miércoles 18 de noviembre de 2026

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Ejidatarios de La Ciénaga denuncian expulsiones violentas de sus tierras y al menos dos asesinatos de comuneros. Cinco grupos de invasores identificados por las autoridades comenzaron la ocupación hormiga desde 2014 y ahora hay homicidios, desapariciones y narcomenudeo. Los afectados señalan que los delincuentes cuentan con la protección de la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, quien les ha proporcionado agua y electricidad. La zona es el último remanente de los grandes lagos del Valle de México, un ecosistema lacustre único, cuya destrucción impacta directamente la biodiversidad y los servicios ambientales de la capital.

Lo que queda de la zona lacustre de la Ciudad de México está en peligro de perderse. Desde el inicio de las administraciones de Morena en la capital del país una incesante y violenta invasión acecha a una zona catalogada como suelo de conservación en Tláhuac.

         El ejido La Ciénega, “el último remanente” de los grandes lagos del Valle de México que tiene protección de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), está siendo devorado por grupos de invasores que están ocupando tierras de los pobladores originales.

         El rechazo a perder su propiedad, enclave de biodiversidad de la capital que está siendo sepultado por construcciones irregulares, les ha salido cara a los comuneros: dos de ellos fueron asesinados y uno más está desaparecido.

Los invasores, en cambio, han gozado del beneficio de la autoridad con la entrega de servicios de agua y electricidad. Incluso, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, cuenta con lo que en la zona se identifica como una de sus oficinas.

         El propio gobierno capitalino tiene identificada la presencia de al menos cinco grupos vinculados al despojo e invasión de tierras, pero no ha intervenido para frenar el problema.

La Ciénega no sólo es un terreno disputado por ejidatarios y grupos invasores: es el último remanente de los grandes lagos del Valle de México, un ecosistema lacustre único cuya destrucción impacta directamente la biodiversidad y los servicios ambientales de la capital.

         Ejidatarios que pidieron resguardar su identidad compartieron que durante una mesa de trabajo, la del 8 de agosto último, la actual administración a cargo de la morenista Clara Brugada, reconoció frente a ellos que ya identificaron a los grupos de invasores asentados en La Ciénega, los cuales también tienen presencia en otras áreas de la capital mexicana. Se trata de Antorcha Campesina, Frente Francisco Villa, Panteras, grupo Manuel Romero y Tierra y Libertad.

En lo que fue suelo de conservación, la mancha irregular se impuso. Entre los últimos terrenos que aún defienden los ejidatarios, la invasión echó raíces, hay decenas de casas, hechas a retazos de block, lámina y madera, que se agrupan formando calles sin pavimento, donde el polvo se levanta, se adhiere a la piel y la ropa. No hay banquetas, pero abunda la desconfianza: miradas que siguen los pasos de los extraños. Los invasores no se limitaron a construir viviendas, sino una vida entera en este territorio tomado. Tienditas de abarrotes, repletas de productos básicos y comida chatarra, salpican el paisaje, prueba de que aquí el asentamiento ilegal ya no es temporal.

Tampoco hay patrullas, pero sí vigilancia: bicitaxis que entran y salen todo el día, el transporte habitual de los invasores y, según los ejidatarios, también son los “halcones” que reportan cada movimiento.

“Tláhuac la bella”, es la frase que Ramiro, un ejidatario que pidió usar un nombre ficticio para proteger su identidad, utilizó para recordar sus viejos tiempos en La Ciénega, antes de que en 2014 comenzaran a llegar los grupos que levantaron casas irregulares en la extensión de tierra que es reconocida por las autoridades como suelo de conservación, además, cuenta con vestigios arqueológicos y, gracias a su tradición chinampera, fue declarado por la Unesco como patrimonio mundial, natural y cultural de la humanidad.

En entrevista con Proceso, el agricultor de frijol, maíz y calabaza lamentó que su contexto haya cambiado “para mal”, pues con indignación denunció que ya fueron invadidos más de 60% de los terrenos ejidales; que muchos de sus compañeros, incluyéndose, han sido víctimas de despojo con armas de fuego, amenazas y violencia; que el crimen se incrementa junto a la expansión de los invasores. Ahora hay narcomenudeo, homicidios y desapariciones que los habitantes originarios del pueblo de Tlaltenco relacionan directamente a esta ocupación ilegal.

         Este medio logró recolectar tres testimonios de ejidatarios que fueron sacados a punta de pistola de sus terrenos. Una víctima narró lo siguiente: “Les dijimos que tenemos los papeles, que somos los dueños, ellos también presentaron papeles y después llegó otra persona con un arma de fuego y nos dijo, no, pues este terreno ya es mío”.

         Los perjudicados hablaron de Antonio Chávez, un compañero que en 2023 se negó a ceder sus parcelas y días después fue asesinado frente a una sucursal de Farmacias Guadalajara, en el pueblo de Tlaltenco. También recordaron el asesinato de Francisco Jiménez, el excomisario ejidal que fue víctima de un ataque directo, “con total impunidad”, el 4 de mayo de 2024 en la colonia Ampliación Selene.

         Hablaron además sobre la desaparición, en 2021, de un joven –cuyo nombre no revelaron para proteger la seguridad de la familia afectada– que entró en su auto a la Ciénega y ya no salió. “Nunca más volvimos a escuchar de él”, dijeron.

         Relataron que, aunque la invasión comenzó a registrarse desde 2014, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ordenó un desalojo en la zona y se “tranquilizaron las cosas”. Fue en 2018 que volvieron a observar la llegada de invasores y en 2020, en plena pandemia por covid-19, la situación se salió de control y ya no volvió a detenerse. En ese momento los ejidatarios se organizaron para denunciar la situación ante la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en ese entonces estaba a cargo de la capital mexicana. Cuentan que la titular del Ejecutivo reconoció el peligro al que estaban expuestos y les recomendó “no bajar a los ejidos”.

A la fecha, llevan alrededor de 300 denuncias presentadas ante el gobierno central y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Se cansaron de esperar respuesta en el sexenio de Sheinbaum, pero siguen insistiendo en su lucha por recuperar sus tierras. En esta administración ya entablaron contacto con el secretario y subsecretario de Gobierno, César Cravioto y Fadlala Akabani, respectivamente.

         Sin embargo, al cierre de esta edición, los ejidatarios e integrantes del pueblo originario de Tlaltenco denuncian que no existen esfuerzos concretos del gobierno local por desalojar la invasión que ya es equiparable a una colonia: “Todo son mesas de trabajo sin resultados, largas y largas”.

         En cambio, aseguran que los habitantes irregulares “gozan del privilegio” de tener identificaciones oficiales y reciben “más pipas de agua” que los habitantes originarios, quienes también sufren la escasez del recurso, un problema que se agravó ante la llegada de los invasores.

         La ignominia es mayor, los denunciantes señalaron lo evidente. Desde la estación Tláhuac, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se pueden observar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al interior de los terrenos ocupados ilegalmente: “¡Tienen todos los servicios!”.

         Lo anterior, desde el punto de vista de los afectados, raya en la burla. Para ellos es obvio que hay una colusión entre los grupos invasores y las autoridades. El 2 de junio último, en una reunión a puerta cerrada a la que tuvo acceso esta revista, señalaron de manera directa que al interior de La Ciénega hay una construcción irregular que funciona como comedor comunitario y es identificada como “la oficina” de la alcaldesa de Tláhuac, la morenista Berenice Hernández. “Tienen mucho compromiso con la gente invasora de La Ciénega porque son votos seguros, ahí adentro está lleno de propaganda política, toda llegó en el pasado proceso electoral, no es coincidencia”.

         Al respecto, la alcaldesa Hernández negó haber acudido personalmente a la Ciénega, como señalan los ejidatarios –quienes atribuyen esas visitas con fines electorales–, y pidió que quienes denuncian las invasiones presenten evidencias documentadas que respalden sus señalamientos.

         Reconoció, en cambio, la presencia de pendones y propaganda política de Morena en la zona, pero sostuvo que se trata del derecho de los ciudadanos a manifestar su posición política.

         La morenista aseguró que su administración ha instalado mesas de trabajo con autoridades ejidales y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Al ser cuestionada sobre acciones concretas y fechas para desalojos, la funcionaria evitó dar un calendario, pero dijo que a una década de que comenzó a registrarse la invasión, la intervención aún depende de la certeza jurídica sobre los predios, particularmente de la acreditación de títulos de propiedad, lo que en muchos casos frena la actuación de la alcaldía y obliga a esperar resoluciones externas antes de ejecutar desalojos.

         En cuanto a los servicios, la alcaldesa rechazó que la alcaldía introduzca infraestructura en los asentamientos irregulares, pero señaló que el gobierno capitalino envía pipas de agua a los pobladores con un compromiso humanitario, al tratarse de un tema de derechos humanos.

         Berenice Hernández planteó que una de las rutas que se discuten en las mesas de trabajo es la reubicación de las familias asentadas de manera irregular. Subrayó que este proceso requiere la participación de autoridades locales y federales, pero tampoco precisó plazos ni medidas concretas para llevarlo a cabo.

A su vez, un agricultor que continúa sembrando su parcela, pese a que ya no es una actividad redituable, pues el año pasado sembró 200 matas de calabaza y pudo cosechar dos, expone:

“Queremos que se cumpla la ley, es suelo de conservación, queremos que se cuide, que se desaloje a los habitantes irregulares, que se respeten nuestros usos y costumbres y nuestro derecho a cultivar”.

Según explicó, seguir trabajando la tierra le ofrece una garantía: “Sembramos para nuestro consumo personal, para la familia. Pero el principal propósito es tener sembrada o trabajada nuestra parcela para que no la invadan. Ése es el principal”.

Lo que está en juego

La invasión de La Ciénaga no sólo ha transformado el paisaje y la vida de los ejidatarios y habitantes originarios, también representa un golpe severo al ecosistema lacustre en el “último remanente” de los grandes lagos del Valle de México.

         De acuerdo con Gerardo Ceballos, zoólogo e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, la construcción irregular de viviendas y la ocupación humana están causando la destrucción del hábitat, lo que deriva en contaminación del agua con desechos urbanos sólidos, líquidos y gaseosos, incluyendo basura y aguas negras, alterando las condiciones del lago y afectando directamente a las especies que dependen de él, muchas de ellas endémicas: “Es decir, que si se extinguen aquí en México, se van a extinguir en todo el mundo”.

         Entre las especies endémicas que mencionó se encuentran flores conocidas como ninfas, y animales como las musarañas, las aves mascarita transvolcánica y monjita mexicana, así como el ajolote mexicano y el cacomixtle. En la zona también habitan serpientes de cascabel, culebras de agua, zorros, camaleones, comadrejas, topos y 314 especies de aves migratorias y canoras.

         El especialista consideró en entrevista que la conservación de este espacio es un asunto que trasciende lo ecológico: es político y social, pues implica una injusticia para los ejidatarios, para el medio ambiente y también para las personas que viven en la invasión, quienes al instalarse junto a un lago se exponen a inundaciones cada vez más frecuentes que vulneran la dignidad de su derecho a la vivienda.

         Además, señaló que la protección de estos espacios refleja la voluntad de una ciudad por mantener su diversidad biológica: “No hacerlo es traicionar la esencia de lo que es un país: salvaguardar la biodiversidad, mantener justicia social y gobernanza. Va de la mano”.

         Para Ceballos, la conservación de La Ciénaga no es una opción, sino un imperativo en el que “el tiempo apremia”, ya que cada día que se permite la invasión es un riesgo mayor para el colapso ambiental y social de la ciudad: sequías, lluvias atípicas, inundaciones recurrentes, contaminación en el aire y escasez de agua son señales que ya se perciben. Lo anterior se debe a que La Ciénega funciona como vaso regulador que modera los efectos del cambio climático: “Lo que está en juego es evitar un colapso de la civilización a corto plazo”. El impacto ambiental de la invasión es, por tanto, directo y severo: pérdida de hábitat, riesgo para especies endémicas, y una amenaza para la capacidad de la Ciudad de México de mantener su equilibrio ecológico y social.

Invasión en la sierra de Santa Catarina

La amenaza ambiental y social, en lugar de disminuir, se expande. Los ejidatarios y habitantes originarios del pueblo de Tlaltenco denunciaron que ya comenzaron a identificar el inicio de la invasión en el camino hacia la sierra de Santa Catarina, que también es suelo de conservación.

         Han observado que suben camiones llenos de cascajo y regresan vacíos. El material, según afirmaron, lo tiran de manera gratuita o a bajos costos en las áreas verdes, donde los invasores lo utilizan para nivelar el piso y expandir los espacios que se prestan a la construcción, pese a los riesgos que, advierte Protección Civil, implican ese tipo de construcciones.

Ahí, en el camino a la sierra de Santa Catarina, la actual administración apenas realizó un desalojo en las primeras casas que se comenzaron a montar en el camino, pero más arriba se pueden encontrar más construcciones, algunas improvisadas, otras con paredes de cemento y varias habitaciones.