miércoles 18 de noviembre de 2026

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Pese a suspensiones judiciales y protestas ciudadanas, la Secretaría de la Defensa Nacional construye una residencia de descanso en Bacalar, Quintana Roo. Justifica su proyecto como un espacio para soldados con estrés postraumático, pero información obtenida da cuenta de que es un complejo de lujo (con alberca, jacuzzi y bar) con perfil para altos mandos. Además, aunque la obra es un riesgo para la Laguna de los Siete Colores y el Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico, Semarnat y Profepa avalaron el proyecto sin estudios de impacto ambiental.

BACALAR, QRoo.– La construcción de una residencia de descanso de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en un inmueble de su propiedad frente a la Laguna de Bacalar detonó inconformidad en la población de este pueblo mágico. La férrea negativa de los militares a frenar la obra pese a órdenes judiciales desató la indignación y movilización de adultos y niños, quienes pretenden llevar esta lucha hasta frenarla de manera definitiva.
Aunque la Sedena justifica su construcción aludiendo que se trata de una obra de interés colectivo, los juzgados y tribunales federales ubicados en Quintana Roo han dado revés a sus argumentos, pues por su tamaño la obra sólo estará reservada para un reducido sector de la milicia.
En su disputa con los pobladores, la Sedena cuenta con importantes aliados: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que le permitió comenzar la obra sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que asegura no poder hacer nada ante el aval de la Semarnat, y Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ha evitado pronunciarse sobre los efectos de la obra en los muros del Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII para contener la piratería en las costas de Caribe mexicano.
El terreno de Bacalar, entregado por el gobierno de Quintana Roo en 1983 al Ejército, se encuentra en una de las zonas de mayor plusvalía del país por su belleza natural. Así ocurrió, en su momento, con la Quinta Maya, en la isla de Cozumel, donde se construyó una casa similar que fue utilizada como sitio de descanso para presidentes de la República y secretarios de la Sedena.
La Defensa Nacional ha reconocido dos casas de descanso más, similares al que pretende en Bacalar, de acuerdo con lo dado a conocer por Proceso, se trata de la Quinta Allende, en Guanajuato, y Quinta Guerrero, en ese estado.
Aunque la Sedena afirmó en principio que el inmueble sería destinado a soldados que presentan afectaciones como estrés postraumático, debido a las operaciones en las que participan contra el narco en distintos puntos del país, fuentes castrenses, consultadas por este medio, refieren que la vivienda que se construye en Bacalar reúne las características del uso residencial para altos mandos, como comandantes de región y zona, mas no para el grueso de efectivos que intervienen en dichas actividades.
El terreno en Bacalar, ubicado en la ribera de la Laguna de los Sietes Colores, origen de la reciente disputa con ambientalistas, se ubica a unos 15 kilómetros al sur, sobre la misma línea costera, de Xmotoc, sede del Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en Selva y Anfibias del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), famoso por la instrucción que imparte a elementos castrenses en condiciones sobrehumanas.
De acuerdo con la autorización de exención de la MIA, consultada por Proceso, se indica que el inmueble contará con instalaciones como bar, jacuzzi, alberca, estacionamiento y área de juegos, entre otros.
Esto se levanta en un terreno de dos mil 706.11 metros cuadrados que, además, originalmente era de la mitad de extensión apenas a principios de este año, antes de una rectificación de medidas y colindancias ante el Registro Público de la Propiedad.
Niños y adolescentes del Pueblo Mágico de Bacalar se sumaron a la lucha de la ciudadanía para defender a La Laguna por la construcción.
Un conjunto de 23 menores de edad, representados por 12 madres y dos padres de familia, son a su vez apoyados por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) que interpuso el amparo 313/2025, mismo que el 12 de mayo último resultó en una suspensión provisional de obra por determinación del Juzgado Primero de Distrito.
Algunas de las madres de familia dijeron que se manifiestan impulsados por el deseo de que sus hijos disfruten de los mismos colores azules del agua en el que ellas nadaban cuando eran niñas.
“Me siento ofendida como bacalarense. La Sedena no analiza la situación de sus acciones. Me ofende saber las consecuencias que puede traer. Me siento decepcionada y preocupada de que ignoren lo que el pueblo pide a gritos”, dijo a Proceso una de las señoras que representan a los niños que buscan defender sus derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la cultura, a la información y a la participación pública en asuntos ambientales.
La Sedena pasó por alto una primera suspensión provisional del mismo juzgado, emitida el 9 de abril último, así como la del 12 de mayo. Fue hasta dos meses después, a mediados de junio, cuando la maquinaria paró, pero la población teme que se reanude la construcción en cualquier momento.

Patrimonio en riesgo

Bacalar fue nombrado Pueblo Mágico en 2007 durante la gubernatura del priista Félix González Canto. Se ubica a 40 kilómetros de Chetumal, capital estatal, y tiene poco más de 41 mil 700 habitantes.
El predio concedido por el gobierno de Quintana Roo siempre fue utilizado como balneario donde se construyeron desde un principio instalaciones militares. De acuerdo con los propios pobladores, se conocía como “el terreno de los militares”. Fue entregado durante el gobierno estatal de Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La extensión inicial de la propiedad era de mil 334 metros cuadrados. Sin embargo, un deslinde realizado precisamente este 2025, poco antes de comenzar las obras (inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo) aumentó al doble su superficie.
Era poca la actividad que se realizaba y los pobladores acabaron por acostumbrarse a que formara parte del paisaje. En su interior había unas cuantas palapas y cuartos, sobre los que se desconoce su uso.
“Fue siempre un discreto jardín con palapas y barracas austeras, donde nunca se notaron actividades militares. Algunas veces dejaban pasar a visitantes, quienes querían tomarse una fotografía en la Laguna. Quienes custodiaban el predio nunca tuvieron roces con la población. La modesta arquitectura de sus instalaciones estaba en armonía con la vista desde el Fuerte, y a través de sus rejas se podía ver la Laguna y disfrutar de la brisa al paso”, contó a Proceso un habitante de Bacalar.
A 42 años de la cesión del terreno, la Sedena propuso demoler la anterior infraestructura bajo el argumento de que ya se encontraba en mal estado y el riesgo de impactar ambientalmente a la laguna.
Los trabajos se iniciaron desde principios de 2025, pero sin ningún tipo de permiso de impacto ambiental, porque la solicitud de exención de MIA lo ingresó ante la Semarnat el 19 de marzo último y la dependencia le autorizó no entregar estudios ambientales el 26 de marzo: tiempo récord de apenas seis días.
La obra inició en enero de 2025, pero fue hasta marzo que los habitantes de Bacalar se dieron cuenta de lo que ocurría, cuando una maquinaria pesada empezó a dragar la laguna. Un grupo de personas se organizó primero para protestar y después se dio el siguiente paso, con los juicios de amparo contra la obra.
El área en la que se encuentra el terreno militar es privilegiada, a la orilla de La Laguna de Siete Colores y justo enfrente del Fuerte de San Felipe, cuya función en el pasado era militar, pues protegía al pueblo de los piratas.
El Fuerte es un inmueble catalogado por el INAH. En la opinión de un arqueólogo de la institución, que pidió mantener el anonimato, este vestigio histórico está en riesgo. Los muros pueden resentir la cercanía a la obra militar –a pocos metros de distancia– y el uso de maquinaria pesada aproximadamente.
En marzo último, el arqueólogo solicitó al INAH enviar una comisión para verificar que no existieran daños al Fuerte de San Felipe, pero no obtuvo respuesta.
“La Sedena alega que tiene la propiedad, pero no los exime de hacer los trámites de permisos y de socializar con la ciudadanía. No por el hecho de que sean autoridades federales les da derecho a violar las leyes. ¿Por qué están haciendo una construcción junto a un edificio emblemático y además en el agua están rellenando, excavando?”, cuestionó.

Semarnat y Profepa, permisividad

Presionada por la inconformidad del pueblo de Bacalar, la Semarnat publicó un comunicado el 1 de abril en su sitio web en el que dio a conocer que otorgó a la Sedena una exención de la presentación de la MIA, ya que “sólo sería una remodelación” sobre lo que ya está de pie.
Proceso solicitó vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la autorización ambiental, pero la Sedena respondió con el mismo boletín emitido por la Semarnat.
Daud Rincón, abogado del Instituto Federal de la Defensoría, explicó que otorgarle una exención a la construcción militar va contra la legislación ambiental de México.
“La exención dentro de la legislación vigente de materia ambiental es justo excepcional, no debe ser la regla y obedece a supuestos específicos; por ejemplo, cuando llega un desastre natural e impacta una obra existe una posibilidad de exentar la evaluación por la urgencia de obra. En este caso, existe una obligación de obtener una evaluación por el tipo de obra que se está realizando”.
El Artículo 6 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental señala que únicamente si una construcción no incrementa el nivel de impacto o riesgo ambiental se podrá exentar de la MIA.
A la misma solicitud hecha por este medio, la Semarnat contestó en un primer momento que es información clasificada porque se encuentra en un procedimiento judicial. Pero en otra respuesta a la misma pregunta, dijo que no existe ninguna MIA por esta obra.
La Laguna de Bacalar es un cuerpo de agua complejo que tiene vegetación costera y ribereña, tiene manglares, que en México está prohibido talar.
Otra de sus particularidades son los estromatolitos, rocas que son consideradas la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra.
“En esta zona revolver y rellenar el sedimento sólo logra que el agua quede café, eso ya está causando una alteración al ecosistema lagunar, y la peor alteración (es) que quienes tienen que hacer que se cumpla la ley son los que están poniendo el ejemplo de cómo incumplir la ley y construir mal”, reclamó la investigadora del Instituto de Ecología, Unidad Mérida, de la UNAM, Luisa Falcón Álvarez.
Pese a las respuestas negativas por transparencia, Proceso tuvo acceso al resolutivo de autorización de exención de presentación de la MIA expedida por la Semarnat, en el que las actividades de mitigación de la obra sólo se reducen a un planteamiento citado en un párrafo.
No se especifica qué es precisamente lo que la Sedena tiene permitido ejecutar.
En el documento, el instituto armado asegura que no afectará el entorno, el manto freático ni la laguna de Bacalar, aunque no detalla cómo evitará eso.
Pese a que la población ha señalado actividades de dragado, perforación y aplanado en la ribera de la laguna de Bacalar, un ecosistema costero frágil, la Profepa se ha negado a ejecutar alguna sanción contra la obra.
Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, explica que ellos no pueden hacer mucho porque se tienen que sujetar a lo establecido en el documento de exención de la MIA expedido por la Semarnat.
“Esa exención para nosotros es una autorización y solamente se puede ejecutar lo que esté proyectado. Entonces nosotros, en nuestro procedimiento hasta este momento, no habíamos encontrado ninguna irregularidad”, expone Mariana Boy.
 Actualmente en Quintana Roo esta dependencia ha emprendido una serie de clausuras contra obras irregulares como no se había visto en los últimos años, en un intento de remediar las omisiones en materia de impacto ambiental durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Incluso se ha reunido con los ambientalistas, pero sobre la casa de Bacalar ha dejado pasar de largo las obras de Sedena.
“Se menciona una omisión por parte de la Profepa y nosotros ya informamos que no ha habido una omisión por parte de Profepa, toda vez que se hizo la visita de inspección, se inició el procedimiento, se le pidió a la Sedena que presentara sus permisos, sus autorizaciones, mismas que presentó en ese momento”, agrega Boy.

Fuera de la ley

Detrás de las suspensiones que impiden a la Sedena ejecutar trabajos, mismas que no acató, está el juez federal David Pacheco Monroy, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal.
Son tres juicios de amparo iniciados tras la detección de los trabajos. Se reclaman a diversas autoridades la permisión de ejecución sin permisos ambientales y la entrega de la exención de tramitación de la MIA sin sustento legal.
Pacheco Monroy ha otorgado las suspensiones, según los resolutivos a los que se ha tenido acceso, con base en los principios de conservación ambiental dispuestos en jurisprudencias y tratados internacionales.
Estos precedentes judiciales obligan a detener obras que pongan en riesgo ecosistemas antes de la finalización de un juicio en materia ambiental porque en caso de ganar, y no haber suspendido antes la ejecución de los trabajos, ya no habría nada que proteger.
Las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc) buscan ganar a corto plazo el amparo para obligar de manera contundente a la Sedena a frenar el proyecto.
En entrevista con Irma Morales Cruz, abogada de DMAS, sobre el amparo indirecto 271/2025, sostiene que la entrega de la exención de la MIA estuvo fuera de ley porque no se trata de remodelación, sino de obra nueva en ecosistema costero, donde forzosamente se solicita la presentación de estudios ambientales detallados.
Lo establece así la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa), junto con su reglamento.
Los juicios prevén que dure hasta dos años su resolución, pero ante la resistencia de la Sedena, de no acatar las suspensiones, preparan ya la presentación de recursos dentro de los amparos que deriven en responsabilidades hasta del tipo penal contra servidores públicos.
“En caso de que se demuestre que hay un incumplimiento de parte de la autoridad o las autoridades responsables, el juez les ordena a las autoridades en un término de 24 horas cumplir con la suspensión para que puedan subsanar estas deficiencias”, dice la abogada Irma Morales.
Y recuerda: “En caso de que no se cumpla esta orden, puede haber denuncia ante el Ministerio Público de la Federación que conlleva a sanciones respectivas, multas, prisión o destitución de los cargos que ocupan servidores públicos”.
Daud Rincón, abogado del Instituto Federal de la Defensoría, coincidió en que otorgarle una exención a la construcción militar no procedía en este caso por parte de la Semarnat.
Incluso, la batalla legal va más allá, pues los derechos culturales están directamente relacionados con este reclamo, en el caso del amparo interpuesto a nombre de la niñez bacalarense.
“La presencia de la Sedena altera las costumbres y dinámicas que tienen. La sola presencia militar genera un efecto inhibidor entre la paz de los habitantes”, explicó Orvelin Montiel, abogado del IFDP.
La presencia militar, lejos de generar seguridad, trajo consigo la sensación de inquietud en los habitantes y creó la sensación de despojo en las infancias.
“Es bien sabido que generalmente la Sedena y los grupos de seguridad pública están en conflicto con el crimen organizado –agregó–. Sabemos que ya hay presencia de ciertos grupos en Quintana Roo y también por esto no están tranquilos, porque en cualquier momento se podría atacar” el lugar.