto diario del humo y el ruido que recientemente se ha sumado a manera de contaminación auditiva.
“Antes se ponía oscuro por el humo tan fuerte. Ahora le ponen algo al humo para que salga blanco, pero de noche se ve negro. Me arde la garganta, me da tos y a veces me duele mucho la cabeza. Este ruido es nuevo, tiene apenas unos meses, pero es insoportable”.
Francisco Galeana Martínez, antiguo campesino y ahora pescador de 67 años, ofrece una perspectiva histórica:
“Nosotros vivíamos de la agricultura y la ganadería. Teníamos maíz, frijol, jitomate, chile, sandía, melón… con la termoeléctrica casi se acabó el agua dulce, las cosechas se redujeron y tuvimos que vender el ganado a como nos lo pagaran. La planta acabó con nuestro desarrollo”.
Galeana asegura que las pérdidas económicas y la falta de indemnización marcaron a toda una generación.
María del Carmen Velasco Chávez, dirigente de la cooperativa de Acuacultores de la Laguna de Cuyutlán y representante de los quejosos en el juicio de amparo, explica la estrategia legal de la comunidad:
“Promovimos el amparo para que se reconozca el daño causado y se ordenen estudios médicos y ambientales completos; queremos que vengan médicos especializados para atender a quienes sufren cáncer, asma y otras enfermedades, y que se realicen análisis de fondo de la composición de la laguna y del suelo”.
Velasco refiere que el amparo busca proteger a toda la comunidad, no sólo a los demandantes directos, y exigir que se cumpla con la responsabilidad de la empresa frente a los daños acumulados durante décadas.
La representante de los acuacultores recuerda que la comunidad ha sufrido los efectos de derrames de combustóleo en los años 2016 y 2020, lo que ha ocasionado la contaminación del manglar y afectaciones a la fruticultura, donde productos como la ciruela y el mango, antaño reconocidos a escala nacional, se han visto seriamente perjudicados por los residuos y el hollín de la termoeléctrica.
En la demanda de amparo se sostiene que la contaminación atribuida a la termoeléctrica es resultado de una concurrencia de responsabilidades por parte de múltiples autoridades, que habrían incurrido en omisiones tanto en la vigilancia como en la aplicación de las normas ambientales y energéticas.
Los quejosos también acusan que ni la Secretaría de Salud ni el Instituto de Salud para el Bienestar han implementado programas de atención médica preventiva y de seguimiento para la población expuesta a estos contaminantes, pese a los riesgos reconocidos por organismos nacionales e internacionales.
Este reportero solicitó una entrevista en la CFE sobre el proceso judicial que enfrenta actualmente la termoeléctrica de Manzanillo, pero la institución únicamente hizo llegar un breve escrito en el que dice que la planta cuenta con todas las autorizaciones y permisos necesarios para operar desde el punto de vista ambiental, hídrico y en generación de energía.