La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Crédito Real, de la familia Berrondo, también dueña de Grupo Mabe, consiguió mediante un fuerte cabildeo de su socio Oliver Fernández con diputados del PRI y del PAN que se aprobara una reforma a las leyes laborales para contemplar el concepto de “cobranza delegada”, a fin de facilitar el cobro de adeudos vencidos de los trabajadores desde la nómina de las empresas. Según especialistas, se pretende legalizar una práctica irregular que pone en riesgo la movilidad social de los trabajadores.
Tras varios años de pandemia y un cambio en las relaciones de poder en sindicatos, gobiernos estatales y municipales, la Cámara de Diputados avaló incluir en la ley el concepto de “cobranza delegada”, mediante la cual los trabajadores ceden a los patrones la libertad para el pago de créditos de nómina asociados a sus salarios.
Para ello, los trabajadores deberán firmar un contrato llamado “libranza” y un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito, en los cuales se considerarán el salario, las percepciones extraordinarias de carácter laboral y las indemnizaciones de igual naturaleza como únicas fuentes de pago.
Con estas nuevas leyes del sector financiero los accionistas de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes), Entidades No Reguladas (ENR), cobrarán los adeudos de créditos vencidos de los trabajadores para impulsar estas entidades como se preveía hacer desde el gobierno de Vicente Fox, mediante la gestión de Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda.
Las sofomes ENR surgieron al final del gobierno foxista con la promesa de incrementar la participación del crédito en la economía para el desarrollo productivo. No sucedió. La economía, según el Banco de México, necesita crédito y la banca y las sofomes siguen sin generar préstamos para las mipymes. La participación del crédito en la economía no supera 40%, mientras que en otros países llega a 100%.
En medio de su crisis de pagos en su sofome ENR, Crédito Real, de la familia Berrondo, del Grupo Mabe –que integró a su consejo de administración a un exsocio de Oceanografía, Oliver Fernández–, cabildeó directamente con diputados de la cámara baja una ley para garantizar la cobranza en créditos con descuento a nómina cuando el trabajador cambie de empleador, un dictamen que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió vetar por ir contra los intereses de los trabajadores.
“Fernández estuvo buscando a legisladores para que apoyaran esa legislación”, dijo una fuente en la Cámara de Diputados. La Asociación Mexicana de Empresas de Nóminas (Amden), a la que pertenece Fernández, aseguró que ninguno de sus afiliados estuvo involucrado en la gestión de esa iniciativa.
Gustavo Martín del Campo, presidente de la Amden, asegura a Proceso que la iniciativa “nació en el Senado de la República y como empresas del sector somos respetuosos del trabajo legislativo”. Entre las firmas afiliadas a la Amden destacan Consupago, Credifiel, Publiseg, Kondinero, Crediamigo, Credifiel, Finmart, Crédito Maestro, Directodo México y Crédito Real.
Durante su gira por Veracruz, López Obrador aseguró que ningún intermedario financiero puede apropiarse del ingreso de la clase trabajadora, pues es “sagrado”, por lo que pidió a los diputados y senadores que revisen la reforma. Amenazó, incluso, con vetarla si los legisladores insisten en su aprobación.
Sin embargo el jueves 17, con 227 votos a favor, 210 en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados adicionó diversas disposiciones a las leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de modificar el régimen de cobranza delegada para los créditos y servicios financieros con descuento a nómina.
“Las reformas planteadas por este dictamen buscan formalizar mecanismos que ya vienen operando sin una base jurídica, que se han venido generalizando a través de colusión y corrupción entre líderes sindicales y entes financieros, sofomes –nomineras–, en perjuicio de los trabajadores, sobre todo de entes públicos gubernamentales, así como en dependencias estatales y municipales (maestros, médicos, pensionados, IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE)”, dice al respecto el exdirector de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Mario di Costanzo.
Para el abogado Enrique Díaz Infante, director especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, no existe –en ninguna circunstancia financiera, legal o social– justificación para impulsar cambios en leyes del sector crediticio o laboral para que las sofomes cobren antes los créditos con descuento a nómina o para que se exija al trabajador que garantice la fuente de pago.
Al contrario, dijo, los legisladores deberían advertir que una modificación a normas que legalice este proyecto, que beneficia claramente a sofomes y sindicatos, representaría un claro riesgo para la movilidad social de la clase trabajadora.
No existe, además, justificación de riesgo sistémico, dado que Crédito Real decidió endeudarse con emisiones de bonos en mercados extranjeros. Es, en todo caso, un problema de grupo de interés, de intermediarios que participaron en negocios que ahora se ven afectados por la pandemia, el cambio del entorno político y, por supuesto, problemas económicos diversos, como la precariedad en el empleo. Otras sofomes podrían enfrentar problemas similares, pero no es un riesgo sistémico, dice Díaz Infante.
“La intervención del Estado sólo se justifica cuando hay una falla de mercado”, aclara Díaz Infante. Y agrega: “Este claramente no es el caso y Crédito Real ahora promete a sus tenedores en sus negociaciones que habrá un cambio en leyes para apuntalar su reestructura. Eso no debería suceder”.
El abogado advierte que al aprobarse este dictamen que modifica las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se generará un problema social: “¿Quién va a contratar a un trabajador que llega con deudas y cuyo salario se verá afectado y con él su productividad?”.
Crédito Real y la oportuna reforma
A través de la venta de activos y propiedades en Estados Unidos y con el apoyo de Oliver Fernández –exaccionista minoritario de Oceanografía, prestamista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y uno de los principales beneficiarios de la regulación simplificada y aprobada en los últimos meses del sexenio de Vicente Fox para permitir la operación de Sofomes–, la familia Berrondo, fundadora del Grupo Mabe y exaccionistas del Banco Bital, ahora HSBC, busca rescatar de la insolvencia la operación de la intermediaria Crédito Real, con deudas por más de 55 mil millones de pesos, aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.
La pandemia, el ingreso de nuevos jugadores en plataformas digitales para otorgar créditos, pero sobre todo un modelo de negocios con alto nivel de apalancamiento y dependencia de acuerdos con líderes sindicales y funcionarios, generó la crisis de Crédito Real, de acuerdo con analistas del mercado de valores.
Los auditores de Crédito Real, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, un despacho asociado a Deloitte Touche Tohmatsu Ltd., han tenido que explicar a la comunidad bursátil cómo aprobaron durante los últimos años las prácticas contables de Crédito Real, sobre todo la vinculada con el registro y reporte de préstamos originados por otras Sofomes. Hasta ahora la agencia calificadora Standard & Poor’s se ha limitado a bajar la valuación de inversión de la deuda de Crédito Real, pero mantiene la cobertura.
En medio de la crisis que enfrentan sus socios de Crédito Real, el fundador de Crédito Maestro, Oliver Fernández –conocido extenista que llegó a la Copa Davis–, de acuerdo con la fuente en el Congreso, cabildeó directamente un dictamen presentado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para reformar leyes y disposiciones financieras que darían paso a una cobranza delegada de créditos con descuento a nómina y otros productos, como pólizas de seguros y arrendamientos, siempre en beneficio de los intermediarios no regulados, los cuales sólo perderían la cobranza de sus financiamientos –con tasas anuales de entre 60 y 100%– en caso de muerte del trabajador.
Mientras el deceso no ocurra, esta ley obliga al trabajador a sustituir la fuente de pago si llega a perder el empleo. La reforma, además, tiene como principal objetivo que las Sofomes cobren antes que los bancos porque, en medio de la crisis, las instituciones de crédito tuvieron preferencia en los descuentos de las cuentas de los trabajadores. Si la banca cobra primero sólo por estar regulado, entonces no se cumpliría el precepto del derecho de que “el primero en tiempo es el primero en derecho”, dijeron fuentes en las Sofomes interesadas en este cambio.
Berrondo vs. Berrondo
El pasado 8 de febrero, después de incumplir el pago de un bono por 184 millones de dólares, la asamblea de accionistas de Crédito Real aprobó el ingreso de Oliver Fernández, exsocio de Amado Yáñez en la naviera Oceanografía, contratista de Pemex, al Consejo de Administración de Crédito Real y anunció la salida de José Luis Berrondo Ávalos, presidente del Consejo de Administración del Grupo Mabe, por diferencias de criterios en la administración de la Sofom, que se dedica a dar créditos con descuento a nómina a trabajadores en activo de diversas instituciones y pensionados del IMSS, así como a empleados de gobiernos estatales y municipales.
Crédito Real también otorgó a Carlos Cabal Peniche y a su socio Alejandro del Valle un préstamo por mil 95 millones de pesos, a través de la compañía Nuncio Accipiens, para comprar a Miguel Alemán Magnani una participación en el Grupo Radiópolis. Después de que Cabal no cumplió con la amortización del financiamiento y con una demanda de por medio, Crédito Real aceptó la dación en pago del paquete accionario del Grupo Radiópolis, en donde participa también como accionista el grupo español Prisa. Ahora Prisa y Crédito Real son socios; y este financiamiento representó 6.4% de su cartera en el segmento de Pymes.
Con negocios que florecieron durante los sexenios de los gobiernos panistas y la administración de Enrique Peña Nieto, Crédito Real, que preside Ángel F. Romano Berrondo, debe a sus acreedores más de 55 mil 900 millones de pesos; ha firmado más de 24 líneas de crédito y durante los últimos tres años se concentró en contratar pasivos en mercados del exterior ante las limitaciones que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para seguir endeudándose con inversionistas mexicanos, por tratarse de un intermediario no regulado, de acuerdo con información de la CNBV generada en 2019 y un alto exfuncionario de ese organismo regulador consultado por Proceso.
Ahora, BNP Paribas SA y Goldman Sachs son algunos de los 100 acreedores que han iniciado negociaciones con Crédito Real para un pago ordenado de sus pasivos.
Bajo esta situación fue que las firmas DLA Piper LLC, como asesor legal, y FTI Consulting actuaron como asesores en el proceso de reestructura mientras Fernández, según confirmaron varios integrantes de la Comisión de Hacienda, cabildeó con los diputados del PRI y del PAN para que votaran a favor de un marco legal que beneficiará a casi mil 900 Sofomes, según el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).
Se trató de salvar los negocios de Mabe, fabricante de línea blanca y otros bienes duraderos, que también enfrentan tiempos difíciles. De acuerdo con los prospectos de colocación de Crédito Real, la facturación promedio en este negocio ha caído durante los últimos 10 años al pasar de 10 mil pesos en promedio por cliente a sólo 5 mil pesos, en un plazo de 12 meses. Uno de los contratos más importantes que intentó concretar durante el gobierno del presidente López Obrador fue la venta al Ejército de los electrodomésticos que se entregarían a los damnificados por el paso de los huracanes y las inundaciones en el sureste del país en 2020.
En diciembre de 2020, el gobierno federal reveló que destinaría 17 mil millones de pesos a la compra de estufas y refrigeradores para 226 mil 608 familias damnificadas por el paso de los huracanes en Tabasco y Chiapas. Los retrasos en los que incurrió Mabe para cumplir en tiempo y forma este contrato fueron resultado de la desincronización de las cadenas de suministro en Asia, a raíz de los confinamientos para hacer frente a la pandemia.
La minuta aprobada por los diputados sobre la cobranza delegada no le favorece a los trabajadores, dice Mario Di Costanzo, y sólo beneficia a los otorgantes del crédito, sobre todo a las Sofomes, al no generar un “sistema completo” de Crédito de Nómina con Cobranza Delegada donde existan obligaciones de transparencia, publicidad y sanas prácticas.
Además, afectaría la relación de una institución bancaria con créditos anteriormente solicitados y pagos domiciliados, lo que promueve el sobreendeudamiento de las personas, ya que no considera los compromisos de deuda anteriormente contratados.
Aun más, dice Di Costanzo, estas reformas resultarían violatorias de varios artículos de la LFT, en particular los relativos al salario, porque se afectaría la movilidad laboral al obligar al trabajador a designar una nueva fuente de pago en caso de cambio de empleo o pérdida de empleo.
Proceso buscó a Crédito Real, así como a representantes de la intermediaria en las negociaciones con sus acreedores, pero no obtuvo respuesta.








