miércoles 18 de noviembre de 2026

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La recomendación 60/2022 de la CNDH documentó que una profesora de inglés fue acosada y objeto de abuso sexual por parte de personal de la Semar en una de las instalaciones de la dependencia, y que ésta, en vez de proteger a la víctima y garantizar la no repetición de esos hechos, incurrió en omisiones, simulaciones y violaciones a otros derechos de la profesora, a quien le llegan continuamente amenazas de muerte. Para colmo, el expediente sobre uno de los ataques sigue atascado en la fiscalía capitalina.

El pasado 25 de marzo ocurrió un nuevo tropiezo en la carrera del almirante Rafael Ojeda Durán al frente de la Secretaría de Marina (Semar): la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 60/2022 por violaciones al derecho a una vida libre de violencia, a la privacidad y a la protección de datos personales que funcionarios de la dependencia cometieron contra una profesora de inglés, quien denunció el acoso y abuso sexual del que fue víctima a manos de un cabo hace casi cuatro años.

Desde entonces Claudia vive con estrés postraumático y otros problemas serios de salud física y mental; no tiene trabajo y está en desplazamiento forzado continuo por las amenazas que ella y su madre reciben en redes sociales con la advertencia de que la encontrarán “en una bolsa, degollada, destazada” si siguen con la denuncia.

En entrevista, la joven lamenta que las autoridades federales y de la Ciudad de México encargadas de prevenir la violencia contra la mujer sólo se pronuncien a favor de víctimas famosas y “a quienes no lo somos nos tratan con la punta del pie”.

“Yo no tengo una vida desde lo que me hicieron –prosigue–, y con sus acciones se han encargado de recordarme que no voy a tenerla por denunciarlos, por ser valiente, por exponer al secretario Rafael Ojeda.”

El caso de Claudia comenzó en mayo de 2018, cuando fue acosada por un alumno, de grado tercer maestre, del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Ciudad de México, donde daba clases. Tras denunciarlo ante la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Uprodehu) de la Semar, fue separado del grupo y del plantel.

Pocos días después otro alumno, un cabo-albañil, también la acosó dentro y fuera del plantel y por teléfono, pues las autoridades ordenaron crear un grupo de WhatsApp en la clase. Él le tomó fotografías y las difundió sin su consentimiento. Ella también lo denunció. Fue dado de baja del grupo y enviado de comisión a Sonora. La madrugada del 9 de junio de 2018, aun con sus maletas de viaje, el agresor –quien seguía activo en la Semar– fue a la casa de Claudia y la agredió física y sexualmente.

Ojeda Durán conoce bien el caso, pues la denuncia le llegó en septiembre de ese año, cuando era contralor general de la Secretaría; aunque entonces dijo que ésta “no era competente” para hacer la investigación y dio “por concluido” el caso. El 11 de diciembre siguiente el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, le pidió atenderlo “con carácter de urgencia”. El almirante ya era titular de la Semar.

Un mes después, el 11 de enero de 2019, en la Cámara de Diputados, la madre de la víctima le suplicó justicia. Ojeda Durán le respondió: “Si me permite señora, yo la recibo y vemos su caso con todo gusto, y se va a aplicar la ley con toda transparencia y a fondo”. Así lo documentó Proceso en su edición 2252. Ese día el funcionario les dijo a los legisladores que en la Semar “no simulamos”.

Tres años y dos meses después, personal de la Segunda Visitaduría de la CNDH, dirigido por Verónica Ledesma, halló evidencias “de las irregularidades en las actuaciones de las personas servidoras públicas navales, las cuales estuvieron encaminadas a simular acciones en favor de QV”, como identifica la Recomendación 60/2022 a la víctima.

Tras revisar decenas de oficios emitidos por Claudia y la Semar, el organismo también encontró que dos consejeros de ella “simularon acciones efectivas para garantizar su seguridad”, en vez de tomar medidas para prevenir y evitar más agresiones y no revictimizarla. Un ejemplo: mientras uno dijo que el primer acosador fue separado del grupo por tener “más de cinco faltas injustificadas”, el otro dijo a ella que lo separaron “por su queja” de acoso sexual.

El de Claudia no es el único caso de violencia sexual y violación de derechos humanos contra mujeres en la Semar. En agosto de 2018 Mary, cadete de la Escuela Mecánica de Aviación Naval en Baja California, fue violada por un maestro de la corporación. En octubre de 2021 Proceso documentó su caso y cómo ella logró una sentencia de 18 años de prisión contra su agresor, aun en medio de revictimización y amenazas.

Incumplimientos y omisiones

En seguimiento al expediente CNDH /2/2018/5123/Q, abierto el 3 de julio de 2018, el organismo dirigido por Rosario Piedra acreditó que “la concatenación de omisiones y trato por parte de algunas autoridades de la Semar en la atención de QV como víctima de violencia, dio como resultado la imposibilidad de que recibiera atención diligente, se investigaran los hechos denunciados de los cuales fue víctima y en su caso se establecieran las sanciones y responsabilidades correspondientes”.

De 118 páginas y bajo presión de colectivas feministas para llevar el caso con perspectiva de género, la recomendación afirma que la Semar “incumplió el deber de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar la violencia contra la mujer, así como por ejercer violencia institucional en perjuicio de QV, al desacreditar y poner en entredicho lo manifestado por ella”.

Sin mencionar sus nombres, sólo que algunos están en la Uprodehu y la Cesnav, la CNDH comprobó que, al menos, una decena de servidores públicos incurrieron en “una responsabilidad institucional por omisión” del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política mexicana; 10 y 15, fracción VII, numerales 20 y 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 40 de su Reglamento; y los incisos b y c del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

La CNDH asegura que Claudia pertenecía a “un grupo en situación de vulnerabilidad que vivía bajo un contexto de violencia”, por lo que los funcionarios de la Semar “tenían la obligación, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de QV como miembro activo de la comunidad” en la secretaría.

Por el contrario, violaron sus derechos humanos a una vida libre de violencia, a la privacidad y a la protección de datos personales, “por los hechos consistentes en la omisión de las autoridades de la Semar de adoptar medidas para asegurar la protección necesaria para preservar su integridad física, psicológica y social, así como por inobservar­ el deber legal de denuncia, y que redundaron en la prestación indebida del servicio público”.

La CNDH afirma que también hubo violencia institucional contra Claudia por negarle la renovación de su contrato laboral. Eso “genera un efecto adverso que desincentiva las denuncias de violencia entre las personas civiles que prestan servicios en la Semar, contribuyendo a la estigmatización y revictimización de las mujeres víctimas de violencia. Además, este tipo de acciones limita el empoderamiento a una mujer a una fuente de empleo y, por lo tanto, a lograr una independencia económica”.

Peor aún, recalca que, aunque la víctima pidió recibir todas las notificaciones por correo electrónico, personal de la Semar las llevaba directamente a su casa, “para destacar la situación en la que ella se encontraba”, violando su privacidad. Además, violó sus datos personales al subir su expediente a su página de Transparencia sin testar.

En la recomendación destaca que la Semar determinó la “responsabilidad disciplinaria” del agresor “por presuntamente cometer faltas graves a la disciplina naval” cuando era miembro activo y atacó a Claudia. Aun así, éste solo fue detenido por unas horas, pues un juez de la Ciudad de México lo liberó. Y aunque la Fiscalía General de Justicia local revaloró el expediente CI-FDS-2/UI-FDS-2-02/395/06-2018, éste sigue atascado, pues según le dicen a la víctima, “ni siquiera tiene Ministerio Público designado”.

En tanto, el agresor la sigue amenazando con mensajes violentos por Facebook y crea perfiles falsos y ofensivos con su nombre y sus fotos para que desista de la denuncia.

Antes de la recomendación, el 14 de enero de 2022 la CNDH ofreció a la Semar una propuesta de conciliación con Claudia, pero el 28 de enero siguiente la dependencia no la aceptó. La Comisión lo consideró “grave”, pues demuestra que la Semar “recurre a evasivas para no cumplir con su compromiso de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

Fechada el 25 de marzo pasado, la recomendación 60/2022 sugiere aplicar ocho medidas, entre las que destacan: la reparación integral del daño a Claudia, con una compensación “justa y suficiente”, y su inscripción al Registro Nacional de Víctimas; darle atención médica y psicológica especializada, continua y por el tiempo que sea necesario, gratuita, inmediata y en un lugar accesible para la víctima.

También pide colaborar con el Órgano Interno de Control de la Semar para seguir la queja contra los servidores públicos señalados; impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos, violencia contra las mujeres y los deberes del Estado al personal de la Uprodehu y la Cesnav; así como elaborar un documento para que las civiles que trabajan en la secretaría conozcan sus derechos, el deber de las autoridades en la atención de la violencia de género y los mecanismos para hacerlos valer.

La Semar tiene hasta el 19 de abril para informar si acepta o no la recomendación. Hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado.   

Garantes “sólo para famosas”

Claudia recuerda que en 2019 el secretario Rafael Ojeda dijo que en la Semar “‘no hay simulaciones’. Y, precisamente, en la recomendación de la CNDH lo que se recalca mucho es la simulación… Siempre me hicieron creer que me estaban protegiendo, ¡pero nunca me protegieron, ni antes ni durante ni después!”.

Ahora, subraya, “ya no sólo son mis dichos. Ya hay una institución que sí tuvo el valor de decir ‘sí, lo hicieron’. Y está documentado con pruebas, no es que me lo saqué de la cabeza. Todos ellos son elementos activos en la Marina y tienen el poder de desaparecerme el día que quieran, y nadie hace nada. ¡Me tiran de loca!”.

Con voz temblorosa relata: “Me han seguido persiguiendo. Desde 2019 estoy en desplazamiento forzado porque constantemente tengo que irme de un lugar a otro por las continuas amenazas que recibo. Siempre dicen que por continuar con el caso contra la Semar me van a entregar en bolsas, degollada, destazada, que me van a volver a agredir sexualmente. Y ellos tienen toda la tecnología, todas las herramientas para hacer la persecución contra una mujer que se atrevió a denunciarlos, a denunciar al Estado”.

Pese a ello, no cesa en exigir justicia y que los organismos creados para evitar la violencia de género la protejan. Señala en particular a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y su titular, Fabiola Alanís: “En el caso de Sasha Sokol (artista víctima de abuso sexual) hubo un pronunciamiento oficial de Fabiola Alanís. Me parece muy bien porque Sasha es una víctima que ha sufrido mucho, pero ¿entonces el apoyo es real o sólo porque es famosa y es mediático? Yo hubiera agradecido un pronunciamiento como el de Sasha. ¡Todas las víctimas nos lo merecemos!”.

También señala a Cristian de la Rosa, titular de la Unidad de Evaluación de Riesgo de la Secretaría de Gobernación, quien según Claudia le ha dicho que la recomendación de la CNDH “no es vinculante y por eso no se puede hacer nada”. Ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ella se amparó –bajo el expediente 382/2021– para obtener las medidas básicas de seguridad “inmediatas”. Y aunque a finales del año pasado ganó el juicio, “metieron la revisión y no me quieren dar nada”.

Las denuncias de revictimización alcanzan a la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Laura Borbolla, quien, dice, “me ha dicho que yo estoy enamorada de mi papel de víctima y que no me quiero empoderar”. Indignada, dice que pidió una reunión con la fiscal Godoy, pero no ha tenido respuesta. Y aunque su madre ya también le pidió ayuda a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de poco ha servido.

“Todos me dicen: ‘¡híjole no! ¡Es Semar!’ Nadie se quiere meter con Semar. Por eso son tan intocables. ¡Los están solapando!”, acusa Claudia y aclara que la reparación económica es su derecho, pero le es más importante que las instituciones le garanticen su seguridad. “Ya se los pidió Alejandro Encinas, pero ni así. No tengo escoltas, no tengo un triste botón de pánico, no me van a hacer rondines. ¡No tengo nada!”.

–¿Qué te hace seguir con la denuncia de tu caso pese a las amenazas?

–¡Que no quiero que me maten! ¡No quiero que me vuelvan a violar! Una vez quisieron conciliar con dinero, pero yo quiero que ellos me garanticen las medidas de no repetición y de seguridad. ¿De qué me sirve que me den dinero si, con todo el poder, me desaparecen?

Tan grave es la situación, que Claudia y su madre ya han pedido a las autoridades una solución humanitaria, incluso, para que salga del país antes de que le ocurra algo peor.