El director del portal noticioso Monitor Michoacán, Armando Linares, ya sospechaba que él podría seguir a su colaborador Roberto Toledo en su trágico destino. Fue asesinado pese a las denuncias reiteradas, ya que a decir de representantes del gremio periodístico los mecanismos de protección oficial no cumplen su función adecuadamente, además de que López Obrador se ocupa en deslindar al Estado de los asesinatos y no de promover una eficaz protección para los informadores.
MORELIA, MICH.– Luego de que el pasado 31 de enero tres pistoleros asesinaron al periodista Roberto Toledo Barrera, colabo-rador del portal de noticias Monitor Michoacán, el director de ese medio con sede en la cabecera municipal de Zitácuaro, Armando Linares López, vislumbró que él mismo podría convertirse en la siguiente víctima.
Transcurrieron apenas seis semanas y un día para que sus temores se concretaran: la tarde del martes 15 murió acribillado frente a su domicilio, en la calle Doctor Emilio García, colonia Carabanchel de esa población. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) recolectó en la escena del crimen cinco casquillos y dos cartuchos calibre 9 milímetros.
Representantes de organizaciones defensoras de periodistas, que lo contactaron a principios de febrero para investigar y documentar el homicidio de Toledo, recuerdan que Linares se encontraba agobiado por la muerte de su compañero.
“Lo escuché muy afectado, claramente Roberto Toledo era una persona cercana a él; también se le notaba preocupado por su propia seguridad. La primera vez que hablamos comentó que su cabeza daba vueltas, ignoraba de dónde venía el ataque y no sabía si quedarse o salir de Zitácuaro; la situación para él era muy crítica”, dice Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Según la periodista Patricia Monreal, integrante del colectivo Ni Uno Más Michoacán, el director del periódico digital “estaba absolutamente devastado por la muerte de Roberto, y cuando charlamos después de ese hecho me comentó su preo-cupación de que podría seguir él”.
La representante de Reporteros sin Fronteras (RSF) en el país, Balbina Flores, señala que la de Linares “era una preocupación legítima que ahora se expresa de una manera terrible, porque además él fue quien dio la noticia del homicidio de su compañero y ahora fue asesinado”.
En los meses finales de 2021, a raíz de publicaciones sobre presuntos actos de corrupción de servidores públicos municipales y estatales, Monitor Michoacán empezó a recibir amenazas de supuestos miembros del crimen organizado, quienes exigían que dejara de dar a conocer los presuntos malos manejos de algunos funcionarios (Proceso 2364).
De nada valió que tanto el director como el subdirector del medio, Joel Vera Terrazas, denunciaran formalmente las amenazas ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR). Ello no impidió las muertes de Roberto Toledo, primero, y de Armando Linares, después, en un lapso de sólo mes y medio, así como el cierre de actividades del periódico, fundado casi tres años antes.
En el caso de Toledo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera lo reconoce como periodista. El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas inicialmente lo había aceptado como tal en un tuit del que posteriormente se desdijo el día del asesinato, con el argumento de que también laboraba como auxiliar en un despacho jurídico.
Unas horas después del deceso de Linares, en la conferencia matutina del miércoles 16, el presidente se apresuró a deslindar a su gobierno, señalando que los homicidios de periodistas ya no son “crímenes de Estado”, además de argumentar que en ese caso particular la víctima había rechazado acogerse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores.
“Lo que nosotros tenemos de información –dijo López Obrador– es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes, que, dicho sea de paso, son bandas que surgieron en el periodo neoliberal, cuando se apostó a enfrentar la violencia con la violencia y cuando imperaba la corrupción, que callaron como momias los periodistas del régimen anterior, del antiguo régimen.”
El mandatario también señaló que “en este lamentable caso, de tres periodistas de ese portal de noticias (Monitor Michoacán), dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad”.
Contra la retórica y la indiferencia
Las organizaciones defensoras de los derechos de periodistas cuestionan la postura del presidente respecto de los casos y, por otra parte, coinciden en que existen elementos suficientes para presumir la probable vinculación de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, ambos precedidos por amenazas contra el medio en que ambos participaban.
De acuerdo con Jan Albert Hootsen, una línea de investigación debe considerar la hipótesis de que detrás de los dos crímenes se encuentra la narcopolítica, o sea la colusión entre actores políticos locales o estatales y grupos de la delincuencia organizada.
“Definitivamente –afirma–, es una posibilidad; si en este momento no tenemos evidencia directa, le toca a la autoridad investigar en forma exhaustiva y creíble, con el fin de establecer o descartar esa posibilidad. Por lo pronto no lo sabemos y eso de por sí es muy serio.”
Hootsen comenta que en la zona de Zitácuaro, donde tenía su base el portal Monitor Michoacán, hay una muy marcada presencia de grupos delictivos, entre ellos una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, y hay fuertes sospechas de una posible relación entre las personas de la política local con grupos delictivos.
A juicio de Balbina Flores, “es realmente inaceptable que sigan ocurriendo este tipo de hechos, sobre todo con muertes tan anunciadas como el caso de Armando Linares: había recibido y denunciado amenazas antes, es difícil entender por qué habiendo ese nivel de riesgo no se le protegió”.
Si bien Linares no aceptó el ofrecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de extraerlo de la zona, agrega, tiene la obligación de proteger y cuenta con otros recursos para hacerlo, pero no se puede lavar las manos tan fácilmente.
En la última década, añade la representante de RSF, hay al menos nueve casos de periodistas que estaban bajo protección del mecanismo y perdieron la vida, cuatro de ellos durante la actual administración.
“¿Nadie es responsable? Obviamente es el Estado, porque su responsabilidad es brindar seguridad. Falta fortalecer las estrategias de prevención del mecanismo, porque sigue siendo de reacción y a veces no de reacción oportuna. Nosotros decimos que mientras se siga actuando sobre hechos ya consumados para la protección, no se puede garantizar la seguridad”, expone Flores.
Para Patricia Monreal, los asesinatos de Toledo y Linares en el marco de amenazas que habían sido denunciadas, son reflejo de “una absoluta indolencia e indiferencia del Estado mexicano para atender el asunto”.
Lamenta que el presidente haya mencionado el rechazo de Linares al Mecanismo de Protección “como si eso justificase el que lo hubieran asesinado, lo cual es absolutamente grave, porque la falta de certeza que genera el mecanismo, tomando en cuenta que muchos compañeros que estaban bajo su protección han sido asesinados o desaparecidos, hizo que Armando tomara esa determinación”.
Monreal considera grave “decir que porque él se rehusó o rechazó ese mecanismo devino el tema del asesinato; me parece muy grave porque es atribuir una responsabilidad del Estado mexicano a la víctima”.
Hootsen señala a su vez que con López Obrador se observa la misma inacción que en gobiernos anteriores para generar políticas públicas integrales que contribuyan a resolver la problemática de la violencia hacia los periodistas.
Además, subraya el representante del CPJ, está “la retórica del presidente, que suele minimizar la problemática y estar más interesado en deslindarse, en decir que no es algo que su gobierno hizo, que ya terminó la impunidad, y eso nos hace pensar que para López Obrador la violencia contra periodistas no parece ser un tema prioritario”.
La mañana del miércoles 16, decenas de periodistas michoacanos realizaron una marcha de protesta que recorrió las principales avenidas de Morelia; los manifestantes ingresaron a las instalaciones del Congreso del estado para exigir a los legisladores mejorar la protección legal al gremio periodístico.
En el contexto de la movilización, emitieron un pronunciamiento en el que exigieron a López Obrador “tomar con toda la seriedad debida los asesinatos, agresiones y violaciones de derechos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México”, así como “dejar de usarnos políticamente e instruir a su gobierno a que instrumente las acciones necesarias, inmediatas y eficaces para atender los casos de los periodistas asesinados, desaparecidos y violentados en el país, con el debido acompañamiento a sus familias”.
A la FGR y a la FEADLE les demandaron una coordinación puntual con la FGE en las investigaciones del homicidio de Linares y, en su caso, que se determine la atracción del caso.
Al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le exigieron instrumentar acciones de acompañamiento y apoyo a la familia de Linares, así como una revisión puntual del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos “para que deje de ser un elefante blanco; y mandatar la capacitación de quienes laboran en su gobierno en el pleno respeto a los derechos humanos de periodistas”.
El mismo día el gobernador Ramírez Bedolla emitió un comunicado en el que reconoció que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido letra muerta en Michoacán, por lo que destacó que “la entidad debe avanzar hacia la consolidación del Sistema de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
El mandatario refirió que desde la publicación, en junio de 2019, del reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán, no se ha instalado el Sistema Estatal para ejecutar acciones que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los periodistas.
Al día siguiente se realizó una reunión de periodistas con el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, en la que acordaron para la próxima semana la firma de compromisos del gobierno estatal para establecer acciones a favor del gremio periodístico en sus principales demandas.
Patricia Monreal indica que, aunque no tenían demasiadas expectativas en la reunión, “la confianza y la posibilidad de trabajar se tienen que ir construyendo, veremos qué tanta voluntad hay”.
Si bien en el presente año se han contabilizado dos asesinatos de periodistas en la entidad, las cifras del colectivo Ni Uno Más Michoacán señalan que desde 2006 a la fecha se han cometido 12 asesinatos y siete desapariciones de comunicadores.








