miércoles 18 de noviembre de 2026

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Defensores de los derechos humanos, académicos y organizaciones feministas están en alerta porque en Nuevo León, con el nuevo repunte de la violencia del crimen organizado, se incrementan las desapariciones de personas y desde 2020 la mayoría de las víctimas son mujeres. Mientras tanto, el gobernador Samuel García sigue apuntalando su imagen y la de su esposa atendiendo solamente los casos que le reportan presencia mediática.

MONTERREY.- “De nada sirve quemar puertas. Vayamos juntos a buscar a estas mujeres”, dijo el gobernador Samuel García Sepúlveda el lunes 11 al presentar el grupo especial de 200 policías estatales para localizar a desaparecidas en Nuevo León.

Un día antes, el domingo 10, centenares de mujeres enardecidas opinaron distinto y decidieron protestar con fuego, cuando marcharon por calles de la ciudad para clamar por la desaparición y posterior feminicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años, ocurrido una semana atrás, y por la reciente denuncia de desaparición de Debanhi Susana, de 18, en Escobedo, quien hasta el miércoles 13 no había sido localizada.

Al finalizar la manifestación del domingo las mujeres incendiaron uno de los portones del Palacio de Gobierno.

Hasta antes de esta marcha y otra similar efectuada el 8 de marzo, que culminó también con puertas incendiadas y destrozos en el interior del palacio, García se había mantenido al margen del problema, por lo que ahora, de acuerdo con investigadores, activistas y víctimas indirectas consultados por Proceso, las manifestaciones parecen moverlo a la acción y despertar la conciencia ciudadana.

Lo que se ha visto en Nuevo León es un incremento en cifras de desapariciones, especialmente de mujeres, pues desde 2018 se ha incrementado el delito principalmente en víctimas menores de edad, señala la académica Séverine Durin, antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social que investiga estos casos desde hace años.

Para el director de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Fernando Ríos Martínez, dichas manifestaciones son reflejo del hartazgo ciudadano ante un gobernador que se involucra tarde en el fenómeno, y con una fiscalía que debe buscar 6 mil desaparecidos registrados en el último medio siglo con sólo cinco fiscales investigadores.

Como política reciente de comunicación, Samuel García llama a conferencia de prensa, lee textos y expone problemáticas, sin aceptar preguntas de los reporteros. Lo mismo sus subalternos.

El fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, no respondió a una solicitud de entrevista sobre la actuación de la instancia en la investigación de las desapariciones.

“Feminización” de desapariciones

María Fernanda salió de su casa el domingo 3 y se dirigió a la colonia Primavera, de Monterrey. La familia ya no supo de ella. Sin embargo, rastrearon su teléfono y encontraron que la señal estaba en Apodaca, como lo notificaron a la fiscalía estatal.

Policías ministeriales inspeccionaron una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, y el jueves 7 encontraron el cadáver con huellas de violencia. Murió por contusión profunda del cráneo.

Tras el hallazgo, el director de la Unidad Antisecuestros, fiscal Javier Caballero, señaló en entrevistas que la víctima ingresó por su voluntad y acompañada al lugar donde fue asesinada. Los familiares consideraron insensible esa declaración y le exigieron una disculpa pública. El presunto asesino, identificado como Raúl Alfredo, de 26 años, fue detenido.

Debanhi Susana fue a una reunión el viernes 8 en Escobedo. Al salir, la madrugada del 9, pidió un servicio de taxi por aplicación, pero no llegó a su casa. Una foto que circula en redes, donde se encuentra sola, a un lado de la carretera, fue tomada por el chofer de la unidad, después de que la desaparecida decidiera ya no seguir el trayecto con él.

El gobernador y su esposa, Mariana Rodríguez, fueron el domingo a reunirse con los familiares de Debanhi para anunciar que se sumaban a la búsqueda. Como es costumbre de la pareja, la foto fue debidamente compartida en el Instagram de él. Al día siguiente, el mandatario de Movimiento Ciudadano lanzó el nuevo Grupo de Búsqueda con 200 policías.

Seguridad Pública estatal afirma que no hay una banda que se dedica específicamente a los secuestros de mujeres. La fiscalía estatal no lleva estadística de este delito y no respondió a solicitud de información actualizada.

Ante el silencio de Samuel García, el miércoles 13 la comisionada de Búsqueda en la entidad, María de la Luz Balderas, se presentó ante los medios sólo para leer una serie de diapositivas, en las que dio definiciones sobre lo que es una desaparición y sus tipos, sin aportar cifras. Lo que sí dijo Balderas fue que la mayoría de las personas desaparecen de forma voluntaria o no quieren ser localizadas y la mayoría regresa porque así lo decidió.

En medio de esta crisis, causó la primera baja en el gabinete estatal, sin que se diera una explicación, la secretaria de las Mujeres, Alicia Leal Puerta, activista que se especializa en atender casos de violencia contra ellas.

Durin, doctora en antropología por la Universidad de La Sorbona, dice que el fenómeno de las desapariciones en Nuevo León debe ser atendido con perspectiva de género, pues en los últimos años se ha incrementado la cantidad de desapariciones de adolescentes, lo que habla de una “feminización” de estos hechos.

En un estudio que emprendió en 2017 con financiamiento del Conacyt, titulado “Infancias amputadas. Adolescencia en riesgo, niñas y violencia crónica en el noreste”, encontró que en la entidad hubo 25 casos en 2017, en 2018 subieron a 88 y en 2021 a 100, lo que representa un aumento de 400%. Nuevo León cerró 2021 con 269 mujeres desaparecidas, de todas las edades, cuando en 2013 fueron 45, dice el estudio.

Durin considera preocupante que en 2010, cuando ocurrió la crisis de inseguridad en Nuevo León, entre los adolescentes desaparecidos 60 fueran varones y 37 mujeres, mientras que la cifra total se incrementa y se invierte en género en 2020, con 59 hombres y 79 mujeres.

De acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Red por los Derechos de la Infancia en México, como hipótesis de las desapariciones de mujeres están el feminicidio, violencia doméstica, sexual e involucramiento en actividades criminales junto a trata de personas con fines de explotación. A los varones los reclutan forzadamente para participar en delitos, comenta la especialista.

Observa que la impunidad es un factor que alienta el delito, pues las desapariciones, en la mayoría de los casos, quedan sin castigo, lo que habla de una procuración de justicia deficiente.

El anuncio del Grupo Especial del Gobierno estatal, dice, es producto de la movilización ciudadana, que empujó al gobernador a actuar. “El hecho de que las mujeres de los colectivos se manifestaron es (para) exigir a las autoridades que tomen cartas –puntualiza–. Lo veo como un paso necesario el que se está dando”.

A su vez, el director de CADHAC considera que las manifestaciones son el despertar de las conciencias de Nuevo León, que ya sabe que la agresión a mujeres, muchas de ellas niñas, es contra todos.

Ríos Martínez cita al Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. Éste señala que en lo que va del año en Nuevo León (hasta el lunes 11) se han reportado 197 personas desaparecidas, de las que 138 son hombres y 59 mujeres.

Considera deplorable que el estado económicamente más poderoso del país figure en quinto lugar de las desapariciones, por lo que se requiere mayor fuerza institucional para atender el fenómeno, que ha resurgido con la violencia generalizada en el estado.

“El fenómeno de las desapariciones corresponde a una cuestión de seguridad que no está garantizada en el estado por la Fiscalía General. El escándalo es grande en el caso de María Fernanda, en donde hay indicios dados por los familiares que no son investigados. Ese es el punto focal, que hemos denunciado, pues hay cinco fiscales para atender 6 mil casos”, dice el activista.

Considera grave que Samuel García haya ignorado el problema hasta que surgió a la luz pública, pues desde que llegó debió abocarse al problema que ya estaba lo suficientemente visible, aunque únicamente reaccionó por presión social.

“La realidad está desbordando al gobernador. Lo que hace no es suficiente y está siendo puesto en evidencia por la misma sociedad. Me parece grave que se den los indicios y que considere que el fenómeno está más allá de sus manos, pero no hace políticas adecuadas. Debería reunirse con los colectivos, y no he visto que lo haga para escucharlos personalmente”, dice Ríos Martínez.

Atención “para la foto”

Virginia Buenrostro, integrante de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) fue secuestrada de su rancho en Cadereyta con su esposo en noviembre de 2010. Cuando los llevaban, Los Zetas se toparon con un retén y los liberaron. Pero la misma célula criminal alcanzó a secuestrar a su hijo David, de 25 años; su hija Jocelyn, de 26 años; al novio de ésta, José Ángel Mejía, de 26, y a Juan Manuel, de 42, chofer de su esposo. No han vuelto a ver a ninguno.

Considera que es bueno que Samuel García haya visitado a los padres de Debanhi, pero lamenta que no se aproxime a las demás víctimas.

“Me incomoda que el gobernador ni en campaña ni en el gobierno ha dado la cara. Ha mandado a su gabinete y hemos hablado con ellos, pero él no nos ha visto. Tenemos desaparecidos de larga data y recientes, no sólo de Amores, sino de otros colectivos. Qué bueno que va con la familia de Debanhi, pero por qué hasta ahorita, por qué nunca se presentó con la familia de María Fernanda.

“No sé si decirlo, no me vaya a meter a la cárcel, pero siento que actúan porque son muy de redes sociales. No es que les interese, es por presión social y quieren llamar la atención. Si quisiera hacer algo en realidad, desde el principio hubiera convocado a las familias”, señala.

El más reciente informe de desaparición forzada de las Naciones Unidas en México indica que los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 71.73% de los cuerpos no identificados, pues no hay suficientes servicios forenses ni políticas públicas de identificación humana.