miércoles 18 de noviembre de 2026

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El 14 de noviembre de 2014, el Tribunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora, falló a favor de 67 ejidatarios que exigían la restitución de sus tierras y la devolución de los minerales extraídos por parte de la minera Penmont, filial del grupo Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères. El monto a restituir es de casi 700 millones dólares. Pese al fallo, la compañía desconoció la deuda ante sus accionistas en Londres, donde cotiza en la Bolsa de Valores, y ha tratado de “recuperar” esas tierras utilizando a capos del narco y guardias de seguridad privados, denuncian ejidatarios afectados de El Bajío.
HERMOSILLO, Son. / LONDRES, Ing.– Unos 70 campesinos asentados en el norte de Sonora viven en circuitos propios de la migración interna pese a que son ejidatarios de una región de amplias tierras, gran biodiversidad y cantidades extraordinarias de oro bajo sus pies.
Esto se debe a que desde hace más de una década la vida de la comunidad ejidal se vio interrumpida al involucrarse en una disputa con la empresa minera Penmont, que ocupó sus tierras de modo irregular para extraer minerales preciosos. La explotación de estos metales comenzó en 2010, aunque sólo existían permisos de exploración.
“Es muy difícil porque siguen saliendo algunos compañeros, porque el trabajo que hay ahorita no nos da para todos. Se van a Caborca, hay gentes que migran a San Luis Río Colorado, a Tijuana, a San Quintín a buscarse la vida, porque aquí hay muy poco trabajo. Nos estamos turnando para vigilar el ejido. Se van, pero no se van, porque están yendo y viniendo. Eso es lo que hemos tenido que hacer para defender aquí”, dijo a Proceso Erasmo Santiago, uno de los ejidatarios de El Bajío.
Uno de los frentes de este conflicto han sido los tribunales. Los ejidatarios cuentan con 67 fallos que les otorgan la razón, lo que implica en primer lugar que la minera tuvo que salir del territorio y, en segundo lugar, que debe devolver la cantidad de oro y plata extraídas fuera de la ley. Pero la compañía encontró maneras de postergar la ejecución de las sentencias judiciales desde el 14 de noviembre de 2014.
De acuerdo con los ejidatarios, y con su defensa legal, la dilación de la justicia en este caso se relaciona con que Penmont es filial de Fresnillo PLC, que a su vez forma parte de Industrias Peñoles y del conglomerado que encabeza Alejandro Baillères, el cuarto hombre más acaudalado de México.
Pero la razón por la que decenas de ejidatarios tienen que buscar el pan en otras tierras, para luego volver y hacer guardia en las suyas, tiene que ver con el otro frente que se produjo durante la disputa por la tierra: mientras el asunto se atora en los tribunales, múltiples actores han amenazado, secuestrado y asesinado a miembros de la comunidad, mientras que otros más han insistido durante todo este tiempo en ingresar nuevamente al territorio de manera ilícita.
En esta lista figuran capos del narcotráfico como José Páez Quintero, cabeza del Cártel de Caborca hasta su arresto en 2023, quien además es sobrino de Rafael Caro Quintero; pero también guardias de seguridad privados y hombres armados al servicio de Rafael Pavlovich, tío de Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora durante gran parte del conflicto entre los ejidatarios y la mina.
A decir de la comunidad, tanto los capos como los guardias de seguridad han intentado muchas veces “reclamar la tierra para su patrón”. Los ejidatarios aseguran que todos estos actores trabajan en función de los intereses de la compañía minera, debido a que en las múltiples ocasiones que han desalojado a los invasores con el apoyo del Ejército o la Guardia Nacional, observaron cómo criminales y empleados de la compañía compartían el territorio.
La última vez que ocurrió un desalojo como éste fue en el año 2020, cuando a raíz del cuestionamiento de una reportera durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente ordenó un operativo encabezado por la Guardia Nacional.
A raíz de estos sucesos, Erasmo Santiago, quien fue encarcelado por cerca de dos años acusado de despojar al tío de Claudia Pavlovich Arellano, quien había conseguido permisos amañados para intentar hacerse de las tierras, considera, al igual que el resto de los ejidatarios, que la controversia legal y la dilación de la justicia en los tribunales comprende un modo de distraerlos que la compañía implementa para reingresar ilegalmente al territorio.
En el camino, afirma, el contexto ha impedido “el desarrollo de los ejidatarios”, toda vez que no han tenido oportunidad de construir suficientes viviendas o, incluso, infraestructura como escuelas y centros de salud comunitarios.
En tribunales
La última parte de la controversia comenzó a partir del 14 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Unitario Agrario número 28 falló en favor de los ejidatarios que exigían la restitución de sus tierras y la devolución de los minerales extraídos o su equivalente en moneda nacional.
Esto significa un monto cercano a los 700 millones de dólares, según el peritaje aprobado por Alejandrina Gámez Rey, quien fungía como magistrada del mencionado tribunal, hasta que presentó su renuncia en julio de este año, en un ambiente de presiones y amenazas, según dijeron a Proceso fuentes del tribunal.
Dicha renuncia fue tomada por la defensa legal de El Bajío como resultado del tráfico de influencias del conglomerado, debido a que algo similar ocurrió con Manuel Loya Valverde, quien dictó el fallo favorable a los ejidatarios cuando fue magistrado del tribunal en cuestión en el año 2014: luego de ello, el Senado decidió no ratificarlo en su puesto, una decisión controvertida incluso al interior del órgano legislativo.
La última determinación de Gámez Rey fue notificada a la compañía minera el 16 de mayo de este año; es decir, aquella que establece la deuda millonaria. La compañía, entonces, interpuso un amparo contra el peritaje que arrojó el monto a pagar, mismo que en moneda mexicana supera los 13 mil millones de pesos. Se prevé que este amparo se resuelva antes de terminar el año, mismo que establece como “acto reclamado” la resolución de la que se desprende la suma.
“Se reclama de la C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 28, Sonora, la resolución dictada con fecha 06 de mayo de 2025, notificada personalmente el 16 de mayo del presente año (…) sin fundamentación y motivación, de forma incongruente y contradictora resuelve el incidente de liquidación y condena a mi representada a pagar la cantidad de 13’327,854,806 a la parte actora”.
El centro de los argumentos esgrimidos por la defensa legal de la minera Penmont, contenidos en los antecedentes del documento legal, es que los peritajes que llevaron a la resolución carecen de fundamentos. Se alega, entre otras cosas, que los peritos no contaban con la experiencia necesaria para un trabajo como el que se llevó a cabo.
En concreto, uno de los antecedentes mayormente referidos por la empresa afirma que uno de los peritos que realizó los estudios que fundamentaron el dictamen de Alejandrina Gámez Rey se especializa en “minería”, mientras que su objeto para el caso consistiría en la “valuación”.
Durante la última asamblea anual de inversionistas de Fresnillo PLC, celebrada el 20 de mayo en Londres y en la que estuvo presente el reportero, el CEO de la compañía, Octavio Alvídrez, aseguró que la controversia legal no tiene impacto en las finanzas de la compañía, desconoció la deuda en cuestión y deslindó a la empresa de “cualquier actividad ilícita” o “irregular”. Alejandro Baillères se encontraba presente, pero se mantuvo en silencio.
“Es crucial entender que el fallo judicial relacionado con las tierras donde se llevaron a cabo actividades mineras no ordena, de ninguna manera, la devolución de minerales a la comunidad agraria”, dijo el CEO frente a sus inversores.
Proceso buscó contactar a representantes de la compañía para obtener un comentario más actualizado de la situación, pero no fue posible obtener respuesta mediante sus teléfonos institucionales y de su correo electrónico dedicado a “media inquiries”, que se encuentra público en el sitio web de Fresnillo PLC.
El tamaño de la deuda
De acuerdo con el fallo del TUA 28, el monto determinado representa un elemento sensible a las finanzas de Fresnillo PLC, según se muestra en sus reportes de resultados anuales. La revista Forbes, en su número de mayo-junio de este año, dedicado al “top ten de millonarios” del país, dimensiona el papel que juega la minería en la fortuna familiar de los Baillères.
“En el sector minero, Peñoles reportó en 2024 ventas netas por seis mil 650 mdd (millones de dólares), un incremento de 12.2% respecto de 2023.
“Por el lado del negocio de El Palacio de Hierro experimentó un crecimiento de 14.3% durante el cuarto trimestre de 2024, comparado con el mismo periodo del año anterior, con un total de ingresos consolidados de 19 mil 773 millones de pesos”, detalla el artículo dedicado a Alejandro Bailléres Gual.
La fortuna del magnate, calculada en nueve mil millones de dólares este año, se desprende de actividades diversificadas debido a que abarcan el sector financiero, industrial y comercial, pero resultados anuales indican que la parte central se encuentra en las ganancias mineras. Las ventas derivadas de ello superan por un amplio margen los resultados de El Palacio de Hierro, lo mismo que GNP Seguros, otra de sus compañías mejor establecidas y que en su utilidad neta de 2024 reportó un monto de tres mil 563 millones de pesos.
Al interior de Industrias Peñoles figuran empresas dedicadas a la industria química, a la extracción de minerales, a la venta de los mismos y a la generación de infraestructura, pero destaca Fresnillo PLC: el grupo que en el año 2012 se posicionó como el más importante del país por su volumen de plata extraído y como el segundo de mayor relevancia por la cantidad de oro conseguida.
Este logro de la empresa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa Mexicana de Valores, coincide temporalmente con los notables resultados de la operación Soledad–Dipolos, según establecen los reportes anuales destinados a sus inversionistas.
En 2011 registraron una “producción de oro atribuible récord debido a la aceleración en Soledad–Dipolos y un mayor procesamiento en Herradura”.
Pero estos resultados coincidieron con la controversia que llevó a las autoridades agrarias a fallar en favor de los 67 ejidatarios que interpusieron recursos legales para desalojar a la compañía minera de sus tierras, que se encuentran a escasos metros de las operaciones de la Herradura, la mina más importante para el conglomerado en ese momento.
“Las implicaciones operacionales para nosotros fueron materiales, ya que suspendimos toda la actividad minera y de beneficio en Soledad-Dipolos, así como la actividad minera en la mina Herradura, más grande y cercana. Esto se debió a la suspensión temporal del permiso de explosivos que compartía con Soledad-Dipolos”, informó la dirección de Fresnillo PLC en su informe anual presentado a inicios de 2014.
En dicho informe se comunicó a los inversionistas una caída de 54 puntos en las ganancias operacionales de Fresnillo PLC, y desde entonces este indicador no ha alcanzado el techo de los mil millones de dólares.
En junio de 2014, Alberto Baillères, padre de Alejandro, habló sobre el impacto de la situación al considerar el acceso a la tierra.
“Más allá del impacto de los precios de los metales, la industria minera en México enfrentó sus propios desafíos únicos en 2013, destacando particularmente la marcada escalada en los problemas de acceso a la tierra. En respuesta, elevamos el nivel de este riesgo del cuarto al segundo lugar en términos de severidad y probabilidad, sólo superado por el riesgo del precio de los metales preciosos”.
El desempeño operativo de Fresnillo PLC en sus minas desde entonces da muestras de una irregularidad que tocó fondo en 2019, cuando las ganancias de sus operaciones continuadas superaron por poco los 170 millones de dólares: menos de 20% de los resultados que obtuvieron cuando entró en actividad la Soledad–Dipolos.
En este contexto, el monto de la deuda supera las ganancias operacionales de Fresnillo PLC en 8 de los últimos 10 años.
Reacciones internacionales al conflicto
Organismos internacionales pro derechos humanos, así como organismos de análisis y financiamiento internacional y parlamentarios del Reino Unido (Fresnillo PLC cotiza en la Bolsa de Valores de Londres) manifiestan que la situación derivada del conflicto resulta inadmisible, tanto por los estragos a las comunidades como por el elevado riesgo que implica para los inversionistas.
Fabian Hamilton, miembro del Parlamento por parte del Partido Laborista y cabeza del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos de Todos los Partidos, que integra a la Cámara de los Comunes y la de los Lores, dirigió una misiva al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
En la carta, el político del Reino Unido, quien por siete años fungió como ministro en la sombra para la Paz y el Desarme, expresa consternación por el historial de violencia del que ha sido objeto la comunidad de El Bajío durante la controversia con Fresnillo PLC, y manifiesta su preocupación por la seguridad de dicha población y por el tiempo que ha tomado la ejecución de las sentencias dictadas hace más de 10 años.
Victoria Marquez Mees, directora de rendición de cuentas del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, institución que cuenta entre sus beneficiarios con proyectos mineros, señaló a Proceso en entrevista que si bien cada caso de conflicto es diferente, por lo general los organismos multilaterales de financiamiento de Europa ya establecen entre sus requisitos para otorgar préstamos la presentación de informes de impacto tanto ambiental como social. En el caso de la institución a la que la especialista pertenece, detalló que se trabaja con un modelo que contempla el respeto a la legislación local, por lo que establece varias condiciones:
“Una de esas condicionalidades es que se cumplan estos planes de mitigación, estos estándares ambientales y sociales que tenemos nosotros en nuestras políticas y que también, obviamente, se cumpla la legislación local”, y también se realiza una supervisión ulterior al préstamo cuyos resultados, en última instancia, pueden llevar al cese del financiamiento.
Pero este modelo, más allá del mencionado banco, se encuentra en Europa cada vez con más frecuencia en análisis corporativos. Phil Boomer, director ejecutivo de Business & Human Rights Resource Centre, expuso en entrevista con Proceso en Ámsterdam la dimensión del problema para los inversionistas.
“Debido a que no existen mecanismos adecuados de acceso a la reparación en muchas de esas empresas mineras, estamos terminando con enormes y costosas demoras debido a las protestas” cuando las comunidades se sienten atropelladas en sus derechos “mediante la desposesión de sus tierras y la contaminación de sus cursos de agua”, explicó.
Boomer habló de otros elementos a considerar, como la publicidad negativa y “la indignación pública que rodea el fracaso de las empresas en abordar las infracciones que han cometido”, así como el riesgo financiero de llegar a costosos litigios y multas antes de buscar acuerdos no judiciales.