El martes 15 fue un día negro para Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, capturado y encarcelado en el penal de Apodaca –que él mandó construir– por delitos electorales relacionados con su fallida campaña presidencial de 2018. Quien fue el primer gobernador sin partido en la reciente historia política de México, ahora se encuentra solo, sin el apoyo de mandatarios que él defendió ni de colaboradores que cobijó.
MONTERREY, NL.- La caída del exgobernador de Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón fue total: las cámaras captaron cada detalle de su arresto ocurrido la mañana del martes 15, cuando en su auto transitaba por el municipio rural de General Terán.
Vinculado a proceso, El Bronco está acusado de cometer delitos electorales cuando fue candidato a la Presidencia de la República, en 2018. De acuerdo con las autoridades nuevoleonesas, se trata de la primera de varias acusaciones que el exmandatario deberá enfrentar, pues están en ciernes otras carpetas de investigación en su contra. También colaboradores y amigos suyos deberán responder por diversos señalamientos.
El primer gobernador sin partido en la historia política reciente de México es investigado por las denuncias presentadas mientras él estaba al frente del gobierno nuevoleonés, acusaciones que presentó Samuel García, actual gobernador de la entidad.
En entrevista con Proceso, el fiscal estatal anticorrupción, Javier Garza y Garza, explica que las carpetas de investigación contra Rodríguez Calderón obedecen a señalamientos anteriores y a datos de la nueva administración. “Hay denuncias que son presentadas en términos generales, aunque no encaminadas directamente al exgobernador. Hay muchos funcionarios involucrados. Tenemos algunas carpetas en etapa de inicio y otras más avanzadas”.
Anticipó que en los próximos días darán a conocer detalles de esas carpetas abiertas.
No obstante, una fuente del gobierno estatal reveló que Rodríguez Calderón e integrantes de su equipo son investigados por el uso de empresas factureras para lavado de dinero, por permitir aviadores en el sistema de transporte Metrorrey, y Agua y Drenaje, y por el manejo indebido del sistema de transporte Ecovía.
Víctor Oléa Peláez, abogado del exgobernador de Nuevo León, explicó que en la audiencia de vinculación a proceso contra su cliente, el miércoles 16, uno de los fiscales mencionó que había judicializado una carpeta de investigación por abuso de autoridad, caso del cual no han sido notificados.
Expuesto
El día de la captura del exmandatario circularon fotografías de cuando fue fichado en el Penal de Apodaca 2, enfundado con el uniforme reglamentario de sudadera y pantalón deportivo gris. Un video captó el momento en que posa de frente y de perfil, y el instante en el cual le entintan los dedos para su registro dactilar. Otra imagen lo expone sentado en su celda, con el gesto abatido y con un prominente vientre bajo la camiseta blanca mientras un guardia carcelario dialoga con él, como si le tomara datos.
Rodríguez Calderón, quien fue gobernador de Nuevo León de 2015 a 2021, pasará por lo menos este fin de semana en la cárcel que él mismo mandó construir y que inauguró antes de dejar el puesto, el 3 de octubre último.
La imagen que ya le dio la vuelta a México y que se ha quedado en el asombrado recuerdo de los nuevoleoneses es la del momento en el cual fue fichado como el interno 10634.
Su imagen es muy parecida a la que él difundió el 26 de enero de 2017, cuando exhibió a su rival político y antecesor, Rodrigo Medina de la Cruz, con un traje anaranjado de presidiario y el número de interno 0238 del ya demolido Penal del Topo Chico. En esa ocasión el priista estuvo menos de un día en prisión, después de ser vinculado por malversación de fondos. Salió libre mediante un amparo.
Ahora que el ranchero y político de Galeana ha caído en desgracia, no se han pronunciado sus amigos y vecinos de la Alianza Federalista, los aún gobernadores Miguel Riquelme Solís, de Coahuila, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Al tamaulipeco, por cierto, Rodríguez lo defendió con el bloque aliancista integrado por 10 mandatarios, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presionó para que lo desaforaran y lo metieran en la cárcel, acusado de corrupción.
El Bronco tampoco ha recibido la visita de sus incondicionales, como Manuel González, entonces secretario general de Gobierno y gobernador interino, quien fue encontrado responsable, junto al exgobernador, de operar una red de empleados estatales para recolectar firmas de respaldo para que Rodríguez Calderón pudiera inscribirse como candidato sin partido por la Presidencia de México.
También guardó silencio Fernando Elizondo Barragán, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano en la campaña de 2015 y declinó para sumarse al proyecto de El Bronco.
Cabe recordar que Elizondo renunció al equipo del entonces gobernador después de que el mandatario ignoró sus denuncias sobre la corrupción en el aparato democrático.
La multa
Desde la cárcel que él mismo construyó, un juez de control local vinculó a proceso a Rodríguez Calderón la madrugada del jueves 17, por el uso de recursos de procedencia ilícita para su campaña presidencial, de acuerdo con la denuncia que interpuso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) del estado.
El juez de control Carlos Alberto Salas González resolvió imponer a El Bronco prisión preventiva y, tras declararse incompetente, remitió la carpeta de investigación a un juzgado federal, para que continúen en esa instancia las etapas del proceso penal.
De acuerdo con la FEDE, la vinculación es “por el delito electoral relativo a recibir aportaciones de dinero cuando existía una prohibición legal para ello, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”.
El caso por el cual está siendo procesado el exgobernador se conoce popularmente como “Las Broncofirmas”, y fue denunciado por el ahora gobernador Samuel García y Mariela Saldívar, cuando ambos en 2018 eran diputados locales de Movimiento Ciudadano.
Los señalamientos indican que Jaime Rodríguez se valió de una estructura interna de gobierno, denominada Programa Aliados; más de 500 trabajadores recogieron entre 2017 y 2018 miles de firmas para que Rodríguez Calderón pudiera presentarse como candidato sin partido a la Presidencia. Entre los que reconocieron haber recolectado apoyos está Manuel de la O, zar anticovid del sexenio pasado.
En 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró a Jaime Rodríguez y a Manuel González responsables de desvío de recursos, y determinó que el Congreso local lo sancionara.
Pero los diputados estatales dejaron que el tiempo transcurriera y terminaron la Legislatura pasada sin sancionarlo. Por la irregularidad en la recolección de apoyos, El Bronco después tuvo que pagar 700 mil pesos de multa.
Ocaso
Muy lejana está la imagen de Jaime Rodríguez Calderón cuando ganó la gubernatura de Nuevo León en las elecciones del 7 de junio de 2015, cuando obtuvo mayoría por más del doble.
Con las expectativas a tope, Rodríguez Calderón entró solo a Palacio de Gobierno la noche del 4 de octubre de ese mismo año, para tomar posesión del despacho de mandatario.
Su antecesor, Rodrigo Medina, que debía entregarle las llaves del inmueble, como es la tradición, decidió ausentarse porque horas antes, en plena ceremonia en la que rindió protesta, El Bronco expresó: “Hoy lo digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos. Que ni se hagan ilusiones los manos largas. A partir de hoy se acabaron los moches y las transas, los lujos a costillas de la gente. Si quieren lana, háganla por la buena, como la gente honrada”.
Cuando inició su mandato enfrentó enormes problemas, principalmente de inseguridad pública. Su mayor crisis ocurrió en el Penal del Topo Chico, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero de 2016, cuando 49 reos fueron asesinados con armas blancas; algunos de ellos, quemados vivos.
Rodríguez Calderón tuvo tres años de bajísima popularidad en la entidad. La ciudadanía le tomó a mal que en 2017 anunciara que se lanzaría a buscar la Presidencia de México. Recibió reclamos de que había prometido que no sería otro “chapulín”, como se les conoce a los políticos que brincan de un puesto a otro para mantenerse en el poder.
Su campaña presidencial fue accidentada. En el debate entre candidatos del 22 de abril de 2018 tuvo la ocurrencia de pedir que, literalmente, les mocharan las manos a los corruptos. La propuesta fue tomada con un gesto que evidenciaba su poca seriedad y la expresión dio lugar a numerosas burlas.
En la elección presidencial quedó en último lugar. En los comicios de ese año en el estado todos los independientes que respaldó perdieron alcaldías, diputaciones locales y federales y senadurías. De las alcaldías sólo se ganó la de García, su bastión político.
El Bronco desapareció de la escena política los tres años posteriores a la elección. Si acaso participó en eventos de la Alianza con gobernadores. Se le quitó lo rijoso y al final dejó de aparecer en público porque era abucheado cada vez que aparecía, aunque él decía que la ciudadanía aún le tenía estima.
El 30 de septiembre pasado acudió a la toma de protesta de Luis Donaldo Colosio Riojas como alcalde de Monterrey, por MC. Al hacer uso de la palabra, al momento de los saludos, Rodríguez Calderón encontró que frente a él estaban los tres fiscales del estado: el general, Gustavo Adolfo Guerrero; el anticorrupción, Javier Garza, y el de Delitos Electorales, Gilberto de Hoyos.
Cuando le quedaba menos de una semana en el cargo, desde el presídium se dio tiempo para bromear sobre la posibilidad de que fuera acusado: “Tres fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando. Yo solito me entrego. Como dicen: ¡ríndete, Juan Menchaca!”.
Colaboradores en la mira
Ahora que fue detenido e internado en el penal que inauguró, sigue la persecución sobre los subalternos de El Bronco. Ya hay denuncias presentadas por el actual gobierno ante la Fiscalía Anticorrupción, por abuso de autoridad contra Roberto Russildi, exsecretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria, de la Agencia Estatal del Transporte, y Manuel Fernández, exdirector de Metrorrey, por la requisa ilegal que hicieron en 2016 de la Ecovía.
La Contraloría estatal presentó también denuncias por ejercicio abusivo de funciones contra Eduardo Pulido y María Eugenia Rodríguez, trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, según el noticiero Telediario, por no presentarse a laborar entre 2017 y 2021, lapso en el cual cobraron sueldos y prestaciones cercanos a 2 millones de pesos.
A Manuel Vital, su entonces secretario de Desarrollo Sustentable, y María de los Ángeles Errisúrriz, secretaria de Educación, el SAT estatal les congeló a inicios de marzo sus cuentas por simular operaciones y triangular recursos públicos. Vital, empresario constructor, ya tramitó un amparo contra la detención.
Mientras avanzan las carpetas de investigación los abogados de El Bronco buscan su liberación. El jueves 17 el representante legal Víctor Oléa Peláez dijo que buscarán que el juez federal, que sea asignado para seguir el proceso, revoque el auto de formal prisión.
Aclaró que Rodríguez Calderón no ha promovido ningún amparo y buscarán demostrar su inocencia de los delitos electorales por los que fue vinculado, que no son graves y que no ameritan prisión oficiosa. Analizan si promueven una denuncia por la difusión de fotografías y videos sin protección del detenido tras las rejas.








