La maquinaria electoral de la 4T intensificó su actividad dos semanas antes de los comicios del Poder Judicial. No sólo aceitó con recursos presuntamente de la Secretaría del Bienestar federal la impresión de acordeones, también se hicieron pagos con cheques de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México para activar a sus coordinadores territoriales y responsables seccionales en la distribución de los impresos. La Operación Acordeón se complementó con algoritmos para decidir a quienes presidirán la Suprema Corte en los próximos años. El modus operandi fue descrito en las denuncias que desechó el Tribunal Electoral y fue corroborado por Proceso con documentos y operadores de Morena.
Documentos, testimonios, fotografías y videos sobre la Operación Acordeón fueron parte de las pruebas que desechó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para validar las elecciones del nuevo Poder Judicial de México.
Entre las pruebas documentales destacan un contrato de impresión de la Secretaría de Bienestar federal con la compañía Impresores en Offset y Serigrafía, así como copias de cheques por ocho mil pesos de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México pagados a operadores morenistas para distribuir los acordeones que contenían el nombre y lugar de elección de quienes finalmente ganaron en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo del contrato de impresión fue oficialmente la elaboración de folletos para promover programas sociales, en momentos en que la Secretaría del Bienestar estaba impedida constitucional y legalmente de hacerlo.
La sola existencia de ambos registros (el contrato y los cheques) viola al menos tres artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): 213 y 251 (sobre encuestas y sondeos de opinión, y referente al periodo de veda, suspensión de propaganda y campañas, respectivamente), y el 449 (infracciones en materia electoral cometidas por autoridades y servidores públicos).
Las pruebas aportadas por siete aspirantes a la SCJN que impugnaron la elección expusieron el presunto uso de recursos públicos para financiar los acordeones y una estructura paralela durante el proceso electoral que contravienen especialmente dos incisos del artículo 449, que prohíben:
E) “Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”, referente a la promoción de servidores públicos con recursos del erario.
F) “La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a las ciudadanas y ciudadanos para votar en favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata”.
Otras faltas graves fueron la contratación de espacios en medios, actos anticipados de campaña, entrega de dádivas, uso de propaganda no biodegradable, proselitismo durante la veda electoral, difusión de encuestas fuera de plazo, mensajes partidistas en periodos no autorizados y el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
Esas prácticas están prohibidas, no sólo por la LGIPE, también por el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y el Acuerdo INE/CG24/2025. Sin embargo, el INE también dio por válida la elección.
Proceso tuvo acceso a información con la cual se puede reconstruir la llamada Operación Acordeón, su financiamiento y los respaldos que hubo para concretarla con éxito.
Argumentos de las impugnaciones
Olivia Aguirre Bonilla, Isaac de Paz y Carlos Enrique Odriozola Mariscal, aspirantes a la SCJN, impugnaron la elección del 1 de junio último “por irregularidades que afectaron la equidad y autenticidad del voto”.
Entre las evidencias presentadas por Aguirre en su impugnación figuran elementos que prueban la participación de funcionarios de la Secretaría de Bienestar y la existencia de un contrato de impresión para los acordeones, por más de 400 millones de pesos, gestionado por esa dependencia durante la campaña.
Observa que ese documento se realizó bajo un esquema abreviado. Advierte que se violentaron las normas porque se brincaron procesos para empatar la entrega de los impresos a mediados de mayo, dos semanas antes de la elección, y, además, se contrató a la empresa Impresores en Offset y Serigrafía, SC de RL de CV, una de las favorecidas del gobierno federal.
Cuestiona, además, el argumento oficial que justificó la impresión masiva como garantía para la continuidad de los programas sociales. “Ahora resulta que los programas deben estar vinculados a la impresión de papel para que la gente se entere… No creo que esa sea una justificación válida, y, de ser así, resulta sospechosa y debe ser investigada”.
La Unidad Fiscalizadora del INE tenía que hacer esa investigación, pero dejó la carga de la prueba en los denunciantes.
A su vez, Odriozola Mariscal basó su impugnación en la falta del voto libre y auténtico, y en la inducción sistemática mediante acordeones y plataformas digitales. Presentó pruebas sobre la correlación entre candidatos beneficiados y resultados. Cuestionó cómo candidatos sin trabajo territorial ni redes sociales lograron millones de votos, mientras él obtuvo más de 400 mil sufragios.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso anular la elección en la Suprema Corte por el uso de financiamiento público o prohibido, injerencia de partidos políticos o servidores públicos en beneficio de candidaturas y violación grave a principios constitucionales electorales.
De acuerdo con el magistrado, aunque no se acreditó plenamente la autoría, hubo indicios sólidos de que la elaboración de los acordeones estuvo vinculada a licitaciones relacionadas con propaganda de programas sociales, así como a impresiones realizadas con recursos públicos, presuntamente de la Secretaría de Bienestar y de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos.
Incluso atribuyó responsabilidad indirecta a Morena, al Partido Verde Ecologista de México y a Movimiento Ciudadano, así como los llamados servidores de la nación, gobiernos locales, la Secretaría de Bienestar y alcaldías en la Ciudad de México. Sin embargo, precisó que estos indicios eran insuficientes para acreditar responsabilidad plena, pues se basan en hechos indirectos o testimonios que no identifican con certeza a los responsables.
Un contrato oportuno, urgente y millonario
El 29 de abril último, en plena campaña electoral judicial, el INE anunció la conclusión de la impresión de más de 601 millones de boletas para la elección judicial.
Ese mismo día la Secretaría de Bienestar publicó la licitación LA-20-411-020000999-N-32-2025, para imprimir materiales de los programas de pensiones para los adultos mayores y con discapacidad permanente, de acuerdo con el expediente E2025-2025-00035867 obtenido por Proceso vía transparencia.
Se trató de un procedimiento abreviado bajo el argumento de que “la urgencia deriva de la necesidad de garantizar la continuidad y efectividad en la entrega de apoyos que constituyen un derecho constitucional”.
El 2 de mayo se realizó la Junta de Aclaraciones y el día 9 la Presentación y Apertura de Proposiciones. Participaron cinco empresas; dos fueron descalificadas.
El proceso violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo artículo 42 marca un plazo mínimo de 15 días naturales –reducible a 10 si se justifica–, pero aquí se otorgaron sólo cuatro.
El 12 de mayo, a las 5:30 de la tarde, se emitió el fallo: la empresa Impresores en Offset y Serigrafía, SC de RL de CV, ganó con 99.25 puntos y obtuvo un contrato que ascendió a 429 millones de pesos.
El contrato 411.201.33604.037/2025 (que forma parte de las pruebas presentadas en impugnaciones ante la autoridad federal) incluyó dos subpartidas, una para cubrir 176 millones 75 mil ejemplares, y otra para pagar dos millones 398 mil 600 en la segunda, y se inició siete horas después, el 13 de mayo, y se signó el 21 de mayo, diez días antes de la elección. Los firmantes fueron Mariana Lugo López Cano, directora general de Recursos Materiales de la Secretaría del Bienestar; Álvaro Zavala Cano, titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios y administrador del contrato, y Sergio Gerardo Buenrostro Romero, representante legal de la empresa Offset.
Con vigencia hasta el 31 de diciembre y pago contra entrega, estableció un plazo máximo de 10 días naturales desde la orden de suministro, lo que implicó que la primera entrega ocurriera antes de la elección judicial. Este periodo coincidió con el reparto de los acordeones oficiales, como documentó Proceso en su reportaje “Así operó la red en Morena para capturar la elección judicial”, así como otros medios y redes sociales.
Impresores en Offset y Serigrafía, constituida en marzo de 2001 por Carlos Javier, Edgar y Luisa Mondragón de la Garza, ya había trabajado con el gobierno federal, pese a tener observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con Peña Nieto obtuvo 13 contratos –siete federales– por montos de entre 189 mil y 19 millones de pesos en dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social y entidades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con la 4T, en el periodo de AMLO, Offset se consolidó como proveedora frecuente, sumando 31 contratos federales por montos que van de los 73 mil pesos a los 52 millones 204 mil 93 pesos, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia. Destacan seis adjudicaciones con la Secretaría de Bienestar: cinco tienen montos reservados y uno, el 411.112.33604.137/2021, por un valor de 125 mil 941.20 pesos.
Según el portal Animal Político, en los primeros cuatro años de AMLO Offset acumuló contratos por mil 490 millones de pesos.
Sobre la administración de Claudia Sheinbaum hasta ahora sólo aparece el contrato por 429 millones de pesos, con el que se pagaron los acordeones de la elección judicial, que rebasa por miles los mayores montos que había recibido antes.
“Algoritmo electoral”
Las demandas de impugnación también acusaron la existencia de un “algoritmo electoral”; es decir, un conjunto de instrucciones informáticas para controlar el conteo de votos y los resultados de la elección judicial federal.
Las impugnaciones identificaron irregulares que debieron ser investigadas:
● Coincidencias estadísticas: Las candidaturas ganadoras aparecieron en todos los acordeones distribuidos. Prueba de ello es que cada nombre incluido resultó electo. Además, Hugo Aguilar (5.394 %), Geovanni Figueroa (3.1328 %), Irving Espinosa (3.0747 %) y Arístides Guerrero (3.0720 %) registraron porcentajes de votación consecutivos y casi idénticos, lo cual resalta en los conteos locales.
● Anomalías en casillas: Se detectaron 818 casillas (0.97 % del total) con irregularidades, con participación de 100 % o incluso superior al número de electores registrados. Ejemplos: sección 444 de Ciudad Altamirano y 1917 de Zihuatanejo (Guerrero), sección 704 de Mazatlán (Sinaloa) y 1164 de Las Margaritas (Chiapas).
● Diferencias de votación: Entre Isaac De Paz (quinto lugar) y Arístides Guerrero hubo una diferencia de 763 mil 115 votos, mientras que entre Arístides e Irving fue de apenas tres mil 126 sufragios.
● Patrones atípicos: En Chiapas y Puebla las candidaturas oficialistas recibieron más votos que en la Ciudad de México y Estado de México, entidades con mayor padrón y participación histórica. Las denuncias atribuyen eso a una movilización dirigida, inducción masiva o posible manipulación de resultados.
De acuerdo con los promoventes, existen evidencias de un sistema que permitió ajustar con precisión los porcentajes necesarios para definir a los ganadores, su orden de prelación para la presidencia de la Corte y generar la percepción de una elección competitiva.
Dos ganadores sin campaña
“Los resultados ya los tenemos, sólo faltan las elecciones”, fue la frase que circuló en memes sobre los acordeones semanas previas al día de los comicios. Al cierre de la elección judicial se confirmó: cada nombre del acordeón oficial se hizo realidad.
Arístides Rodrigo Guerrero García (excandidato PRI), Giovanni Azael Figueroa Mejía (académico de la Ibero), Hugo Aguilar Ortiz (exfuncionario del INPI), Irving Espinosa Betanzo (respaldado por Ernestina Godoy), Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa (ministras en funciones), María Estela Ríos González (exconsejera de López Obrador) y Sara Irene Herrerías Guerra (exfuncionaria de la FGR) recibieron el 15 de junio último sus constancias como ministros de la Suprema Corte y desde el 1 de septiembre integran la nueva SCJN.
De acuerdo con los aspirantes que perdieron, en dos casos no hubo campaña: Figueroa Mejía y Herrerías Guerra.
Al menos siete aspirantes a ministro cuestionaron el proceso: Isaac de Paz, Olivia Aguirre Bonilla, Dora Martínez, Abraham Amiud Dávila, Ricardo Sodi Cuéllar, Carlos Odriozola y Rosa Elena González. También promovieron juicios aspirantes a magistraturas del Tribunal Colegiado de Circuito y juzgados de Distrito (SUP-JIN-664/2025 y SUP-JIN-307/2025).
De igual manera, hubo al menos 23 expedientes de terceros interesados que acusan presuntas irregularidades como clientelismo, entrega de “acordeones” y baja participación; objetan el cómputo nacional, resultados y la entrega de constancias de mayoría. Por mayoría de tres votos a dos, la Sala Superior del TEPJF desechó las impugnaciones para el caso de la Corte. La mayoría la integraron los magistrados Mónica Soto, presidenta; Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. La minoría fueron Reyes Mondragón y Janine Otalora.
El excandidaro De Paz González, quien impugnó la elección aseguró que el TEPJF tomó una decisión política, más que jurídica: “El 80 o 85% de los razonamientos fueron políticos y solo un 15 o 20% estrictamente jurídicos. Así ocurre en tribunales constitucionales: los magistrados se pliegan al poder”.
Investigador de la Facultad de Derecho de Tijuana, aseguró que este precedente condicionará los futuros comicios judiciales. “De cara a 2027 los posibles candidatos ya estarán calculando que, para ganar, tendrán que aliarse con actores políticos, partidos o estructuras gubernamentales para aparecer en los acordeones, asegurando así su lugar entre las candidaturas. Eso pervierte la idea original de la elección judicial en México”.
Brigadas pagadas por Bienestar-CDMX
Eran las cinco de la tarde del 23 de mayo último cuando una camioneta vieja, tipo estaquita Nissan blanca, con placas D49-AKX de la Ciudad de México, se estacionó frente a la casa de gestión del diputado federal morenista Jesús Emiliano Álvarez López, ubicada en la colonia Del Bosque, Gustavo A. Madero, número 100, y preguntó por Geovanni Aguirre.
La escena fue grabada por vecinos en videos obtenidos por Proceso.
La camioneta transportaba paquetes con el emblema “1 de junio, chilangos a votar” y contenía miles de acordeones oficiales, como los distribuidos en todo el país a finales de mayo pasado, incluso durante la veda electoral y durante la elección judicial.
El cargamento llegó a la casa de gestión de Álvarez López, utilizada desde marzo como centro de operaciones de la brigada territorial contratada con tres objetivos:
● En marzo prospectar simpatizantes de Morena.
● En abril afiliar de 10 a 20 personas diarias.
● En mayo repartir los acordeones e “inducir el voto en favor de candidaturas respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación”, así lo relataron militantes de Morena que solicitaron su anonimato por temor a represalias.
Pepe fue contactado en febrero pasado para integrarse a los trabajos territoriales y citado en marzo cerca de la estación La Pastora del Cablebús, junto con otras 24 personas convocadas por Geovanni Aguirre, un morenista que presume su cercanía con el expresidente López Obrador y la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, desempeñándose como jefe regional en la operación.
Ahí los nombraron Coordinadores Territoriales (COT) para organizar, afiliar y promover el voto. Llenaron formatos con sus datos y los de una persona de confianza, pues los pagos de ocho mil pesos mensuales se emitirían a nombre de esta última. También entregaron su CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y credencial de elector.
Se les pidió formar equipos con al menos 10 responsables seccionales (RS), quienes recibirían un apoyo único de ocho mil pesos, además de un auxiliar con pago de dos mil pesos.
Vía WhatsApp, en el grupo “Refuerzo dtt 1 Cuautepec”, creado el 4 de marzo, los citaron en la casa de gestión de Álvarez López para reuniones regulares. A cada COT le asignaron entre cinco y ocho secciones para prospectar simpatizantes a nombre de la Asociación Amigos de Cuautepec, recabando datos personales, sección electoral, clave de elector y teléfono para afiliarlos. Durante dos semanas buscaron “futuros morenistas” y promovieron la elección judicial con un minimanual de acercamiento.
En abril recibieron tablets para afiliar a personas y listados nominales para agilizar su labor. La meta era clara: “Nos decían que teníamos que cumplir los 10 millones de afiliados”, recuerda Pepe.
En mayo la prioridad fue promover la elección judicial y el voto por Morena. Distribuyeron acordeones y pidieron replicar los nombres y números de la “guía” en las boletas, pues eran “los candidatos de la 4T y de la presidenta”, dijo Mary, RS.
Durante la jornada electoral repartieron acordeones –con promesa de respaldo si había detenciones– y actuaron como observadores para frenar actos irregulares de la oposición.
Los pagos a los COT y a los RS y auxiliares se realizaron mediante cheques emitidos por el gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaría de Bienestar Social, cobrados en Banca Afirme, autorizado por Norma Saldaña M, coordinadora de Finanzas. Proceso tiene evidencia de estos cheques entregados en la casa de gestión de Álvarez López.
Esta revista llamó a las oficinas de Geovanni Aguirre y corroboró cada actividad narrada por Pepe y Mary.
El día de la elección, Mario Rafael Sulbarán Viñas, candidato a magistrado en Iztacalco y Venustiano Carranza, documentó a servidoras públicas repartiendo acordeones fuera de una casilla. “Tomé fotos, videos y presenté denuncia ante la Fepade –ahora Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel)–”, dijo. Las mujeres fueron detenidas y liberadas horas después. Sulbarán no impugnó y quedó sexto de nueve.
La Fisel investiga 19 denuncias por incidentes menores en nueve alcaldías, incluyendo Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza.
Acordeones en Puebla
En las primeras horas del 1 de junio, tras cesar la lluvia, brigadas morenistas recorrieron calles de la ciudad de Puebla para pegar en paredes, postes y puertas decenas de acordeones con nombres y números de candidatos que más tarde resultaron ganadores. Este medio tuvo acceso a fotos que evidencian esta propaganda colocada de madrugada.
Juan, de Puebla, apoyó a Natalia Téllez Torres Orozco, candidata a la Corte. Al salir de su casa en la calle 18 Sur le molestó ver tantos acordeones: “Morena y el gobierno intentaron influir en el voto”. Vio a una mujer tomar uno y decir: “Con esto me daré una idea para votar”.
Ana, morenista que pidió anonimato, confirmó que tras votar vio acordeones en calles como 18 Sur y Avenida Circunvalación. Los artículos 213 y 251 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben propaganda durante la veda y la jornada electoral.
Proceso buscó entrevistar a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; al diputado Emiliano López Álvarez y a la secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Araceli Damián González, pero no respondieron al cierre de esta edición.








