Medio año después de que el presidente López Obrador implantara el Plan de Apoyo a Michoacán, los resultados no son alentadores: el crimen sigue creciendo, ya sea en forma de homicidios, desplazamiento forzado de la población, asesinatos con tortura o masacres. Parece que hubiera “licencia delincuencial para matar”, señala el sacerdote Gregorio López.
MORELIA, MICH.- Seis meses después del arranque del Plan de Apoyo a Michoacán, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo para contribuir, entre otras cosas, a “enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”, datos oficiales revelan que en este periodo no disminuyó la cantidad de asesinatos: por el contrario, creció más de 10% y el estado ascendió al primer lugar nacional en la clasificación de ese delito.
Aunado a esta situación, especialistas advierten que en los últimos tiempos se extendieron las áreas en las que ocurren los actos violentos, hasta cubrir casi todo el estado. Además se recrudecieron las formas de crueldad extrema con que se cometen los homicidios, con mayor frecuencia acompañados de tortura o descuartizamiento de cuerpos.
También se elevó considerablemente la incidencia de masacres, que a lo largo de 2021 sumaron 52 (una cada semana en promedio) y en el primer trimestre del presente año ya se contabilizaron 21 (una cada 4.2 días), de acuerdo con datos de la organización Causa en Común.
Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de esa asociación, considera que la actual escalada de violencia en Michoacán es resultado de la “guerra encarnizada” que sostienen en la entidad el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y varios grupos locales, entre ellos Los Viagras.
“Es una lucha –explica– que no da tregua y que al mismo tiempo mantiene a la población en medio del fuego cruzado, sobre todo en las regiones que tienen menor presencia del Estado, pero también vemos que Morelia se encuentra en una situación de violencia muy similar ya a lo que también estamos viendo en Guanajuato y Zacatecas.”
El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como Padre Goyo, lamenta “el deterioro de la sociedad y los niveles de degradación humana que se perciben en algunos sectores de la población a través de las manifestaciones de la violencia, al grado de perderle el respeto a la vida y a los derechos humanos”.
El religioso, quien encabeza en Apatzingán la asociación civil El Buen Samaritano, desde donde apoya a las víctimas, responsabiliza de la situación que se vive en la entidad a las autoridades de todos los niveles que “con sus omisiones han empoderado a los delincuentes y han dejado a la población inerme frente a los grupos criminales”.
Con una tendencia creciente en las cifras anuales de asesinatos, la administración gubernamental del perredista Silvano Aureoles Conejo ha sido el periodo de mayor crecimiento en ese delito, desde que se tiene registro oficial. Empezó con mil 371 víctimas en su primer año y, sin dejar de aumentar, casi duplicó esa cantidad al llegar al sexto, con 2 mil 667, para sumar 11 mil 460 homicidios en todo su sexenio, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Bajo este panorama, el 9 de octubre siguiente López Obrador estuvo en Morelia con prácticamente todo el gabinete federal para respaldar al nuevo gobernador, su compañero morenista Alfredo Ramírez Bedolla, ante quien anunció el Plan de Apoyo a Michoacán, que además de un impulso especial en el área de seguridad comprende acciones en materia de salud, educación, programas sociales, empleo, campo, turismo y cultura, entre otras.
Aunque el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó esa vez la incorporación de cerca de 10 mil efectivos de las fuerzas federales a ese plan, López Obrador recordó que “la política en materia de seguridad está bien definida: no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso, además de inhumano, resultó un rotundo fracaso, esa no es la estrategia”.
En la reunión con representantes del gobierno michoacano, el presidente ofreció garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de bienestar, bajo el argumento de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia (Proceso 2354 y 2356).
Homicidios colectivos
No obstante, en estos primeros seis meses del gobierno de Ramírez Bedolla, ya con el plan de apoyo presidencial en marcha, se registraron en la entidad mil 517 asesinatos, cifra que rebasó por 144 (10.4%) los mil 373 cometidos en el último semestre de la administración anterior.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 Michoacán ocupó el cuarto lugar nacional en asesinatos, con 2 mil 762 casos; sólo superado por Guanajuato, que se ubicó en primer sitio, con 3 mil 550; al que siguieron Baja California, que acumuló 3 mil 038; y Estado de México, 2 mil 794.
En los primeros 100 días de 2022, del 1 de enero al 10 de abril, conforme a datos del SESNSP y del informe diario del Gabinete de Seguridad, el estado natal de José María Morelos contabilizó 838 homicidios dolosos, para desplazar del primer lugar a Guanajuato, que sumó 833, y el Estado de México se colocó en tercer sitio, con 726.
Tras considerar que “el crimen y la violencia están generalizados en Michoacán”, el Departamento de Estado del gobierno estadunidense incluyó el pasado 16 de marzo a esta entidad en una lista de cinco destinos (junto con Colima, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas) a los que recomendó a sus ciudadanos y empleados no viajar, por razones de seguridad.
Nancy Angélica Canjura considera que a partir del inicio de la estrategia denominada “Guerra contra el narco”, cuyo primer escenario fue Michoacán en 2006, esa entidad permanece en el epicentro de la violencia.
“Desde entonces estaba en una situación grave y vemos que, al pasar los años, no se ha logrado ningún avance ni estabilidad; es una circunstancia que ha sido constante, que se ha mantenido y por momentos se recrudece, pero no se ha generado ninguna solución por parte del gobierno”, indica.
Especialista en temas de seguridad, con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Canjura Luna advierte en entrevista con Proceso que la violencia en Michoacán se está desbordando y esto se puede ver en las acciones de crueldad que cometen los generadores y protagonistas de las hostilidades.
“Es un estado –señala– donde han aumentado los casos de tortura, de personas decapitadas o cuerpos desmembrados que abandonan en bolsas de plástico; eso nos muestra cuál es el grado de violencia y el tipo de mensajes que se dan a través de esos actos.”
En el caso de las recurrentes masacres –término bajo el que se clasifican los homicidios colectivos de los que resultan tres víctimas o más–, Canjura comenta que no sólo están ocurriendo en las regiones de tradición violenta, sino que ya se encuentran repartidas en el territorio estatal.
Por el número de víctimas, las de mayor impacto han sido la de San José de Gracia, donde el 27 de febrero fueron fusiladas 17 personas, y la de Zinapécuaro, donde un mes después se registró la matanza de 20 asistentes a un palenque de gallos.
Aunque muchas veces están asociadas a pugnas entre células delictivas, dice la investigadora, las masacres representan también “una exposición del poder de fuego de parte del grupo agresor, una muestra de su control territorial”.
El sacerdote Gregorio López Gerónimo estima que por la forma como ocurrieron las masacres de San José de Gracia y Zinapécuaro, son casos emblemáticos de que en Michoacán hay “licencia delincuencial para matar”.
Según el más reciente informe de la organización Causa en Común, denominado “Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”, en enero y febrero de 2022 Michoacán ocupó el primer lugar nacional en número de atrocidades registradas en su territorio, con 75 casos, seguido por Guanajuato con 74 y Baja California con 53.
En su estudio, la agrupación define atrocidad como “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político y/o para provocar terror”.
Entre las atrocidades detectadas por el informe, en el transcurso de los dos primeros meses del año destacan, por separado: la localización de 24 cuerpos con huellas de tortura, el homicidio de 10 menores de edad, ocho mujeres ultimadas con crueldad extrema y seis cadáveres mutilados o descuartizados.
Con un promedio de 8.38 asesinatos diarios durante este año, otros crímenes horrorizaron al estado. El 9 de abril fue encontrada una fosa clandestina con 12 cadáveres en el municipio de Puruándiro. A principios de febrero se localizaron ocho cuerpos sin vida en un predio de Tinguindín. El 23 de ese mes se registró el hallazgo de tres cadáveres, entre ellos el de una mujer, con huellas de tortura, en el municipio de Hidalgo.
En ese periodo, en Pátzcuaro fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre. En Los Reyes fue descubierta una maleta con una cabeza humana en su interior. En Morelia, cuatro personas fueron asesinadas en un domicilio.
En los primeros meses del año, asimismo, fueron asesinados dos presidentes municipales: el de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, el 7 de febrero, y el de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, el 10 de marzo. El síndico de Cuitzeo, Francisco Díaz Rodríguez, fue ultimado el 3 de abril.
De los ocho asesinatos de periodistas en el país en lo que va de 2022, dos ocurrieron en el municipio de Zitácuaro: Roberto Toledo Barrera, el 31 de enero, y Armando Linares López, el 16 de marzo.
A juicio de la investigadora Canjura, “parecería evidente que casi todo el estado se encuentra permeado por los grupos del crimen organizado… Si bien antes se pensaba que la problemática estaba concentrada en algunas regiones, como Tierra Caliente, y se hablaba de evitar el ‘efecto cucaracha’ así como de blindar el resto del estado, ahora lo que vemos es que no solamente se está dando ese efecto, sino que parece que no se topa con ningún freno”.
Desde el lunes 4 el corresponsal solicitó una entrevista con el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, para obtener la versión oficial sobre la situación de violencia, pero no hubo respuesta.
Desplazados: otro viacrucis
El Padre Goyo informa a este semanario que a causa de la violencia actualmente hay 35 mil personas desplazadas de sus comunidades; la mayoría, de los municipios de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro, Mújica y La Huacana.
El ministro religioso atendió la entrevista vía telefónica desde Washington, donde a través de su organización realiza gestiones con empleadores e instituciones humanitarias para conseguir visas de trabajo en Estados Unidos y Canadá para personas desplazadas de Michoacán.
Asimismo, preparaba un viacrucis que escenificaría el Viernes Santo en el cruce fronterizo Mesa de Otay, con familias desplazadas que se encuentran varadas en la frontera con Estados Unidos, a fin de representar los sufrimientos de las comunidades frente a la violencia del crimen organizado.
Mientras, el martes 12 el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló el Comité Interinstitucional de Michoacán para la Atención del Desplazamiento Forzado, con el propósito de apoyar a víctimas de violencia, pobreza y marginación.
El mandatario reconoció que “familias enteras han huido” a causa de la violencia, pero deslindó a su gobierno de responsabilidad en el asunto y acusó que “las anteriores administraciones estatales omitieron la atención al desplazamiento forzado”, por lo que “no debemos ocultar una realidad tan dolorosa, sino trabajar”.
Por su parte, Beatriz Fraga Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), explicó que entre los propósitos del comité se encuentra atender a las personas “que han sido desplazadas por la violencia en los últimos años y que son resultado del abandono histórico de diversas regiones del estado, principalmente de Tierra Caliente”.
La investigadora Nancy Angélica Canjura advierte que, en el caso de las familias desplazadas, “muchas de ellas denuncian que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen por la amenaza de los grupos criminales de hacer un reclutamiento forzado de los jóvenes”.
Lo anterior, comenta la académica, también “revela un poder ya muy grande de estos grupos sobre las comunidades, donde los gobiernos han dejado en el desamparo total a los habitantes”.
En las actuales circunstancias, puntualiza Canjura, “estos discursos de ‘abrazos no balazos’, ‘vamos a llevarles programas sociales’ y ‘vamos a darles becas a los jóvenes’, de nada sirven si el muchacho ni siquiera tiene la opción de decidir si quiere entrar al grupo criminal o no, porque su vida está ya empeñada con esos grupos y ellos deciden a quiénes van a reclutar y de qué manera, sin que exista siquiera la posibilidad de pensar en un futuro distinto, en una oportunidad de no entrar a ese círculo de violencia”.








