Pobladores de El Carrizalillo, Guerrero, han bloqueado las labores de la minera Equinox Gold, en el complejo Los Filos-Bermejal, pues la empresa canadiense quiere pagar 63% menos por seguir extrayendo oro en esas tierras, aduciendo que necesita una planta de lixiviación para procesar el material extraído que contiene altos niveles de sulfuros. Los ejidatarios, que tienen diversas enfermedades debido a los residuos tóxicos de la mina a cielo abierto, exigen que se les pague lo justo o bien, que se les rehabiliten sus tierras antes de que se declare el cierre de la minera que, aseguran, los ha amenazado de muerte.
CARRIZALILLO, Gro.– Estar dentro del complejo minero Los Filos-Bermejal evoca escenarios de otro planeta en el que la vida humana, la vegetación y animales no existirían en los tajos de tierra de colores rojizos, verdes y grises que se elevan a más de 200 metros, acomodados cual pirámides.
Son imágenes de un mundo alucinante en el que, bajo un sol abrasador, se ven a lo lejos enormes piletas con agua que reflejan el azul del cielo, cual oasis en medio de la nada, pero que contienen cianuro, extremadamente venenoso.
“Si sientes polvo en los ojos, no te talles, son metales microscópicos que pueden lesionarte la córnea”, se alerta a la reportera de Proceso antes de llegar a Carrizalillo.
Hacia las piletas “no es posible acercarse mucho porque los cañones de agua con cianuro que riegan los minerales pueden dañar la piel”, agregan los ejidatarios que hace 18 años tomaron la decisión de poner en renta sus tierras, destinadas para siembra y pastizales, para que se extrajera oro del subsuelo.
Difícil creer que donde ahora hay montañas de tierra con minerales que tienen que ser procesados y que contaminan el aire, el agua y el territorio ejidal, hace más de 18 años era una zona utilizada para sembrar maíz, frijol, calabaza, que había 13 manantiales, que en las partes altas había cedros, encinos, que había tejones, jabalíes y venados, amén de que ganado vacuno y caprino pastaba por lo que antes fueron cerros verdes, como se constata en algunas fotografías compartidas por los propietarios de la tierra.
En 2007 la canadiense Gold Corp inició las negociaciones con los ejidatarios de Carrizalillo para explotar el complejo Los Filos-Bermejal, empresa que después se aliaría a Lea Gold y a partir de 2020 la mina pasó a manos de Equinox Gold, que en su página oficial ha declarado la “suspensión indefinida” de actividades.
“Nosotros, como ignorantes o como tontos, no sabíamos cómo iban a trabajar, no sabíamos qué era la minería a cielo abierto; ahora lo sabemos. Cuando llueve se viene un aroma como azufre; nos engañaron pues”, confía Martina Carrera, de 86 años.
La anciana resalta que desde el primer convenio las empresas mineras se comprometieron a reintegrarles el agua como pago por tapar las 13 fuentes de agua que tenía el pueblo, pero hasta ahora, después de 18 años, ninguna ha cumplido la promesa de dar agua por agua, pese a que se instaló una planta potabilizadora que sólo distribuye agua contaminada.
“Cuando me bañaba con esa agua toda me ensarnaba, de ahí quedé alérgica. Tengo 18 años comprando garrafones para bañarme y para comer. No es justo que ahora la empresa quiera irse sin pagar los daños”, apunta la mujer.
En esas imágenes compartidas por los ejidatarios se veía que donde antes dominaba el verdor de la vegetación ahora hay pirámides de tierra, en las que habría al menos 500 mil onzas de oro que, de procesarse, podrían tener un valor en el mercado de al menos mil 650 millones de dólares, a una cotización internacional promedio de tres mil 300 dólares la onza, comenta un ejidatario.
Sin acuerdo
Desde el 1 de abril último el complejo minero Los Filos-Bermejal, propiedad de la minera canadiense Equinox Gold, se encuentra parado luego de que pobladores de Carrizalillo retomaran su propiedad, ante la falta de acuerdo de le empresa en la renovación del contrato de ocupación, que venció el 31 de marzo pasado.
Antes de que llegara la fecha de vencimiento del contrato con Carrizalillo, la maquinaria pesada y góndolas donde se transportaba el material para procesarse en los patios de lixiviados fueron sacados de los terrenos del ejido y llevados al área rentada a la comunidad de Mezcala, lo que se puede apreciar desde uno de los montes ejidales.
Vacías se ven las estructuras utilizadas como oficinas y para procesar el mineral. “De ahí salían los lingotes de oro”, explica un ejidatario, quien agrega que ese tipo de trabajo nunca fue confiado a los mexicanos ni mucho menos a los habitantes de Carrizalillo, sino que la empresa canadiense “contrataba a extranjeros, chilenos en su mayoría”.
A unos pasos de la Puerta 4, el acceso principal a la mina, centenares de habitantes de Carrizalillo, donde viven dos mil 800 personas, instalaron un campamento con casas de campaña y lonas para suspender las actividades de la explotación minera, dando acceso únicamente a personal de la empresa capacitado para evitar derrames de aguas contaminadas.
Para vigilar 24 horas los accesos a la mina, los ejidatarios y sus familias se organizan en tres turnos, en los que suelen recorrer los terrenos ejidales comprometidos por la mina y evitar intrusos.
En esas condiciones es que Proceso tuvo acceso a la mina para constatar la destrucción de las cerca de mil 300 hectáreas de terrenos en disputa, pues podrían continuar siendo utilizados para la explotación de minerales a cielo abierto o bien ser rehabilitados para volver a ser utilizados para su original vocación, como parte de un plan de cierre, considerado en el artículo 57 de la Ley Minera.
Durante el recorrido por la mina es posible ver lo cerca que se encuentran de Carrizalillo los tajos de los cerros, las piletas con cianuro, los patios de lixiviados donde se procesa el mineral.
“La última casa del pueblo está a unos 300, 400 metros del complejo. Todo lo que fluye de la tierra, con aire, con polvo, llega a la comunidad esa agua contaminada, llega al pueblo como brisa. A eso súmale el ruido de la maquinaria y las voladuras (explosiones) porque la mina trabaja 24 horas sin parar”, cuenta un integrante de la Mesa Agraria de Carrizalillo, grupo colegiado elegido en asamblea ejidal, que representa a la población afectada en las negociaciones con Equinox Gold.
La representación en las negociaciones con la empresa canadiense no ha sido fácil, después de que transmitieron la decisión del pueblo, tomada en asamblea, de rechazar el convenio por 20 años, con una reducción de 63% del pago anual por hectárea y compartir un Fondo de Inversión Social con las comunidades de Mezcala y Xochipala, en cuyos terrenos se asienta 20% del complejo minero, y cuya población no padece los efectos de la minería a cielo abierto.
Amenazas
Actualmente al menos una docena de integrantes de la Mesa Agraria y su asesor legal han recibido amenazas de muerte, situación que han denunciado públicamente en comunicados de la organización comunitaria y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en tanto que autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría Agraria tienen conocimiento de los hechos.
Cabe destacar que en el estado de Guerrero operan al menos 16 grupos delictivos, de acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de 2024. En el municipio de Eduardo Neri o Zumpango, donde está la mina, el control lo tiene el cártel de Los Tlacos, que ha sostenido cruentas batallas contra La Familia Michoacana y Los Ardillos.
De acuerdo con Rema, en los últimos 15 años al menos 60 ejidatarios de Carrizalillo han sido asesinados y un número no determinado está desaparecido, por ello es que los integrantes de la Mesa Agraria solicitaron a este medio guardar sus identidades para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.
De las recientes amenazas, los pobladores de Carrizalillo no han dudado en señalar a representantes de Equinox, en particular a Víctor Hugo Vergara, a quien culpan de criminalizar y estigmatizar a los integrantes de la Mesa Agraria, y en general a todos los habitantes de esa comunidad, frente a las otras dos, imposibilitadas a acceder a los beneficios del convenio por la negativa de Carrizalillo.
El 29 de enero de este año los representantes de Carrizalillo fueron llamados a una reunión en Chilpancingo, en la que estuvieron directivos de la empresa: André Souza de Amorín, gerente general de Equinox Gold, y Armando Fausto Ortega, vicepresidente senior de la empresa en México; y por parte de las autoridades, la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo; el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y la diputada local por Morena Citlali Yaret Téllez, quien saltó a la fama en redes sociales por conducir un Tesla con un valor de dos millones de pesos en Chilpancingo.
Al encuentro asistieron también representantes de las comunidades de Mezcala y Xochipala, que aceptaron sin chistar las condiciones de la empresa, mientras que los de Carrizalillo, que ya conocían las pretensiones de Equinox, advirtieron que no podían aceptar el convenio sin la autorización de la asamblea ejidal.
“La presidenta de Zumpango reclamó que por nuestra culpa cuánta gente hemos dejado desempleada, que cuánta gente se iba a quedar sin comer, pero le recordamos que precisamente porque nos hemos movilizado es que tenemos trabajo, porque obligamos a la mina a contratar a la gente local, y que al final de cuentas eran nuestras tierras y nosotros teníamos el derecho a decir sí o no, que lo que nos ofrecía la empresa para los próximos 20 años era una miseria, que preferíamos sembrar”, cuenta un asistente a la reunión.
“No es que seamos egoístas con Mezcala y Xochipala, pero la contaminación la sufrimos nosotros, hay daños severos a la salud”, agrega otro integrante de la Mesa.
Impactos a la salud
Entre 2012 y 2013 un estudio realizado por Proyectos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), organización que forma parte de Rema, alertó sobre algunos de los daños a la salud originados por la minería a cielo abierto, específicamente en Carrizalillo.
Mediante brigadas de salud desplegadas en Carrizalillo, durante varios meses PIAP logró documentar que 46.12% de la población presentaba problemas en los ojos durante todo el año, porcentaje que se elevaba a 74.6% entre noviembre y mayo, en la temporada de secas.
De la revisión sanitaria a la población se identificó que 57% sufría enfermedades respiratorias crónicas, 45% tenía problemas en la garganta, 39% tenía problemas nerviosos, 30% problemas en el cabello, 27% males gastrointestinales y 18% presentaba problemas auditivos.
También se registró que a partir de la entrada en operación de la minería a cielo abierto aumentaba el número de partos prematuros, pues mientras entre 1998 y 2009 ocurrieron ocho casos, entre 2010 y 2012 se registraron 17.
Eusebio Maturana, de 63 años, refiere que en su familia los mayores impactos a la salud los han sufrido sus nietos, uno de ellos nacido en 2009 “con cabeza como un triángulo”, mientras que tres de sus nietas han fallecido al momento de nacer.
Los ejidatarios cuentan que entre la población la prevalencia de distintos tipos de cáncer es muy alta, así como la de abortos espontáneos, situaciones que atribuyen a la contaminación generada por la mina, de ahí que no aceptan las nuevas condiciones de Equinox
La oferta de Equinox
En el convenio firmado el 1 de abril de 2019 y que venció el 31de marzo del presente año, los ejidatarios consiguieron una renta anual por hectárea de 6.6 onzas de oro; becas escolares para niveles medio superior y superior, ya que la educación máxima a la que se puede acceder en Carrizalillo es Telesecundaria; apoyos económicos para personas con discapacidad, como un reconocimiento velado de los efectos nocivos de la minería a cielo abierto; vales de despensa; apoyo para adultos mayores; el pago de tres médicos y tres enfermeras para la comunidad y pago de medicamentos; contratación en un 50% de personal para la mina a cielo abierto para habitantes de Carrizalillo y en 100% en actividades subterráneas, y preferencia en la contratación de servicios a pobladores de esa comunidad.
La propuesta de Equinox para continuar con la renta por los próximos 20 años es pagar 2.5 onzas de oro por hectárea al año; mil dólares por hectárea por año para remediación y mantenimiento de las tierras y 290 dólares por hectárea por año para exploración, además de distribuir en partes iguales entre las tres comunidades en las que está instalada la minera un Fondo de Inversión Social por dos mil 700 dólares, con miras a ampliarlo a tres mil dólares.
De acuerdo con los ejidatarios, la explicación que Equinox les dio para disminuir 63% la renta anual de los terrenos fue que requerían una planta de carbón de lixiviación (CIL, por sus siglas en inglés) para procesar las montañas de material extraído, pero que contiene altos niveles de sulfuros que impiden un aprovechamiento intensivo.
La contrapropuesta de los ejidatarios es fijar la renta anual a cuatro onzas de oro por hectárea durante cuatro años, así como pagos adicionales con base en la producción, y mantener intocable el convenio social que se estableció en 2019.
“Sabemos que la planta CIL cuesta entre 300 millones y 500 millones de dólares, pero una vez procesado el mineral que tiene en los patios de lixiviados, tendrán al menos mil 600 millones de dólares, eso sin contar con que hay reserva de más de cinco millones de onzas para extraer, según reportes de Equinox Gold en su página oficial.
“No hay lógica en lo que nos ofrecen, mucho menos si consideramos que somos la comunidad más afectada, que aquí está 80% de la instalación de la mina, que de aquí sale el mineral, que nos han dejado sin agua y sin posibilidades de sembrar, nuestras tierras están destruidas”, dice otro habitante del poblado, miembro de la sección 269 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que lidera Napoleón Gómez Urrutia.
Los ejidatarios puntualizan que de no llegar a un acuerdo, la empresa está obligada por la ley agraria y minera a anunciar oficialmente el cierre de la mina a las autoridades y “subsanar las tierras. Tiene que rehabilitarlas, lo que también tiene un costo enorme. Lo más bajo está calculado en 250 millones de dólares la pura reparación, que se llevaría entre dos y tres años, sin contar con la indemnización, y el pago de renta de las parcelas, porque si no podemos sembrar, de algo tenemos que vivir”.
La rehabilitación de las tierras como parte de un programa de cierre también forma parte del convenio firmado entre Equinox y los ejidatarios, en el que se explica que el plan de cierre “implica alcanzar la rehabilitación de las tierras ocupadas y las retorne a un estado igual o similar en comparación a su condición previa a la ocupación, para lo cual también deberá cumplir con lo relacionado en la matera a las leyes mexicas, además de incorporar los criterios, planteamientos y procesos que ‘El Ejido’ defina de manera previa en coordinación con ‘La compañía”.
Ante la posición inamovible de la empresa, al menos 400 habitantes de Carrizalillo que trabajaban en la mina fueron despedidos, en tanto que a los contratistas del ejido que ofrecen servicios a Equinox se les notificó que dejarían de ser requeridos.
Proceso buscó a Equinox y al sindicato minero de Gómez Urrutia para abundar sobre el caso de Carrizalillo, sin obtener respuesta.
A esas acciones de Equinox se suma la demanda contra el ejido ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12 con sede en Chilpancingo, impulsada por su empresa filial, Desarrollos Mineros San Luis, el 27 de febrero de 2025, por la que solicitan medidas cautelares para mantener la posesión de las tierras, a un mes de vencerse el contrato de ocupación, con fines supuestamente de “restauración”, aunque oficialmente no se ha declarado el plan de cierre.
En su solicitud de medidas cautelares, la filial de Equinox depositó una fianza como proceso de indemnización o contraprestación para el ejido por un millón 803 mil pesos.
El 8 de abril último el magistrado del TUA del Distrito 12, Rafael García Simerman, resolvió condicionar el otorgamiento de las medidas cautelares a la empresa, siempre y cuando depositara como fianza el monto restante al equivalente a la renta que pagó el último año del convenio de ocupación.
El magistrado dividió el millón 803 mil pesos depositados como fianza entre los 121 ejidatarios que están considerados en el convenio, entre los 12 meses, lo que correspondería a un peso con 586 centavos por ejidatario cada mes, “suma que resulta irrisoria y hasta burlesca pera satisfacer las necesidades más elementales” para los dueños de la tierra, “lo que atenta contra los derechos más elementales de ejido y de sus integrantes”.
Los ejidatarios de Carrizalillo han acudido al subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y al titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, para atender el conflicto e involucren a otras autoridades como las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Economía, la Procuraduría Federal de Protección (Profepa) y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de vigilar que la empresa actúe conforme a las leyes mexicanas, ya sea continuando con el convenio de manera que se respeten las exigencias de los ejidatarios o bien que se establezca un plan de cierre y postcierre para que las tierras de Carrizalillo recuperen su vocación agropecuaria y sus manantiales sean saneados.
En nombre de los habitantes de Carrizalillo, desde el campamento instalado fuera del complejo minero, Martina Carrera y Eusebio Maturana hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que voltee a ver a su comunidad.
“Le pedimos a la presidenta que nos apoye a destrabar este conflicto, bien para el cierre o para seguir la negociación, que se nos pague lo que es justo, tampoco regalar”, dice Eusebio.
“Nosotros no peleamos el trabajo, peleamos nuestro derecho. No nos vamos a quitar de aquí, que lo sepa la presidenta para que nos venga a ver, no por mí, sino porque hay hartos niños que están sufriendo”, concluye Martina.
El 16 de junio último, 78 días después de que el ejido de Carrizalillo tomó posesión de sus tierras, inútiles para actividades agropecuarias, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una breve mención sobre las obligaciones de la minera canadiense Equinox Gold, que se declaró en “suspensión indefinida” de actividades.
“Tienen que remediar, es parte de las concesiones. Incluso, en el periodo neoliberal, los impactos ambientales, como en el caso minero que tiene que ver con la remediación, tienen que remediar. Pedimos a la Semarnat que lo revise, y la empresa tiene que cumplir, lo que siempre dijimos: si cumplen en Canadá, ¿por qué no van a cumplir en México?”, dijo la mandataria ante pregunta expresa.
Siete días antes de la respuesta de la mandataria, la Mesa Agraria de Carrizalillo informó en un comunicado que durante la última semana de mayo personal de la Profepa ingresó a la zona afectada por 20 años de explotación minera, que representa 80% del territorio ejidal, como respuesta a “una denuncia realizada por daño ambiental”.
En su comunicado, los ejidatarios revelaron que los funcionarios de la Profepa acudieron al complejo minero acompañados de personal militar para intervenir el polvorín, “para revisar y retirar los materiales e insumos que ahí se guardan para elaborar explosivos”.
Al cierre de la edición, la Profepa no dio respuesta a la solicitud de esta reportera de informar sobre los hallazgos en la zona afectada por Equinox Gold.








