miércoles 18 de noviembre de 2026

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Un alto funcionario de la Auditoría Superior de la Federación reveló “graves irregularidades y prácticas opacas” del área a cargo de Emilio Barriga, el auditor especial de Gasto Federalizado, quien negocia con gobiernos locales para realizar auditorías en las cuales las irregularidades no derivan en “pliegos de observaciones”. Los señalamientos, asegura, fueron archivados. “Cuando un auditor se opone a los resultados que se pretenden justificar es estigmatizado como ‘poco institucional’ e incluso se amenaza con despidos”, lamenta el denunciante.

El año pasado, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 62 contratos que el gobierno de Nuevo León de Samuel García Sepúlveda otorgó y pagó con recursos federales en 2023, los auditores determinaron un sinfín de irregularidades derivadas de la “falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto y del cumplimiento del objeto de los contratos (…) que acredite la entrega de los bienes”. Por ello, el informe de auditoría presumió un “daño o perjuicio” a la Hacienda Pública por 192 millones 334 mil pesos.

La misma ASF revisó otra muestra de contratos, ahora de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, otorgados por el gobierno de la morenista Margarita González Saravia Calderón, también en 2023. Los auditores recopilaron una gran cantidad de información (27 CD, un USB y anexos) y de nueva cuenta detectaron una “falta de información contractual (número de contrato, proveedor, RFC y partida, entre otros) (…) que acredite la contratación o que justifique los gastos diversos del total de las erogaciones”, por un monto aún mayor: mil 151 millones 242 mil pesos.

Sin embargo, en lugar de determinar un pliego de observación y de presumir un daño a la hacienda, el informe de la ASF sólo emitió una “solicitud de aclaración” mediante la cual invitó al gobierno de Morelos a aportar más información, una acción permitida en la normativa del ente fiscalizador, pero reservada para casos excepcionales.

En ambos asuntos, el gobierno estatal no pudo justificar que los bienes o servicios contratados –y pagados con recursos federales– fueron entregados, pero la ASF aplicó una normativa distinta entre ambos.

De acuerdo con una denuncia presentada por un alto funcionario de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) en el primer trimestre de este año, ese doble rasero derivó de una decisión de “ayudar” al gobierno de Morelos, que el director general de Gasto Federalizado “D”, Aureliano Hernández Cadel, instruyó a los auditores de su área.

Esta denuncia, en poder de Proceso, detalla las “graves irregularidades y prácticas opacas” del área de la ASF a cargo de Emilio Barriga Delgado, el Auditor Especial de Gasto Federalizado, que tiene la misión esencial de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales gastan los recursos federales.

El denunciante, que prefiere reservar su identidad, ofrece otros nueve casos en los que el equipo de Barriga tomó acciones distintas por irregularidades idénticas –advierte que “no son los únicos ni los más relevantes”– y señala que el grupo de Barriga negocia con los gobiernos locales para realizar auditorías a modo, en las cuales las irregularidades millonarias no derivan en “pliegos de observaciones”.

“Es común que los enlaces o personal de (los estados y municipios) envíen únicamente la información que les conviene, argumentando que ya se llegó a un acuerdo previo con el maestro Emilio Barriga, el maestro Aureliano Hernández o el licenciado David Isaac Ortiz (secretario técnico del área)”, deplora la persona denunciante. “Esta práctica obliga a los auditores a justificar montos millonarios sin contar con los elementos necesarios para respaldar dichas decisiones, lo que les coloca en un estado de total indefensión y vulnerabilidad”.

Explica que cuando un auditor se opone a los resultados que se pretenden justificar es estigmatizado como “poco institucional” e, incluso, lo amenazan con despidos, “argumentando que él es el corrupto”.

El denunciante añadió a su escrito más señalamientos sobre la presunta corrupción –sin dar más detalles– y sobre la contratación de personas sin experiencia, pero con “conexiones personales”, quienes arman expedientes deficientes y obligan a los auditores a trabajar a marchas forzadas para corregirlos.

La sombra de Monreal

De acuerdo con el alto funcionario de la ASF, la denuncia fue recibida por la UEC, el cuerpo técnico de la Cámara de Diputados que supervisa al ente fiscalizador, pero enseguida fue archivada.

Su testimonio coincide con los de otros exaltos funcionarios de la ASF, quienes denunciaron que, durante los más siete años de gestión de David Colmenares Páramo, el ente fiscalizador se ha convertido en una oficina donde los contenidos de los informes son sujetos a negociaciones políticas.

Esta situación ha llevado a la ASF a evitar las auditorías incómodas para el poder, incluyendo los megaproyectos de la 4T, o a implementar la figura de “auditoría con enfoque preventivo”, que exenta a las obras sensibles de una revisión a detalle, como lo ha documentado Proceso en su edición de julio último.

Aparte, David Colmenares ha concentrado la facultad de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, dirigida por su amigo y exempleado Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre. Por lo general, los auditores del área desconocen los expedientes y pasan meses en estudiarlos, lo que genera un embudo y desemboca en un escaso número de denuncias presentadas.

A lo largo de su gestión Colmenares ha entregado cargos clave a sus incondicionales y a actores políticos de todos los partidos. “Hubo muchos cambios al interior de la ASF, han entrado personas que puedes identificar con políticos, y deshacer este entuerto de intereses que se metieron ahí va a estar difícil”, considera Gerardo Lozano Dubernard, quien fuera Auditor Especial de Cumplimiento Financiero entre 2018 y 2021. “Yo veo a la ASF inmersa no tanto en un ámbito técnico, sino en uno político”.

Un caso reciente ha sido el de Javier Villarreal Terán, un político de estirpe priista que fue diputado local de Tamaulipas por Morena. En la ASF Villarreal aparece ahora como director general de Gasto Federalizado, bajo la supervisión de Emilio Barriga. El político fue multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en octubre de 2019 por omisiones en materia de fiscalización de los candidatos a diputados durante la precampaña.

Y no sólo esto: ese político de estirpe priista, quien fue dos veces presidente municipal de Ciudad Mante y secretario de Turismo durante el gobierno del priista Eugenio Hernández Flores, ha sido asesor del entonces senador Ricardo Monreal Ávila entre 2019 y 2021.

De hecho, el nombramiento de Villarreal en la ASF coincide con la designación de dos incondicionales de Monreal (líder de Morena en la Cámara de Diputados) en la UEC en febrero pasado: el veracruzano José Manuel del Río Virgen, quien está ahora al frente de la unidad de Control Interno y Evaluación; y Nélida Nayethzy Chavero Becerril, su directora de Recursos Materiales en la entonces delegación Cuauhtémoc, funge como directora de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social.

Durante una amplia entrevista con Proceso, Gerardo Lozano explica que estos movimientos tienen que leerse en la pugna venidera por la sucesión de David Colmenares, cuyo mandato concluirá el próximo año.

“La designación del auditor superior recae en la Cámara de Diputados y requiere de mayoría calificada; Morena la tiene, por lo que no tiene que sentarse con el PRI, el PAN o alguien más para llegar a un acuerdo, y nunca se había dado esta circunstancia. Ahora Morena va a decidir, pero vamos al siguiente nivel: ¿en Morena quién? En la Cámara de Diputados el líder es Ricardo Monreal, cuya huella se ve en cambios que se están dando en el sector”, detalla.

“La presidenta debería meter las manos”

Lozano, quien acarició durante un tiempo la idea de candidatearse para la ASF, pero finalmente prefirió quedarse al margen del proceso, advierte que no se puede descartar que Colmenares busque reelegirse, aunque considera que esto no debería permitirse. “Si trabajaste bien durante ocho años en la ASF te quieres ir a tu casa; es casi un apostolado para el país estar ahí metido, denunciar y aguantar las presiones”, dice.

En su opinión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debería intervenir en el proceso de selección para impedir que se repita el escenario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el que Rosario Piedra Ibarra fue designada por Morena pese a haber destacado entre las peores evaluadas.

“Yo creo que la presidenta debería meter las manos en un nombramiento más que estratégico, para que esté enterada de quién está ejerciendo bien los recursos y quién no. Necesita tener información de primera mano sobre quién está haciendo negocios, porque si queda en manos de Monreal, él tendrá en su poder la información que genera la ASF y él va a tomar decisiones conforme a sus intereses”, alerta Lozano.

Alrededor de la ASF gravita un sinfín de personajes que buscan tener información sobre las investigaciones que realiza la institución más importante en materia de fiscalización o, mejor incluso, influir en ellas a su conveniencia. Así, la UEC depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es Fidel Herrera Borunda, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hijo del polémico exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, cuyo gobierno ha sido señalado por la ASF por malversaciones multimillonarias.

Entre sus integrantes figuran, por el PVEM, el exgobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; el morenista Gabriel García Hernández, quien fuera el encargado de armar la estructura de movilización del voto de Morena durante las elecciones de 2018; el panista Julen Rementería del Puerto; el priista Carlos Gutiérrez Mancilla (incondicional del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien recientemente se viralizó por un enfrentamiento con el senador morenista Gerardo Fernández Noroña el 27 agosto último) o la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, ahora diputada por Movimiento Ciudadano.

Lozano explica que lo ideal sería que llegara un auditor con perfil técnico, aunque duda que ocurra. “Los técnicos estorbamos a los políticos; somos instrumento de lo político, pero nada más como generadores de información, no para tomar decisiones. Y en este país la política está por encima de todo, se vio con la elección judicial o la conformación de las cámaras, la política está por encima de todo, incluyendo la justicia”.