La trama de corrupción que sacude al gobierno español extendió sus raíces a México. Una red de empresas fantasma y un agente de inteligencia venezolano tejen la conexión que culmina con sobornos para favorecer a constructoras ibéricas con contratos en el megaproyecto del Tren Maya. El escándalo salpica a altos funcionarios de Morena y revela una compleja operación de lavado.
El caso Koldo, la trama de corrupción española que ha puesto contra la pared al presidente izquierdista Pedro Sánchez, extendió sus raíces a México mediante una maraña de cuando menos 47 empresas. Una de sus extensas ramificaciones conecta con un agente de inteligencia venezolano, Jorge Luis Brizuela Guevara, cuyas actividades como un hombre de negocios en la Riviera Maya ya han sido seguidas de cerca por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El caso Koldo ha tenido resonancia en México a partir de que uno de sus personajes principales, Víctor de Aldama, empresario confeso de haber pagado sobornos a funcionarios de alta jerarquía españoles, reveló que puso sus contactos políticos enquistados en Morena al servicio del exministro de Fomento, José Luis Ávalos, para que constructoras ibéricas ganaran contratos en el megaproyecto del Tren Maya.
En su testimonio ante la justicia española no mencionó los nombres de sus contactos políticos, aunque asumió la responsabilidad de haber organizado la logística para que José Luis Ávalos visitara México en febrero de 2019 acompañado de Koldo García, su asesor personal y brazo derecho, quien ha sido otro de los acusados en la trama de corrupción española.
En febrero de 2019 el todavía ministro de Transportes español y Koldo García se reunieron con Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, así como con los actuales legisladores de Morena Ricardo Monreal, Pedro Haces y Alejandro Murat.
Un año después, las constructoras Acciona, Azvi e Ineco obtuvieron contratos para participar en el levantamiento de estaciones y en la colocación de rieles del Tren Maya, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento no se ha comprobado la existencia de mordidas en nuestro país, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una investigación, la cual aún no está concluida.
Jorge Luis Brizuela, el Venezolano, figura como un exitoso empresario en la Riviera Maya. La tarde del viernes 2 de diciembre de 2022 subió a redes sociales un video donde denunció un atentado en su contra presuntamente organizado por un comando mientras circulaba por la vía Cancún-Puerto Morelos: “(…) Aquí está otra bala, aquí estamos, toda la gente de la Guardia Nacional; véanme, denuncio a los corruptos y a los bandidos”, reclamó.
Jorge Luis Brizuela presentó, ese mismo día, una denuncia por amenazas: “No es posible que me hayan dado medidas cautelares y me balacearan; sea quien sea al responsable, me voy contra quien sea”, advirtió este personaje, que en fotografías publicadas por medios de comunicación extranjeros apareció portando armas de fuego. No hay registros en la prensa mexicana de que –según sus propias palabras– se haya vengado de los agresores, ya fuese por cuenta propia o a través de los tribunales. Lo que sí está fuera de duda es su perfil de hombre de negocios en México:
En Cancún y Playa del Carmen, dos de los epicentros turísticos de la Riviera Maya, creó tres empresas: 2500 Máxima INTL, ABC Servicios Automotriz y JHC Avanzados. Las dos primeras, como lo sugieren sus nombres, están abocadas a la compraventa y renta de automóviles. La última se dedica a los tiempos compartidos en hoteles. Estas compañías entraron en operación entre 2007 y 2012, pero en tres distintos buscadores en internet, así como en portales oficiales de transparencia no hay registro de sus actividades comerciales.
En este tridente de sociedades anónimas Brizuela ha tenido seis socios: Arturo Marcelín Guevara, Bo de León Marcelín, Horacio Castillo, Marco Giovani Chávez, Concepción López y la también venezolana Nathaly Esteva.
La Sección Segunda del Ejército mexicano recibió un informe enviado por el Consulado en Miami, elaborado con datos de agencias como la CIA y el FBI, en el cual describieron a Jorge Luis Brizuela como un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La identificación de este personaje fue confirmada por la embajada de Venezuela en México, de acuerdo con un correo encontrado en la filtración conocida como Guacamaya Leaks.
En ese documento, el Ejército solicitó a la guarnición militar de Benito Juárez (Cancún) investigar un edificio ubicado en el centro histórico y, al mismo tiempo, pidió al Instituto Nacional de Migración, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, información detallada sobre Jorge Luis Brizuela. Sin embargo, no se han encontrado otros correos electrónicos sobre el resultado de esta investigación militar.
Pronalab, la gran corruptora
El Venezolano está conectado con el caso Koldo mediante la empresa Pronalab, dedicada a servicios de salud con presencia en República Dominicana, Colombia y México.
Víctor de Aldama, el encargado de distribuir sobornos entre el gabinete del presidente Pedro Sánchez, confesó ante la justicia española haber entregado dinero en efectivo a cambio de contratos para obras públicas y otros servicios relacionados con la medicina dentro de las oficinas de ese laboratorio ubicadas en Santo Domingo.
Aránzazu Granell Barbadillo, una de las empleadas, admitió que viajó de Madrid hasta la capital dominicana con la encomienda de entregar 20 mil euros en efectivo destinados al exsecretario de Transporte José Luis Ávalos entre el 31 de octubre y el 13 de diciembre. El dinero lo recibió Joseba Koldo, hermano de Koldo García. De hecho, una de las vertientes de esta trama gira en torno al pago ilegal de más de 50 millones de euros a Pronalab por la compra de cubrebocas durante la pandemia de covid-19.
Las repercusiones del caso Koldo se han hecho sentir en República Dominicana. El Diario Libre documentó que Pronalab en Santo Domingo está registrada a nombre de Jorge Luis Brizuela y de su esposa, Vanessa Lizeth Vargas Flores.
En México, Pronalab fue creada en Veracruz desde el 15 de mayo del 2021 aunque, según datos del registro público de la propiedad, operarían en Cancún. Los accionistas han sido Lorena Ramírez Jiménez, Francisco Valencia Valdespino y Global Stratos Investments, un holding que controla desde España los laboratorios esparcidos en América Latina y cuyo director general fue Víctor de Aldama, el encargado de los sobornos, hasta su renuncia en diciembre de 2024, cuando ya estaba en el banquillo de los acusados, según reportó el medio ibérico The Objective.
Cuando se creó Pronalab México ante el Notario 29 de Veracruz, Julio Alejandro Hernández Gallardo, el órgano de vigilancia en el Consejo de Administración quedó a cargo de Vanessa Lizeth Vargas Flores, la consorte del Venezolano. Ella, por su parte, ha fundado en México cuatro sociedades anónimas entre 2015 y 2020:
Helena Films (productora de cine), Riviera Ice Cream Production (helados), Trinqueta Films (productora de documentales) y Servicios Médicos y Hospitales Móviles V&V. Ninguna de ellas tiene actividades rastreables en internet ni en los portales de transparencia mexicanos. Sin embargo, el solo hecho de estar formalmente constituidas facilita que estas compañías puedan abrir cuentas bancarias.
Durante la conformación de Pronalab México hubo un movimiento dentro de su Consejo de Administración para incorporar a otro inversionista de alto perfil. A partir del 13 de enero de 2022 Luis Gerardo Huiza Castellanos, un empresario y contratista del sector eléctrico venezolano, fue nombrado tesorero.
En la trama Koldo, Luis Gerardo Huiza ha sido señalado por haber servido de puente o enlace para el pago de sobornos por parte de empresarios a funcionarios del actual gobierno español. En un informe publicado por el medio venezolano El Pitazo, se describe cómo, desde una cuenta bancaria manejada por su empresa panameña, FKI Electrical Equipetment INC, transfirió 1.2 millones de euros a la compañía Antromero Desarrollo Empresarial, propiedad del blanqueador de capitales Víctor de Aldama, en junio de 2021.
En otra arista del caso Koldo la justicia española ha recopilado pruebas que responsabilizan a Luis Gerardo Huiza de haber pagado un boleto de avión para que el comandante de la Guardia Civil española, Rubén Villalba, viajara a República Dominicana a recoger los sobornos en efectivo en el laboratorio Pronalab, ubicado en Santo Domingo.
Este empresario venezolano del ramo energético ha compartido la Tesorería de Pronalab México con Gerardo Serrano García, quien fundó, al mismo tiempo, tres compañías: Behars Labs (consultora en comercio exterior), Estrategia Integral de Proyectos (dedicada a obras de infraestructura) y la Transportadora de Gas Ulama.
Sergio Mendoza Romero, el presidente del Consejo de Administración en Pronalab México, ha sido accionista en otras siete compañías, de las cuales tres se dedican, presuntamente, a los bienes raíces:
Agencia BLK (publicidad y marketing), DITERRA Constructores (inmobiliaria), FaceUp Clinics México (medicina estética), Firely Developments (inmobiliaria), Trailer Park Diamante (hotelería), Treecap (prestamista) y Vimar Cap (inmobiliaria).
Las huellas del caso Koldo
El 3 de abril de 2013 Víctor de Aldama fundó en la Ciudad de México la comercializadora Meldorf, sobre la cual no existen rastros de su actividad comerciales en los portales oficiales de transparencia. No obstante, ante el hecho de estar legalmente constituida, este empresario pudo haber abierto cuentas bancarias.
Víctor de Aldama tuvo especial cuidado en elegir a sus socios y representantes, quienes le abrirían un amplio abanico de posibilidades de inversión y, sobre todo, de influencia política en México, sin necesidad de que apareciera su nombre.
En el acta constitutiva de Meldorf anotaron como apoderado a Alejandro Ahuatzi, un puesto que podría considerarse poco relevante porque estaría por fuera del Consejo de Administración y, por ende, no podría votar en las decisiones cuando estuviera en juego el destino de la compañía. Pero visto con perspectiva, este nombramiento era una inversión por doble partida.
El 20 de septiembre de 2011, cuatro años antes de fundarse Meldorf, Alejandro Ahuatzi se hizo de una parte de los títulos de propiedad en Proyectos Mimville, una compañía que lo mismo se dirigía a hacia la exportación de mercancías que a la búsqueda de contratos en la consultoría empresarial y el marketing, bienes raíces y venta de alimentos.
Alejandro Ahuatzi tenía experiencia en mover mercancías y, además, contaba con un hermano con trayectoria en el servicio público. Eso era música para los oídos de Víctor de Aldama, porque podría trepar hacia importantes niveles de poder por un camino distinto a los legisladores de Morena.
Rodrigo Ahuatzi Magaña se desempeñó en la Ciudad de México como subdirector de Asuntos Contenciosos y de Consultoría de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) y trabajó como secretario particular en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 2019, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
A escala federal dirigió la oficina de Normatividad de la Coordinación Jurídica en el Instituto Nacional de Migración en 2018, en el sexenio de Felipe Calderón. Su nombre y los cargos aparecen en documentos oficiales difundidos en internet.
Además, Rodrigo Ahuatzi Magaña tenía una vena empresarial. Cuando su hermano Alejandro inició su participación en Meldorf, como apoderado en febrero de 2013, él ya contaba con Tibag Soluciones Inteligentes, que ofrecía equipos y servicios de seguridad privada desde el 18 de octubre de 2012 en la Ciudad de México y para todo el país.
Luego sumaría tres compañías más, siempre en calidad de accionista: Operadora de Recursos Materiales y Humanos, dedicada a servicios de limpieza personal, instalación de saunas y peluquerías, que abrió sus puertas el 26 de enero de 2015 y, poco tiempo después, el 10 de agosto del mismo año, inició operaciones San Remo Artesanal, abocada a la comercialización de mercancías, venta de lácteos y especializada en patentes, bienes raíces, licitaciones y préstamos. La última fue Industria Empresarial de Recursos, que vendería productos de limpieza y brindaría servicios de aseo a partir del 19 de diciembre de 2017.
Víctor de Aldama seleccionó como socio para Meldorf a una persona con un potencial distinto a los hermanos Ahuatzi Magaña y, sobre todo, mucho más visionario. Su nombre era Joao Carlos de Lima Gines, pero no es de origen brasileño o portugués, también nació en España.
Tras invertir en acciones de la exportadora de su paisano, Joao Carlos de Lima emprendió dos proyectos por separado: el 26 de noviembre de 2013 creó Grupo LASS-Latin America Strategic Solutions que, inexplicablemente, se concentraría en el mismo negocio de Meldorf. Cuatro años más tarde hizo una apuesta más arriesgada: fundó Meridian Energy Solutions de la mano de una trasnacional del mismo nombre, para enfocarse en contratos relacionados con la generación y distribución de energía.
Víctor de Aldama ha sido reservado y calculador en sus contactos esparcidos en México; quien busque su nombre entre los registros públicos de la propiedad sólo encontrará su nombre en Meldorf. No obstante, su amplio margen de maniobra anidó en una maraña tejida por más de 60 accionistas, representantes y apoderados que difuminan su presencia por completo.
La estrategia de Víctor de Aldama en México fue tan eficaz que, para diciembre de 2017, antes de que la comitiva española llegara a México buscando contratos para el Tren Maya, en su portafolio financiero ya tenía contacto con 17 empresas en operación que, según sus actas constitutivas, podrían incursionar ese mismo momento en el turismo, de acuerdo con una base de datos elaborada para esta investigación periodística.
A partir de los testimonios y pruebas del caso Koldo podría asegurarse que Víctor de Aldama cojea de la pierna izquierda: en España está siendo juzgado por sus negocios ilegales, apuntalados por sobornos con miembros del gobierno actual, cuyos ministros han militado o estado cerca del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En México sus contactos políticos se encontraban entre las filas de Morena.
Destino México
Es domingo 3 de febrero de 2019 en España. Víctor de Aldama se dirige hacia un evento del PSOE donde se presentará la precandidatura del exentrenador de baloncesto José Vicente Hernández para la alcaldía de Madrid. Al empresario no lo motiva apoyar al otrora coach de la selección nacional, conocido como Pepu Hernández, quien ganó el Mundial de la especialidad en 2006; estará ahí porque el presidente Pedro Sánchez pidió verlo para agradecerle, personalmente, sus gestiones ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador:
En unas horas, su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el asesor Koldo García aterrizarían en el aeropuerto de la Ciudad de México para negociar la participación de empresas españolas en la construcción del Tren Maya.
Un año después, entre 2020 y 2021, tres constructoras ibéricas, Ineco, Acciona y Azvi, ganaron concursos para construir estaciones, colocar rieles y supervisar la obra en general.
El 4 de diciembre de 2004 Víctor de Aldama entregó al Tribunal Supremo (TS) un documento de 37 páginas para comprobar –desde su perspectiva– cómo nueve constructoras se quedaron con obras a cambio de mordidas para José Luis Ábalos, el exministro de Fomento, quien, justamente, vistió México en febrero de 2019.
Entre las hojas –señaló– había marcas en rosa y anotaciones, hechas por el mismo funcionario, para resaltar cuáles ya estaban asignadas antes publicar las licitaciones. Una de las constructoras implicadas –según él– fue Azvi.
Ante el Tribunal Supremo, Víctor de Aldama sostuvo que el presidente de Azvi, Manuel Cano Contreras, les envió una compensación de 18 mil euros por haber ganado la construcción de una carretera. El dinero habría salido de la empresa Real Estate hacia una cuenta bancaria del Club de Natación de Sevilla.
Azvi rechazó las pruebas. En una noticia publicada por El País advirtieron que no manejaban ningún proyecto con la Dirección General de Carreteras desde junio de 2019, y sobre el dinero explicaron que se trató del pago de una membresía para el club propiedad de Víctor Aldama realizado cuando aún estaba en construcción y se hizo durante un acto público.
En México, Azvi, asociada con el mexicano Grupo INDI, ganó el contrato para el Tramo 3 del Tren Maya valuado, originalmente, en 10 mil 192 millones de pesos. Sin embargo, subió hasta más del doble en su etapa final: 23 mil millones de pesos. Además, también construyeron 20 kilómetros del Tramo 5 Sur a cambio de cuatro mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones que, de comprobarse, apuntarían a un presunto desfalco:
En su análisis entregado a la Cámara de Diputados revelaron que ambas constructoras no justificaron pagos por 65.4 mdp. Algunas de las presuntas anomalías consistieron en que usaron 18.2 mdp para proteger una zona arqueológica y el medio ambiente, pero en ese terreno no había nada que resguardar. Otros 8.8 mdp se destinaron para obras inexistentes en cuatro estaciones: Izamal, Mérida, Maxcanú y Tixkokob. Y, finalmente, gastaron 10.4 mdp para mitigación ambiental, no obstante, los auditores no encontraron rastro de su ejecución.
Acciona –otra de las empresas españolas–, asociada para el Tren Maya con Grupo México, propiedad de magnate Germán Larrea, se quedó con el Tramo 5 Sur por un monto de 15 mil 358 millones de pesos, pero mientras avanzaban en la construcción, desde Palacio Nacional cancelaron el contrato ante una demanda promovida por una organización civil que señalaba daños ambientales.
López Obrador cambió el trazo de los rieles y se decantó por dejar la obra en manos de los ingenieros militares, quienes trabajarían junto a sus colegas de ICA y de la portuguesa Mota Engil.
El diario El Economista calculó que el consorcio afectado recibirá una indemnización por alrededor de 30% sobre el costo del proyecto, que equivaldría a alrededor de 1.2 millones de euros.
Ineco, una empresa privada dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha tenido menos escollos que Azvi y Acciona. En 2020 consiguió por adjudicación directa un contrato por 390 millones de pesos para supervisar las obras del Tren Maya y también para vigilar la construcción de los vagones durante el periodo de prueba.
Si Acciona quedó al margen y Azvi debe regresar dinero al erario fue algo que a Víctor de Aldama no lo afligió. En uno de sus testimonios ante la justicia española dijo que no obtuvo beneficios personales por gestionar el acercamiento de las empresas españolas con sus contactos políticos en México, aunque tampoco actuó como una organización no gubernamental, por lo que esperaba que, en un futuro, estuviera mejor posicionado para otro tipo de negocios.
Y, a la sazón de la red de empresas tejida a su alrededor, tenía razón:
El 10 de enero de 2019, apenas un mes antes del arribo de la comitiva española, entró en operación Ocean HF, la cual se dedicaría al servicio de alimentos en restaurantes, bares y hoteles. La empresa surgió de una de las ramificaciones de Meridian Solutions Energy, propiedad de Joao Carlos de Lima, su socio en la exportadora Meldorf.
El 29 de octubre, antes de finalizar ese año, sus contactos en México fundaron otra compañía que llevaría por nombre Hiper Impacto, una agencia de publicidad integrada por las 12 sociedades anónimas controladas por Elías Sitton, su apoderado en Meldorf.
Entre 2020 y 2021, cuando las constructoras españolas hicieron realidad su participación en el tren Maya, Joao Carlos de Lima, Elías Sitton y los hermanos Ahuatzi, de quienes emanó toda la maraña de 23 compañías, fundaron directa o indirectamente Fymaq Ingeniería (venta de maquinaria), JEG Servicios de Acompañamiento de Especialidad en México (asesoría empresarial), Axxo Aplication (software e internet) y GreenCricket (fertilizantes).








