miércoles 18 de noviembre de 2026

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Convencidas de que “la transformación” ahora está en manos del Poder Judicial, las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel explican en entrevistas los planes para cambiar el corazón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Batres propone una nueva esencia: atraer temas a discreción e incrementar criterios en temas sociales. Esquivel asegura que, en su nueva etapa, el máximo tribunal no estará sometido a grupos de poder, sin descartar que los ministros puedan perder su fuero constitucional.

La ministra Lenia Batres Guadarrama buscará que en su nueva etapa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga casos de manera discrecional, es decir, sin importar si implican o no un análisis de constitucionalidad como le obliga la ley.

         Batres Guadarrama no sólo es una de las tres ministras afines al gobierno federal que continuará en la SCJN sino que, conforme a la votación que obtuvo el 1 de junio último, en 2027 se convertirá en la segunda presidenta del nuevo máximo tribunal y también en la segunda mujer en ocupar dicho cargo en la historia de la Corte.

         Desde la oficina que continuará ocupando en los próximos dos años, a la que llegó en diciembre de 2023 impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Batres comenta que la nueva Corte debe poner mayor atención en el desarrollo de criterios de defensa de los derechos sociales: alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente sano, cultura y agua.

         “El Poder Judicial viene muy lento incorporando una doctrina de justiciabilidad de los derechos sociales. Ha habido históricamente mucha resistencia en la comunidad jurídica para creer que los derechos sociales son justiciables, es decir, que le corresponde al Poder Judicial emitir sentencias que obliguen a las autoridades responsables a algo respecto del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la ciencia y a los beneficios de la ciencia, el derecho a la alimentación y el derecho al agua, que son los derechos que tenemos establecidos constitucionalmente”, explica.

         “Los derechos sociales están en el absoluto desamparo porque, entre otras razones, no hemos asumido que sí nos corresponde a los jueces federales, en el marco de nuestras nuestras resoluciones de juicio de amparo, proteger derechos sociales”.

         Aunque reconoce que hay menos demandas de amparo sobre estos temas, dice que esto pasa porque la gente que lo ha intentado ha sido rechazada por el Poder Judicial federal mediante sobreseimientos o desechamientos.

         Por ello considera que la Corte debe atraer cualquier asunto, incluso antes de llegar al juicio de amparo, para revisar posibles ilegalidades o vicios en el procedimiento.

         “La Suprema Corte debería constituirse como un tribunal con plenitud de jurisdicción, lo cual significa que podríamos o deberíamos poder no solamente revisar la inconstitucionalidad alegada, sino cualquier vicio que tuviera la resolución de origen, porque la gente no se explica que pasen los juicios por aquí y validemos fraudes”, expone.

         “En el juicio de amparo directo, en el que se cuestiona la resolución de un juez, nosotros tenemos una competencia absoluta y podemos atraer por trascendencia, lo dice la Constitución: en amparo indirecto en materia penal lo que se busca es dar la mayor protección a la persona, pero si se tratara de cualquier otro juicio o en cualquier otra materia, la Corte no puede intervenir, aunque muchas veces lo hace”.

         Reconoció que la nueva Corte tendrá diferentes retos por cumplir, principalmente en la planeación e inclusión de los nuevos ministros, que en su mayoría no tienen antecedentes en el Poder Judicial, y cumplir con las expectativas que tiene la gente.

         Ella misma, sin carrera judicial cuando fue designada jueza constitucional, confía en que la falta de experiencia de sus compañeros no será un obstáculo para poder responder a la carga de trabajo que enfrentarán.

         “Hay un exceso de una sobreestimación muy grande a la supuesta superespecialización que supondría el trabajo judicial; en realidad cada vez que uno ingresa a una función jurídica tiene que especializarse en ella. Yo trabajé en el Gobierno de la Ciudad de México, en alcaldías, por supuesto que me tenía que especializar en las facultades de esas alcaldías”, cuenta.

         “Cualquier trabajo jurídico implica dedicación y especialización (…) A mí no me van a contar cuentos de que si no fuiste juez no vas a poder serlo más que después de 10 años de haber estado mirando quién sabe qué o de haber tomado no sé cuántos cursos en la escuela judicial. No, no es así (…) En términos de interpretación, yo realmente creo que es hasta una ventaja que no vengas del propio Poder Judicial porque tienden a ser muy estáticos en algunas de sus interpretaciones y lo que hacemos quienes venimos de otras interpretaciones y perspectivas no somos estáticos, podemos cambiarlas, por eso creo que es hasta una ventaja el venir de fuera”.

         Agrega que el mayor reto para sus nuevos compañeros, que cuentan con especializaciones en diferentes ramas del Derecho, será romper con sus propios criterios, porque les corresponderá conocer toda clase de asuntos.

         Para Batres Guadarrama, la nueva etapa de la Corte será una oportunidad para erradicar criterios que considera violatorios de derechos humanos en materias como laboral, agrario y, principalmente, el criterio que obstaculizó la entrada en vigor de diferentes reformas impulsadas por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador: que la violación al proceso legislativo puede causar la invalidez de una norma.

         “Hay vicios que se cometen permanentemente, como éste de estar considerando que el derecho a la consulta indígena es parte del proceso legislativo y con esa razón hemos invalidado, en lo que yo conté, 55 leyes que ampliaban los derechos de las comunidades indígenas”, comenta.

         “Bueno, ya a partir de la aplicación de la reforma del artículo segundo constitucional, pues eso no va a poder suceder, pero estas resoluciones hay que afinarlas. Lo que sí voy a insistir es que el proceso legislativo no sea motivo en sí mismo de análisis de constitucionalidad, a menos que se viole el proceso legalmente establecido, porque nosotros hablamos de violaciones al proceso legislativo, sobre violaciones a las jurisprudencias como si nosotros fuéramos legisladores”.

         En la Corte saliente Lenia Batres protagonizó diversos momentos de disenso con sus compañeros, en los que incluso aprovechó la incompleta integración de la Segunda Sala para ausentarse y atorar los debates por falta de quórum.

         Aunque en la nueva SCJN no podrá impedir las sesiones cuando algo así ocurra, afirmó que no dejará de denunciar cuando considere que se está cometiendo un “atropello” por parte de sus nuevos compañeros.

Yasmín Esquivel: le toca a los jueces hacer la transformación

La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirma que la nueva etapa de la SCJN no estará sometida a grupos de poder político o económico y que, en caso de que el Poder Legislativo realice una nueva reforma para retirar el fuero a los ministros, ellos no deberán controvertir la decisión.

         La ministra, quien dentro de cuatro años se convertirá en la tercera mujer en presidir la Corte asegura: “Ahora la transformación le toca al Poder Judicial. Ya no está en el Ejecutivo o en el Legislativo”.

         Ministra de la Corte desde que López Obrador la propuso en 2019, comenta que los nuevos ministros buscarán profesionalizar al Órgano de Administración Judicial (OAJ) con los tres representantes que le corresponde designar al Poder Judicial.

         “Tenemos ya platicado el perfil profesional y académico que debe cubrir cada una de las tres personas que le toca aprobar al pleno de la Corte. Tendría que tener la experiencia administrativa, la experiencia profesional para el manejo de los recursos públicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos, transparencia, contralorías, auditorías e informática”, detalla.

         Esquivel Mossa fue una de las tres ministras en activo, junto con Batres y Loretta Ortiz, que continúa en el cargo por haber obtenido votos suficientes para ello durante la elección judicial.

         En más de 40 años en el servicio público su carrera ha contado con el apoyo de diversos personajes priistas, panistas, perredistas y morenistas. Cuestionada sobre la relación de la nueva Corte con los grupos de poder, la ministra dice que la tendencia actual debe cambiar.

         “Un juez no puede obedecer a intereses políticos ni económicos, a grupos de interés, un juez debe obedecer a la Constitución y a las leyes, a lo que existe en el expediente. Hoy que tenemos la posibilidad de reconciliar a la sociedad con sus juzgadores, no podemos desaprovechar la oportunidad”, considera.

         “Un juez, de acuerdo con la Constitución, debe ser imparcial y autónomo. Y esa imparcialidad significa que no va a responder a ningún interés que no sea las constancias del expediente, la Constitución y las leyes. Y a eso nos debemos. Eso es lo que tenemos que avanzar e ir haciendo”.

         Para la ministra, los nuevos juzgadores electos por voto popular cuentan con dos características importantes: el conocimiento y capacidad técnicos y la sensibilidad social.

         “Hoy tenemos un Poder Judicial y jueces totalmente divorciados de la gente y de sus demandas ciudadanas. Tenemos una calificación en los jueces, de acuerdo con las cifras del Inegi, la peor institución calificada sólo después de la policía de tránsito”, comenta.

         “Hoy le toca a los jueces electos, magistrados y ministros hacer la transformación. Ya no le toca otros poderes públicos, ya no está en el Ejecutivo ni en el Legislativo, ahora está en manos de los jueces electos, 881 juzgadores nuevos que vamos a impartir justicia con un mensaje muy claro al pueblo de México: que la justicia sea para todas y todos; que ponga en el centro de la discusión a la persona humana y sus derechos; que esté cercana a la gente; que sea una justicia de puertas abiertas y que no sea una justicia sólo para un grupo, sino para todas y todos”.

La ministra Batres Guadarrama ha propuesto revocar el mandato a los juzgadores que no cumplan con las expectativas de la reforma judicial y quitar el fuero a los ministros que cometan esta conducta. Al respecto, Esquivel refirió que es un tema que sólo podrá definir, en su caso, el Poder Legislativo.

         “Independientemente de cuál sea mi opinión, lo más importante es lo que piense el Poder Legislativo para poder avanzar en esta reforma. Dentro de nuestra competencia no está tener o quitar el fuero, por lo tanto, considero que ése es un tema competencia de otro poder. Nosotros tenemos que acatar la Constitución, a las leyes, nos gusten o no; es la ley y se tiene que respetar. En ese sentido, pues yo estoy porque respetemos lo que señale la Constitución y si el constituyente permanente determina quitar el fuero a los ministros y ministras, así será”.

         Los nuevos ministros recibirán más de mil 500 asuntos nuevos que esperan ser resueltos en los próximos meses, entre los que destaca la definición de cómo cumplirá el Estado mexicano con la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en materia de prisión preventiva oficiosa.

         “Es importante señalar que la prisión preventiva oficiosa es un tema que está en la agenda nacional. Se debe discutir cuáles son, no tan sólo los pros y los contras de la figura, sino también qué es lo que ha destacado la Constitución como algo que debe acatarse.

         “La Convención Americana de Derechos Humanos establece que siempre se respetará el marco constitucional de los Estados parte, en este caso nuestra Carta Magna, entonces tenemos que partir de un marco constitucional que se tendrá que debatir aquí en el pleno de la SCJN en un expediente que se abrió con motivo de la resolución de la Corte Interamericana”, explica.

         En diciembre de 2022 Esquivel Mossa se postuló para presidir la Corte, pero sus aspiraciones fueron frenadas por la sospecha de un presunto plagio en su tesis de licenciatura, presentada en 1987.

         Aunque frenó la resolución de la UNAM sobre el tema, la ministra no ha dejado de ser cuestionada por ello. Esquivel califica el episodio como un tema “eminentemente de carácter político” en el que el exrector Enrique Graue “fue utilizado” por terceros para desprestigiarla.

         “Los tribunales locales y federales han determinado que soy la autora de la tesis y que ningún funcionario de la UNAM tiene competencia para pretender cuestionar la legalidad de los documentos que hace 40 años me expidió la UNAM (…) Fue un tema de orden político por parte de un funcionario de la UNAM, Enrique Graue, manipulado por los intereses de un grupo conservador y el comité de ética no podía emitir un dictamen si no tiene facultades para ello. Es totalmente irrelevante cómo venga el dictamen de un comité creado exprofeso para revisar la tesis”, refirió.

         “Un grupo conservador en contra del gobierno federal utilizó a Graue para que sacara un tema de una tesis de hace 40 años, pretender golpear y descarrilarme de la ruta para ser la presidenta de la Corte”.

         El 20 de agosto último los ministros electos informaron que realizarán acuerdos internos en el pleno para enviar varios expedientes sin resolución de regreso a los juzgados y tribunales federales.

         Esquivel Mossa adelantó que, como parte de estos acuerdos, los nuevos ministros electos podrían dar prioridad a resolver en pleno los asuntos de vigencia anual, electorales, fiscales y penales con mayor antigüedad y los de relevancia política nacional como los de prisión preventiva oficiosa y doble tributación, entre otros.

         Antes de extinguirse el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una demanda contra Nacional Financiera (Nafin) por entregar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial sin su autorización a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

         Entre esos fideicomisos se encuentra dinero que los trabajadores tenían ahorrado y recursos que servirían para indemnizar a los juzgadores que declinaron participar en la elección judicial o perdieron las elecciones y deberán dejar sus cargos. El litigio será resuelto por la nueva Corte.

         Fuentes federales confirmaron a Proceso que el monto para cubrir las indemnizaciones hasta este año ha sido calculado por el CJF en más de dos mil 200 millones de pesos.