La ministra Lenia Batres gesta un bloque en la Suprema Corte con la misión de avalar las decisiones de Morena en el Poder Legislativo, que buscan fortalecer el Segundo Piso de la 4T que encabeza la presidenta Sheinbaum. Los enfrentamientos entre Lenia Batres –con apoyo de la ministra Estela Ríos y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar– y los ministros Esquivel, Figueroa y Ortiz Ahlf por cambios de criterio históricos y el control interno revelan fisuras en el trabajo que busca definir el futuro del Poder Judicial en México.
La “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila el surgimiento de un bloque encabezado por la ministra Lenia Batres destinado a avalar las decisiones de la mayoría de Morena en el Poder Legislativo y facilitar así las acciones de gobierno del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque pasaron casi dos meses para empezar a definir criterios en favor del morenismo, las primeras acciones de la Corte consistieron en dejar en manos de la Presidencia de la República el control de su seguridad física e informática.
Pese a las promesas de que la reforma judicial no afectaría a los trabajadores de menor rango, las instalaciones de la Corte quedaron en manos de la Ayudantía de la Presidencia de la República, ahora conocidos como “facilitadores”, lo que causó el despido de decenas de trabajadores que resguardaban los edificios de la institución. La Ayudantía fue una creación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en reemplazo del Estado Mayor Presidencial.
Lo mismo ocurrió en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), cuyo dominio oaj.gob.mx quedó en manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, oficina que encabeza José Merino, y que es parte del Ejecutivo federal. El OAJ, que reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal, además está presidido por Néstor Vargas, un antiguo colaborar de la presidenta Sheinbaum.
El arranque del nuevo máximo tribunal estuvo marcado por la polémica cuando, en medio de los despidos del personal de la anterior Corte, que incluyó la desaparición de las casas de Cultura Jurídica, se dio a conocer que el ministro presidente, Hugo Aguilar, tenía en su equipo de trabajo a 103 personas, con un costo al erario de seis millones de pesos al mes. Ante el escándalo, Aguilar dijo que a partir de octubre su ponencia se reduciría 40 por ciento.
En su tercera semana, los nuevos ministros discutieron lo que harían con las oficinas de las dos ponencias que se eliminaron. Fuentes judiciales comentaron a Proceso que la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso repartir el espacio y afirmó que su ponencia es la más pequeña físicamente de todas. Incluso señaló a Batres Guadarrama de tener más espacio, lo que llevó al Pleno a ordenar la medición de todas las ponencias.
La propuesta de reducir la oficina de Batres no fue aceptada y las ponencias que quedaron vacías serán repartidas entre aquellos con menos espacios, entre los que no se encuentra Esquivel Mossa.
Una semana después de que se arregló ese escollo surgió una asignatura: la eliminación de los seguros de gastos médicos y de separación individualizada.
El tema había sido abordado por Hugo Aguilar el 1 de septiembre, antes de llegar a la ceremonia de entrega de bastones de mando en el Zócalo capitalino.
Estela Ríos, Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf se opusieron a la eliminación y afirmaron que esta prestación era un derecho adquirido, pero en la noche Aguilar Ortiz anunció en su primer discurso como ministro presidente que solicitaría al OAJ la desaparición de los mismos, el cual finalmente anunció su eliminación.
Primera división pública
Apenas salieron de sus disputas materiales, los nuevos ministros vivieron su primera confrontación pública. Aunque intentan mantener una imagen de unidad, la división en el pleno es evidente.
Mientras el ministro presidente Hugo Aguilar apenas pudo aminorar las críticas por el centenar de asesores que contrató y la ola de despidos dentro de la Corte, quien será su sucesora dentro de dos años, Lenia Batres, se ha mantenido en el centro de las opiniones sobre el trabajo de la nueva integración del máximo tribunal.
La ministra ha logrado sacar adelante la agenda pro Morena que mantiene desde que fue designada directamente por Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2023.
Tanto así que la primera audiencia pública realizada por esta Suprema Corte con personas con discapacidad, durante la tercera semana de octubre, derivó de una cruzada emprendida por Batres desde la anterior Corte: abandonar el criterio con el que fueron invalidadas 50 leyes por falta de consulta previa al considerarlo una violación al procedimiento legislativo y que aplazaron varias de las obras públicas y decisiones de López Obrador.
La Corte de la 4T cerró sus primeros dos meses de trabajo entre sesiones confusas, desordenadas, con cambios de voto de último minuto y votaciones “deslavadas” para evitar la molestia de los otros poderes de la Unión, controlados por Morena.
El pleno ahora está integrado por nueve ministros debido a que la reforma judicial morenista eliminó dos de las ponencias, además de las dos Salas –que en un día resolvían hasta 100 asuntos– y el poder que tenía el ministro presidente de la Corte sobre los recursos humanos y materiales, tanto del máximo tribunal como del resto del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Aunque todos los proyectos ahora son públicos, aún se desconocen las razones por las que la Corte determina atraer o no un caso, pues esas peticiones se resuelven en cuestión de minutos, como lo hacía la anterior Suprema Corte.
Así fue como llegaron los litigios que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene para apoderarse de diversos terrenos en Santa Fe colindantes con la Ciudad de la Justicia, proyecto impulsado por Alejandro Gertz Manero.
Con esta nueva dinámica, Hugo Aguilar Ortiz ha presumido que antes la Corte resolvía 1.8 asuntos por sesión y trabajaba sólo dos horas y media, mientras que la actual integración sesiona cuatro horas de lunes a jueves y resuelve en promedio 12 casos por sesión.
Sin embargo, el ministro presidente no precisó que los 1.8 asuntos resueltos por sesión se refieren al pleno mientras que cada miércoles la Primera y Segunda Sala resolvían, en conjunto, poco más de cien asuntos.
Esos casos hoy los resuelve el pleno y no dedica un día a ello, sino los miércoles y jueves, por lo que el promedio de 12 asuntos resueltos por sesión no supera aún la estadística de las salas.
Protagonismo de Batres
El voto popular del 1 de junio último apuntaba en conteos preliminares a que Lenia Batres sería la primera presidenta de esta Corte. Sin embargo, en pocas horas Hugo Aguilar se colocó al frente arrebatándole la presidencia a la autodenominada “ministra del pueblo”.
Esto no le quitó el protagonismo en la Corte a la hermana de Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues sus intervenciones en el pleno o sus declaraciones en foros públicos forman parte de la conversación semanal en medios de comunicación, el gremio de abogados y hasta en redes sociales.
El 2 de octubre último retiró un proyecto en el que proponía calcular en UMAS y no en salarios mínimos las indemnizaciones de muertes de personas luego de las críticas que recibió su propuesta. Las críticas a los proyectos nunca habían sido utilizadas como justificación en el máximo tribunal para dejar de discutir un asunto.
“Se ha afirmado en la opinión pública que pudiera estarse favoreciendo algún tipo de interés económico”, justificó.
En redes sociales han sido evidenciados los momentos de confusión que Batres ha padecido en el pleno, pues ha perdido documentos, se le enredan las páginas, se ausenta constantemente de las sesiones, aunque sea su turno de votar.
El 16 de octubre último llegó al punto de modificar su voto de último minuto cuando el ministro presidente estaba a punto de dar por cerrado el caso en el que un municipio tramitó un recurso de reclamación contra el desechamiento dictado por la anterior Corte y en el que el proyecto revocaba dicho acuerdo.
Batres anunció su voto en favor de la propuesta y cuando Aguilar se disponía a dar el golpe de mallete para continuar con el siguiente asunto, la ministra interrumpió.
“Perdón, perdón, perdón. Es que estoy viendo los efectos; más bien, es que, disculpe mi confusión –comentó la ministra Batres–, pero sí, más bien iría en contra, por el desechamiento, de entrada, entonces, voy en contra”.
Batres ha conseguido formar un bloque común con Aguilar Ortiz y Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia en el sexenio de López Obrador y quien también fue jefa de Lenia Batres.
Esto ha sido aprovechado por la ministra para plantear propuestas que, desde la administración anterior de la Corte, ella ha tratado de impulsar.
En su primera sesión del 11 de septiembre último la ministra Yasmín Esquivel presentó un proyecto en el que abordó la necesidad de consultar a las personas con discapacidad para emitir una ley en materia de Salud Mental en el estado de Chihuahua como requisito para que la legislación sea válida.
La ministra Batres aprovechó para pedir a sus compañeros abandonar el criterio establecido por la anterior SCJN desde el año 2016, con el que la consulta es considerada parte del proceso legislativo y la falta de ella o las deficiencias en su realización causan la invalidez automática de las leyes sin que sean analizadas en el fondo por los ministros.
Bajo este criterio han sido invalidadas 50 leyes federales y estatales, la mayoría de ellas emitidas durante el sexenio de López Obrador.
Su posición fue acompañada por Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa, quienes indicaron que la Corte podría analizar artículo por artículo para definir si son o no benéficos a las personas con discapacidad y, con base en ello, determinar la invalidez o validez de éstos.
Sin embargo, la ministra no logró la mayoría simple requerida para abandonar el criterio de la anterior Corte.
Por ello, el 7 de octubre último, al presentar un proyecto sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que limita las facultades de dicho organismo para realizar visitas a centros psiquiátricos y centros de reclusión, la ministra Lenia Batres propuso avalar la legislación y formalizar el abandono de criterio de la anterior Corte.
Durante la discusión hubo una mayoría de ocho ministros que aceptó, en primer término, abandonar el criterio de invalidez automática por falta de consulta previa.
Ante la oposición de los ministros Giovanni Figueroa, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf de abandonar el criterio de manera tajante, Batres propuso incorporar sus consideraciones al fallo final. Sin embargo, Hugo Aguilar pidió posponer una semana la discusión final del tema.
Se tenía previsto que el 13 de octubre los ministros retomaran el debate para precisar si se abandonaba o no el criterio en los términos propuestos por Batres Guadarrama; no obstante, la ministra pidió retirar el caso porque personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil solicitaron una audiencia pública previo a que la Corte tome una decisión final.
Por ello, el 20 de octubre iniciaron tres sesiones de audiencias públicas con personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil sobre la invalidez de leyes por falta de consulta previa.
Aunque la ministra Batres celebró la realización de la audiencia pública para escucharlos, desde el inicio intentó fijar línea afirmando que el criterio de la anterior Corte ya había sido abandonado, lo que causó el descontento entre algunos de sus compañeros ministros.
Batres presentó una propuesta para delinear un nuevo criterio que raya en una reforma legal sin pasar por el proceso legislativo.
Sin embargo, en las intervenciones de personas con discapacidad la mayoría de ellos rechazaron la propuesta de Batres al considerar que impone una carga excesiva sobre este sector, reduce las facultades de las comisiones de Derechos Humanos y, sobre todo, no garantiza la obligatoriedad de la consulta previa.
A mitad de la primera audiencia y frente a decenas de participantes los ministros Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa desmintieron a Batres al asegurar que el pleno no ha abandonado todavía ningún criterio.
Esquivel recordó que en sesiones previas se estableció que los ministros no pueden decidir qué le conviene o no a las personas con discapacidad, como propone Batres apoyada por Aguilar.
“El cambio de criterio que ha señalado en su intervención la ministra Lenia Batres es su opinión y es una cuestión que todavía está sometida a debate por esta Suprema Corte. De otra manera, creo que no tendría sentido alguno haberles convocado a esta audiencia pública. Recalco que este asunto no ha sido resuelto todavía y sigue bajo análisis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó Giovanni Figueroa.
Para el segundo día de audiencia Batres insistió en que el Pleno ya abandonó el criterio de la Corte anterior, y esta vez sus compañeros no emitieron ya ningún pronunciamiento.
Al cierre de la presente edición, la Corte no había concluido las audiencias públicas ni retomado la discusión de la acción de inconstitucionalidad que las originaron.
Fuentes federales explicaron a Proceso que, pese a la insistencia de Batres de que la Corte ya abandonó el criterio, los ministros aún pueden cambiar sus votos, pues no se ha emitido la votación final.
Para que la Corte modifique el criterio, Batres requiere el apoyo de cinco ministros; hasta ahora tiene seguros los votos de Hugo Aguilar, Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, por lo que le faltaría asegurar un voto más para lograr su cometido.
Arístides Guerrero e Irving Espinosa no han fijado posición definitiva y aún podrían separarse, por primera vez, de la propuesta avalada por Aguilar Ortiz.
Estos dos votos son los que hacen falta al bloque de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa para evitar el cambio de criterio que busca imponer Batres.
Criterios con corto alcance
El 14 de octubre último los ministros analizaron una acción de inconstitucionalidad en la que reconocieron que el Congreso de la Unión redactó mal la reforma con la que incluyó la “violencia por interpósita persona” (violencia vicaria) como agravante de violencia familiar en el Código Penal Federal.
Sin embargo, en lugar de confrontarse directamente con el Poder Legislativo e invalidar la reforma publicada en enero del año pasado, no sólo avalaron la modificación sino que, a regañadientes, enviaron una invitación al Congreso de la Unión para que considere la posibilidad de hacer bien su trabajo.
De nueva cuenta el bloque conformado por Figueroa, Esquivel y Ortiz Ahlf –contrario a Batres, Aguilar y Ríos– fue el único que consideró necesario invalidar la reforma al Código Penal Federal para obligar al Congreso de la Unión a tipificar adecuadamente la violencia vicaria.
Esquivel se pronunció por la idea de que el Congreso legisle de nuevo, mientras que Figueroa consideró que, por lo menos, el legislador debió hacer una referencia a la descripción de violencia vicaria que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La mayoría de ministros acordó avalar la reforma, pese a sus deficiencias, bajo el argumento de que invalidar el agravante en el Código Penal Federal dejaría en mayor estado de indefensión a las mujeres.
Al determinar el envío de un exhorto al Poder Legislativo para que corrija la plana, Batres Guadarrama enfatizó que sólo apoyaba esta propuesta porque la reforma no fue declarada inválida.
El bloque opositor a Batres también rechazó la propuesta. Ortiz Ahlf explicó que exhortar al Congreso de la Unión no era suficiente para obligarle a subsanar el error que cometió. Y recurrió a la argumentación de la ministra Sara Irene Herrerías, quien fue titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra):
“La ministra Sara Irene comentó en la reunión previa que tuvimos que precisamente la Fevimtra no puede, quiero subrayar, no puede aplicar la disposición en el Código Penal. No puede porque no está bien tipificado. Y la tipificación de un delito es la columna vertebral de nuestro sistema penal. No es una cuestión graciosa u opciones para poder aplicar, si queremos o no queremos, es una obligación jurídica, fundamental, un derecho fundamental; el derecho penal está construido con base en tipos penales.
“Con un exhorto no se va a hacer abracadabra para que el Legislativo legisle correctamente, se necesita invalidar para que tome consciencia de que está mal hecha la norma jurídica, y entonces sí legisle y tipifique correctamente”, enfatizó Ortiz Ahlf.








