Comunidades indígenas, tres mil pescadores y prestadores de servicios turísticos del complejo lagunar de las bahías de Santa María-Ohuira-Topolobampo, en Sinaloa, se oponen a la operación del Grupo Petroquímico de Occidente, que pretende producir, en medio de irregularidades, dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, para lo cual succionaría dos mil metros cúbicos por hora de agua de mar para una desaladora. Eso pone en riesgo fauna en peligro de extinción y la salud de los pobladores; “pueden morir, y no estamos inventando nada, la propia empresa lo reconoce”, denuncian activistas.
OHUIRA, Sin.– Como cada año en la víspera del 16 de julio, el pueblo mayo-yoreme realiza una grandiosa celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, por las bendiciones recibidas del mar, la Bawe ánia, una de las cuatro deidades que tiene este pueblo indígena, profundamente religioso y respetuoso de la madre naturaleza.
Este año los líderes indígenas de Ohuira, Claudia Quintero; de Paredones, Inés Díaz; de Lázaro Cárdenas, Melina Maldonado, y el gobernador de la Nación Mayo-yoreme, Felipe Montaño, decidieron formar parte del grupo de fiesteros que ofrecen alimentos durante tres días a quienes acuden a las celebraciones y financian la participación de danzantes y músicos tradicionales.
“Es nuestra manera de pedir a la madre naturaleza, a la Bawe ánia, que nos dé fuerza, que guíe nuestros pasos y que nos ayude a detener el proyecto de muerte que acabaría con todos nosotros y afectará a las futuras generaciones”, explica Melina Maldonado, quien está desplazada de su comunidad por las amenazas y agresiones, al igual que sus tres compañeros, por ser cabezas visibles del movimiento “Aquí No”, opositor a la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, a cargo de la empresa Grupo Petroquímico de Occidente (GPO), que cuenta con financiamiento alemán y suizo.
La planta proyecta producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, para lo cual succionaría dos mil metros cúbicos por hora de agua de mar para una desaladora, acabando con la fauna marina de la que viven más de tres mil pescadores que trabajan en el complejo lagunar de las bahías de Santa María-Ohuira-Topolobampo, en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa. El área fue clasificada en 2009 como sitio Ramsar 2025, nombre de una convención internacional para la protección de humedales de alto valor para la biodiversidad y que fue signada por México en 1971.
Este sitio Ramsar, de una extensión de 22 mil 500 hectáreas, es rico en la producción de peces, jaibas, camarón, zona de anidación de aves marinas y particularmente de organismos en peligro de extinción, como delfines nariz de botella, lobos marinos y tortugas marinas que utilizan la zona como área de alimentación o para residir de manera permanente.
Más aún, en los documentos presentados por GPO a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en diciembre de 2013, admiten que, de 33 escenarios de riesgo de fuga de amoniaco, ocho son “inaceptables” y que tendrían un impacto destructivo en 15 kilómetros alrededor de la planta, que afectarían a unas 500 mil personas, si se considera a Los Mochis, la ciudad más grande cercana a la planta de amoniaco.
Aunado a los riesgos mortales que representa la planta de amoniaco, las comunidades indígenas, cooperativas que asocian a unos tres mil pescadores y prestadores de servicios turísticos, reclaman que GPO destruyó ya al menos dos hectáreas de manglar y se apropió de seis hectáreas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
En recorridos por la bahía de Ohuira, que tiene una profundidad promedio de dos metros, esta reportera y la periodista gráfica Montserrat López advirtieron cómo es que el concreto se ha instalado sobre el mar para la construcción de una gigantesca plancha de cemento, sobre la que ya se han construido bodegas y se han colocado tanques de almacenamiento.
Durante un recorrido nocturno, delfines se acercaron a la panga pesquera, en la que viajaban las enviadas de Proceso, los líderes indígenas y el presidente de la cooperativa pesquera Eustaquio Urías, de Paredones.
“Es la Bawe ánia que se manifiesta. Está con nosotros”, comentan los indígenas, al narrar diversas anécdotas, como aquella de mayo de 2022, en que una embarcación fue aplastada por una ballena. En la embarcación viajaba Jesús Andrés Valdez Conde, entonces gerente de la Red Mayor del Valle de El Fuerte, quien como empresario agrícola expresó en diversos momentos su respaldo a la construcción de GPO.
Los inconformes con la construcción de la planta de amoniaco han litigado durante más de diez años un proyecto que fue impulsado en 2009 por el entonces gobernador Mario López Valdez y quien fuera su secretario de Desarrollo Económico, Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa y excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa.
Los inconformes han denunciado la existencia de una falla de origen, pues la planta de GPO está asentada en Zofemat, que fue “comprada” por Benjamín Félix Hays, exdiputado federal por Nueva Alianza (2015-2018), al ejido Rosendo G. Castro mediante su esposa, María Cecilia González Ayala. En 2010 la mujer obtuvo de la Semarnat la concesión de nueve hectáreas de Zofemat para uso de “ornato”, y en 2017 transfirió la concesión de 3.6 hectáreas en favor de GPO para “uso general”, en tanto que la empresa obtuvo ese mismo año una concesión más para una hectárea de Zofemat.
Con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, el respaldo a GPO se intensificó y se promovió la industria petroquímica en la región, tanto así que está considerada uno de los 15 Polos de Desarrollo para el Bienestar anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el 22 de mayo pasado.
Entre estos proyectos contemplados para su construcción están Mexinol, que han anunciado una inversión de tres mil 600 millones de dólares, y la planta de gas fósil licuado Vista Pacífico, de Sempra Energy, que tiene programado instalar una plataforma marina de 22 hectáreas para producir 5.05 millones de toneladas de gas licuado al año, proveniente de Texas, y ser enviado a mercados de Asia.
Como resultado del litigio, los opositores a la planta de amoniaco obtuvieron resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligaron a GPO a llevar a cabo dos procesos consultivos: un Ejercicio Participativo, en noviembre de 2021, y una consulta indígena entre agosto y septiembre de 2022. Ambos fueron impugnados por considerar que se contabilizó la opinión de comunidades que no serían afectadas por la planta de amoniaco. Después de un largo litigio, el 8 de agosto de 2024 un tribunal de circuito de Mazatlán avaló la consulta indígena y se aceleró la construcción de la planta de amoniaco.
Con el impulso a ese modelo de desarrollo también se intensificaron las amenazas no sólo contra los líderes del movimiento sino también contra los abogados que gestionaron los procedimientos judiciales, tanto que los abogados desistieron de continuar litigando contra GPO y contra la Semarnat, por ser la responsable de otorgar los permisos vía la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).
El movimiento “Aquí No” ha solicitado la intervención de la ONU para que su caso sea analizado por al menos 20 procedimientos especiales, como las relatorías sobre medio ambiente sano, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, libertad de opinión y expresión, salud, desechos peligrosos o tóxicos y derechos humanos, alimentación, cambio climático, agua potable y saneamiento, libertad de religión, cuestiones de las minorías, libertad de reunión pacífico y de asociación, derechos culturales, formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, violencia contra niñas y mujeres y desplazamiento.
Asimismo han pedido que se pronuncien los grupos de trabajo sobre empresas y derechos humanos; campesinos y trabajadores en zonas rurales, y sobre discriminación contra mujeres y niñas.
Proceso solicitó una entrevista con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena. El área encargada de Comunicación Social argumentó que la funcionaria tenía su “agenda saturada”, por lo que ofreció dar respuesta por escrito a cuestionamientos de este medio.
Sobre las medidas de protección del Sitio Ramsar 2025, ante las denuncias de opositores a la planta de amoniaco, la dependencia respondió que “no corresponde a Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) debido a que no es Área Natural Protegida de carácter federal”, sino que emitió una opinión técnica a la DGIRA (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental), misma que emitió un resolutivo.
La Semarnat hace referencia al sondeo indígena de 2022, en la que “se consultaron 15 comunidades mayo-yoreme, de ellas sólo cuatro se pronunciaron contra el proyecto”, sin apuntar que las que se opusieron (Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos) son las que se encuentran en los márgenes de la bahía de Ohuira, la zona que sería impactada.
Esa consulta indígena fue una más de las operadas por Hugo Aguilar, cuando formó parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y quien a partir del 1 de septiembre es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la reforma judicial de Morena y sus aliados.
La dependencia sostiene que desde 2015 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado visitas de inspección “en materia de impacto ambiental y de uso de zona federal marítima terrestre”, en respuesta a denuncias ciudadanas, constatando que “la empresa cuenta con las autorizaciones ambientales y con el título de concesión, entre otros temas”.
Agrega que a partir de una resolución de un juicio de amparo interpuesto por el ejido Rosendo G. Castro contra una inspección del uso de la Zofemat, se otorgó una suspensión definitiva con efecto de que “se paralice cualquier acto de la Profepa derivado de la inspección del 18 de junio de 2024 y se paralice todo acto de la Semarnat relativo a la delimitación de la Zofemat”.
Ante la exigencia de que la secretaria Bárcena visite la región, la dependencia compartió el enlace a un comunicado del 12 de agosto, en el que se da cuenta de la visita realizada por una comisión de funcionarios de la Semarnat y del INPI, encabezados por Jaime Vázquez Bracho, encargado de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos, que acudió a Paredones para “dialogar sobre los impactos ambientales de proyectos industriales que han comenzado a desarrollarse en la zona”
El documento omite el enojo de los integrantes del movimiento “Aquí No” por los comentarios con los que Vázquez Bracho arrancó la reunión, quien ante unas 200 personas advirtió que como funcionarios estaban “detenidos por lo que dicen las normas, hay autorizaciones y hay permisos que ya se han dado en los últimos años, muchos de ellos que ya no se pueden revertir en este momento”.
Una de las asistentes al encuentro fue Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien durante más de 30 años ha realizado trabajos científicos en el sistema lagunar Santa María-Ohuira-Topolobampo.
Consultada por Proceso sobre las respuestas que dio la dependencia federal, la investigadora comparte el Reglamento Interior de la Semarnat de 2012 y la modificación que hizo en 2022 al mismo documento, durante el gobierno de López Obrador.
En el primero, derivado de la Política Nacional de Humedales, establecía en su artículo 70 que a la Conanp le correspondía “fungir como autoridad designada ante la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, y coordinarse con las autoridades administrativas competentes de la Secretaría y otras dependencias de la administración pública federal para aplicar los lineamientos, decisiones y resoluciones derivados de los acuerdos y compromisos adoptados en dicha Convención, con la participación, que en su caso, corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales”.
Sobre los sitios Ramsar, en el artículo 73 de dicho reglamento, publicado el 26 de noviembre de 2012, se instruía a la Conanp a “coordinar la ejecución de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, específicamente en materia de hábitat de las especies marinas”.
Diez años después, durante la gestión de María Luisa Albores al frente de la Semarnat, el reglamento fue reformado y a la Conanp se le quitan facultades como “autoridad” y se omiten consideraciones para “especies marinas”.
Así, en el párrafo XVIII del artículo 67 del Reglamento Interior de la Semarnat es atribución de la Conanp “fungir como Coordinadora Nacional ante la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Específicamente como Hábitat de Aves Acuáticas, así como coadyuvar en coordinación con la autoridad administrativa ante esta Convención, las unidades administrativas competentes de la Secretaría, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las organizaciones de la sociedad civil y sector académico, en la aplicación de los lineamientos, decisiones y resoluciones emitidos por dicha Convención”.
Escobedo Urías advierte que en 2014, cuando la empresa GPO solicitó por primera vez la nota técnica a la Conanp para operar, “la oficina regional de la Conanp se la negó. Después de que presionan al entonces titular de la Conanp a nivel central, Luis Fueyo, se aprueba el proyecto”.
La investigadora reconoce que hay “huecos legales” en el manejo de los sitios Ramsar, porque “el espíritu está en función de privilegiar actividades tradicionales o que ya están antes de la clasificación, porque de no ser así, se tendría que prohibir la pesca en el caso de Ohuira o desmantelar las plantas de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad que ya estaban instaladas. Al final de cuentas, en el caso de los pueblos indígenas, ellos son guardianes de la madre tierra”.
Recuerda que en 2017 fue invitada por la Conanp para elaborar el plan de manejo de los humedales, para presentar una iniciativa al Senado, pero nunca fue promulgada pese a que en febrero de 2019 recibió la última comunicación de que ya había sido revisada.
“Es muy lamentable lo que está pasando porque no se trata solamente de delfines o tortugas, estamos hablando de que hay un riesgo real para las personas; pueden morir y no estamos inventando nada, la propia empresa lo reconoce.
“A esos funcionarios les recordé que era la tercera administración que les dice a las comunidades, ‘téngannos confianza’, pero cómo la van a tener si no han promulgado el plan de manejo de humedales, porque no les conviene. En materia de protección al medio ambiente todo se murió cuando llegó López Obrador”, sentencia Diana Escobedo.








