miércoles 18 de noviembre de 2026

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Hace dos meses Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, de la ONU, envió una misiva al gobierno de México expresando su preocupación con motivo de la pasada elección de jueces para renovar el Poder Judicial, en la que hubo diversas irregularidades. En la carta recomienda sobre todo prohibir la distribución de acordeones y evitar la inclusión de personas con posibles vínculos con el crimen organizado, y “otros factores que derivaban en la descalificación del proceso”. Aún no ha recibido respuesta.

Para la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la jurista estadunidense Margaret Satterthwaite, México debe prohibir la distribución de los llamados acordeones y evitar así comprometer las futuras elecciones judiciales.

En entrevista con Proceso, la litigante y académica de la Universidad de Nueva York considera que desde el 1 de septiembre, inicio de funciones de los juzgadores electos por voto popular, la justicia en México sufrirá un cambio drástico que implicará un riesgo en las resoluciones que se dicten.

“Esto va a ser drástico. Es la renovación más grande del Poder Judicial en un solo día en la historia del país, casi 900 puestos federales y casi dos mil locales se sometieron a votación popular en 2025, y aunque la elección popular de jueces no es por sí mismo contraria al derecho internacional, la velocidad y escala de la reforma judicial en México, junto con el tradicional sistema de ingreso por méritos (carrera judicial), que ahora se ha descartado, crea un riesgo de que las decisiones judiciales se alineen con demandas populares o con intereses políticos en lugar de principios legales”, dice.

El 3 de junio último, Satterthwaite envió una carta al

gobierno mexicano en la que expresó su preocupación sobre las irregularidades documentadas por organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y medios de comunicación, como la distribución de acordeones, la opacidad en los comités de Evaluación, la inclusión de candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada, etcétera.

En la misiva emitió diversas recomendaciones para evitar incurrir en los mismos vicios en las futuras elecciones judiciales de 2027 en las que, además de terminar de elegir a 50% de los integrantes de los Poderes Judiciales del país, los ciudadanos elegirán a los nuevos diputados federales, renovarán Congresos locales y a los gobernadores de 17 entidades federativas.

A dos meses de que la relatora envió la carta y de que el gobierno mexicano notificó su recepción, hasta el momento la administración de Claudia Sheinbaum no ha emitido respuesta alguna, por lo que considera que el asunto aún está en análisis.

“Lamentablemente, hasta el momento el Ministerio de Asuntos Exteriores sólo acusó de recibo la comunicación, pero aún no he recibido una respuesta sustancial. Una vez obtenida la respuesta, la publicaré en el registro de comunicaciones de la ONU”, explica Satterthwaite, quien en octubre de 2022 fue designada Relatora por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Satterthwaite, quien ha trabajado en organizaciones internacionales de derechos humanos y ha sido consultora en otras agencias de Naciones Unidas, consideró preocupante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara la elección pese al uso de acordeones, así como las diferentes etapas del proceso electoral en las que fueron documentadas otras irregularidades.

“Tengo serias preocupaciones porque el Tribunal Electoral confirmó los resultados del proceso de selección de candidatos, pese a que las listas incluyeron personas con posibles vínculos con el crimen organizado y hubo otros factores que derivaban en su descalificación del proceso”, expone.

“Estas deficiencias pusieron en duda si la votación cumplía con los estándares internacionales, incluidos los principios básicos de independencia del Poder Judicial que exigen que los nombramientos se basen únicamente en la capacidad, la integridad y la experiencia”.

Consideró que las características de la reforma judicial, como el reemplazo masivo de jueces, la selección por tómbola de candidaturas y las calificaciones reducidas para ocupar el cargo, entran en conflicto con el derecho que tienen las personas a ser juzgadas por tribunales competentes, independientes e imparciales, conforme a los estándares internacionales.

Por ello, insistió en que el gobierno mexicano debe enmendar estos errores en la reforma judicial y destinar recursos suficientes para evitar la repetición de las deficiencias documentadas en la primera elección judicial.

“Exhorto a México a fortalecer los criterios para postular a cargos judiciales, profesionalizar los mecanismos para elaborar la lista de candidatos con criterios uniformes de mérito de los candidatos, pues 2025 mostró que cada poder fijó sus propios y, a veces, vagos parámetros y omitió criterios básicos como integridad y competencia. Una disposición legal única con criterios uniformes de mérito que combine exámenes por escrito, audiencias orales y verificación de antecedentes debería preceder a cualquier sorteo o papeleta”, refirió.

“Se necesitan cronogramas transparentes de los comités y plazos legalmente exigibles para evitar correcciones tardías y las omisiones que afectaron la elección de 2025, hacer una preselección basada en mérito con audiencias públicas transmitidas en vivo y con la participación de la sociedad civil, que el Instituto Nacional Electoral produzca exclusivamente la información electoral y se prohíban las ‘listas ganadoras’ privadas, porque la elección de 2025 reveló que los acordeones podrían influir en el voto de los electores”.

Añadió que se debe poner mayor atención al financiamiento ilícito en las elecciones judiciales y consideró que también se requieren campañas de educación cívica focalizadas en lenguas indígenas y formatos accesibles para que la gente conozca el pacto judicial, la independencia y mitigar la complejidad de las boletas.

Críticas a la tómbola

Recordó que en el caso de México la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró que cualquier reforma al modelo de selección de juzgadores debe realizarse gradualmente basándose en un debate verdaderamente pluralista y, sobre todo, en un diagnóstico técnico, profesional y exhaustivo de los problemas que se buscan resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo.

Por ello, comentó que realizar la elección de 2027 de manera gradual sería lo más prudente, de lo contrario podría haber deficiencias similares a las que han sido documentadas este 2025.

“El sorteo aleatorio debería abolirse en los tribunales superiores y sustituirse por concursos y revisión por pares. Como señalé en mi comunicación a las autoridades, el azar prevalece sobre la trayectoria profesional y debería minimizarse”, precisa.

Advirtió que la eliminación de la carrera judicial y la reducción en los requisitos de experiencia para ser juzgador disminuyen la competencia técnica de los perfiles que participen en la elección y abren la puerta a decisiones que reflejan la opinión electoral.

“Para mitigar estos efectos, insisto, las autoridades deben prohibir absolutamente las donaciones partidistas, gubernamentales o corporativas para campañas judiciales, pues existen diversos vacíos legales sobre el financiamiento de las campañas, asimismo deben establecerse ‘periodos de enfriamiento’ que son básicamente los años que deben esperar los exfuncionarios para poder postular a una candidatura por un cargo judicial; establecer garantías de inamovilidad y salariales que no puedan alterarse por legislaturas futuras y crear un comité independiente de ética que revise la conducta de los candidatos durante la campaña”, enfatiza.