El gobierno de Puebla insiste en construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba aduciendo que busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente… pero en un área natural protegida. Para ello no le ha importado transgredir y desacatar leyes en materia ambiental, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche.
PUEBLA, Pue.– El gobernador morenista Alejandro Armenta Mier presenta su propuesta de construir un parque dentro del área natural protegida (ANP) de La Montaña Malinche, como un proyecto de preservación y educación ecológica, aunque desde su arranque su administración ha transgredido y desacatado leyes en materia ambiental.
El 4 de junio último el gobierno poblano ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo estudio de impacto ambiental del llamado Ecoparque Tlalli Malinche, en la cual también pide autorización para “rehabilitar” el camino que va de la localidad de San Miguel Canoa al predio donde propone ese recreativo, pese a que esa obra se licitó, contrató e inició varios meses antes, desde principios de este año.
Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).
Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.
Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.
“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.
En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.
A principios de abril último, Proceso recorrió la zona y pudo constatar que esa obra ya había iniciado en terrenos que los pobladores ubicaban como parte del Área Natural Protegida, que es de competencia federal, por lo cual se cuestionó a la Profepa si había permiso de la Semarnat para esos trabajos y si eran acordes con el programa de manejo del PNMM.
La dependencia informó entonces que al acudir al sitio ratificó que había trabajos iniciados dentro de la poligonal del PNMM, por lo cual abrió un procedimiento para verificar si contaban con las autorizaciones correspondientes “y, en su caso, tomar las medidas pertinentes”.
Clausura
La Profepa confirmó a este medio que los días 28 y 29 de abril último se colocaron sellos de clausura porque se corroboró que esa obra del gobierno de Puebla está dentro del ANP y no se había presentado y aprobado la evaluación de impacto ambiental previa, por lo tanto, incumplía el artículo 28 de la LGEEPA.
En respuestas entregadas por escrito, la dependencia agregó que, con base en los artículos 170 fracción I y 170 Bis de la misma ley, impuso como medida de seguridad la “clausura temporal total” en un tramo de 4.1 kilómetros de ese camino en construcción que estaban dentro de la poligonal del parque la Malinche.
Al ser cuestionada sobre las sanciones que se aplicaron al gobierno de Puebla, la Procuraduría argumentó que el “procedimiento administrativo” estaba aún sustanciándose, por lo que no era posible “compartir información sobre el mismo”.
Sin embargo, aclaró que, de acuerdo con el artículo 171 de la LGEEPA, las sanciones que administrativamente la dependencia podía imponer eran: multa de 30 a 50 mil días de salario mínimo, clausura temporal o definitiva, total o parcial, arresto administrativo de 36 horas decomiso de instrumentos y suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
En sus respuestas a Proceso, la Profepa identifica a esas obras como “rehabilitación” y “mantenimiento” del camino, pero en la licitación que emitió el gobierno en enero último se especifica como “construcción”, tan es así que contrató a un costo de 7.2 millones de pesos cada kilómetro de esa carretera.
Esto estaría relacionado con el hecho de que en el Programa de Manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyetl, publicado en 2013, se prohíbe en todas sus subzonas “abrir senderos, brechas o caminos” y sólo es aceptable el mantenimiento de caminos ya existentes.
De acuerdo con el Artículo 44 de la LGEEPA, las ANP son zonas del territorio nacional “en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservados y restaurados”.
Los pobladores de Canoa y la Resurrección, comunidades del municipio de Puebla cercanas a esa zona, refieren que, si bien la mayor parte de ese trazo ya estaba, era sólo un camino vecinal estrecho y de terracería. Afirman que días antes del 14 de diciembre, cuando Armenta tomó posesión como gobernador, a esa localidad llegó maquinaria que se usó para ampliar su anchura y abrir partes que no existían.
El 23 de junio, luego de que la prensa local reveló la colocación de sellos de clausura en la zona del proyecto, el secretario de Infraestructura del estado, José Manuel Contreras, hizo una declaración contradictoria con la información confirmada por la Profepa: aseguró que dicha clausura fue porque la dependencia federal “detectó que se estaban talando unos árboles” e insistió en que el camino en construcción estaba “fuera” del ANP.
Y al responder una solicitud de información que hizo el portal de noticias e-consulta, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del estado aseguró que había un estudio de impacto ambiental de la obra en esa dependencia. Eso, pese a que, al estar en un parque nacional, ese trámite corresponde a la federación.
Justificó el hecho de que dicha evaluación estatal fue reservada por dos años con el argumento de que su divulgación podría “causar daños al interés público del estado”.
…Y la obra continuó con todo y clausura
El 13 de mayo último, dos semanas después de que la Profepa colocó los sellos de “clausura total temporal”, esta reportera volvió a recorrer la zona y encontró que había maquinaria, como aplanadoras, trascabos y retroexcavadoras, trabajando y que ya se había empezado a colocar el sello asfáltico en algunos tramos dentro del PNMM.
Fotografías y videos de esa fecha exhiben que, pese a que la obra debía estar detenida porque ni siquiera se había ingresado una manifestación de impacto ambiental (MIA), la empresa contratada por el gobierno de Puebla siguió trabajando.
No sólo eso, también se captaron imágenes de árboles derribados, algunos de ellos de gran tamaño que estaban fuera del trazo del camino, en el área donde, de acuerdo con el croquis presentado por el gobierno ante la Semarnat, se ubicaría la Caseta de Control de Acceso número 1 del proyectado Ecoparque.
También se tomaron fotografías de árboles que estaban marcados con pintura roja y se pudo grabar el sonido de motosierras trabajando dentro del predio conocido como Bosque San Francisco de Asís, que es el área núcleo del proyecto Tlalli-Malinche.
De acuerdo con el Programa de Manejo del Parque Nacional, en esa subzona está prohibido “cortar y marcar árboles, salvo en el caso de uso doméstico”.
No obstante, al ser cuestionada la Profepa sobre ello, rechazó que se hubieran violado los sellos de clausura, mientras que el secretario de Infraestructura aseguró que los pegotes “se cayeron por la lluvia”.
En entrevista, Alejandro Torres, especialista en temas ambientales, explica que si un particular comete esos ilícitos, la Profepa clausura la obra, con la maquinaria que se encuentre en esa zona protegida, y se levanta un acta con la evidencia fotográfica del estado en el que está todo, tanto de los avances que lleva la carretera como del impacto ambiental generado.
Detalla que a un particular no sólo se le prohibiría continuar trabajando sin tener una MIA autorizada, sino que además se le impondría una fuerte sanción económica y hasta se le podría iniciar un proceso penal, más si no se acató la clausura. “Pero aquí estamos hablando de que las dos partes son gobierno”, señala al asumir posibles complicidades.
Falsedades
El 4 de junio último el gobierno de Puebla presentó un segundo estudio de impacto ambiental sobre su proyecto de ecoparque ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, en el cual, de manera paradójica, pide que se le autorice como “obra complementaria” la “rehabilitación” del camino, mismo que ya licitó en enero y que el titular de Infraestructura dio por hecho que no está dentro del ANP.
La primera MIA fue ingresada días antes de que Armenta tomara posesión como gobernador, por la empresa Brudeo Solutions Construcción, SA de CV, pero luego fue retirada el 10 de enero de este año.
El Documento Técnico Unificado (DTU) Modalidad B-Particular, con clave 21PU2025U0039, en cuya elaboración participó la firma Corporativo Planet, SA de CV, señala que el Ecoparque Tlalli Malinche “tiene como objetivo principal el desarrollo de un espacio integral que promueva la conservación ambiental, la educación ecológica, la recreación familiar, ecoturismo y las actividades deportivas”.
En ese documento se especifica que se “rehabilitarán” 3.5 kilómetros que van de la escuela Coronel Raúl Velasco, en Canoa, hasta 600 metros antes del predio donde se proyecta el parque y la villa deportiva. El área corresponde a los 4.1 kilómetros que clausuró la Profepa.
El gobierno de Puebla ofrece en la página 90 del DTU algo que ya incumplió:
“Es importante destacar que no se utilizará maquinaria pesada en esta intervención. Los trabajos se limitarán exclusivamente a la superficie actual del camino y se realizarán de manera manual, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y preservar las condiciones naturales del entorno”.
Y, pese a que en esa obra ya se había colocado material asfáltico y hay fotografías de árboles y vegetación removida, en ese documento el gobierno poblano sostiene que la “rehabilitación” consistirá en colocar una capa de grava sobre el trazo ya existente y que no será afectado ningún individuo arbóreo.
“Esta obra se ajustará a criterios de bajo impacto ambiental, procurando mantener la huella vial existente, evitar un desmonte de vegetación adicional y reducir al mínimo los movimientos de tierra”, sostiene el DTU.
El 20 de junio, pobladores de la Junta Auxiliar la Resurrección filtraron al portal e-consulta un video en el que se puede ver cómo las corrientes generadas por las intensas lluvias de esos días en la Malinche se llevaron partes del pavimento que ya se había colocado en la construcción de esa carretera.
El 29 de agosto pobladores captaron fotos de las máquinas y camiones de carga que trabajan en la zona para remover y trasladar tierra luego de las lluvias. Los materiales asfálticos que ya habían sido colocados en el camino igual fueron retirados sin que los lugareños sepan en dónde se estarían depositando esos desechos.
Proceso pidió a la Secretaría de Infraestructura una explicación de todas esas contradicciones y faltas a la LGEEPA, sin que hasta el cierre de esta edición dieran una respuesta.
Con la inversión de mil 900 millones 731 mil pesos, de los cuales 222 millones 751 mil pesos serían para medidas de prevención y mitigación ambiental, el proyecto propone desarrollarse en cuatro años y considera dos fases: la primera incluye caminos, senderos, zonas de agua, áreas administrativas, de esparcimiento, para estancia y para bioactividades.
La segunda fase –y cuya autorización se contempla que pueda no proceder– está incluida la infraestructura deportiva como canchas multiusos, pista de atletismo, cancha de futbol, de pádel, tiro al blanco, albercas, gimnasio y circuitos para bicicletas de montaña.
En sus primeras ruedas de prensa como mandatario, Armenta abrió la posibilidad de que su primer informe de gobierno lo diera justo en este ecoparque o villa deportiva que construiría en la Malinche.
La secretaria de Medio Ambiente en Puebla, Rebeca Bañuelos, confió en que en los primeros días de agosto habría un resolutivo de la Semarnat sobre este proyecto, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.
El 21 de julio último Armenta Mier declaró: “En cuanto se pronuncie (la Semarnat) iniciaremos los trabajos, y si se pronuncia en contra, no se harán. ¡No pasa nada!”.








