miércoles 18 de noviembre de 2026

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Sin extender su mandato ni convocar a una Asamblea Constituyente, Andrés Manuel López Obrador logró que su Plan C se convirtiera en norma constitucional. Un año después de dejar el poder, su proyecto político avanza bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, con implicaciones profundas para el equilibrio institucional del país. Venezuela, Bolivia y Ecuador también realizaron procesos constituyentes, pero no implicaron regresiones democráticas tan profundas como en México, advierten académicos y politólogos.

Un año después de concluir su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puede ufanarse de que su Plan C es ya, en sus puntos medulares, letra constitucional.

Y esto lo hizo sin necesidad de convocar a un proceso constituyente, como lo han hecho otros mandatarios latinoamericanos decididos a cambiar el régimen político de sus países. Y lo hizo, también, sin necesidad de extender su mandato.

Sólo le bastó dejar escrito el guion de su proyecto transexenal, el Plan C, que la presidenta Claudia Sheinbaum y el Legislativo –donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, lo que les permite modificar la Constitución– han seguido al pie de la letra desdeñando a la oposición política, a la academia y a la sociedad civil.

López Obrador mostró el camino en septiembre de 2024, su último mes de gobierno, cuando en 15 días, ya con un nueva Legislatura en funciones, sacó adelante la reforma judicial que le habría de dar a Morena el control del Poder Judicial en las elecciones de junio de este año, las cuales estuvieron marcadas por los famosos “acordeones” para “orientar” a los votantes.

Antes de entregar el poder presidencial a Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el líder moral de Morena también dejó lista la reforma constitucional que integró formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que selló la militarización de la seguridad pública.

Lo que siguió después, ya en el gobierno de Sheinbaum, ha sido la implementación expedita de los puntos de gran calado del Plan C, como la extinción de los organismos autónomos, la redefinición del control estatal en empresas estratégicas y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.

También, la aprobación de las leyes secundarias de las reformas judicial y de la Guardia Nacional.

Desde su finca en Palenque, López Obrador ha visto cómo sus principales postulados políticos ya adquirieron rango constitucional.

El profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia, Nicolás Figueroa García-Herreros, afirma que lo ocurrido en México en el último año a nivel legislativo “tiene todas las características de un proceso constituyente” diseñado para lograr “un cambio de régimen basado en la hegemonía de un partido”.

Y señala que, a diferencia de procesos constituyentes que ampliaron la democracia, el pluralismo y los derechos ciudadanos, como la Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia, lo que está en marcha en México es un proceso de reformas constitucionales profundas que han llevado a la concentración del poder y a la imposición de nuevas reglas para posibilitar la continuidad del proyecto político lopezobradorista.

En ese sentido, afirma el abogado, doctor en sociología y autor de varios estudios sobre procesos constituyentes en América Latina, el caso mexicano se parece más a la Constituyente de Hugo Chávez en 1999, que marcó el inicio de la militarización y de la captura de todos los poderes del Estado por parte del chavismo en Venezuela, que a la Constituyente colombiana de 1991.

La última daga

A Morena aún le falta dar trámite y aprobar la reforma electoral incluida por López Obrador en el Plan C, la cual contempla la eliminación de las diputaciones plurinominales que durante décadas garantizaron representación legislativa a las minorías políticas, así como una reducción del financiamiento a los partidos políticos.

Aunque en este octubre comenzarán a realizarse consultas, foros y mesas de discusión sobre la reforma, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, ya anunció que Morena hará valer su condición de mayoría.

Para el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Toronto, Alejandro García Magos, la concreción de la reforma electoral que impulsa Sheinbaum sería “una estaca en el corazón de lo que queda de la democracia mexicana”, porque sin diputaciones plurinominales “vamos a tener un Congreso en el que 90% de los legisladores van a ser de Morena”.

Y afirma que, además, si el partido hegemónico logra consolidar, con esta reforma, su control sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la alternancia en el poder “va a ser prácticamente imposible, porque van a tener al réferi (de los comicios) en el bolsillo”.

García Magos, un académico mexicano que lleva varios años estudiando el proceso de regresión democrática en el país, indica que un ejemplo de la manera en que Morena usa al INE y al TEPJF es que estos dos organismos avalaron dar a ese partido y a sus aliados, mediante una interpretación sesgada de la ley, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Y esto es lo que le ha permitido reformar la Constitución y actuar como Constituyente de facto.

“Lo han hecho con una supermayoría espuria con la que emprendieron el camino de la desnaturalización de la Constitución mexicana, que con estas reformas regresivas quedó irreconocible”, dice el politólogo.

Lo cierto es que pocos mexicanos pensaron el 5 de febrero de 2024 que el Plan C lanzado ese día por López Obrador, en la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917, había de traducirse un año y ocho meses después en una nueva carta política que lleva el sello del fundador de Morena.

La voluntad de AMLO

Lisa Sánchez, maestra en ciencias políticas de la Universidad Paris, dice que las reformas estructurales del Plan C de López Obrador, de las cuales sólo está pendiente la electoral, constituyen el rediseño del Estado y del funcionamiento del Estado porque acabaron por eliminar contrapesos como el Poder Judicial –que Morena “tomó por asalto” en las elecciones judiciales de junio último– y los organismos autónomos. Además, se militarizó la seguridad pública.

De acuerdo con Sánchez, otras reformas que recibieron poca atención pública por su carácter técnico, pero que atentan contra derechos ciudadanos, son la que anula las suspensiones y las sentencias de efectos generales en la ley de amparo, y la que blinda las reformas constitucionales que realice el Congreso de cualquier impugnación ante el Poder Judicial.

“Hay un incremento de las capacidades de arbitrariedad del Estado y sin duda alguna éstas son reformas de talante autoritario”, asegura la directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Y sostiene que el Plan C, “en los términos en los que fue enviado al Congreso por el Ejecutivo y en los términos en los que ha sido aprobado por el Legislativo, es la hechura y la voluntad de Andrés Manuel”.

Sin embargo, “a quien le está tocando hacer las leyes secundarias es a Claudia Sheinbaum, y las leyes secundarias, en algunos casos, han estado peor que las propias reformas constitucionales”, plantea Sánchez.

Indica que es difícil saber si esto es porque López Obrador está haciendo política desde Palenque “o porque el voluntarismo de sus sucesores por apoyar el mismo proyecto político es tal que están dispuestos a profundizarlo”.

Y agrega que no hay que eximir de responsabilidad a quienes hoy ocupan el poder.

A toda prisa

La profesora de Democracia y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame, Laura Gamboa, afirma que hay un debate académico sobre si Morena ya instauró en México, o no, un régimen “de autoritarismo competitivo”.

“Mi impresión –dice– es que si el régimen político mexicano no se ha convertido en un autoritarismo competitivo, claramente está muy cerca de convertirse en eso. Es lo que había con el PRI, un sistema en el que había competencia electoral y los partidos de oposición podían participar en elecciones, pero mágicamente sólo el PRI ganaba porque las reglas del juego estaban diseñadas para eso”.

Para la doctora en ciencias políticas y autora del premiado libro Resistiendo el retroceso: Estrategias de oposición contra la erosión de la democracia, lo que está pasando en México “es un caso clásico de erosión democrática, como el que hemos visto en otras partes del mundo, incluyendo Venezuela”.

Aunque en el caso de Venezuela, a Hugo Chávez le tomó varios años apropiarse del Poder Judicial. La Constituyente de 1999 mantuvo una relativa independencia de los tribunales y creó un sistema electoral que los observadores internacionales consideraban confiable.

De acuerdo con Gamboa, el Estado autoritario en Venezuela se construyó con una serie de reformas que impulsaron Chávez y después Nicolás Maduro, a través del tiempo.

A Chávez le llevó cinco años cooptar al Poder Judicial, entre 1999 y 2004, mientras que a López Obrador le tomó 15 días hacer aprobar su reforma judicial en el Congreso. Seis meses después, se realizó la elección de los famosos “acordeones”.

Para Gamboa, el hecho de que Morena hubiera logrado una mayoría legislativa en las elecciones de junio de 2024 y de que el INE y el TEPJF le hayan dado una “supermayoría” a la coalición que formó con sus aliados —los partidos Verde y del Trabajo—“le ahorró” un paso a López Obrador.

Esto, porque sin necesidad de una Constituyente logró impulsar los cambios constitucionales que dan continuidad a su proyecto político.

Caudillos y partidos

Gamboa, maestra en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas, en Austin, señala que los procesos constituyentes en Venezuela (1999), Ecuador (2007-2008) y Bolivia (2009) no implicaron regresiones democráticas tan profundas como la que se observa en México, aunque en los tres casos los Ejecutivos mostraron rasgos autoritarios que minaron instituciones que les hacían contrapeso. Esto ocurrió especialmente con Chávez.

“El fenómeno de erosión democrática es el mismo, pero los mecanismos con los que se da este fenómeno cambian de país a país”, afirma la investigadora especializada en política comparada, cambio de régimen y sistemas de partidos en América Latina.

Gamboa considera que unos de los factores que hicieron posible el cambio de régimen en México es “la falla” de las oposiciones, que “compraron tiempo” con el Plan B –el paquete de reformas que contuvo la Suprema Corte de Justicia–, pero que no aprovecharon esas victorias coyunturales para crear opciones electorales competitivas de cara a los comicios de 2024.

“En vez de utilizar los seis años de López Obrador para entender qué había pasado, para reconstruirse internamente, para limpiar sus estructuras, para traer nueva sangre, los partidos políticos opositores se anquilosaron y no entendieron lo que estaba pasando”, asegura.

La académica señala que si bien el proyecto de López Obrador es caudillista, también es fuertemente partidista, lo que lo equipara con el proceso político boliviano que se construyó alrededor de Evo Morales, un líder carismático, y con un partido fuerte y de arraigo social, el Movimiento al Socialismo (MAS), que el mes pasado perdió su primera elección presidencial en 20 años, en medio de fuertes divisiones internas.

“Hay un proyecto personalista, pero también hay un partido –plantea–, y tan es así, que López Obrador se baja del poder y se lo entrega a Claudia Sheinbaum, porque él sabe que ella va a seguir con los lineamientos generales”.

Para el politólogo Alejandro García Magos, lo que está en marcha en México “es un proyecto transexenal en el que Claudia Sheinbaum queda como encargada del despacho, rodeada de funcionarios que le heredaron, y sigue a pie juntillas, sin quitarle una coma, el Plan C de López Obrador… eso no se había visto en México nunca”.

De acuerdo con el académico, lo que hoy existe en México es “un autoritarismo competitivo” en el que López Obrador “tiene un poder informal, no institucionalizado, y eso habla mucho sobre la degradación política que ha habido en el país”.

Hace un año y cuatro meses, en junio de 2024, cuando recién había ganado Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, el sociólogo Armando Bartra dijo a Proceso que la Legislatura que se había de instalar el 1 de septiembre de ese año sería “de hecho, la Constituyente de la 4T”, y que de ella surgiría una “nueva Constitución” orientada por el proyecto político, económico y social del movimiento lopezobradorista.

Bartra, un intelectual de izquierda cercano a Morena, vaticinó que lo que vendría en México a nivel legislativo sería un proceso equivalente al de las asambleas constituyentes que en su momento impulsaron Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

A la luz de los hechos, Bartra acertó en su pronóstico.