miércoles 18 de noviembre de 2026

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Académicas y especialistas en violencia de género hacen un balance del primer año de la Secretaría de la Mujeres, a cargo de Citlalli Hernández, y denuncian que desde su creación mujeres víctimas de violencia han quedado a la deriva por falta de recursos, planeación, opacidad, prioridad a intereses partidistas, aletargamiento en los procesos y programas duplicados. En contraparte, Hernández pide confianza y garantiza que el trabajo de la secretaría, que ejerce un “feminismo popular”, tendrá pronto un “avance y aceleración” de los derechos de las mujeres.
En marzo pasado “Bertha” llegó con una de sus hijas a un espacio de la Red Nacional de Refugios (RNR) para mujeres víctimas de violencia familiar. Estaba en total desnutrición, su pequeña de seis años padecía serios problemas dermatológicos por ansiedad y falta de higiene y a su hermanita ya se la habían arrebatado sin que el Estado hiciera algo efectivo por ellas.
Según el testimonio de “Bertha”, cuyo nombre real y localización no se publican por seguridad, ella estuvo tres meses en un refugio de Acapulco, administrado por el gobierno de Guerrero, donde recibió techo. “Lo único que podemos hacer es tenerte aquí. No hay presupuesto para comida, no hay para medicamento”, le decían.
Peor aún, “en el tiempo que estuvo en el refugio no hacía nada. No había psicóloga ni trabajadora social, no hizo ningún proceso de denuncia y ya le habían quitado a su otra hija. ¡Eso fue totalmente revictimizante!”, denuncia Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR, organización civil que acogió a “Bertha” y le ofreció el apoyo necesario para proteger su vida y la de sus hijas, a quienes recuperó sanas y salvas en junio último.
En entrevista con Proceso, la activista feminista recuerda la queja de esta víctima: “Nos dijo que al gobierno le valió lo que ella vivía, les dijo que se quería ir, le dijeron ‘sí, adiós’. Fue a denunciarlas, incluso a la Secretaría de las Mujeres de Chilpancingo y no hicieron nada”.
En otro caso narrado por la entrevistada, “Susana” acudió a un centro de atención externa en Veracruz para pedir ayuda, pues estaba en riesgo feminicida. “Le dijeron que no había recursos y le dieron cita dentro de 15 días, y en ese inter trataron de matarla”, cuenta. Una colectiva feminista la contactó con la RNR, la cual le dio acompañamiento virtual y la resguardó en otro estado del país. Hoy está viva.
Los casos de “Bertha” y “Susana” son sólo dos ejemplos de la deriva en la que han quedado mujeres víctimas de violencia por la falta de planeación y recursos, además del aletargamiento en los procesos de atención a partir de la creación de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde parece que “no llegaron todas”.
Muchos planes, poco presupuesto
A un año de la creación de esa secretaría bajo el mando de Citlalli Hernández Mora, exsecretaria general de Morena, sus planes son muchos, pero sus deudas y limitaciones son más: escaso presupuesto, programas duplicados, opacidad, prioridad a intereses partidistas, falta de trabajo territorial y penal, protagonismo, invisibilización de organizaciones civiles, ausencia de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial y un “feminismo light”.
En eso coinciden académicas reconocidas por su trabajo en favor de las mujeres, así como dirigentes de organizaciones civiles expertas, desde hace años, en el apoyo a víctimas de violencia y riesgo feminicida. Y aunque todas reconocen el tino de la presidenta Sheinbaum Pardo para elevar a rango de secretaría la atención a las mujeres, cuestionan desde diversos frentes el trabajo hecho hasta ahora por la dependencia.
Desde el 19 de agosto de 2024, cuando la presidenta Sheinbaum anunció la creación de la primera Secretaría de las Mujeres en México, a cargo de la exsecretaria general de Morena, luego del trabajo político que hizo en su campaña presidencial, comenzó a tomar forma la nueva dependencia. Ese día se anunció la fusión del Instituto Nacional de las Mujeres con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Luego, en diciembre, vino el decreto presidencial para reformar y adicionar disposiciones en siete leyes secundarias para promover la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.
En los meses siguientes se presentó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, los Centros LIBRE, la Línea de las Mujeres 079 (estos tres, con antecedentes en la CDMX cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno) y la Red Tejedoras de la Patria.
La creación de la secretaría generó muchas expectativas, pero, contrario al discurso feminista, recibió el tercer presupuesto más bajo de las 21 secretarías para 2025: dos mil 93 millones de pesos; poco menos de los dos mil 168 millones que recibieron Inmujeres y Conavim juntos en 2024.
En contraste, su titular ha tenido, al menos dos veces, reflectores internacionales: en Ginebra, en julio último, en la décima comparecencia de México ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde recibió 90 recomendaciones; y en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para esa región (CEPAL), donde salió vitoreada.
Y aunque no es de las funcionarias que más acude a las conferencias en Palacio Nacional, sí es de las que más acompaña a la presidenta en sus giras de fin de semana por el país.
Las carencias
En entrevista con Proceso, Iris Rocío Santillán Ramírez, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en violencia de género, reconoce la incorporación en la estructura de la secretaría de especialistas como la abogada Sayuri Herrera, primera fiscal para la investigación de feminicidios en la CDMX y en el país.
Sin embargo, la merecedora de la Medalla Omecíhuatl 2015 (otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal “por sus aportes al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”) considera que en el plan de trabajo de la secretaría no están visibilizadas las niñas, jóvenes, adultas mayores, mujeres en prisión y en instituciones psiquiátricas.
Tampoco, dice, está atendido el “grave problema de la violencia familiar. Las jóvenes desconocen del tema, hablan de una ‘violencia normal’ en el noviazgo y se aburren cuando no están en relaciones violentas”, asegura. A su juicio, la secretaría no ha hecho labor para institucionalizar la educación sexual y con ello evitar no sólo embarazos no deseados, sino que las adolescentes sean presas del crimen organizado por trata o feminicidio.
Doctora en Ciencias Jurídico Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), considera que ese trabajo no debe ser sólo de la Secretaría de las Mujeres, sino que debe haber acciones de otras secretarías y colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial. Así, dice, se podría atender la recomendación de la CEDAW de que en los juicios penales no se permitan los procesos abreviados en delitos sexuales.
“La secretaría debe poner mayor atención en el tema penal por los casos de violencia, en la búsqueda de alternativas de solución. No vemos que disminuyan los feminicidios, y si eso no baja, las otras violencias, menos”, sentencia.
Sobre el programa de las Abogadas de las Mujeres –que al 25 de julio sumó 838 profesionistas que darán asesoría jurídica gratuita para denunciar violencia de género–, considera que hay pocas con perspectiva de género interseccional. Peor aún, considera que el sueldo de 25 mil pesos mensuales ofrecidos en la convocatoria del programa “no es suficiente y sí reproduce la misma idea de cautiverio”.
A decir de la especialista, la Secretaría de las Mujeres debería vigilar la violencia económica en las empresas contra las mujeres, pues persiste la menor paga que a los hombres por el mismo trabajo. Igual en las sanciones penales: “A ellas se les sanciona con 35% de pena más grave y los abogados particulares les cobran 25% más caro que a los hombres y sus procesos son más largos”.
Por ello, considera que algunas políticas públicas expuestas parecen “asistencialistas” y “van hacia la infantilización de las mujeres”, más que a su empoderamiento. Dice que el despido irregular de trabajadoras del Servicio Profesional de Carrera de la Conavim a principios de enero último significa “seguir haciendo las cosas de manera patriarcal y vertical. Ése no es un buen signo de un gobierno feminista que pretende hacer las cosas diferente. Es un feminismo sin tocar las estructuras, un feminismo muy light”.
Sociedad civil, ignorada
Wendy Figueroa, directora de la RNR, reconoce la importancia de tener una secretaría encargada de garantizar los derechos de las mujeres, “pero su mera existencia institucional es insuficiente”. Asegura que “las propuestas hechas hasta ahora carecen de territorialidad y trabajo colaborativo”.
Sicóloga feminista, critica que la iniciativa de los Centros LIBRE “no es algo nuevo”, pues desde el sexenio pasado se trató de poner en marcha los centros municipales “y tampoco tuvieron sustento claro desde la Conavim”. Peor, denuncia: “Estos Centros no tienen un modelo que se haya transparentado, pareciera que están duplicando acciones”.
Dice conocer testimonios de que en algunos centros pusieron como encargadas “a la amiga de la amiga, a gente sin capacitación”. Y se dice sorprendida por la “rapidez” en la implementación de decenas de puntos en pocos días, como lo anunció Hernández Mora. A su parecer, “hay prioridad en programas partidistas del gobierno en turno, más allá de programas sustanciales como los refugios” que atienden a mujeres en riesgo de violencia.
Denuncia que en los primeros seis meses de 2025 la RNR estuvo sin recibir de la secretaría el presupuesto federal que antes le daba la Conavim para operar los refugios, hecho que puso en riesgo la atención para cientos de mujeres. Reporta que hasta mediados de julio el gobierno debía el salario de dos meses a trabajadoras de esos refugios.
Para la autora de campañas nacionales por la igualdad sustantiva, la creación de la secretaría significó un “retroceso impresionante, un aletargamiento” para los refugios, pues limitó su capacidad de respuesta, afectó procesos jurídicos, tratamientos médicos y psiquiátricos de víctimas y que algunos centros bajaran 50% su capacidad de atención física. Aun así, con ayuda de donaciones y recursos propios en esos seis meses la Red atendió a siete mil 399 mujeres, niños y niñas, destaca.
Afirma que el recurso “bajó” justo después de la recomendación de la CEDAW al gobierno mexicano, en julio último, de seguir el financiamiento “oportuno, sostenible y con cobertura nacional” en los refugios. Aun así, disminuyó 21.8 millones de pesos.
Con la reciente sentencia de la CEDAW, de que en México persiste la violencia estructural y sistémica contra mujeres y niñas, además de la falta de transparencia y de financiamiento a programas para su atención, Figueroa critica que “se han priorizado intereses partidistas y no realidades y necesidades de las mujeres”.
Subraya la recomendación del comité de hacer políticas públicas basadas en evidencias y construidas con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, sin excluir voces críticas ni replicar patrones patriarcales desde el poder. “Y parece que es lo que está pasando”, lamenta.
Sobre la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, Figueroa considera que su elaboración “carece de trabajo coordinado y no dice cómo hacer valer esos derechos”. Y sostiene que la respuesta del gobierno mexicano a las observaciones de la CEDAW invisibilizó la realidad que persiste: “Sigue habiendo feminicidios, no hay política de salud mental, siguen mujeres encarceladas por abortar, los matrimonios infantiles productos de violación, feminicidios impunes. El mensaje sigue siendo ‘en México no pasa nada si asesinas a una mujer’”.
Considera que la secretaría “tiene que garantizar una política de una vida libre de violencia, pero no se han hecho campañas de sensibilización y trabajo directo en escuelas. Las acciones que ha emprendido carecen de profundidad, transparencia, sostenibilidad, de una mirada feminista y real del territorio. Si eso no se hace con las organizaciones que históricamente hemos estado en el territorio escuchando a las mujeres de a pie, no habrá un cambio”.
Mecanismo de alerta, en stand by
Fundadora y directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza reconoce la existencia de una “alta expectitiva” de que el gobierno de la primera mujer presidenta tenga un mayor avance en derechos de las mujeres.
Sin embargo, dice que con la desaparición de la Conavim para fusionarse con el Inmujeres se generó un “debilitamiento” del Mecanismo Nacional de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), iniciativa de la sociedad civil con interés jurídico y legítimo que exige “políticas adecuadas en atención, prevención y sanción de violencias graves”.
Socióloga y maestra en Derechos Humanos, recuerda que dicho mecanismo estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación y Conavim, pero “ahorita está en la indefinición. Tenemos seis meses sin saber qué va a pasar con la alerta”, pese a que Sheinbaum dijo que se revisaría para mejorarla. “Llevamos 18 años defendiendo el mecanismo, que no desaparezca. Con la llegada de Sheinbaum pensamos que sería diferente, pero no”, lamenta.
Abunda: “El mecanismo de alerta está en stand by. Ellas (la Secretaría de las Mujeres) dicen ‘no ha funcionado’, pero la misma autoridad federal no ha dejado que funcione para evaluar las políticas de atención, prevención y sanción”. Eso significa que los gobiernos estatales y municipales “se relajen” en su cumplimiento, dice.
Con un papel fundamental en la tipificación del delito de feminicidio en México, Estrada reconoce las reformas legislativas promovidas al inicio de esta administración, pero advierte que “lo que se ganó en el papel no se ha traducido en reglamentos”.
Reconocida promotora de proyectos de combate a la violencia de género, añade: “Hay una preocupación real de la sociedad civil. Pensamos que el que estén las mujeres, el que se hable de una agenda feminista, hoy todavía no lo vemos, estamos esperando que pueda materializarse. Tengo confianza con la presidenta, pero si no vemos cosas concretas estamos desanimadas”.
Estrada Mendoza destaca tres de las recomendaciones que dio la CEDAW al gobierno mexicano en Ginebra y que debe realizar la dependencia a cargo de Citlalli Hernández: fortalecer el Mecanismo con independencia y con colaboración de sociedad civil experta, garantizar recursos humanos, técnicos, financieros, eficientes y sostenibles para los programas sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, y rendición de cuentas con estructuras transparentes.
“Llevamos seis meses, confíen”: Hernández
Frente a esta evaluación por el primer año de la operación de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández destaca las acciones realizadas, reconoce que falta mucho por hacer, pide confianza ante el escepticismo y niega que sus acciones tengan fines partidistas, por su militancia en la 4T.
En entrevista con Proceso, difiere del señalamiento de duplicidad de los programas, en particular de los Centros LIBRE, que a la fecha están en operación 678 en todo el país. Explica que su ubicación se hizo con base en una fórmula: los lugares con más altos índices de marginación, con mayores registros de violencias atendidas y el número de población. “Ubicamos algunos donde no hay absolutamente nada, ninguna infraestructura, ningún espacio de encuentro de mujeres”, aclara.
Los Centros LIBRE, explica, son puntos de encuentro de mujeres para atender y prevenir violencias, así como fomentar y fortalecer sus autonomías y derechos. Son diferentes a los Centros de Justicia que ya existen, porque en éstos se hacen denuncias ante personal de las fiscalías y ministerios públicos o de secretarías de gobierno estatales que los administran.
“Son espacios donde hay atención jurídica, orientación psicológica, talleres, capacitaciones, espacios para desarrollar la autonomía. No es un espacio donde se pueda denunciar alguna violencia, pero sí se acompaña, se asesora, se orienta; incluso se canalizan casos a los centros de justicia”, defiende. Subraya la instrucción presidencial de terminar el sexenio con un centro en cada uno de los dos mil 478 municipios y alcaldías.
Sobre las críticas de “invisibilización” de organizaciones sociales, revira: “Todas las organizaciones civiles, las activistas y las víctimas con las que ya hemos trabajado pueden dar cuenta de que la secretaría es un espacio abierto”. Resalta su convicción de que ésta garantizará “un avance y una aceleración” de los derechos de las mujeres y la disminución de las brechas de desigualdad con una “gran alianza”: academia, los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión, la iniciativa privada y la sociedad civil experta.
“No tenemos en nuestros planes caminar solas, y si no hemos podido convocar o dialogar o construir una agenda quizás con todas, ha sido más por falta de tiempo que de voluntad. Llevamos seis meses echando a andar la secretaría, pero tenemos la mano tendida y el diálogo abierto”.
Adelanta que antes de terminar 2025 convocará a un encuentro nacional o varios regionales con la sociedad civil.
Presume: “Todos los días estamos en diálogo con fiscalías, con ministerios públicos, con tribunales locales” en la atención inmediata de casos de violencia y para dar seguimiento a las reformas promovidas por Sheinbaum. Destaca la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores (Conatrib) y el diálogo respetuoso con integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial para “una agenda común”.
Conocida por su activismo desde que era estudiante en la UNAM, Hernández reconoce que la secretaría no ha hecho grandes campañas para prevenir la violencia familiar y la violencia en el noviazgo, en parte por “todo el proceso administrativo” que implica. Luego, destaca la reciente instalación de una mesa de trabajo con la Segob para planear una estrategia preventiva del embarazo adolescente, el abuso sexual a niñas y los matrimonios forzados. Será una “gran campaña” a lo largo de todo el sexenio dirigida a todos los sectores, incluidos los hombres.
Frente a los señalamientos de hacer más trabajo partidista en favor de las mujeres, también se defiende. La acusación, revira, “responde más a un prejuicio que a una realidad. Yo fui secretaria general de Morena y se infiere, quizás en la lectura tradicional de las cosas, que si mi origen o mi última labor fue partidista, ahora yo vengo a hacer alguna labor partidista. No es así”.
La funcionaria se define como “una mujer con mucho compromiso, con mucha ética, sin ninguna pretensión partidista, pues además de que es ilegal, es inmoral”.
Hernández reconoce que la transición “más complicada” de la secretaría ha sido en las facultades de la Conavim a la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, sobre la que recayeron la operación de los refugios, los centros de justicia y el Mecanismo por la Alerta de Género.
Sobre su activismo en redes sociales, donde lo mismo se le ve pelear en con el empresario Ricardo Salinas Pliego, protestar contra el bloqueo económico a Cuba o defender a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, responde:
“Soy parte de un proyecto político, no lo niego. En el gobierno hay perfiles quizás más técnicos, pero eso no significa que yo, en mi labor institucional, le dé una visión partidista ni que pierda el derecho a opinar sobre la realidad pública. Mi trayectoria, mi posición pública y política es clara y no me autocensuro cuando tengo una opinión”.
Citlalli Hernández define como “feminismo popular” el que se ejerce en la secretaría, “con la gente y desde abajo”. Y adelanta que ya trabaja con su equipo en la elaboración de un proyecto de presupuesto mayor –sin mencionar porcentaje– para que en 2026 la secretaría a su cargo pueda cumplir con todas las tareas pendientes, incluido crecer la nómina, que ahora es de apenas 280 personas.