miércoles 18 de noviembre de 2026

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Sin freno, el crimen organizado ha paralizado la industria de la construcción en el Estado de México mediante un sistema de extorsiones, control de materiales y quema de maquinaria expandiéndose a 42 municipios en cuatro estados del país. Además, empresarios denuncian la complicidad de autoridades locales –“los criminales conocen a detalle los contratos de obra, tiempos de ejecución y materiales a utilizar”–, mientras los aranceles de Trump encarecen los proyectos. Ambos factores disparan costos, ahuyentan inversiones y cancelan obras.

En Valle de Bravo, donde los bosques se abrazan con las cabañas de lujo y el paisaje parece sacado de una postal, el bullicio de las obras dejó de ser sinónimo de desarrollo. Aunque en los últimos años este destino del Estado de México ha vivido un auge inmobiliario como nunca antes, con nuevas residencias, ampliaciones de departamentos y una oleada de trabajadores llegados desde municipios aledaños, hoy el ambiente se congela ante una presencia silenciosa y temida.

Bastan tres hombres bien vestidos para paralizar una construcción entera. No portan armas visibles, no levantan la voz, no lanzan amenazas. No hace falta. Su sola presencia es suficiente para que los albañiles dejen las palas, ingenieros guarden los planos y el rumor de las mezcladoras se apague. No vienen a supervisar, vienen a mandar.

Mientras estos hombres caminan entre castillos de varilla y montones de grava, en los televisores encendidos en las casetas de vigilancia o en las oficinas técnicas aparece la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con tono marcial, anuncia un aumento de aranceles de 50% al acero y al aluminio.

La escena es simbólica y brutal: en México los cárteles extorsionan a la industria; desde el extranjero se amenaza con estrangular con aranceles.

Epicentro del cáncer

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Proceso, el dominio del crimen organizado sobre la construcción en el Estado de México se consolidó desde 2020, cuando se identificaron tres esquemas bien definidos de dominio.

El primero, el más extendido, es el cobro de cuotas. Es una práctica sistemática de extorsión bajo el eufemismo de “derecho de piso” que se aplica no sólo a las constructoras, sino también a distribuidores de cemento, varilla y agregados. El segundo mecanismo es más brutal: el robo o la quema de unidades. Se trata de ataques directos a transportistas que mueven materiales desde tolvas, revolvedoras, camionetas con herramienta o incluso retroexcavadoras. Son interceptados, despojados de la carga y, en ocasiones, los vehículos son incinerados como castigo y advertencia.

El tercero es el más sofisticado, la centralización de materiales. En este modelo el crimen organizado ha logrado controlar la cadena completa. Imponen qué proveedor puede vender cemento, grava o block; a qué precio se debe distribuir y a quién se le puede entregar. En algunos municipios del sur del Estado de México literalmente no se puede construir sin el visto bueno de una célula criminal que, en los hechos, regula el mercado.

“Para nosotros el traslado de una maquinaria es un riesgo tremendo”, dice a Proceso el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) Estado de México, Adolfo Castillo Huanaco.

“Si bien te va, el robo es de refacciones, pero a muchos compañeros les han robado la maquinaria completa. También te piden lo que denominamos, desafortunadamente en el argot: derecho de piso. Es decir, que ellos te cuidan donde tú estás haciendo los trabajos”.

Para el empresario, el derecho de piso en las obras de construcción se ha transformado en un “sistema tan estructurado y constante” que ya se asemeja a un esquema de “seguridad privada”, aunque impuesto por el crimen organizado.

“En ese sentido, entonces, el sector constructor está enfrentando más bien dos frentes: el formal, la inflación, inseguridad y todo Donald Trump, por así decirlo, y del otro lado pues la inseguridad”, comenta con ironía aludiendo a la presión oficial y a la violencia criminal que deben sortear a diario.

No se trata de casos aislados. En Tejupilco una fuente local que solicitó el anonimato explica a esta reportera que son varios los grupos delictivos involucrados.

“Es el Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios… Sabemos que han puesto cámaras para ver quién llega y quién sale de la obra”, revela.

El control se extiende desde lo visible hasta lo oculto, hay vigilancia constante y registros precisos de los movimientos en cada proyecto de construcción.

La expansión de este fenómeno criminal ha sido sostenida, detalla la industria de la construcción en un documento al que Proceso tuvo acceso. De acuerdo con esa información, el año más crítico fue 2021, cuando se documentó la presencia de este esquema de extorsión en al menos más de 20 municipios mexiquenses: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Otzoloapan, San Simón, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacazonapan, Zacualpan, Zumpahuacán y Amanalco.

La tendencia se mantuvo al alza, en 2022 se sumaron cinco más: Donato Guerra, Ixtapan del Oro, San José del Rincón, Valle de Bravo y Villa de Allende; en 2023 se incorporaron Felipe del Progreso y Villa Victoria, y en lo que va de 2025 ya hay reportes en Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán.

Adolfo Castillo, con conocimiento directo del terreno, corrobora la información y añade que la presión criminal se extiende desde Luvianos hasta Tejupilco pasando por las zonas altas de Valle de Bravo y rumbo a Almoloya. Lo que alguna vez fue tierra segura para desarrollar infraestructura, hoy está marcada por la intimidación.

“Hoy te puedo decir que la zona poniente entre Tlalpan, Atizapán, Nicolás Romero, toda esa zona está muy complicada, independientemente que también ha aumentado… bueno, yo te puedo decir que Toluca, Lerma, esa zona eran las más tranquilas; hoy puedo decir que no, que todo ya tiene desafortunadamente un nivel de inseguridad en toda la entidad”, lamenta el empresario.

Pero el miedo no se limita al dinero ni al proyecto; denunciar también representa un riesgo directo para la vida.

“No nada más para el empresario, sino para tus trabajadores (…) Porque al final del día ellos son los que están expuestos al tema de la inseguridad, cuando vienen a cobrarte y no se les paga, hay represalias”, dice con preocupación.

Lo indignante, lo que duele, lo que llena de rabia, sostiene, es la aparente colusión con las autoridades. Los criminales conocen a detalle los contratos de obra, los tiempos de ejecución y hasta los materiales a utilizar.

 “No sabemos de qué manera les está llegando, pero al final saben prácticamente lo que se va a generar en cuanto a obra”, comenta.

Para Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), la situación es el resultado de una descomposición paulatina que se ha gestado durante años, y que hoy se manifiesta con crudeza en un estado vasto, complejo y contrastante, casi 18 millones de habitantes distribuidos en 125 municipios, cada uno con dinámicas y problemáticas distintas.

“Es algo con lo cual no se ha podido atacar de frente. No se ha podido combatir este tema que afecta patrimonialmente a todos aquellos que, de alguna manera, abren una cortina todos los días”, lamenta en entrevista con esta casa editorial.

Con ello se refiere al microempresario, al proveedor, al constructor, a todos aquellos que deben operar en un entorno donde las reglas de convivencia económica ya no las define el mercado ni el Estado, sino el miedo y la extorsión.

Massud Martínez insiste en que éste es un pendiente urgente no sólo para las autoridades estatales, sino para los tres niveles de gobierno: municipales, estatales y federales. A su juicio, el deterioro se ha profundizado, y hoy el crimen ya no sólo representa un factor de riesgo, sino una fuerza que impacta directamente en la economía, al grado de frenar inversiones, obligar al cierre de negocios y, sobre todo, instaurar esquemas paralelos de cobro; “cobros de aranceles que finalmente no son legales, pero se dan”.

El empresario no lo dice con dramatismo, sino con la resignación de quien ha escuchado los mismos relatos una y otra vez. Casos de extorsiones disfrazadas de “cuotas de seguridad”, de cadenas logísticas paralizadas por amenazas, de negocios pequeños que desaparecen porque no pueden pagar “el derecho” de operar.

Y aunque reconoce avances institucionales en algunas zonas, sostiene que el problema no sólo persiste, sino que se ha agravado.

Más estados involucrados

La expansión del crimen organizado sobre la industria de la construcción no es un rumor ni una percepción aislada, puede medirse con precisión quirúrgica en cifras. De acuerdo con información de la industria, en 2020 apenas cinco municipios del Estado de México registraban indicios claros de control criminal en el sector.

Sin embargo, en apenas cinco años, el fenómeno dejó de ser exclusivo de esa entidad y se expandió con fuerza a Morelos, Guerrero y Michoacán. Coincide, además, con el repunte en desarrollos turísticos y megaproyectos inmobiliarios en estas regiones, lo que ha multiplicado el interés delictivo en controlar no sólo las obras, sino la cadena entera del sector.

Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Morelos, Armando Núñez Iragorri, el asedio criminal no es nuevo. El sector ha estado bajo presión del crimen organizado desde hace más de 12 años, y admite que, ante la imposibilidad de operar con libertad, muchos constructores han optado por renunciar a contratos.

“Muchas veces optamos incluso por ya no hacer la obra, cancelar contratos porque a veces sí se te sale de las manos. Uno tiene hecho su presupuesto y te quieren obligar a precios donde pues no, obviamente no vas a salir, y prefieres hablar con el cliente y mejor cancelar la obra”, detalla.

Núñez Iragorri compara la situación con una enfermedad, es como un cáncer, pero hay puntos podridos en el cuerpo, al precisar que en Morelos las zonas más afectadas se ubican en los municipios colindantes con Guerrero, aunque también hay focos activos en Cuautla. “Sigue siendo la zona sur la que predomina”, sostiene con preocupación.

Es profundo el grado de control criminal. La centralización de materiales, indican los documentos consultados, es la modalidad más sofisticada del crimen organizado.

En este 2025 está presente en al menos 42 municipios de tres estados: Guerrero, Morelos y el Estado de México. En este esquema los grupos delictivos no se limitan a extorsionar, designan proveedores, fijan precios y controlan rutas.

El caso más evidente es el del cemento, donde las ganancias del crimen rondan los 33 millones de pesos mensuales (unos 1.7 millones de dólares), gracias a un sobreprecio impuesto de hasta 650 pesos por tonelada. El incremento se traslada a las constructoras y, por ende, encarece las viviendas, obras públicas y desarrollos turísticos.

El esquema de cuotas, también documentado, se encuentra activo en 23 municipios de los mismos tres estados. En total, se calcula que impacta a al menos 22.6 toneladas de materiales.

En Guerrero hay 16 puntos de venta bajo control donde se exige una cuota de aproximadamente 500 pesos por tonelada de cemento. En Morelos los 11 puntos de venta identificados deben pagar entre 50 mil y 200 mil pesos mensuales, dependiendo del tamaño de la empresa o proyecto. Incluso en Michoacán, donde hasta hace poco el foco estaba en la violencia rural, se detectaron 11 puntos de venta funcionando bajo condiciones similares de extorsión.

La tercera modalidad, más directa y violenta, que es el robo y quema de unidades, ha sido documentada en 18 municipios de Michoacán, donde las bandas interceptan vehículos cargados con materiales, los saquean o simplemente los incendian como castigo o advertencia.

Consultado al respecto, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, reconoce que el problema del crimen organizado en el sector existe.

“Sí, hay en varias regiones ese problema, hay varias, pero oficialmente no puedo darte un dato, pero sí, sí existe”, señala, como si mencionarlo abiertamente pudiera implicar un riesgo mayor.

Pero la inseguridad no es la única presión que enfrenta el sector.

Aranceles, el otro factor

Desde Guerrero la presidenta estatal de la CMIC, Rosalba Marcelo Pani, expone a este medio otro frente que ha ido ganando terreno, el impacto de los aranceles.

Explica que las políticas comerciales implementadas por el expresidente Donald Trump han tenido un impacto significativo en el sector de la construcción en México, especialmente por el aumento de aranceles al acero y al aluminio importados, lo que ha encarecido los materiales de construcción y, en consecuencia, ha elevado los costos de las obras.

Si se aplican de manera sostenida, estos aranceles detonarían un incremento de 3% a 4% en vivienda, de 5% a 6% en edificaciones, y hasta de 10% en infraestructura. Además, advierte que la incertidumbre generada por estas medidas afecta la inversión y complica la planificación de proyectos a largo plazo.

En el Estado de México el presidente de la CMIC local, Arnulfo Martínez Sánchez, agrega que las constructoras tendrán que actuar con cautela extrema al momento de firmar contratos porque las variaciones en los precios de los insumos pueden poner en riesgo tanto el presupuesto como las utilidades finales.

Martínez insiste en que los contratos deben prever desde un inicio la posibilidad de ajustes de costos.

“Ajustes de costos se refiere cuando los insumos se mueven de una manera importante en el periodo del contrato y que el costo inicial con el que se concursa una obra se incrementa”, explica.