Pese al control militar de las aduanas prometido por el entonces presidente López Obrador para acabar con el huachicol, una red de contrabando de combustibles se expandió en su sexenio con la complicidad de funcionarios y empresarios. Eso causó un desplome de ventas de Pemex entre 2022 y 2024. La red, descrita por la embajada de EU, involucraba a navieras, transportistas y empresas de seguridad, e incluso se vinculó una compañía del boxeador Saúl Canelo Álvarez. Esa red es señalada por evadir impuestos y financiar a cárteles mediante la importación ilegal de hidrocarburos.
Al mismo tiempo que las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desinflaron, en las entrañas del país se extendió una red de contrabando de combustibles, tejida en complicidad entre el sector privado y el público, y que echaba por tierra la frase presidencial de Andrés Manuel López Obrador: “Hemos podido borrar prácticamente todo el huachicol”.
La telaraña se empezó a tejer en 2022, cuando el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación hizo que los militares asumieran el control de las aduanas, con la promesa de cerrar las llaves del contrabando de combustibles.
De acuerdo con un análisis de Proceso, las ventas totales de la petrolera mexicana sufrieron un desplome de 29.7% entre 2022 y 2024. En ese 2022, cuando la economía apenas empezaba a salir de la crisis por covid-19, Pemex todavía generaba ingresos por 2.3 billones de pesos. Pero apenas dos años después la caja ya no se llenó igual, el total se había reducido hasta 1.6 billones de pesos.
La merma fue más visible en los mercados preferidos del huachicol: la gasolina y el diésel. Durante el periodo encabezado por Octavio Romero Oropeza, Pemex observó cómo sus ventas nacionales de gasolina cayeron 22.8 por ciento.
En 2022 la venta de gasolina alcanzó 610 mil 713 millones de pesos, pero en 2024 la cifra descendió a 471 mil 668 millones.
Mientras que el diésel, motor del transporte de mercancías y pasajeros, también sufrió un retroceso de 34.5% en el mismo lapso. En 2022 Pemex reportó 303 mil 199 millones de pesos por la venta de este combustible; al cierre de 2024 apenas pudo registrar 198 mil 473 millones.
Hay una explicación detrás de esta caída. Más allá del precio de la mezcla, explicó en entrevista con Proceso el analista energético Ramsés Pech, uno de los factores decisivos es el huachicol; es decir, el volumen que Pemex dejó de vender.
“El huachicol es un volumen que deja de vender Pemex, son 30 a 40 mil millones de pesos anuales. Este monto hay que sumarlo a las pérdidas de las ventas de gasolina y diésel, es lo que debería ganar Pemex”, detalla.
Pech expone que el mercado mexicano de combustibles representa alrededor de 2.8 billones de pesos para el 2025.
El total de este mercado, que ronda entre los 800 a 900 mil millones de pesos, corresponde a impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Pemex tiene una afectación directa entre los 30 a 40 mil millones de pesos por el robo del combustible en sus ductos, y esto representa entre el 3 a 5% del total de las ventas del total de los petrolíferos que venden en el mercado mexicano, en donde están la gasolina y diésel.
Solo por el concepto de IEPS, puede haber una perdida entre los 150 a 200 mil millones de pesos.
“Al sumar las dos formas detectadas en que introduce combustibles de forma ilícita en el mercado, la afectación a Pemex y la nación está alrededor de los 180 a 240 mil millones en forma anualizada en promedio observado”, comentó.
La red del huachicol
En el sexenio de López Obrador, mientras se entregaban las aduanas a la Marina con la promesa de acabar con el huachicol, se fue tejiendo una red que más tarde la embajada de Estados Unidos describiría hasta 2025 como el modus operandi del huachicol fiscal.
Ese esquema incluyó navieras, transportistas, importadoras de combustibles, firmas de seguridad privada e incluso negocios ligados al boxeador Saúl Canelo Álvarez, tan sólo en el caso del contrabando de combustibles en Tampico.
Todas, de distinta forma, convergen en la operación de una misma red, como revelan documentos oficiales, actas constitutivas y contratos revisados por Proceso.
En julio de este año, la embajada difundió un video en el que explicó que el huachicol fiscal consiste en importar y vender hidrocarburos de manera ilícita, evadiendo impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada”, señaló el gobierno estadunidense, al tiempo que recordó que esos recursos terminan en manos de cárteles que ya han sido declarados grupos terroristas por ese país.
Eslabón marítimo
El primer eslabón aparece en el mar, con Alta Marítima, SA de CV, constituida en 2016 en Polanco, Ciudad de México. Fue señalada en una denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) por “ayudar a meter 31 buques con huachicol fiscal” por el puerto de Tampico, Tamaulipas.
De acuerdo con la investigación, durante las administraciones del vicealmirante Salvador Camargo Vivero y de Francisco Javier Antonio Martínez en esa terminal marítima se permitió la entrada de entre 20 y 23 barcos que descargaron aditivos disfrazados.
El vicealmirante Camargo Vivero, quien estuvo al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, buscó ampararse luego de las detenciones de varios funcionarios de aduanas el 4 de septiembre último, entre ellos Francisco Javier Antonio Martínez, quien fue su director de Administración y Finanzas en esa aduana.
En el expediente aparecen los nombres del vicealmirante Manuel Roberto, ya detenido, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, con ficha de búsqueda de Interpol, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina Rafael Ojeda, en el gobierno de López Obrador.
A esa vía se sumó Intanza, SA de CV, creada en 2012 en Monterrey. Desde 2023 la encabeza Ramiro Rocha Alvarado, quien compró acciones a los socios fundadores.
En 2025 la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la identificaron como responsable de importar más de 10 millones de litros de diésel disfrazados de aditivos, en el mayor decomiso de huachicol portuario. Sus socios, Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, mantienen negocios con el detenido Francisco Javier Antonio Martínez, entonces directivo de la Asipona Tampico.
Ruta terrestre
El combustible ilegal pasó de los muelles a la carretera con Mefra Fletes, SA de CV, fundada en 2015 en Monterrey, que fue cateada el 27 de marzo de 2025 y a la que se le decomisaron casi nueve mil litros de diésel automotriz, tres mil 500 litros de urea, ocho tractocamiones y 24 pipas rotuladas con el nombre de la empresa.
En sus registros se destaca que en 2019 los fundadores Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jesús Guillén Chávez transmitieron sus acciones a José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques.
En 2023 se nombró apoderado a Anuar González Hemadi, exjuez destituido por corrupción en 2019; en 2025 fue revocado y sustituido por Mario Castro Landeros, coincidiendo con el cateo.
En paralelo, operaba Autotransportes Montimex, SA de CV, creada en 2001 en Monterrey, también relacionada con el Señor de los Buques, pues la sociedad quedó vinculada a José René Tijerina Mendoza y Blanco Cantú.
Sus registros incluyen la revocación de José Martín Tijerina Rodríguez y el nombramiento de Artemio de la Rosa Almaguer como representante, además de la participación de María del Rosario Rodríguez Tobías como socia.
Seguridad y red familiar
Esta red que operó por todo el país también tuvo la participación del sector de seguridad privada. En 2012 se constituyó en Naucalpan, Sedegral Seguridad Privada, Defensa General, SA de CV, administrada por Alejandra Janeth Arámbula Sánchez y con accionistas como Óscar Audomaro Martínez Hernández (hijo del general Audomaro Martínez Zapata), Diana Yamilet Hernández Zárate (esposa del general) y Luis Arturo Oliver Navarro.
Como representante legal aparece David Alejandro Terrazas Pavón. En 2024 la Secretaría de Marina otorgó a Sedegral un contrato por 98.5 millones de pesos para custodiar el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
La familia Martínez también creó en 2016, en Tabasco, Agropecuarios e Industriales Audomarza, SA de CV, administrada por el propio general en retiro. En la sociedad participan su esposa y sus hijos: David Ashdruval, Itzel, Paola Yudith y Óscar Audomaro Martínez Hernández.
La misma red se expande con Grupo Centurión Combustibles de Durango, SA de CV, registrada en 2018 en Tlalpan, con Miguel Ángel Guevara Trejo como accionista y vínculos con Grupo Centurión Combustibles, SAPI de CV.
Esa compañía ha sido relacionada con David Ashdruval Martínez Hernández y con Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua y dueño de SEICSA, empresa de seguridad que acumuló contratos por casi cuatro mil millones de pesos durante el sexenio. La operación de SEICSA en el puerto de Guaymas, donde el gobierno federal aseguró dos millones de diésel, fue dada a conocer por Proceso en su edición mensual de junio último (“Semar contrata a empresa de cónsul honorario de Nicaragua. Bajo su custodia entró combustible ilegal a México”).
En 2021 surgió Gold Star Butcher Carnes y Cortes Finos, SA de CV, en Álvaro Obregón, Ciudad de México, dedicada a la venta de carne, pero con accionistas como Juan Jerónimo Zorrilla Solana y Roberto Carlos Avendaño Vázquez.
Este último es socio en negocios con David Ashdruval Martínez Hernández y aparece como apoderado en la sociedad, junto con Óscar Orozco Maupone. El administrador único es Marco Antonio Velásquez Bado.
El puente aéreo y el salto al ring
El nombre de Édgar Marín Meza Moreno conecta a la red. En 2013 dirigió Impulsora de Productos Sustentables (IPS Fuel), empresa creada en Guadalajara para importar turbosina y combustibles y que representó a la extinta Interjet ante Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Su permiso fue uno de los 139 cancelados por la Comisión Reguladora de Energía por no acreditar ventas. Marín también fue presidente de Ecocarburante.
Desde 2020 aparece como director general de Canelo Energy, SA de CV, compañía fundada en Guadalajara y presidida por el boxeador Saúl Álvarez. En su consejo figuran Omar Guillermo Orozco Barragán (apoderado con facultades fiscales y judiciales) y Eric Daniel Zamora Delgadillo (señalado como presunto huachicolero y acusado de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación).
Zamora Delgadillo es propietario de la empresa Ecocarburante, señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por huachicol, en la denuncia en contra de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Ojeda.
El boxeador y sus socios también sobresalen por la compraventa irregular de un terreno deportivo de siete hectáreas, valuado en 100 millones de pesos, propiedad de la cooperativa Tradoc, mediante una asamblea simulada encabezada por SSA Capitales y Más, una de sus socias.
Como propietaria de Canelo Energy está el Corporativo Milmerv, SA de CV, también propiedad del boxeador y que así se une al Transbus El Salto, que fue la compañía favorita del exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez en materia de licitaciones de movilidad.








