Con base en más de 450 informes que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste elaboró entre el verano de 2020 y mediados de 2021, cuando Adán Augusto López gobernaba Tabasco y Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad estatal, Proceso dibuja la mecánica de operación del negocio de robo y venta de hidrocarburo con el que líderes de grupos armados, empresarios, trabajadores de Pemex y autoridades de los tres niveles se enriquecieron. Inteligencia militar escuchó a todos, desde el conductor de pipa hasta el empresario millonario. No obstante, muchos actores siguen activos.
Durante los tiempos de Adán Augusto López Hernández en el gobierno de Tabasco, el huachicol enriqueció a líderes de grupos armados, autoridades municipales, estatales y federales, empresarios y trabajadores de Pemex, y aunque estuvieron bajo la mirada atenta del Ejército, muchos siguen operando con impunidad, y algunos incluso están a cargo de la seguridad del estado en la administración del gobernador Javier May Rodríguez.
Una revisión realizada por Proceso a más de 450 informes elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi), con base en la intervención de comunicaciones de actores de la delincuencia organizada en Tabasco entre el verano de 2020 y mitad de 2021, exhibe la mecánica de operación diaria del negocio del hidrocarburo ilícito, desde el conductor de pipa hasta el empresario millonario.
Ese periodo marcó la caída de Andrés Rodríguez Vasconcelos, apodado Kalimba, el líder criminal que controlaba los negocios ilegales en la región de Cárdenas y Huimanguillo hasta que cruzó la línea roja en junio de 2020 (mandó asesinar a cuatro policías) y fue asesinado por Benjamín Mollinedo Montiel, Pantera. Durante los meses siguientes, Pantera se fue apoderando de la zona, hasta que llegaron hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a redistribuir las cartas del poder criminal en Tabasco.
Por encima de este submundo regido por la violencia se encontraba Hernán Bermúdez Requena, a quien Adán Augusto López nombró al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), éste y su grupo de colaboradores en las instancias de seguridad repartieron el territorio del estado a los líderes de los grupos delincuenciales a cambio de cuotas millonarias sobre sus negocios ilícitos.
En una plática de febrero de 2021 dos delincuentes afirmaron que, a cambio de 1.5 pesos por litro de combustible robado, la SSPC les apoyaría “con su gente, para que los cuiden mientras estuvieran por su zona; proporcionarían el apoyo de un estatal, radio para que esté en sintonía con la de los estatales, las claves utilizadas por éstos y radios para sus trabajadores”.
Semanas más tarde, Pantera preguntó a uno de sus operadores si 10% de sus ganancias “les llega en Villahermosa”, porque se había enterado que H –el identificativo de Hernán Bermúdez Requena– se habían reunido para “atentar contra él”; poco después, parece que la situación se arregló, ya que Pantera recibió una información del “jefe” Bermúdez de que entrarían 10 camionetas “del estado y de inteligencia de Marina” por él.
Entre los líderes criminales y los funcionarios gravitaba una galaxia de intermediarios y enlaces, por quienes transitaba la información y las cuestiones logísticas, pero también el pago de sobornos: a Pemex para saber dónde y cuándo perforar, a la Guardia Nacional y las policías municipales y estatales para “trabajar” y transitar por las carreteras, a la Secretaría de Marina (Semar) para operar en el mar y en puertos, y a la Fiscalía General de la República (FGR) para tejer alianzas o evitar investigaciones.
Uno de estos intermediarios, Adderly Michell Frías Morales, apodado Micho, en aquel entonces y todavía en 2022 –año de los últimos informes de Guacamaya Leaks–, el delincuente tenía contacto con las principales figuras de la FGR en Tabasco, incluyendo a Ángel Arceo Sevilla, quien encabezaba personalmente las operaciones de huachicol en la región de Cárdenas.
De acuerdo con los esquemas de relaciones elaborados por la inteligencia militar, Micho también hablaba con Serafín Tadeo Lazcano y Jesús Amaya Guerrero, quienes fungían entonces como segundo comandante de la FGR en Cárdenas y comandante regional de la FGR en Villahermosa, respectivamente.
Cuando asumió la gubernatura de Tabasco después de Carlos Merino –el gobernador interino después de la licencia de Adán Augusto López Hernández–, Javier May Rodríguez anunció que limpiaría las redes criminales y de corrupción enquistadas en las instancias de seguridad durante el sexenio anterior. Su fiscalía lanzó investigaciones contra Hernán Bermúdez y su grupo, incluyendo a Carlos Tomás Díaz Rodríguez –quien negociaba en nombre de Bermúdez, según se desprende de las comunicaciones intervenidas– y Ulises Pinto Madera.
Sin embargo, en febrero 2025, May nombró a Serafín Tadeo Lazcano al frente de la SSPC y a Jesús Amaya Guerrero al frente de la Policía Estatal, dos de los agentes de la FGR que aparecen dentro de los esquemas criminales del huachicol en Tabasco.
“Por tan poco se venden”
La participación de los principales mandos de la FGR en los negocios ilícitos de Tabasco permitió a sus aliados aprovechar la llegada de un equipo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la entidad, en el verano de 2020, para investigar sobre las redes de huachicol en el estado.
Algunos intermediarios vieron una oportunidad para quitarse a rivales de encima. En una plática, dos de ellos acordaron enviar fotografías de “todos los que estorben”; en el contexto de esta investigación, los agentes de la FGR tuvieron información sobre los avances de los ministeriales y filtraron datos a sus cómplices.
Uno de los intermediarios que aparece de manera recurrente en los informes de intervenciones telefónicas era Michel Alfonso Haddad Sánchez, apodado Joncha, quien terminó asesinado de manera ultraviolenta en mayo de 2021. Meses antes de su muerte, Joncha narró por teléfono a un jefe de la Guardia Nacional una anécdota reveladora sobre la situación: lo detuvieron unos federales y les explicó que tenía un trato con ellos; cuando le preguntaron cuánto les pagaba, les respondió que ocho mil pesos. Uno cuestionó, inconforme, “por tan poco se venden los compañeros”.
Días más tarde, dos delincuentes mencionaron que el fiscal Juan Gilberto Sánchez González había reclamado que a él “no le daban nada, y pidió que lo dejaran trabajar también”, al igual que su compañero Gerardo Clemente Gachuz, comandante de la FGR en Cárdenas.
El 28 de junio de 2020 Joncha dijo a un perforador de ductos que hubo una reunión en un rancho a la que acudieron fiscales y soldados de la Guardia Nacional, alrededor de “40 personas armadas con uniformes de diferentes corporaciones”, quienes acordaron que el negocio se llevaría “todo tranquilo” en Cárdenas.
De otros informes sale la corrupción de funcionarios de Pemex, indispensable para que los perforadores sepan dónde trabajar, o para realizar operaciones marítimas. En julio de 2020 Joncha informó que pagaba 35 mil pesos por noche a los equipos de seguridad de Pemex, llamados “especiales”; el 5 de ese mes, el intermediario avisó a un contacto que los especiales de Pemex empezarían a hablar en clave, pues se acababa de instalar una antena para interceptar llamadas telefónicas. Dos meses después, un empleado de Pemex le pidió a un intermediario que no le llamara por su nombre porque se había enterado de que su teléfono estaba intervenido.
Víctor Olvera Terán es uno de los trabajadores identificados por la Sedena por informar a los huachicoleros cuando se presentaban ocasiones para extraer combustible terrestre o marítimo. En septiembre de 2020 dijo a un intermediario que se podrían sacar 250 mil litros de diésel para la plataforma petrolera Camper y otros 120 mil litros para la Sonora; semanas más tarde informó sobre el bombeo de 10 millones de galones de diésel ruso D6, e indicó que no podría recibir dinero a una cuenta personal, por ser personal de Pemex. De acuerdo con su declaración patrimonial, Olvera sigue laborando en Pemex Exploración y Producción (PEP), como jefe de departamento y responsable del posicionamiento de embarcaciones en Ciudad del Carmen, en Campeche.
Otro ingeniero de Pemex, llamado Osvaldo Barrios, comentó a un comprador que tiene un conocido con “varias cuentas con 400 millones de pesos” y que les puede apoyar para “los movimientos de grandes cantidades de dinero sin ser detectados por Hacienda”.
“Los de la empresa ICA”
Los informes de inteligencia también exhiben la red de delincuentes de cuello blanco que introduce el combustible ilegal en el sureste: mediante esquemas de ingeniería financiera y legal –que incluye la emisión de facturas apócrifas–, la gasolina es vendida en gasolinerías, mientras que el diésel y el combustóleo son comprados por empresas de transporte y del sector de la construcción, incluyendo algunas de las más importantes del país.
El 22 de junio de 2020, por ejemplo, José Ricardo Ruiz Castilla comentó a Carlos Mantilla Jácome que había tenido una reunión con “los de la empresa ICA”, quienes le indicaron que tenían obras asignadas en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, por las cuales necesitarían millones de litros de combustóleo.
Ruiz Castillo pidió a su interlocutor “que le mande una cotización del precio de combustóleo ya con el transporte y gastos de facturación para entrega” a la constructora, una de las más beneficiadas en contratos de obra pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la refinería Olmeca de Dos Bocas y tramos del Tren Maya.
El 10 de julio de 2020 Estrellita Maldonado Badillo, una de las mujeres que emite facturas falsas –opera una gasolinería a nombre de la empresa Suministros Energéticos del Sureste–, comentó que un intermediario apodado la Tinta subastaría directamente el producto “a Halliburton”, una empresa petrolera internacional que opera en el país.
En septiembre de 2021 el intermediario Micho indicó que hizo contacto con la empresa Trabal, S de RL de CV, para entregarle 40 mil litros de hidrocarburos cada semana. Esta empresa de transporte creció de manera exponencial durante el sexenio de Cuitláhuac García.
Su fundador, Manuel Alonso Cerezo, empezó en un negocio como facturero y es actualmente presidente municipal de Córdoba por Morena, y antes de asumir el cargo dejó sus acciones a Abiud García Rodríguez, otrora subdirector de Control y Verificación Migratoria en el Instituto Nacional de Migración (INM), señalado como integrante de una red de tráfico de migrantes.
De hecho, el propio Cuitláhuac García aparece en los informes de inteligencia militar. El 2 de septiembre de 2021, Luis Aarón Morales Gómez, el jefe de las autollamadas autodefensas de Las Choapas, en Veracruz –en realidad, un grupo armado que encabeza los negocios criminales en la zona–, se jactó con un interlocutor de que le entregó un millón y medio de pesos al gobernador jarocho, a quien pidió un permiso para abrir un campo de tiro con armas de fuego.
Otra conversación entre delincuentes menciona un “punto” de extracción –es decir, un predio donde se puede perforar ductos– que pertenecía a Óscar Vélez Sánchez, entonces presidente municipal de El Carmen Tequexquitla, en Tlaxcala, por el ahora extinto partido Redes Sociales Progresistas, un brazo político del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
En el verano de 2020, la Secretaría de Marina (Semar) irrumpió en el buque abastecedor Go Canopus, con 450 mil litros de diésel ilícito a bordo. La empresa que opera el barco, Marinsa, fue una de las principales contratistas de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que recibió contratos por más de 14 mil millones de pesos, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La empresa gozaba de sólidas conexiones con el grupo político y familiar del expresidente, pues su dueño, Julio Zavala Solís, fue socio de Felipa Obrador, la prima del tabasqueño. Gerardo Jiménez Ovando, un empresario dedicado al huachicol apodado Yayo –quien estuvo relacionado en una operación de gran calado, que involucró la extracción de 38 millones de litros en Dos Bocas–, se sorprendió del decomiso, pues recalcó en una plática con un cómplice que el dueño de Marinsa “es morenista”, pero que tuvo “mala suerte, pues al Go Canopus no lo soltarán y tienen encima a todos los políticos”.
Marinsa siguió operando durante el resto del sexenio de López Obrador, hasta que en abril de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que estaba investigando a la empresa y su dueño por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustible.
En los archivos aparece otra contratista de Pemex envuelta en un caso de huachicol. Se trata de Naviera Integral, una empresa de Juan Pablo Vega Arriaga que recibió contratos multimillonarios de Pemex pese a ser investigada por huachicol en 2020, después del decomiso del buque Don Joaquín con tres mil litros de combustible clandestino a bordo. En abril de 2021 la Semar decomisó otro buque de la empresa, el Doña Ángela María, con probable combustible robado.
Al igual que Marinsa, el dueño de Naviera Integral tenía lazos privilegiados con la casta política local: el 3 de julio de 2019 el empresario invitó a Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco, a inaugurar su buque Leonardo, el 38 de su flotilla de apoyo a las operaciones de Pemex.
Otro caso sacudió la región. En septiembre de 2020 la Semar realizó un operativo en el puerto de Coatzacoalcos y descubrió que dos pipas estaban llenando con combustible ilícito el buque Blue Commander, propiedad de la empresa Agronitrogenados, filial de Pemex desde que la petrolera la compró en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El empresario Alberto Ríos Treviño, turbio intermediario del sector energético, comentó entonces a un interlocutor que el “fiscal” había hablado al empresario que abastecía al buque y le dijo que “las cosas se estaban saliendo de control y no sabía si las podía manejar”.
Ríos Treviño, identificado por el Cerfi como actor de la compraventa de hidrocarburo ilícito, está casado con Rosario Brindis Álvarez, quien fue diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el trienio 2009-2012 y titular de enlace legislativo de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto. El 9 de diciembre de 2020, los agentes del Cerfi Sureste escucharon una conversación entre Ríos y Brindis. El empresario contó a su esposa que “ya le va a pagar y que ya va a salir” el Blue Commander.
La pareja estuvo en el centro de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la asignación de un contrato de 567 millones de pesos otorgado por Pemex a una empresa internacional de la que Treviño era representante, según lo reveló Proceso en 2017. En los reportes de inteligencia del Cerfi Sureste, Ríos es identificado con el apodo Beto el Texano o Dubai, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, de donde era la empresa que ganó el contrato de Pemex.
En junio de 2020, cuando José Ricardo Ruiz Castilla pidió a Carlos Mantilla Jácome un certificado de origen y calidad del combustible de contrabando, éste le respondió que la empresa Fénix le entregaría una factura por una supuesta compra a la empresa Gases y Ductos del Sureste, y que el combustóleo sería transportado por otra empresa llamada JM Residuales del Puerto, cuyo socio era su hijo, Carlos Mantilla Servín.
Esta misma empresa, JM Residuales del Puerto, operaba en la planta clandestina de refinación de Las Vigas, en Veracruz, que fue decomisada por la Fiscalía General de la República (FGR) en julio pasado, según reveló la corresponsal de Proceso en la entidad, Flavia Morales. En ese operativo, las autoridades confiscaron 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques, pero no reportaron personas detenidas.
En una ocasión Carlos Mantilla se quejó de que “hay demasiadas delegaciones de policías a quien pagarles”; las cuotas a los tres grupos de “federales de caminos” (la Guardia Nacional), los GAES, los antiasaltos mermaban el negocio, sobre todo en comparación con Oaxaca, pues según el hombre “en Salina Cruz están dando ahorita documentación original de Pemex porque se entra a cargar directo a la refinería, una persona nos está invitando para como 15 millones de litros”.








