miércoles 18 de noviembre de 2026

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Pobladores de El Salto y Juanacatlán demandaron a la Semarnat porque les ha negado su derecho a la participación y acceso a la información sobre la construcción de una termoeléctrica privada, El Salto 1, en una zona declarada de fragilidad ambiental, privilegiando así intereses de la industria sobre los derechos humanos, como el de la salud y aire y agua limpios. La planta operaría quemando gas fósil, por lo que los habitantes temen que se afecte severamente la calidad del aire, además de los riesgos de explosión en una zona contigua a fraccionamientos de alta densidad poblacional.

GUADALAJARA, Jal.– Tras décadas de afectaciones por la contaminación industrial, pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán emprendieron acciones legales contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la que acusan de negarles indebidamente una consulta pública ante un nuevo megaproyecto, el de la termoeléctrica privada El Salto 1, que se pretende ubicar en esta zona declarada de fragilidad ambiental.
El proyecto de la termoeléctrica de ciclo combinado, nombrada El Salto 1 y propiedad de Ad Astra Energía, SAPI de CV, del Grupo Vaz, está ligado a las transnacionales Anschutz Co. (de hidrocarburos) y Sprint Co. (de telecomunicaciones). Se pretende que esté sobre la carretera a La Capilla en la colonia El Conique, en una superficie 107 mil 873 metros cuadrados, a sólo cuatro kilómetros de la cabecera municipal de El Salto y a seis kilómetros de la de Juanacatlán.
Integrantes de la organización Un Salto de Vida solicitaron el 23 de mayo de 2025 ante la Semarnat una consulta pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con clave 14JA2025E0043, ingresada para la construcción de la termoeléctrica.
La solicitud fue rechazada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat el 18 de junio último.
Las comunidades de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, denunciaron que con “artimañas burocráticas y unilaterales” les negaron su derecho a la participación y al acceso a la información. Esto les impidió expresar su punto de vista sobre el proyecto termoeléctrico de la planta de 554 megavatios, que se abastecería del gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, que conduce gas metano extraído con fracking desde Texas, Estados Unidos.
El argumento oficial para la negación se basa en una discrepancia administrativa: mientras el proyecto está registrado en El Salto en documentos públicos y planes municipales, la DGIRA afirma que, según el resumen del proyecto publicado en la Gaceta Ecológica, la ubicación se encuentra en el municipio vecino de Tlajomulco de Zúñiga.
Por lo tanto, la autoridad en materia ecológica considera que los habitantes de El Salto no son una comunidad afectada y, por ende, no tienen derecho a la consulta.
Esta justificación fue calificada por los activistas como “ridícula”, “increíble” e “inadmisible”, pues la autoridad ambiental se ciñe a criterios administrativos. Refieren que, aunque existen controversias, el lugar es considerado parte del municipio de El Salto en sus instrumentos de planeación, en el Registro Público de la Propiedad y en las últimas delimitaciones propuestas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en 2021.
Además, recordaron que de cualquier manera existe la movilidad de contaminantes en el aire, agua y suelo, independientemente de los límites municipales.
“No queremos que esto sea el argumento de peso porque es ridículo que una autoridad ambiental se ciña a criterios administrativos para determinar si una comunidad es afectada o no, ya que hay una movilidad de sustancias contaminantes en el aire, en el agua, en el suelo, que es justamente lo que están evaluando ellos”, expone Alan Carmona, integrante de la agrupación Un Salto de Vida”.
La compañía promotora eliminó el micrositio del proyecto tras la petición para la consulta, lo que fue calificado por los solicitantes como una muestra de opacidad.
Consideran que negar la consulta contrasta con la posición pública del gobierno federal que, mediante la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, presume esfuerzos de remediación del río Santiago, así como de otros de los afuentes más contaminados de México, incluyendo el río Lerma-Santiago, el Atoyac y Tula, También contraviene la participación ciudadana en proyectos ambientales en línea con el Acuerdo de Escazú. La posición también contradice lo mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esas remediaciones ambientales.

Los riesgos ambientales
La empresa anunció el proyecto como una fuente de abastecimiento exclusivamente industrial. Por ello, la preocupación de las poblaciones vecinas es que atraiga nuevas inversiones de industrias potencialmente contaminantes en una zona donde ya existen cientos de ellas, muchas sin regulación adecuada.
Esta planta operaría quemando gas fósil. A los habitantes les inquieta que genere impactos severos en la calidad del aire y riesgos de explosión en un área contigua a fraccionamientos de alta densidad poblacional e industrias que manejan materiales peligrosos.
Según el proyecto, se instalaría a menos de un kilómetro de la subestación eléctrica Atequiza en la carretera a La Capilla, entre la automotriz alemana ZF Suspensiones y de la fundidora RECAL (Aceros Corey) y enfrente de la llantera Corporación de Occidente (antes Euzkadi).
La zona forma parte del corredor industrial que abarca los municipios El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos.
Los habitantes de El Salto y Juanacatlán, de manera particular, se niegan a seguir siendo “mártires” de la contaminación y una zona de sacrificio en la que se privilegian los intereses de las industrias por encima de los derechos humanos como a la salud, al aire y al agua limpios.
Esto, pese a la declaratoria de Polígono de Fragilidad Ambiental (Pofa) de la cuenca El Ahogado, emitida en 2010 por el gobierno de Jalisco como resultado de una recomendación en materia de derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la salud.
Advierten que una central de ciclo combinado no sólo significa una permanente afectación a la calidad del aire, sino también un gasto constante de una gran cantidad de agua para la generación de vapor, que produciría la electricidad. Esto, dicen, contraviene el supuesto esfuerzo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para regular concesiones en acuíferos sobreexplotados.
Esta actividad sería “altamente riesgosa”, ya que el transporte, manejo y quema de gas fósil (conocido como gas natural) representa un riesgo constante para la población.
Por ello, la organización Un Salto de Vida impugnó por la vía judicial la negativa de la Semarnat, mediante la solicitud de un juicio de amparo indirecto para exigir su derecho a la consulta, tal como lo marcan leyes nacionales y el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, donde se establece que los pueblos tienen derecho a la consulta sobre las afectaciones que los proyectos puedan tener sobre sus territorios y sustentos de vida.
La suspensión provisional fue inicialmente negada, pero posteriormente el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, falló en favor de los ciudadanos inconformes en la audiencia incidental efectuada el 20 de agosto último y ordenó efectuar la consulta.
La suspensión definitiva impide que se otorgue un dictamen favorable de la Manifestación de Impacto Ambiental hasta que se realice la consulta pública. Sin embargo, permite que continúe la evaluación.
“Es dable conceder a la parte quejosa la suspensión definitiva que solicita, para efecto de que, sin paralizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto respectivo, no se dicte la resolución del mismo, a menos que su substanciación se conceda a la parte quejosa el derecho a la consulta y reunión públicas en los términos solicitados en la petición de consulta que formuló el quejoso”, establece el documento.
Sin embargo, la Semarnat presentó un recurso contra esta suspensión y ahora las autoridades judiciales tendrán que resolver si mantienen la orden de efectuar la consulta.
En este caso se está violando el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de una garantía efectiva para la participación ciudadana y el acceso a la información, reclamó la organización Nuestro Futuro, que se autodescribe como “activistas por un medio ambiente sano”, en voz de su representante Nora Cabrera.
“Seguir hablando de que la opción es construir nuevas termoeléctricas para garantizar el acceso a la energía no es en esos términos (la verdad). Se está construyendo esto para seguir industrializando una zona ya muy contaminada y no para garantizar derechos a las personas que viven en estas zonas”, indicó Nora Cabrera.
Alan Carmona recordó que desde 2015 hay planes de construcción de varias termoeléctricas en la región. Mencionó que actualmente en Jalisco opera la termoeléctrica de Tierra Mojada en Zapotlanejo, que inició operaciones en 2020 con una inversión de 800 millones de pesos.
Actualmente esa planta de ciclo combinado es propiedad de Saavi Energía, empresa dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica que pertenece al fondo Global Infraestructure Partners, con sede en Nueva York, Estados Unidos.
Agregó que se logró la suspensión de la termoeléctrica de La Charrería en Juanacatlán en enero de 2020, que también fue rechazada por la anterior administración estatal. Sin embargo, recientemente se reactivó tras obtener nuevos permisos estatales.
En este caso, la empresa busca el sobreseimiento del amparo argumentando que usarán agua de la planta de tratamiento de aguas residuales, en lugar de agua subterránea, lo cual, afirman los demandantes, es falso.
Los activistas se dicen extrañados por el hecho de que en febrero último la secretaria Alicia Bárcena haya externado preocupación por el uso del agua para la termoeléctrica de Juanacatlán, mientras le “abre camino” a la de El Salto.
Aseguran que este proceso es aún más delicado, dado que el predio considerado para la central eléctrica sería vecino inmediato de los fraccionamientos de La Purísima, Albereda y Silos, los cuales reportan constantes cortes y falta de suministro de agua. Además, estaría a 260 metros de la primaria “Efraín González Luna”, y entre las industrias vecinas se encuentran fundidoras, huleras, automotrices y químicas como Mexichem y Quimikao, las cuales fabrican productos de alta peligrosidad.
Alertan que “un siniestro que incluya incendio o explosiones por parte de la central eléctrica, o el gasoducto que la abastecería de gas, tendría consecuencias fatales para los habitantes de la zona”.

Ambigüedad estatal
Durante el sexenio del exgobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024) se hizo público su rechazo a la construcción de la termoeléctrica de La Charrería en Juanacatlán, en el documento publicado en 2023, de la estrategia de recuperación integral denominada “Revivamos el Río Santiago”:
“La medida de rechazo responde a la vez al compromiso de mitigar la tendencia de crecimiento de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como a la necesidad de realizar una gestión sostenible del agua en nuestro territorio. Las termoeléctricas exigen una alta demanda de agua que pondría a otros usuarios en competencia. Se reconoce la necesaria priorización del recurso hídrico para el abasto de las poblaciones, antes que para el desarrollo industrial y la generación de energía con base en combustibles fósiles”.
En ese documento también aclara que “la zona prevista para su edificación se encuentra en un área de conservación ambiental, además es aledaña a una zona de alta fragilidad ambiental: el polígono de El Ahogado; lo que supondría aumentar aún más la presión en el aprovechamiento de los recursos naturales y la potencial generación de contaminación”.
En cambio, el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró el 3 de marzo último que cuatro municipios de Jalisco “eran evaluados” para albergar la termoeléctrica: El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapopan.
El mandatario jalisciense aseguró en esa ocasión que “le daba mucha tranquilidad” saber que la termoeléctrica tomaría agua de reúso, de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) El Ahogado, y no agua directa del río Santiago ni de los acuíferos de la zona.
Sin embargo, lo que establece la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Semarnat es que la planta prevé un consumo considerable de agua subterránea, pues pretende abastecerse de 749 mil 520 litros al día del acuífero Toluquilla, el más explotado y con mayor déficit en Jalisco.
El 29 de julio último Proceso solicitó al gobernador emecista que aclarara su posición.
“Es un tema federal que está siendo visto por la Secretaría de Energía. Yo no sabía, no sabía lo del amparo”.
–¿Cuál es su posición considerando que el gobierno anterior estaba en contra del proyecto?
–No me lo han propuesto todavía. Cuando me lo proponga la Secretaría de Energía, con mucho gusto la comunicaré.
–¿Apoyará a los opositores del proyecto?
–Voy a estar por lo que le convenga más a Jalisco.