miércoles 18 de noviembre de 2026

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Desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó 30%, como durante la pandemia por covid-19. Esto lo atribuyen a que para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente, la Sedena ahora cobra de 105 hasta más de 500 pesos, por lo que mejor se van a Cancún o Playa del Carmen, además de que tanto soldado, aseguran, inquieta a los visitantes.

TULUM, Q.Roo.– El bullicio cotidiano en la entrada principal a la zona arqueológica de Tulum, una de las más concurridas del país, ha sido silenciado tras la llegada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para administrar el Parque Nacional del Jaguar, que ha extendido su control a los principales accesos a la zona y a las playas apagando las actividades de los negocios de este destino turístico.

A partir de diciembre de 2024 la Sedena se hizo cargo de la administración del parque, acondicionado con obra ecoturística que costó más de dos mil 700 millones de pesos al gobierno federal. Fue declarada Área Natural Protegida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Han transcurrido menos de nueve meses y ya han quebrado varios negocios, como las tiendas de artesanías ubicadas alrededor de la zona arqueológica de Tulum, el centro económico histórico que dio origen a la actual localidad, pues para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente se tienen que pagar cuotas al Parque del Jaguar, que van desde los 105 hasta más de 500 pesos.

Estas cuotas aplican para nacionales y extranjeros, por lo que muchos visitantes prefieren irse a otras localidades donde no se les cobra para acceder a las playas, como Cancún o Playa del Carmen.

Esta fuga de turismo amenaza a hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes, principalmente, los cuales, en el verano pasado, cuando esperaban los repuntes de más de 90% de ocupación, experimentaron desplomes de hasta 30%, cifras que sólo se habían registrado durante la pasada pandemia, de acuerdo con datos del propio sector.

Aunque ya hubo protestas airadas de la población local que lograron que se abriera un acceso sur a la costa, ésta no fue una solución definitiva, por lo que la inconformidad continúa y se resienten los impactos por la disminución de turismo.

Para administrar el Parque Nacional del Jaguar la Sedena fundó en 2022 el Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica (Gafsacomm), empresa pública creada para construir y operar proyectos federales iniciados durante el sexenio pasado.

Para realizar sus actividades en esta zona, el instituto armado hace uso de efectivos militares y de la Guardia Nacional, uniformados que ya han tenido roces con la población civil, en algunos casos hasta violentos.

Comerciantes señalan que los militares incluso realizan labores de vigilancia y control de precios de productos en establecimientos turísticos.

Mientras tanto se ha permitido la construcción de condominios de lujo alrededor del Parque del Jaguar, precisamente en la zona de influencia del Área Natural Protegida, lo cual constató Proceso en un recorrido por el sitio.

Los propietarios de estos condominios tienen la oportunidad de ingresar de manera gratuita al lugar, al tramitar una “constancia de residencia” que ofrece precisamente el Gafsacomm, aunque el resto de los quintanarroenses e integrantes de comunidades mayas de otras partes de la entidad tienen que pagar por el acceso.

En las mesas de trabajo que hubo recientemente la representación del Gafsacomm se negó a dialogar directamente con los pobladores inconformes, pues aún mantiene el control de cuatro accesos públicos cerca de la zona arqueológica, que el año pasado recibió 1.2 millones de visitantes, con lo que es la segunda más concurrida de la península de Yucatán, sólo por detrás de Chichén Itzá.

Para este reportaje se buscó la posición del Gafsacomm mediante el número de teléfono que aparece en su página de internet, sin lograr respuesta.

Control empresarial

El 13 de abril de 2022, en plena agitación por el desmonte de selva sin autorización ambiental para la construcción de la vía del Tren Maya en esta parte del país, se decretó la creación del Gafsacomm, empresa de participación estatal constituida con 99% de dinero aportado por la Sedena y 1% proveniente del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).

Se le entregó desde un principio la operación y explotación de los aeropuertos Felipe Ángeles, Palenque, Chetumal, Tulum y el Tren Maya, aunque luego hubo modificaciones.

El 29 de julio de ese año la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acordaron entregar la administración del Parque Nacional del Jaguar al Gafsacomm.

Eso ocurrió apenas dos días después del decreto que creó el Área Natural Protegida, un espacio de conservación de más de dos mil hectáreas criticado por los ambientalistas de Sélvame del Tren, pues, alertan, incumple con los parámetros ambientales de conservación.

Hoy el Gafsacomm, mediante Mundo Maya, de acuerdo con su portal de internet, administra 12 aeropuertos (entre ellos, el de Puebla, Palenque y Chetumal) y los hoteles construidos por la Sedena a lo largo de la ruta del Tren Maya.

Además de encargarse del Parque Nacional del Jaguar, la empresa también maneja el Parque Nacional de Tulum, otra Área Natural Protegida.

La gerencia de todo el espacio recae en Fortino Aquino Torres, un coronel retirado especializado en sistemas de comunicaciones y de seguridad. Durante 43 años fue miembro activo del servicio de Transmisiones del Ejército.

El control de ambos espacios se ejerce mediante la marca Grupo Mundo Maya, apenas en proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La empresa de la Sedena ha sido permisiva con la construcción de desarrollos inmobiliarios.

En el acceso principal al Parque Nacional del Jaguar, al norponiente del pueblo de Tulum, en los límites del Área Natural Protegida y dentro de su zona de influencia, se construye el proyecto Eos Curio Collection by Hilton, el cual fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2023, pero las obras se reanudaron hace unas semanas, tras pagar una multa de más de tres millones de pesos.

El permiso fue otorgado en favor de Desarrollos Inmobiliarios Turquesa para la conclusión de trabajos en un plazo de dos años, de acuerdo con el resolutivo SRA/DGIRA/DG-06163-25 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El promovente es una sociedad mercantil que, de acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, tiene como representante a Héctor Manuel de Zulueta Ochoa, relacionado con construcciones en otra área natural, Manglares de Nichupté, en Cancún, como dio a conocer Proceso en julio de 2014.

El desarrollo inmobiliario contempla torres para condominios a un lado también de un destacamento de la Marina, que recientemente fue terminada de construir. La zona se considera de alta plusvalía.

En una situación similar se encuentra Aldea Zamá, del lado sur del parque, donde tampoco se han frenado las edificaciones y existen condominios que quedaron en zonas favorecidas, como la propiedad de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de López Obrador, cuyo caso se dio a conocer en el número de agosto de 2024 de Proceso.

Declive turístico y protestas

Desde los primeros días de diciembre de 2024, cuando el Gafsacomm tomó el control de los principales accesos a la playa, el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, advirtió una afectación que traería a la larga las restricciones impuestas por la paraestatal.

“Nos preocupa que haya disposiciones adicionales que afecten a los trabajadores y visitantes”, advertía en un comunicado que distribuyó a los medios de comunicación el 13 de diciembre de 2024, días después de que la empresa militar asumió la administración del Área Natural Protegida.

Los primeros afectados fueron los artesanos, que por años habían permanecido en el acceso a la ya mencionada zona arqueológica, pues la empresa de gobierno modificó la ruta de acceso a turistas para llegar hasta los vestigios mayas.

Algunos artesanos, pese a esto, se han aferrado a quedarse en el sitio, aunque dicen que abandonarán pronto el lugar si las cosas no cambian.

“No hay gente por el exceso de cobro del Parque Nacional del Jaguar. Desde que inició en diciembre vimos que perjudicó”, cuenta Nora Elena Palacios, artesana de la zona arqueológica.

Ella ha atestiguado el abandono paulatino del área comercial. Desde su local de artesanías se percata diariamente del desconcierto de los turistas, que además de pagar por entrar al Parque Nacional del Jaguar tienen que desembolsar un pago extra de 100 pesos, exigido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para ingresar a la zona arqueológica, pues se encuentra también dentro del área controlada por el Ejército.

Este acceso anteriormente era el más concurrido en esta localidad. Hoy, tras el abandono, luce hasta con maleza de varios lados, con locales cerrados y un sitio de taxis en espera de clientes que ya no llegan.

Los taxistas se niegan a hablar. Son del sindicato Tiburones del Caribe, que se fundó precisamente para prestar servicios en esa zona. Uno de ellos comenta que no quieren tener represalias de sus dirigentes, que forman parte del gobierno municipal de Morena. También, revelan, porque los miembros de la Guardia Nacional actúan como inspectores de comercio y ya se han llevado detenidos tanto a taxistas como a comerciantes, con el argumento de que no dan los precios de productos y servicios que los militares consideran adecuados.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Tulum cuenta con 22 mil 882 cuartos de hotel distribuidos en 239 hoteles. Una noche aquí puede costar desde 10 mil pesos en la zona hotelera, donde se ubican los centros de hospedaje tipo ecológico.

No obstante, el verano pasado el corredor hotelero que va rumbo a Sian Ka’an, Área Natural Protegida que quedó fuera del control de la Sedena, permaneció semivacío.

Muy cerca de la zona hotelera está Punta Piedra, la única playa de acceso libre que no es controlada por el Ejército, pero es un tramo costero pedregoso al que pocos turistas van a asolearse, pues no les resulta tan atractivo.

“No contamos con playas públicas, salvo Punta Piedra”, lamenta Alejandro Escalante, gerente de la casa de buceo Mexidivers, ubicada cerca de ahí.

Según el gobierno de Tulum, el municipio cuenta con 25 accesos públicos a la costa, pero los más importantes para la actividad turística se ubican en el área controlada por el Ejército.

En los últimos meses, la inconformidad por el control militar creció con protestas efectuadas principalmente cerca del acceso al Parque Nacional del Jaguar, en la carretera federal 307, la importante vía que comunica Tulum con la Riviera Maya y Cancún.

“Este aspecto de la militarización yo creo es un factor que asusta al turismo, porque los visitantes extranjeros no están acostumbrados a que militares estén por todos lados. Creo que por esa parte espanta un poco y no se sienten tan seguros, se van a las alertas de que pueda pasar algo”, expone Cinthya Peraza Moreno, integrante del colectivo ciudadano Por Playas Libres Tulum.

Durante la primera semana de septiembre último, el Gafasacomm reculó y permitió el paso libre a la costa, únicamente por la entrada sur del Parque Nacional del Jaguar.

Pero el acceso tiene restricciones. No se puede pasar con botellas de plástico de un solo uso, algo que los usuarios aceptan apenas. Y en caso de querer hacer uso de clubes de playa o restaurantes, el Gafsacomm solicita de manera inmediata el pago que se requiere por ingresar al Parque Nacional del Jaguar, situación que no beneficia ni al turismo ni a los negocios, pues equivale a pagar por consumir en la playa.

Proceso conoció que las manifestaciones cesaron porque tanto el alcalde, Diego Castañón Trejo, como la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, se han comprometido a negociar un paso de servidumbre por la zona arqueológica, que pudiera permitir reabrir el principal acceso público a la playa.

El gobierno local envió recientemente una solicitud a la Conanp para habilitar el acceso y espera una respuesta en 30 días hábiles.

En caso de que haya una respuesta negativa, ya algunos grupos inconformes preparan otras alternativas para retirarle un poco del control al Gafsacomm: solicitar un amparo o continuar con los bloqueos carreteros.