miércoles 18 de noviembre de 2026

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El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que reportó que ya suman más de 99 mil víctimas de ese delito en México, fue desacreditado por López Obrador, particularmente por la crítica que el documento hace a la militarización de la seguridad pública en el país. El reporte coincide con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en esa materia. En ambos se señala que los agentes gubernamentales siguen participando por acción y omisión en diversas violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado asuma su responsabilidad.

Desacreditado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del miércoles 13, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre su visita a México, alerta sobre una “situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización”.

Presentado en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por la presidenta del CED, Carmen Rosa Villa Quintana, el informe reivindica la desmilitarización de la seguridad pública como una condición mínima para garantizar los derechos humanos, tal como lo han recomendado diversos organismos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en sentencias contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente la mención de esa observación del informe motivó que López Obrador descalificara el documento, que contiene más de 80 recomendaciones y que en la víspera, en un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, en nombre del Estado mexicano, se habían comprometido a acatar “de buena fe”, designando a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración como la institución encargada del seguimiento.

“Ellos (los expertos) no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad; ya no es el tiempo de antes que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de (Felipe) Calderón, o para desaparecer personas (…) Ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado durante el periodo neoliberal”, sostuvo el mandatario al ser interrogado sobre su disposición a desmilitarizar la seguridad pública como lo recomiendan los expertos del CED.

Sin referir que en 2015 el CED ya había presentado observaciones a México, y que el informe era el resultado de la invitación del Estado mexicano a visitar el país, que se concretó en noviembre del año pasado, López Obrador continuó con sus descalificaciones.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, resaltó.

En la víspera, familiares de víctimas que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emplazaron al mandatario a “presentar ante la sociedad mexicana en su conferencia matutina los principales hallazgos de este informe, con plena voluntad política de implementar esta Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas”.

El informe del CED sobre su visita a México, la primera que el organismo realiza a un país, es un detallado diagnóstico de este flagelo en México, que hasta el miércoles 13 sumaba 99 mil 2 víctimas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El documento es resultado de la visita del 15 al 26 de noviembre de 2021, periodo en que cuatro expertos del CED se desplazaron a 13 entidades (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz), donde se entrevistaron con autoridades de 85 instituciones de los tres poderes de la Unión a nivel estatal y federal, de órganos autónomos, con decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas, y organizaciones de la sociedad civil de 31 de las 32 entidades federativas, además de haber acompañado a familiares de desaparecidos y autoridades en actos de exhumación y jornadas de búsqueda, y de haber estado en centros de privación de la libertad federales y estatales, así como en estaciones migratorias.

A lo anterior se suma el posterior envío de información por parte del Estado mexicano al CED. La última comunicación está fechada el 11 de enero pasado, de acuerdo con el registro de recepción de documentación del país en el portal del órgano de tratado.

El diagnóstico reconoce que 98% de las desapariciones del país corresponden al periodo de 2006 a 2021, en el cual “la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Entre las principales preocupaciones del CED destacan: el “incremento notable” de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como adolescentes y mujeres, situación agudizada durante la pandemia; la vulnerabilidad de las personas buscadoras, 13 de las cuales fueron asesinadas de 2010 a la fecha, seis de ellas de 2018 a la fecha; la desaparición de 30 periodistas entre 2003 y 2021; patrones de desaparición claramente establecidos en algunas entidades; la “crisis institucional” traducida en la falta de coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, y sus homólogas en los estados.

Otras manifestaciones de dicha crisis son, a decir del CED, los altos niveles de impunidad, con sólo 36 sentencias por ese delito; una crisis forense que rebasa a las autoridades, con al menos 52 mil cuerpos resguardados por las fiscalías y sin identificar y que en las condiciones actuales “serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los cuerpos que se van sumando cada día”.

Ante un panorama desolador, el CED urge al Estado a crear una “Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones” y enlista algunas condiciones mínimas para detener la tragedia.

Al reconocer que “las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal”, el CED advierte que una premisa es que el Estado admita su responsabilidad en esta tragedia.

“El discurso prevalente en círculos oficiales tiende a negar o diluir la responsabilidad del Estado parte, alegando que la mayoría de las desapariciones son perpetradas por particulares, principalmente vinculados a la delincuencia organizada”, destaca el texto

El CED aclara todas las modalidades en que el Estado tiene responsabilidad en estos hechos, que dan lugar a considerarlos desapariciones forzadas, desde aquellos casos en que participa un agente del Estado en cualquier modalidad, hasta en los casos en que los perpetradores son particulares, o bien en los que no se entregó de manera digna un resto, incluso habría responsabilidad por no investigar adecuadamente cuando se conoce un patrón de desaparición, todo en apego a la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Entre las condiciones mínimas para enfrentar el flagelo, el CED incluye el abandono del enfoque militarizado para combatir la delincuencia, implementado desde 2006 y que “ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos”, condición en la que están las medidas tomadas por el actual gobierno, como la creación de la Guardia Nacional y el acuerdo presidencial de mayo de 2020 que amplía la intervención del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública.

La recomendación del CED de “abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública”, de fortalecer las fuerzas civiles del orden y “establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública” se fundamenta en los estándares internacionales de derechos humanos, así como en registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de 2007 a 2021 ha emitido 162 recomendaciones dirigidas a las Fuerzas Armadas.

De éstas, 15 se relacionan con desapariciones forzadas, mientras que en 2021 la Sedena y la Guardia Nacional “se encontraban entre las 10 entidades señaladas con mayor frecuencia en expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos”, y la Sedena y la Secretaría de Marina estaban “entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite”.

En el documento se considera entre las causas estructurales de la crisis forense “el incremento de los niveles de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública, que se refleja en el número de homicidios (27.8 por cada 100 mil habitantes en 2020) y en el gran número de personas desaparecidas”.

Como parte de las condiciones mínimas para la creación del Plan Nacional, el CED llama al Estado a diseñar estrategias efectivas para informar y visibilizar sobre las desapariciones, y urge a implementar el marco normativo, de jurisprudencia e institucional del país.

En 10 apartados, el CED detalla las recomendaciones dirigidas al fortalecimiento institucional para la búsqueda e investigación; la judicialización de los casos; la atención de las desapariciones en el contexto migratorio; para el esclarecimiento, reparación y memoria de los casos de larga data; y para atender la crisis forense, entre otras.

También desde EU

Al reporte presentado se sumaron las consideraciones sobre México en el informe del Departamento de Estado estadunidense “Situación de los Derechos Humanos en el Mundo” correspondiente a 2021.

Liberado el martes 12, día en que López Obrador rindió su informe de los primeros 100 días del cuarto año de gobierno, el documento sostiene que la administración de Joe Biden cuenta con “reportes creíbles” del involucramiento de personal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos en 2021.

De acuerdo con el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, el documento registra “detenciones arbitrarias o asesinatos por parte de la policía, militares y otros oficiales del gobierno, desapariciones forzadas por agentes gubernamentales, tortura y tratos degradantes (cometidos) por fuerzas de seguridad”.

Omitida en su informe de actividades del martes 12, la crisis de derechos humanos bajo el gobierno de López Obrador documentada por el Departamento de Estado incluye las “restricciones a la libertad de expresión y a la prensa, incluyendo violencia contra periodistas; actos de corrupción, investigaciones insuficientes y falta de rendición de cuentas por violencia de género”.

El informe del gobierno de Biden advierte que “la impunidad y niveles extremadamente bajos de los procedimientos judiciales siguieron siendo un problema para la solución de todos los crímenes, incluyendo los abusos de derechos humanos y la corrupción”.

El documento sostiene que la dependencia estadunidense recibió información de que “algunos agentes del gobierno (mexicano) fueron cómplices del crimen organizado y las pandillas”, en tanto que también registró casos de homicidios, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de personas, cohecho y actos de intimidación cometidos por integrantes del crimen organizado; algunos de estos casos han sido investigados pero la gran mayoría se mantienen en la impunidad.

Hasta el miércoles 13 ni López Obrador ni otras dependencias federales o miembros de su gabinete habían hecho comentarios sobre el mencionado informe del Departamento de Estado.