Ensenada Digna y Ballenas o Gas, colectivos de ciudadanos y ambientalistas de Baja California, están en alerta ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de nuevas ampliaciones portuarias y de gas, obras de las que no han podido conocer directamente los proyectos y tampoco han sido recibidos por las autoridades. Estas megaobras, aseguran, representan un fuerte impacto social de urbanización no sostenible y la destrucción de playas y ecosistemas marinos, además de que facilitan el tráfico ilegal de drogas, personas y especies. Los proyectos se ubican tanto en el norte como en el sur de la península.
BAJA CALIFORNIA.– Nuevos megaproyectos de ampliación portuaria y gas previstos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la península de Baja California generaron un activismo de decenas de agrupaciones ciudadanas y ambientalistas ante la escasa información pública sobre los detalles; exigen al gobierno federal que revise su viabilidad ante el riesgo de que deriven en daños irreversibles, como la destrucción de playas y el peligro para animales y ecosistemas marinos.
En el norte el colectivo Ensenada Digna, en el que participan ciudadanos de diversos sectores, advierten riesgos en caso renovarse los puertos en dicho municipio, según un anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en diciembre último.
Aunque las primeras movilizaciones dieron como resultado el anuncio de la propia presidenta de que habrá una consulta pública, eso no ha tranquilizado a la sociedad organizada, dadas las experiencias previas con otros proyectos, como el de la empresa Constellations Brand.
La obra está prevista en la delegación Sauzal de Rodríguez, frente a las carreteras que llevan a la Ruta del Vino en el Valle de Guadalupe, e implicaría construir una plancha de concreto a lo largo de 4.5 kilómetros y destruir nueve playas de la sexta Reserva Mundial de Surf Bahía de Todos Santos y cuna del surf mexicano (playas 3 Emes y San Miguel).
En Baja California Sur la coalición Ballenas o Gas alerta de riesgo de muerte para los cetáceos –entre otras afectaciones comunitarias– en caso de que se instale una planta de generación de electricidad con gas, pues entrarían enormes buques metaneros a la bahía de Pichilingue, en la ciudad capitalina La Paz.
Ninguna de las coaliciones ha podido conocer directamente los proyectos y tampoco han sido recibidas por las autoridades.
El 5 de diciembre de 2024 la presidenta Sheinbaum anunció la ampliación de seis puertos en el país, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), que incluyen el ubicado en el casco urbano de Ensenada y en El Sauzal (entrada de la ciudad).
El titular de la Semar, Raymundo Pedro Morales Ángeles, mencionó una inversión de cinco mil 745 millones de pesos, con un periodo de ejecución de enero de 2025 a 2028.
En alerta, sectores locales organizaron el 14 de marzo último el foro ciudadano “Ampliación del Puerto de El Sauzal: ¿Qué quieres para tu ciudad?”, en instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Acudieron académicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), científicos, surfistas, abogados, hoteleros, vitivinicultores, restauranteros, pescadores ribereños, estudiantes, integrantes de asociaciones civiles y vecinos de la zona, quienes formaron la coalición Ensenada Digna para agrupar más de 40 asociaciones que rechazan el proyecto.
Advierten del aumento de 13 veces más carga para la delegación; es decir, de 450 mil contenedores (TEU) recibidos en 2024, subiría a seis millones con dicha ampliación, así como una previsible deforestación de olivares para apilar los TEU e incremento de camiones y remolques. Ante la falta de patios para maniobras, bodegas de carga y descarga, así como vialidades específicas, temen más accidentes viales y demanda de agua.
También alertaron que este tipo de megaproyectos facilita “el tráfico ilegal de drogas, personas y especies”.
Las nueve playas que serían destruidas son las únicas con acceso al público en el norte de la ciudad de Ensenada, principalmente 3 Emes (o 3Ms) y Stacks, por lo que prevén “extinción” de la comunidad surfista, al perder las olas icónicas que pueden encontrase en sitios llamados San Miguel, Beans y Patos.
“Ensenada ha sido elegida como zona de sacrificio y se está tratando de simular o aparentar lo contrario”, según advierten en su informe (https://goo.su/mIdoU).
Ante las quejas, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada convocó el 3 de junio al “Primer Foro: Proyectos Estratégicos del Gobierno Federal”.
Ante los manifestantes, el director general de la Asipona, Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, expuso diapositivas y proyectó un video sobre la ampliación. Lo llamó “un esbozo porque no llega todavía a proyecto”, y que todavía no se tienen los estudios de impacto ambiental, de mercado o valoración de las afectaciones socioeconómicos.
Los activistas entregaron a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, una carta para que el XXV Ayuntamiento solicite “la inmediata suspensión de este proyecto” y “la reubicación en otra zona apta para ello”.
El 11 de junio, Mónica Vega Aguirre, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) del gobierno estatal, afirmó que aún no cuentan con una solicitud para la manifestación de impacto ambiental (MIA).
“Es importante puntualizar que este tipo de proyectos requieren de un Manifiesto de Impacto Ambiental que emite la autoridad federal, como es la Semarnat. Hasta este momento no se ha presentado”, declaró.
Ese día la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró escuchar las protestas y ofreció que su gobierno será “un vínculo (y) enlace con las autoridades federales”.
Protestas y escepticismo por consulta pública
El 12 de julio último, tras inaugurar el Hospital Regional No. 23 del IMSS, Claudia Sheinbaum se subió a una cerca y con megáfono en mano dijo a los manifestantes: “No vamos a construir nada que no esté de acuerdo la población. Siempre va a haber diálogo. Si con el puerto no están de acuerdo, pues no se va a construir”.
Lo oficializó el miércoles 23 de julio en su conferencia matinal; también ofreció un “parque lineal” en la playa de San Miguel, no contemplado en diciembre 2024.
“Comenté ahí lo de la población de una vez, en Ensenada. Sí vamos a hacer una consulta”, dijo Sheinbaum fuera de micrófono, pero audible.
El titular de la Semar agregó que los estudios de la dinámica costera estarán a cargo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
En respuesta, Ensenada Digna convocó el 7 de agosto a la 1ª. Asamblea Ciudadana para evitar un “fraude” similar a la consulta vecinal “Tú Decides”, realizada en octubre de 2020, a cargo del XXIII Ayuntamiento de Ensenada (Armando Ayala Robles), y que supuestamente serviría para definir la ampliación de Energía Costa Azul (ECA-SEMPRA), lo que no ocurrió.
Esa consulta costó 589 mil pesos, sacados de diferentes partidas municipales y no era vinculante al proyecto de ECA (del resultado no dependía la aprobación o negación de permiso alguno). Pero se usaron boletas sin folio y funcionarios municipales las contaron.
La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz declaró a Proceso, el 13 de agosto último, que su administración participará en la consulta y apoyará “lo que la ciudadanía decida”.
“Vamos a defender lo que se tenga que defender por Ensenada. Apoyar lo que la ciudadanía decida en Ensenada”, dijo sobre su posición.
El 27 de agosto último Ensenada Digna exhibió que el CICESE había reservado por tres años toda la información relativa a la MIA, bajo el argumento de que la divulgación puede “causar daños al interés del Estado” o “suponga un riesgo para su realización”.
El director general del CICESE, David Covarrubias Rosales, respondió el 29 de agosto que una de las partes involucradas les solicitó la elaboración del MIA, “inicialmente sólo sobre algunos aspectos, que por ley debe realizarse”.
“Derivado de esta solicitud, el CICESE presentó una propuesta para coordinar los estudios que se requieren para la elaboración de este documento. Dicha propuesta se encuentra actualmente en análisis por parte de otras instancias. A la fecha, el CICESE desconoce si su propuesta será aceptada, no ha formalizado ningún convenio y, por lo tanto, no ha iniciado los estudios correspondientes”, según el texto.
El 1 de septiembre los activistas presentaron el resultado de un juicio de amparo interpuesto desde el 14 de agosto contra la ampliación del puerto, donde un juez federal concedió la suspensión provisional de los actos reclamados.
Esta medida judicial ordena a las autoridades detener cualquier trabajo relacionado con la ampliación, construcción o modificación de dicho puerto. Se espera la audiencia incidental donde el juez evaluará si mantiene o no la suspensión de manera definitiva.
Para el 5 de septiembre la coalición se manifestó frente al CICESE ante la reserva de información. Destacó una manta dirigida al doctor Julio Sheinbaum, investigador en dicho centro y hermano de la presidenta: “Doctor Julio Sheinbaum Pardo. Defienda Ensenada”.
Y para el 26 de septiembre manifestantes insistieron en el tema durante la gira de “Rendición de Cuentas” de Sheinbaum Pardo en Mexicali, donde denunciaron que la Asipona Ensenada no ha convocado a mesas de trabajo ni ha tenido diálogo ciudadano.
Ballenas de BC Sur, en riesgo de morir
En el caso de Baja California Sur la coalición Ballenas o Gas hace un llamado a la Federación para evitar los mismos errores del proyecto Saguaro y la industria del Gas Natural Licuado (GNL), en referencia a las denuncias por los choques de los barcos metaneros con las ballenas, una de las principales causas de muerte para estos animales.
El grupo, conformado por más de 40 asociaciones, se activó a raíz de otro anuncio realizado por la presidenta Sheinbaum el 5 de febrero último durante la conferencia matinal de la presidenta, del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior contempla 51 proyectos de electricidad, con una inversión proyectada en 22 mil 377 millones de dólares (mdd) para generar 22 mil 674 megavatios (MW); la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, dijo ese día que entre las metas del plan es “llevar durante los próximos cuatro años energía eléctrica a más de 500 mil hogares que aún no cuentan con ella”.
Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, compartió un listado donde aparece el proyecto de un Ciclo de Combustión Interna (CCI), mediante una central en Los Cabos para generar 240 MW.
Alekz Águila, oficial de Proyectos por la Justicia Climática en la organización Conexiones Climáticas y de la coalición indicada, explicó a Proceso que la planta anunciada es más grande que las que actualmente están en Baja California Sur.
También que la entidad “es una isla energética”, en el sentido de que no están interconectados a toda la red de la CFE del resto del país, por lo que dependen 100% de la energía que se produce en las centrales locales.
Indicó que la llegada del gas, que serviría como combustible para dicha central, sería por medio de megabuques metaneros que llegan a medir hasta 300 de eslora (largo).
“Para ponerlo en dimensiones reales: si nos imaginamos a una ballena azul adulta, que es la más grande, podríamos formar en fila hasta 12 de estos grandes mamíferos marinos. Son barcos gigantescos que tienen muchos riesgos, no sólo para las ballenas, sino para otros mamíferos marinos. El principal de ellos es el riesgo por colisiones”, alertó.
Aseguró que está muy bien documentada esa situación, pues se tiene información del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos (PRIMMA) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que refiere la existencia de una población tan grande en el Golfo de California porque no existe un tráfico marino que está presente en otras partes del mundo.
“Más o menos 50% del tráfico marino se debe al transporte de combustibles. Eso sería meterle más barcos al Golfo de California, que hasta ahora no están presentes aquí, no en esas cantidades”, indicó.
Alekz Águila agregó que el ruido de los navíos interferiría con la capacidad de navegación de las ballenas, pues éstas se comunican y ubican por medio de sonares y cantos.
Sobre las colisiones con los barcos, explicó que lamentablemente no existe la capacidad de tener una cifra de cuántas mueren por esta causa, pues tras el choque, en la gran mayoría de los casos, se van al fondo del mar, pero el PRIMMA ha documentado cuerpos encontrados en las costas donde se pueden ver las marcas de propelas (hélices).
El activista aclaró que este tipo de barcos “no pueden evitarlo”, sin importar su tecnología de sonar o radar, pues las navegaciones son tan grandes y pesadas que hace imposible poder cambiar el rumbo de manera rápida, además de que el ruido aturde a las ballenas.
Alekz Águila compartió a Proceso artículos de la plataforma global Sevenseas Media (promotora de conservación marina), la Universidad de California en Santa Cruz (UC Santa Cruz), el Instituto de Ciencias Oceanwide (OSI) y Safety4Sea (promotora del transporte marítimo sostenible), que respaldan con fotografías cómo las ballenas se enganchan al frente de los navíos.
Otras afectaciones por la llegada de los grandes buques serían contra la biodiversidad marina y los pescadores ribereños; contaminación por derrame de combustibles y aceites y familias que exclusivamente se dedican al avistamiento y turismo, que se calcula son alrededor de 20 mil a escala estatal, considerando a restauranteros, hoteleros y otros servicios, según datos hemerográficos.
La campaña Ballenas o Gas podrá consultarse en este enlace: (https://goo.su/Vrg5ju).
Nancy Carmina García Fregoso, abogada del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) en La Paz, compartió que los buques citados estarían llegando puerto de Pichilingue, que es el único puerto industrial en el Estado y que, hasta el momento, cuenta con la infraestructura para recibirlos.
Alertó sobre que eso traería un aumento de tráfico a la bahía y cerca de La Paz, donde cada año reciben al tiburón ballena, cuyo avistamiento es una de las fuentes importantes de ingresos para muchas familias paceñas dedicadas al ecoturismo.
“El tráfico de estos buques, que estaría llegando a Pichilingue para alimentar a la central de combustión interna, irremediablemente estaría afectando también este hábitat del tiburón ballena y afectando, indirectamente, el ingreso del que dependen muchas familias aquí en la comunidad”, comenta.
Del tiburón ballena solamente hay un área protegida en el país y está en Quintana Roo, prosiguió, y lamentablemente no existe esa protección en Baja California Sur.
“Creemos que el tráfico marítimo estaría afectando su hábitat indirectamente. No necesariamente colisiones, pero sí el medio ambiente en el que viven”, menciona.
Conforme a datos generales, la inversión para este proyecto es de 272 millones de dólares. Al cierre de la edición la licitación no había sido publicada en el portal de la CFE.








