miércoles 18 de noviembre de 2026

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En el contexto de la crisis de desapariciones en México, la acumulación de cadáveres no identificados en los servicios forenses, ya sea debido a laberintos burocráticos, deficiencias estructurales e investigaciones a medias o nulas, es responsabilidad del Estado, denuncian colectivos de buscadores de familiares, que exigen la identificación y entrega digna de cuerpos que están en el limbo de lo que llaman “desaparición administrativa”. A ello se suma la exclusión de peritos forenses y el escaso presupuesto de las fiscalías.

Las fiscalías como cabezas del proceso y los servicios forenses como operadores técnicos tienen una responsabilidad directa en la acumulación de cadáveres en custodia del Estado, que incluyen aquellos no identificados y también otros que tienen nombre, pero que han sido abandonados, sin que sus familias conozcan su fallecimiento. Esta cifra, 52 mil personas, que es contundentemente difícil de desmentir, superaba en 2020 la mitad de las personas registradas como desaparecidas en el país, pero, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha ido subiendo a un ritmo de diez a 15 mil cuerpos más, de acuerdo con datos de 2023 y 2024.
La respuesta estatal por la presión que las familias ejercieron ante los organismos internacionales fue completamente desmantelada antes de que pudiera dar resultados, permitiendo que las fiscalías navegaran tranquilamente las aguas de la crisis durante todo el sexenio pasado sin dar cuenta de su participación en el “rezago” de cuerpos sin entregar, excluyendo a los expertos forenses del proceso. Han sido las familias organizadas quienes plantaron cara a esta situación y abrieron caminos entre los laberintos burocráticos para que los suyos regresen a casa.

Los primeros
“Tu recuerdo velará por los derechos de los niños y las niñas”, dice una frase sobre el retrato de Braulio Basilio Caballero, quien tenía 13 años cuando en 2016 fue desaparecido por el entramado institucional: “Elegimos esta frase porque no queremos que se repita con más jóvenes, porque violaron sus derechos y no queremos que eso quede inconcluso. Nuestro hijo velará por ellas y ellos también”, explica a Proceso su madre, Fernanda Caballero.
Luego de tres años de haber sido exhumado y recuperado su cuerpo de la fosa común del Panteón Dolores, en la Ciudad de México, la comisión local de los derechos humanos responsabilizó a las autoridades de su desaparición por el mal procesamiento de su cuerpo en el servicio forense y el nulo intento de la autoridad ministerial por identificarlo.
“Es el primer caso que logra el registro de desaparición administrativa, que implica una serie de omisiones y negligencias por parte de las autoridades, causando dilación en la búsqueda sin que haya una intencionalidad, pero que impacta directamente en el proceso y las investigaciones”, explica el abogado de la familia, David Peña, integrante del Grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social.
El caso de Julio César Cervantes Cabañas también fue señalado por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México como una desaparición administrativa, cuyo cuerpo fue donado a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional apenas cinco días después ingresar al instituto forense de la ciudad, teniendo una ficha de búsqueda desde septiembre de 2021. Al igual que Braulio, por ser un niño, “Polito” como lo llama su familia de cariño, también era parte de los grupos de atención prioritaria dada su discapacidad mental.
“Hay que tener en cuenta que Braulio y Julio César no son los únicos. Creo que la desaparición administrativa es un juego de palabras porque mientras el Estado tenga la culpa, incurren en una desaparición forzada. Pero seguimos trabajando y no vamos a parar hasta que los funcionarios tengan los castigos correspondientes”, dijo Jaqueline Palmeros, madre buscadora y fundadora de Una Luz en el Camino, colectivo que planteó la exigencia de una entrega digna de los cuerpos de los desaparecidos y que presentó, en julio último, una queja al respecto ante esta comisión local de derechos humanos, junto a los otros dos colectivos de familias de la capital, Mariposas y Hasta Encontrarles.
De acuerdo con el análisis de 34 quejas presentadas ante la comisión local, entre 2017 y 2024, existe sistematicidad en las “fallas” estatales: sólo 15% de los casos tuvo una entrevista inicial exhaustiva, que es básica para la investigación criminal y la búsqueda; y 85% fue subido tardíamente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre cuatro meses y cinco años después de recibida la denuncia, que permite el intercambio de información entre instituciones.
Tal vez el elemento que grafica más claramente esta política de brazos cruzados de las fiscalías ante la crisis de desapariciones es que sólo uno de los 34 casos analizados contaba con un plan de investigación criminal. El único acto de investigación criminal que los casos tuvieron en periodos que van de dos meses a tres años fue la impresión y entrega de fotovolantes de búsqueda.

“Si se hubiera hecho el análisis pericial correcto en 2016, la odontóloga forense hubiera notado que Braulio no había terminado de mudar sus dientes, que no tenía desgaste ni presencia del tercer molar, y que la estimación de edad de 20 a 22 años que consta en el expediente estaba equivocada”, dice Albertina Ortega, investigadora, docente y perito independiente que participó a pedido de la familia Basilio Caballero. “No sé si eso hubiera evitado el envío de su cuerpo a la fosa, pero al menos, cuando sus padres fueron a buscarlo al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), hubieran sabido que había un adolescente”.
Por parte de la familia, Ortega fue observadora de un dictamen único en la Ciudad de México que, una vez que el cuerpo fue exhumado de la fosa común en 2022, reunió a los cuatro expertos forenses (funcionarios de la institución) para analizar el cuerpo de acuerdo con el protocolo para emitir un dictamen que confirmó que se trataba de Braulio.
“No basta con identificar y entregar los cuerpos, porque la autoridad se lava las manos y dice ‘ya cumplí’. Es crucial que la familia cuente con la certeza, que se le explique la información recabada más allá de darle el porcentaje alcanzado en una prueba genética”, explica la experta en entrevista. “Ojalá el caso de Braulio sea un parteaguas el cómo se viene trabajando, no sólo para la Ciudad de México sino para otros casos. Y que las familias sientan el amparo, que tienen derecho a exigir que sus casos sean de esa manera”, expone.

Desmantelamiento
Aunque el diagnóstico de la relación entre cuerpos sin identificar y desaparecidos en México lleva casi una década, el tema ha sido retirado de los cambios legales propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Uno de los logros de la reforma reciente es dar más empoderamiento a las fiscalías, no en el sentido del actuar, sino mantener poder sobre el tema, porque rechazan los mecanismos independientes, con carácter científico y veraz, en el cual las familias tengan injerencia”, analiza Diana Iris, madre buscadora e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila.
El fracaso del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) promovido por las familias, fue vinculado al diseño institucional que permitió a las fiscalías no participar en el proceso y a la dependencia presupuestal y política de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto, sumado a la crisis interna en el grupo coordinador (de siete miembros quedó uno), fue la crónica de una muerte anunciada. El único sobreviviente de ese mecanismo fue el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Convocado para solucionar el problema de la falta de personalidad jurídica del MEIF, el UNFPA se encargó de la gestión del presupuesto y los recursos humanos y fue elegido, según contó Iris, como un intermediario neutral que les diera la participación pautada en la ley.
Sin embargo, cuando llegó el desmantelamiento de lo forense en 2023, las familias fueron apartadas de las decisiones importantes. Trabajadores del sistema que hablaron con este medio relataron cómo los equipos de la Comisión Nacional de Búsqueda que trabajan en la identificación del rezago forense fueron descabezados, y en enero de 2024, más de 160 trabajadores fueron despedidos. Fue sintomático que en marzo de 2025 toda la información sobre las personas inhumadas en fosas comunes fue borrada de la web donde se había publicado.
En ese contexto, el UNFPA se mantuvo y obtuvo para su propio proyecto (llamado “Programa de Identificación Humana”) la donación de 4.8 millones de euros de los gobiernos de Alemania y Noruega, según datos proporcionados a Proceso por esta oficina. El monto nada despreciable que UNFPA recibió en 2022 para gestionar hasta fines de 2025, es equiparable al que recibió el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en dos erogaciones presupuestales. La diferencia entre ambos radica en el papel de los profesionales forenses: mientras el Mecanismo tenía equipos multidisciplinarios de expertos para actuar sobre los cuerpos en custodia de las fiscalías que aceptaban este apoyo, el programa de UNFPA cosechó 25 acuerdos formales sin tener que fiscalizar el trabajo realizado previamente.
Esta reportera solicitó a la agencia el acceso al texto de estos acuerdos de colaboración, firmados con los ministerios públicos mexicanos, para conocer a fondo su alcance, pero no se brindaron. Tampoco el desglose de ejecución presupuestal, el cual sólo se comparte con los gobiernos donadores, sin estar obligada a brindarlos en México.
Sin embargo, desde el UNFPA se publicitó que el principal gasto fue la donación de 300 escáneres (con un costo de mil 200 dólares cada uno) para digitalizar las huellas dactilares de los expedientes de los cuerpos sin identificar, para enviarlas al INE y recibir posibles identificaciones.
Es importante señalar que este trabajo se hace con los expedientes, sobre el registro en papel. No es un trabajo pericial sobre los cuerpos.
El mecanismo fue abrazado por la excomisionada de Búsqueda, Teresa Reyes, quien lanzó la campaña “Tu huella eres tú”, argumentando que una identificación por huella dactilar es cien por ciento segura y equivalente a una prueba de ADN. Algo que es falso.
Sin embargo, permitió que las fiscalías asumieran nuevamente el control total de las “identificaciones”. El UNFPA confirmó a Proceso que esta responsabilidad recae totalmente en las fiscalías, así como los posibles errores de un trabajo que no se apoya en un análisis pericial de los cuerpos tras su exhumación, a no ser que su familia exija un examen de ADN.
Eso reforzó el papel de “prueba reina” de la genética, marginando el trabajo multidisciplinario para, entre otras cosas, proyectar la causa de muerte de la persona identificada. Eso mantiene a las familias en la incertidumbre de saber qué pasó con su desaparecido, una vez que les es restituido. Así, la identificación ha funcionado como una manera de dar carpetazo a los casos y abandonar, de facto, las investigaciones.
“Cuando me llama por teléfono la licenciada y me dice que tengo que presentarme en la Fiscalía de Desaparecidos, porque hay una coincidencia de 99.99% de mi ADN con unos restos que habían encontrado en una fosa clandestina en 2021, fue muy impactante para mí.
“No tenía cabeza para preguntar nada, e incluso dudaba de que fuera él porque ¿quién me asegura que lo sea? Que ellos me den un papel ¡no me asegura que sea él! Si no se nos avisó en cuatro años desde que lo encontraron, teniendo nuestras muestras de ADN para hacer las comparaciones. ¿Por qué nadie hace su trabajo? ¿Por qué tanto tiempo los tuvieron ahí?”, reclama en conversación con esta casa editorial la madre de uno de los cuatro adolescentes desaparecidos en 2019 en Villa de Cos, Zacatecas, y restituidos a sus familias en mayo de 2025, tras pasar cuatro años sin identificar en el Servicio Médico Forense de ese estado.
El único contacto que esta madre ha tenido desde entonces de parte la fiscalía local fue solicitarle que presentara el acta de defunción de su hijo, que tramitó en su municipio.

Mecanismos sin forenses
De acuerdo con la información recabada, el UNFPA tuvo un papel activo en la marginación de los peritos y expertos forenses mexicanos de la labor de identificación.
En los testimonios recogidos para este reportaje, el director alemán del programa, Maximilian Murck, fue denunciado por acoso laboral y discriminación por ocho mujeres que trabajaban como subordinadas para él.
“En noviembre de 2021 presentamos una carta a la empresa diciendo que este señor tenía conductas de misoginia, racismo y acoso laboral, junto con más de 60 evidencias que recolectamos a lo largo de dos años”, dijo a Proceso una de las trabajadoras afectadas.
Eso ocurrió cuando Murck era trabajador de GIZ, la agencia de cooperación alemana, que lo cesó a inicios de 2022. Lo anterior no evitó que fuera seleccionado como coordinador en el UNFPA a finales de ese año. Esta reportera solicitó entrevista con Murck y Alanna Armitage, representante del UNPFA en México, pero fue brindada por Alicia Ortega, su asesora legal: “Nuestro colega es una persona respetable, a la cual admiro, respeto y ha sido un gran colega. No podría hablar de denuncias que desconozco”, respondió al preguntarle el respecto.
La crítica principal a su labor, recabada en diálogo con una decena de trabajadores del sistema, es la falta de capacitación de Murck, economista de formación, para guiar un tema tan específico. “Esta persona nunca se había parado en una morgue. Es como si yo, que soy perito forense, me postulara como director del Banco de México. Personalmente no padecí su clasismo y racismo, pero era algo evidente”, expone una de las fuentes consultadas.
Sin embargo, el perfil administrador y no pericial fue pautado en la convocatoria que el UNFPA hizo para el cargo (publicada en abril de 2023), que priorizó su capacidad para conseguir fondos para financiar el programa, que ocupa buena parte de su presupuesto para sostener los salarios de la propia plantilla del UNFPA.
Esa misma crítica se le hizo al MEIF, cuyos gastos operativos llegaban a 60% del presupuesto asignado, que además de los altos salarios del equipo coordinador, incluía a los expertos forenses mexicanos que no han tenido cabida en el programa ejecutado por el Fondo de Población en los últimos tres años.
La confirmación de la decisión estatal que respalda esta marginación de los expertos locales en la atención de la crisis forense la vivió el médico Raúl Alberto Molina Pereyra, al postularse a la convocatoria para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lanzada por la Secretaría de Gobernación en agosto de este año, tras la renuncia de Reyes.
Con una década de experiencia en el trabajo forense en distintas instituciones estatales –incluido el equipo pericial del MEIF en San Luis Potosí–, Molina fue cesado de su cargo como Visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (que ocupó desde enero de 2024) debido a su postulación a dirigir la CNB.
“El lunes 15 de septiembre, una hora antes de salir, me convoca el encargado de recursos humanos de la CNDH y me notifica que fui cesado debido a un dictamen consultivo”, explica en entrevista con Proceso.
A Molina Pereyra se le entregó un documento que indica que la coordinadora general, Virginia Cruz Domínguez, envió el viernes 12 la documentación de su postulación al cargo en la CNB como prueba.
“Dicen que como participé de este juego por la titularidad, cometí ‘faltas a la honradez’ y ya no era apto para seguir en el cargo. Firmé la notificación y me retiré con mis cosas, pero considero que fue una situación injusta y quedé realmente muy impactado.
“Eliminar del sistema lo que te estorba es una práctica muy común, pero espero que la nueva comisionada de Búsqueda (Martha Lidia Pérez Gumercindo, exfuncionaria de la FGR) pueda visualizar la necesidad de incluir la experiencia forense en los sistemas de búsqueda, porque no todo es político ni se soluciona desde un escritorio”, concluye.