miércoles 18 de noviembre de 2026

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Los principales acusados en el caso de abuso sexual contra dos menores de edad en Zimapán, Hidalgo, ocurrido en 2022, se dicen inocentes y “dos veces juzgados” por el mismo delito, mientras que el padre de las niñas duda de los testimonios que han rendido sus hijas ante la procuraduría estatal y la Fiscalía General de la República. Los acusados y la contraparte intercambian señalamientos de protección política, pruebas manipuladas, intereses económicos e injerencia de grupos externos en un asunto que es utilizado en la disputa política en el estado, pero que ya ha escalado hasta el gobierno federal.

El 15 de abril último se libraron órdenes de aprehensión contra Arturo Williams Trejo Leal, empresario y excoordinador en la región Zimapán de la campaña que llevó al morenista Julio Menchaca Salazar a la gubernatura; contra su esposa, Bertha Eva Medina Hernández, y su cuñada Alhely Medina, entonces diputada local en funciones por Morena.
A partir de ese momento se inició una búsqueda en la que participaron la Guardia Nacional (GN), el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y las corporaciones municipales. Para las autoridades, el estatus era de “personas no localizadas” hasta que Trejo y las hermanas Medina Hernández recibieron una suspensión condicional que impide sean detenidos por el delito imputado. En ese contexto, Proceso conversó con la familia Trejo Medina.
El matrimonio inicia su defensa con los primeros tres dictámenes ginecológicos y en materia de psicología realizados por la procuraduría de Hidalgo a sus dos sobrinas, quienes los refieren en testimonios como presuntos agresores. Los resultados no refieren agresión sexual.
Los posteriores exámenes en la FGR hacen referencia a un posible abuso. También es esta fiscalía la que cuestiona uno de los dictámenes de la parte acusadora, el del médico José Alberto Baños Vázquez, por posible mala praxis. Éste refiere lesiones y desagarres en las zonas íntimas. El matrimonio acusa que fue un instrumento de presión para que el último procurador en el sexenio de Omar Fayad Meneses, Alejandro Habib Nicolás, librara las primeras órdenes de aprehensión.
Un dictamen del Hospital del Niño DIF identifica el Virus del Papiloma Humano (VPH) en una de las niñas.
“Nosotros no las contagiamos. ¿Quién las contagió? Más bien yo ahí increparía a la propia procuraduría, porque no ha hecho lo necesario para el esclarecimiento de los hechos y porque no ha solicitado un orden de aprehensión contra ‘Chino’, y porque no ha exigido que éste se haga las pruebas de VPH idóneas”, reclamó en entrevista Arturo Williams Trejo, quien considera que el gobierno federal ha intervenido en el tema bajo presión del Sindicato del Cemento, una organización originaria del Estado de México que ha buscado ingresar a las minas de Zimapán, y que hay actores políticos en el ámbito nacional, que no quiso nombrar, usando el caso.
Arturo Williams alude a las reuniones que la acusadora, la tía de las menores, Aylin Trejo, ha tenido con el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la secretaría de Gobernación, César Yáñez (Proceso, edición de febrero de 2025), en tanto que reclama que a ellos no los reciben para dar su posición.
El Chino es Saúl Camargo, pareja sentimental de su hermana Jaqueline, madre de las niñas, cuya denuncia dio origen a la carpeta 20-2022-0190, el 17 de junio de 2022. Camargo es mencionado en dictámenes particulares en materia de psicología practicados a la hija mayor meses antes de la denuncia; igualmente, es una línea de investigación en el caso.
Arturo Williams Trejo Leal y su esposa, Bertha Eva Medina Hernández, tíos de las niñas, pasaron siete días en reclusión, del 9 al 16 de marzo de 2023, desde que fueron detenidos en Playa del Carmen, Quintana Roo, hasta que la jueza Janett Montiel Mendoza determinó no vincularlos a proceso. Esa decisión fue ratificada el 14 de diciembre de 2023 por el magistrado del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo Víctor Juárez Gómez, pero revertida el 13 de diciembre de 2024 por la jueza Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Marien Ángeles Tovar, tras un juicio de amparo promovido por Jaqueline… Pero el caso sigue en juzgados.
Sobre la reconstrucción genital para una de las víctimas, Willy Trejo, como también es conocido Arturo Williams, dijo que su hermana y representante de las niñas, Aylén Trejo Leal, miente o hubo agresiones posteriores a la primera denuncia, porque asegura que la carpeta de investigación no presenta documental que muestre ese daño.
Arturo Williams negó haber sido alertado sobre la segunda orden de aprehensión que se libró en su contra, y con ello protegerse, aunque reconoció que había reforzado sus medidas de seguridad.
“Si tú nos buscabas en nuestros domicilios, no era fácil encontrarnos porque temíamos por nuestra vida, temíamos por nuestra integridad y por la integridad de todos los que nos rodean”, expuso.
“Nuestra vida no cambió a partir del 15 de abril (con la orden de aprehensión), nuestra vida cambió a partir de que en febrero un sindicato empezó a amenazarnos, señalándolos y violando nuestra presunción de inocencia. (…) Es un sindicato que llega en helicópteros, con avionetas, con gente armada. ¿Tú crees que podíamos tener una vida normal, después de que tenemos una amenaza con gente que donde ha participado en conflictos ha habido muertos?”, cuestionó el político.
El caso tomó relevancia porque Arturo Williams contribuyó en 2022 al triunfo de Julio Menchaca como su coordinador de campaña para gobernador en Zimapán, zona de alto interés político y económico en el estado por la explotación minera. Williams reconoció haber intervenido en campañas de Morena, pero afirmó no ser militante.

Trejo Leal, familia en conflicto
La de la familia Trejo Leal es una historia en constante conflicto. En una búsqueda en el sistema de justicia del estado, Proceso encontró ocho carpetas de investigación iniciadas en los últimos seis años, seis por acusaciones entre ellos.
La primera data del 8 de febrero de 2019, cuando el patriarca Arturo Trejo Villeda, quien falleció en febrero de 2020, denunció por despojo a su hija Aylén Trejo y a su yerno Romualdo Lora Ibarra (carpeta 20-2019-0050). En julio del mismo año Trejo Villeda denunció nuevamente a Romualdo, ahora por amenazas (20-2019-0152), en tanto que el 5 de enero de 2021 Jaqueline Trejo inició un proceso por violencia familiar y tentativa de homicidio contra Aylén y Romualdo. En su declaración ante el ministerio público de Zimapán, Jaqueline dijo que su hermana intentó arrollarla a ella y a su hija en la vía pública.
Arturo Williams inició otra el 6 de marzo de 2022 por fraude procesal contra Aylén y su esposo, por un pagaré de 2.25 millones de pesos en el que acusó falsificación de firma de su padre, en el contexto de un juicio por el testamento de Arturo Trejo Villeda, en el que Willy es albacea y su hermana Ixtshell heredera universal (20-2022-0054). Ése, para él, es el móvil de origen del caso Zimapán.
Después siguió la carpeta por posible abuso sexual y violación iniciada por Jaqueline contra sus hermanos Willy e Ixtshell, así como las parejas de ambos, Bertha Eva Medina y Eduardo Bibiano Badillo Mejía, respectivamente.
Actualmente, hay órdenes de aprehensión contra los cuatro referidos y la diputada con licencia Alhely Medina, cuñada de Arturo Williams, mencionada por las niñas en estudios y test de integridad física, ginecológicos y psicológicos realizados el 18 de agosto y el 23 de septiembre de 2022.
El caso Zimapán tiene tres carpetas más: corrupción de menores y violencia familiar contra Jaqueline Trejo y su pareja Saúl Camargo (20-2022-00203), una por intento de cohecho en la que la perito de la procuraduría estatal Araceli Ramírez señala a Aylén y Jaqueline (20-2023-00124), y la última por posible mala praxis, que promovió el padre de las niñas contra el médico José Alberto Baños Vázquez, a quien acusó de tocamientos indebidos (12-2023-17981).
Aylén ha referido que existen más denuncias a partir de lo narrado por sus sobrinas, a la que suma un asunto de probable pornografía infantil, aunque no proporcionó el número de carpeta.

Duda sobre testimonios
Al ser cuestionado si cree en los testimonios de sus hijas y en la denuncia de abuso en el núcleo familiar, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, padre de las menores, responde con duda.
“Ellas se expresan de una manera que no debería de ser, ¿no? Un vocabulario que ni siquiera ellas entienden; hablan de una forma muy grotesca. Y también hay muchas incongruencias de dichos”.
Dice que su duda crece por la relación previa entre su exesposa y su excuñada Aylén, quien por poder notarial representa a las niñas: “Antes de que esto pasara, Jaqueline misma me dice: ‘¿Sabes qué? Temo por mi seguridad y la de mis hijas’. ‘¿Y por qué?’ ‘Porque Aylén intentó atropellarnos en la calle’. Ella va y levanta un acta, ¿no?, contra Aylén, por intento de homicidio. Días después (Aylén) es la protectora universal de mis hijas”.
En entrevista, afirma que, por solicitud de su cuñada, él pagó 18 mil pesos para el estudio por el que después denunciaría al médico Baños, y que la última vez que habló con su exesposa le dijo que se iría al municipio de Agua Blanca, con la madre y hermana de Mario Alfredo, porque había tenido problemas con sus hermanos.
Espinoza Bernardini radicaba en Estados Unidos el año en el que las menores sitúan las posibles agresiones. Dijo que mantenía contacto con sus hijas por videollamadas. En las carpetas están incorporadas fotografías que evidencian descuido a las infantes y daños en su salud. Él responsabiliza a la mamá y justifica envíos de dinero para la atención.
“¿Dónde estaba ella como madre? ¿Por qué permite que a sus hijas les hagan esto? Jamás mi intención fue quitarlas, separarlas, ¿no?, pero ahora sí corren peligro en mi forma de ver ¿De quién corren peligro? De su mamá. De su madre, porque pues está el hecho de que no las cuidó. Permitió que eso sucediera. Metía a su casa a su pareja sentimental…”.
Espinoza Bernardini responsabiliza a la mamá del abandono y el descuido parental, sin considerarse corresponsable. Reconoce que su hija mayor tuvo constantes enfermedades de las vías urinarias y sepsis. Después, continúa con la recriminación: “Dentro de la carpeta obran dichos de mis hijas donde también dicen que los observaban teniendo actos sexuales, incluso (que) los han grabado. Eso pues para mí, para cualquier padre, no está bien”.
Acusa a Carmen Lozano, exdiputada local por el Partido Verde, de usar en tribuna el caso y de supuesta manipulación política, así como de presunto tráfico de influencias, para ayudar a la tía de las niñas a manipular la investigación, “cambiando declaraciones e involucrando a más personas en el caso” e incluso a moverlas de albergue para impedir que las vea.
El 21 de mayo último Mario Alfredo presentó un amparo por desaparición forzada en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de Querétaro, con la solicitud de ver a sus hijas; es en esa entidad donde, dice, “probablemente” se encuentran, en un refugio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La ubicación y el estado de las menores mantiene categoría confidencial por parte de Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), aunque el Juzgado Tercero de los Familiar en la Ciudad de México recibió esa información bajo reserva por un procedimiento iniciado para conocer el estado clínico y psicológico en que se encuentran.
Un requerimiento al sistema educativo dentro de la carpeta 20-2022-00203 arroja que no hay registro de que estén inscritas en el ciclo escolar en curso. Las niñas fueron sometidas a tres (la mayor) y dos (la menor) estudios psicológicos en 2022 y a cinco exploraciones ginecológicas en cuatro meses.
Autoridades de Hidalgo, consultadas bajo reserva, creen que están físicamente bien, aunque reconocen que no lo han cotejado, porque no tienen acceso a las víctimas. Creen que el caso es complejo, pero no ven, hasta el momento, que le hayan fallado a las menores.

Alertas previas
Por el testimonio de las niñas, el Ministerio Público sitúa las agresiones entre el 18 y el 27 de abril de 2022 en un domicilio de la colonia Centro, en Zimapán. Dictámenes privados en materia de psicología alertaron sobre posibles abusos previos.
El Informe Especializado de Evaluación Psicológica, que Adriana Portillo González firmó, refiere que “en las pruebas proyectivas aplicadas se identifican indicadores de violencia sexual infantil…”; fue emitido el 4 de julio de 2022, 13 días antes de la primera carpeta.
Portillo González dice que por recomendación de su colega Edgar Rodríguez Álvarez –quien hizo el primer hallazgo de un posible daño de esta índole en marzo– la mamá de la niña solicitó sus servicios “en temas relacionados con la detección de indicadores de abuso sexual infantil, ya que la niña presenta enuresis sin referencia a síntomas físicos que le detonen el problema”. Ambos habían trabajado con la menor desde inicio de año.
A esta documental se suma un Informe de Evaluación Psicológica del 26 de marzo de 2022 para la paciente Jaqueline Trejo Leal, firmado por Rodríguez Álvarez, el cual dice que identifica un “deterioro cognitivo o la presencia de lesiones orgánicas”. El especialista sugiere atención porque, entre otros aspectos, ve a la paciente con “pocos recursos psicológicos para enfrentarse a los problemas”.
Aylén ha declarado que su hermana tiene una condición especial no precisada. Su hermano Willy dijo que ella tuvo un lento aprendizaje en la infancia y dificultad en la etapa escolar; su exesposo dice que nunca identificó algún aspecto en este sentido.
Las carpetas 20-2022-00190 y 20-2022-00203 intercalan elementos: peritajes, documentales, testimonios que las partes buscan que adquieran valor probatorio. La 20-2022-00203, sobre las acusaciones contra la mamá de las menores y su pareja, no está judicializada.
Cuestionada al respecto en una conferencia el 29 de mayo, Aylén consideró que esa carpeta “ya está superada” y “nunca se va a judicial” porque “no tiene el dicho de las niñas”. Asimismo afirmó que el Chino se hizo una prueba de VPH, aunque en la carpeta que ha revisado Proceso no aparece.
En la conferencia, Aylén reprochó que las audiencias para definir la situación de Willy, Bertha Eva y Alhely Medina se realizan en la Ciudad de México, además de acusarlos de poner en el requerimiento de protección federal como domicilio la capital del país, cuando afirma radican en Zimapán y la legisladora, por su función, debía tener un domicilio local.
Proceso confirmó que el Chino Camargo es parte de una línea de investigación, pero hasta el cierre de esta edición no había ninguna orden de aprehensión en su contra.