Con la fuerza de la mayoría, legisladores de Morena y aliados, afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiaron vía fast-track las reglas del juego y aprobaron un decreto que reinterpreta el concepto de “propaganda oficial”. Con este ajuste a medio camino, legisladores y funcionarios pretenden promover en veda electoral, sin sanción alguna, el ejercicio de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. El hecho sienta un precedente que también puede aplicarse en más procesos electorales.
Como si se adelantaran las escenas de una película, el decreto para modificar el concepto de “propaganda oficial”, aprobado a prisa por las bancadas de Morena y sus aliados en ambas cámaras, busca anticiparse a la defensa correspondiente en caso de que la autoridad sancione a funcionarios por violar la veda electoral.
Sobre este escenario, Juan Carlos Silva, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), considera que no es tan alarmante el decretazo formulado por los diputados morenistas Sergio Gutiérrez Luna, Mario Llergo e Ignacio Mier, pues parece más una posición política.
Además, desde su perspectiva, lo aprobado dista mucho de sustituir la jurisdicción del INE y del TEPJF, que seguirán decidiendo a quién y por qué sancionar en caso de algún incumplimiento legal durante los procesos electorales.
Sin embargo, no puede hablarse de una operación ética de los legisladores oficialistas ni del Ejecutivo, pues no se está cumpliendo la regla básica de cualquier ejercicio electoral, que es: si ya se conocen las reglas del juego desde el inicio, no se pueden modificar a la mitad del camino.
Lo ocurrido el jueves 10 fue un hecho inédito para la actual Legislatura. Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de los diputados y especialista en temas electorales, subió la iniciativa de 46 páginas a las 09:45 horas, cuando la sesión ordinaria estaba programada a las 11 horas.
La misma iniciativa, que jamás pasó por la Comisión de Reforma Político-Electoral, se votó ese mismo día y el presidente de la Cámara de Diputados celebró con la “Roqueseñal”, emulando al famoso gesto hecho por el entonces legislador Humberto Roque Villanueva, cuando se votó en favor de subir el IVA en plena crisis económica durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Ahora, por más que la oposición votó en contra, se manifestaron en tribuna o interpusieron mociones suspensivas por las irregularidades en las maneras de subir el decreto, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde votaron en favor.
Siete días después, luego de algunos tropiezos, como que no todos llegaron a tiempo el día planeado de la votación, los senadores de las mismas bancadas también la respaldaron y, en un acto inédito, el mismo jueves 17 el decretazo electoral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Reinterpretación
La base de la iniciativa está en una reinterpretación del concepto de propaganda oficial, que debe estar etiquetado específicamente para ese fin y debe ser para difundir acciones o logros de interés público referido al bienestar de la población; la definición está dirigida a las instituciones. El mismo decreto asegura que las expresiones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental.
Una de las críticas principales a este decreto ha sido que los legisladores no tienen la función de interpretar las leyes que ellos mismos emitieron hace años o en legislaturas previas. En respuesta, aseguran que sí lo es, y cuestionan –una vez más– al Instituto Nacional Electoral (INE) por no promover adecuadamente el proceso electoral que ya está en curso: la consulta popular de revocación de mandato, a realizarse en menos de un mes, el 10 de abril.
La supuesta “poca publicidad del INE”, señalada por los morenistas les ha servido de justificación para que ellos mismos promuevan la consulta vía redes sociales oficiales y conferencias de prensa, algo por lo que el TEPJF les ha impuesto medidas y sanciones, pues no se está respetando la veda electoral. De ahí que Juan Carlos Silva considere que se estén adelantando a una defensa legal con este tipo de decretos.
No es usual –dijo– que el órgano que emite la ley diga: “Ah, bueno, de esa ley que aprobé hace algunos años ahora esto es lo que debemos entender”. Pues esa es la función tanto del Tribunal Electoral como del INE, que son las autoridades que intervienen en el proceso de consulta de revocación de mandato.
Para el exmagistrado, la parte fundamental del decretazo es que no invalida ninguna función de las autoridades electorales ni obstruye la división de poderes.
“Hay algunos autores que dicen que el intérprete de la ley son los órganos legislativos, pero eso es una discusión académica, en el plano teórico. De acuerdo con lo que tenemos en la Constitución federal, hoy por hoy, todo esto corresponde al Tribunal Electoral”, consideró.
Silva, actual jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral, opina que este tipo de decretos tampoco deben desecharse por completo, pues se trata de una posición con los alcances de una obligación jurídica, que si en dado caso fuera materia de un procedimiento sancionatorio ordinario, la Sala Especializada Regional del TEPJF será, fundamentalmente, quien tenga la última palabra.
El decreto pretende, básicamente, establecer los alcances en cuanto al tipo, la conducta prohibida, la consecuencia jurídica y la sanción administrativa.
Silva aseguró que con el decretazo o sin él, quienes se sientan afectados en términos electorales podrán presentar las denuncias que consideren, si es un tema de Las Mañaneras de López Obrador o de un tuit, declaraciones de prensa en redes sociales, periódico o televisión.
“Para no complicarnos la vida, tiene que haber definiciones, ¿y quienes las van a dar?: el INE y el Tribunal Electoral”, puntualizó el entrevistado.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, declaró la existencia de un problema con el llamado decretazo, pues, aclara, el INE y el Tribunal Electoral son los que tienen el poder de decretar sentencias y criterios desde hace 12 años.
“Cuando nos llegue esa interpretación, valoraremos, la tomaremos en cuenta y decidiremos nosotros, porque quien interpreta y aplica la ley electoral no es el Congreso”, expuso en la inauguración de un panel sobre la calidad de la democracia en el XII Encuentro Nacional de Educación Cívica.
El consejero presidente reafirmó la ruta planteada por el exmagistrado Silva: quien no esté de acuerdo en cómo se interpreta la ley, debe acudir al Tribunal Electoral.
Asimismo tachó la decisión del Poder Legislativo de “autoritaria” por intentar recurrir al brazo penal para amedrentar a la autoridad electoral, en referencia a los hechos de Sergio Gutiérrez Luna, cuando a finales de 2021 interpuso una denuncia contra seis consejeros electorales que votaron en favor de suspender la consulta de revocación de mandato. Un hecho que el propio López Obrador rechazó.
Las elecciones que vienen
Para Elizabeth Pérez Valdez, diputada del PRD e integrante de la Comisión Político Electoral, lo que los legisladores morenistas y aliados hicieron fue “planchar la cama” al presidente Andrés Manuel López Obrador para la consulta de revocación de mandato, pero también para las próximas elecciones, donde estará en juego la renovación de seis gubernaturas.
Calificó el decreto como de una práctica parlamentaria sucia, pues hicieron cómplice al Poder Legislativo de lo que “todas las mañanas desde el púlpito presidencial hacen: robarle a la ciudadanía la revocación de mandato”, y reiteró que se trata de un ejercicio único y exclusivo de la ciudadanía.
Para la legisladora, la propaganda oficial ya estaba regulada en los artículos constitucionales 101, 135 y 115, sobre los plazos que hay para modificar cualquier proceso electoral.
La diputada consideró que “fue un maquillaje” lo hecho por Gutiérrez Luna: saltarse la reglamentación parlamentaria.
“Ahora tenemos diputados de primera y de segunda, porque parece que cuando lo presenta el presidente de la Cámara hay que darle prioridad”, dijo.
Juan Ramiro Robledo, morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, opinó que con la aprobación de este decreto se iniciaba el proceso de reforma electoral.
Legisladores de varias bancadas de oposición, quienes solicitaron hablar bajo anonimato, aseguraron que el borrador o anteproyecto de la reforma electoral no está en San Lázaro, sino en la Secretaría de Gobernación, y adelantaron que ni siquiera se está haciendo lobby.
Otros diputados pensaron que, durante la última sesión de la Comisión Político Electoral, el miércoles 16, Morena metería gol con ese tema, pues fueron convocados para discutir asuntos legislativos sin especificar cuáles; al final “algo pasó” –aseguraron– y no se debatió la reforma. Confirmaron, además, que hay una petición del Ejecutivo a varios gobernadores para que movilicen a sus bases con el propósito de que la ciudadanía vote el 10 de abril en la revocación de mandato y se logre una cifra mayor que la de los 6.5 millones de votos conseguidos en la última consulta popular convocada por López Obrador, la del juicio a los expresidentes.
La maniobra que viene
Hamlet García, morenista de la comisión Político Electoral, advirtió que en su bancada no están paralizados en el tema de la reforma electoral, sino que están “esperando la iniciativa presidencial”, sin adelantar si el borrador ya está en revisión.
Respecto del decretazo para darle la vuelta a la veda electoral, dijo que la reinterpretación de la ley es “para que les quede claro a todos los poderes qué es lo que desde el Congreso quisimos decir por propaganda oficial”.
Y aseguró que los legisladores están autorizados a emitir interpretaciones sobre las leyes. Si el decreto se votó por la vía rápida “fue porque se trata de un asunto trascendente”.
Asimismo adelantó otra acción contra el INE: desde la asociación civil Que Siga La Democracia, que movilizó millones de solicitudes ciudadanas para realizar la consulta, presentarán ante el órgano autónomo una solicitud de ciudadanos para instalar casillas si el INE no lo puede realizar, para potenciar el acceso al voto en zonas descubiertas.








