miércoles 18 de noviembre de 2026

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Habitantes de La Calera, ambientalistas y congresistas denuncian que la embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA ha explotado los manantiales locales con prórrogas ilegales durante 42 años poniendo en riesgo la sustentabilidad hídrica. La congresista María del Mar Pizarro documentó irregularidades y favoritismo de la autoridad reguladora CAR hacia la empresa, que paga fracciones de centavo por litro extraído y lo revende con márgenes exorbitantes.

BOGOTÁ.– La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA se encuentra en el centro de una disputa ambiental, política y social en Colombia por la sobreexplotación de un recurso natural cada vez más escaso y valorado en todo el mundo: el agua.
El conflicto estalló cuando una sequía obligó a racionar el agua a los pobladores del municipio de La Calera, ubicado en los cerros orientales de Bogotá, mientras que una planta de la compañía mexicana en ese lugar seguía recibiendo, sin interrupción, millones de litros del líquido al amparo de una concesión que, según informes técnicos, pone en riesgo la sustentabilidad de los manantiales y que, en términos económicos, resulta muy ventajosa para la empresa.

Esto orilló a habitantes del sector, a ambientalistas, a hidrólogos independientes y a congresistas del gobernante Pacto Histórico a exigir una revisión de la concesión, la cual, según afirman, se ha extendido mediante “prórrogas ilegales” durante los últimos 42 años.
Pero ese activismo en defensa del agua se ha topado con el poder de Coca-Cola FEMSA y con actitudes de políticos y funcionarios públicos que van de la tibieza a la aparente complacencia con intereses corporativos en detrimento del interés social, como es el caso de la Corporación Autónoma Regional (CAR), organismo encargado de regular el uso de los recursos hídricos en el departamento (estado) de Cundinamarca –al cual pertenece La Calera– y en el área rural de Bogotá.
En medio de este conflicto la congresista María del Mar Pizarro se dio a la tarea de investigar el tema con mayor profundidad mediante derechos de petición (recursos con peso legal) dirigidos a las partes involucradas y de la recolección de estudios técnicos que exhiben varias irregularidades de la empresa y un impacto ambiental en las fuentes hídricas de La Calera.
De hecho, mucha de esa información existía desde hace años, pero estaba muy bien resguardada en los archivos de la CAR, a salvo del escrutinio público.
Pizarro encontró que la filial colombiana de Coca-Cola FEMSA cubrió con concreto y láminas de metal los siete manantiales de donde extrae el agua en La Calera, lo que altera la dinámica natural de las fuentes hídricas. La CAR ha insistido ante la empresa, desde 2023, que retire esas estructuras. Hasta hoy, los manantiales están cubiertos con capas de mampostería, sin que la autoridad haya aplicado una sanción.
Es evidente que existe una discrepancia entre los directivos y las áreas técnicas de la CAR. Éstas han dictaminado que es “necesario restringir” la extracción de agua que realiza la multinacional porque los mantos acuíferos de La Calera “se encuentran por debajo del caudal mínimo requerido”. También han recomendado limitar la concesión a dos manantiales, en vez de los siete.
Ésta no es la única guerra por el agua que libra Coca-Cola FEMSA. La empresa tiene conflictos por la sobreexplotación del recurso hídrico en San Felipe Ecatepec, Chiapas, y en Toluca, en México; en Ciudad de Guatemala y Escuintla, en Guatemala, y ahora en Colombia.
Los elementos comunes en estos casos son las regulaciones deficientes y poco transparentes, la afectación de comunidades vulnerables y las respuestas corporativas centradas en la defensa del modelo de negocios, que a menudo resulta incompatible con la sustentabilidad ambiental y el interés social.
“Tenemos una crisis hídrica global y hemos descubierto que las irregularidades de Coca-Cola por la sobreexplotación del agua han ocurrido en varios países, no sólo en Colombia”, dice a Proceso la congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro.

Estudios a modo
Lo más grave que descubrió Pizarro es que la concesión de Coca-Cola FEMSA en La Calera se ha ido ampliando a lo largo de 42 años mediante prórrogas que violan la Ley de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la cual limita ese permiso a una década y establece que, una vez cumplido ese plazo, hay que abrir un nuevo procedimiento para estudiar, con criterios técnicos, si se renueva o no la licencia, y bajo qué condiciones.
Además, la empresa ha pasado 11 años, en diferentes periodos, explotando los manantiales sin siquiera prorrogar la concesión. Ahora mismo opera al margen de cualquier marco contractual, pues la CAR evalúa si le renueva o no el permiso, que se venció en 2024.
Un informe técnico del organismo regulador señala que la empresa mexicana, que opera su planta en La Calera con la razón social Industria Nacional de Gaseosas (Indega), es la que reporta su consumo de agua a la CAR porque no hay puntos de medición en los manantiales, por lo que no hay manera de saber si el caudal del líquido es en realidad el que informa la embotelladora.
La congresista Pizarro afirma que en este conflicto lo que está en juego es saber qué prevalece: si el derecho humano al agua o el interés particular de una gran empresa multinacional.
“No podemos permitir que se violen las normas ambientales para beneficiar a grandes corporaciones mientras las comunidades enfrentan escasez –plantea–; el agua es un bien público y un derecho”.
El director de la CAR, Alfred Ballesteros, quien fue buscado por este medio para conocer su versión y no respondió a la solicitud, ha mostrado una posición favorable a la renovación de las prórrogas a Coca-Cola FEMSA porque, según ha dicho, “todas (las concesiones ambientales) son prorrogables”, lo cual es, jurídicamente, muy discutible.
La abogada Yessika Hoyos, quien da asesoría legal a las comunidades afectadas por la extracción masiva de agua, dice que la CAR se ha escudado en una discutible interpretación de la ley para prorrogar la concesión, pero la norma se refiere a las prórrogas del uso del agua como bien público, y hay un debate sobre si debe contemplar también el uso industrial.
El investigador de la ONG Ruralia Urbana, Iván Carrillo, denuncia que el director de la CAR ha mostrado “un claro favoritismo” por la empresa y tiende a priorizar el interés corporativo sobre el comunitario, lo que “al menos revela negligencia”.
Asegura que Ballesteros “ha minimizado” los propios informes técnicos de la Dirección de Recursos Naturales de la corporación y da más relevancia a los estudios hídricos pagados por Coca-Cola.
La Procuraduría General colombiana, incluso, ordenó a Ballesteros resolver sobre la concesión a la empresa con base en estudios hidrogeológicos propios, de la CAR, y no en los que ha presentado la embotelladora.
Los informes contratados por Coca-Cola con la consultora Hidrogeocol aseguran que la concesión no afecta el suministro de agua del acueducto de La Calera. También señalan que las cajas de mampostería colocadas en los manantiales cumplen las normas vigentes, lo que es desmentido por otros especialistas.
La ingeniera especializada en hidrología de la Corporación Geoambiental Terrae, Lorena Barreto, quien ha evaluado los informes técnicos de la CAR, dice que el consumo de la planta de Coca-Cola afecta la sostenibilidad de los manantiales y de los mantos acuíferos bajo los puntos de captación.
La experta cuestiona los estudios presentados por Coca-Cola e indica que ni siquiera ubican entre sus objetivos determinar cómo la concesión puede afectar la disponibilidad del agua en la cuenca de la quebrada San Lorenzo, que es la que surte de agua al casco urbano de La Calera, y qué tan resilientes son los manantiales al cambio climático.

Negocio redondo
El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, afirma que, en caso de que se renueve la concesión a Coca-Cola, debe ajustarse el suministro de agua a la empresa cuando hay sequía y escasez. También hace notar que la compañía paga al municipio unos mil 300 millones de pesos al año (340 mil dólares) en impuestos, una suma significativa para las finanzas locales.
En 2023, Coca-Cola pagó 11.2 millones de pesos colombianos (dos mil 600 dólares) por los 64.9 millones de litros que reportó haber extraído.
Por cada dos mil 500 litros, la empresa pagó un dólar.
Si se toma en cuenta que cada botella de agua “Manantial” de 600 mililitros tiene un precio al público de 0.74 dólares en Colombia, Coca-Cola vende el agua de La Calera a un valor que supera en 369 mil por ciento el costo de compra.
Los dos mil 600 dólares que desembolsó la compañía refresquera por el líquido extraído en 2023 se habrían convertido, a los precios de venta al público, en 9.6 millones de dólares. Desde luego, hay que descontar los costos de purificación –que es mínima, por la calidad original del recurso–, del envase, del proceso industrial, de transporte y distribución.

Las maniobras
En mayo pasado se realizó una audiencia pública para tratar el tema de la concesión. A ella acudieron representantes comunitarios, ambientalistas, dirigentes sociales, autoridades municipales, funcionarios de la CAR y de otros organismos reguladores, especialistas en hidrología y directivos de Coca-Cola, que como empresa beneficiaria de la concesión debía dar las facilidades para ese encuentro.
La gente quería que la audiencia se realizara en el casco urbano de La Calera para que pudieran asistir masivamente los pobladores, pero Coca-Cola optó por organizarla en un paraje rural de difícil acceso y más cercano a su planta. Muchos trabajadores de la empresa llegaron a la reunión.
Hoyos, quien es presidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, asegura que cuando ocurrió el racionamiento de agua, el año pasado, mientras los camiones de Coca-Cola bajaban cargados con agua embotellada “Manantial” muchos pobladores se preguntaron por qué la empresa seguía recibiendo sin interrupción el líquido y ellos no.
Lo que pide la gente, indica la abogada, es la aplicación de la ley colombiana, que es muy clara en señalar que la prioridad del uso del agua es el consumo humano.
Activistas sociales de La Calera han denunciado diferentes “maniobras” de la compañía para favorecer sus intereses, como la cooptación de dirigentes comunales y campesinos de la zona mediante el regalo de computadoras.
Coca-Cola desarrolla en La Calera un programa de mejoramiento de escuelas –las pinta y cambia los tinacos– y de vías terciarias, lo que muchos pobladores agradecen.
No han faltado campañas de desprestigio y la circulación de panfletos anónimos contra líderes comunitarios, como la propia Cristancho y el concejal Javier Cifuentes, quien ha recibido amenazas de muerte por parte de desconocidos.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” reportó estos hechos a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo (comisión de derechos humanos) y solicitó que la denuncia fuera incorporada al expediente administrativo de la renovación de la concesión, porque son elementos “que afectan directamente el debido proceso”.
Más allá de estas denuncias, es un hecho que un sector de la población teme que la polémica lleve al cierre de la planta, que da empleo a 134 personas, la mayoría habitantes de La Calera.
Coca-Cola FEMSA, que dejó en suspenso una solicitud de este medio para conocer su versión, es una empresa mexicana multinacional que opera en 10 países de América Latina, no sólo como embotellador y distribuidor de la bebida estadunidense, sino con cadenas de farmacias y con las tiendas OXXO.