La demanda inmobiliaria en Tecámac, Estado de México, municipio vecino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se incrementó con la construcción de la nueva terminal aérea. Y un efecto malicioso de ese fenómeno es el despojo y la invasión de bienes inmuebles, cuyos casos se dispararon entre 2018 y 2021, alerta José Humbertus Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.
ESTADO DE MÉXICO.- La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aumentó la demanda inmobiliaria en Tecámac y otros municipios mexiquenses aledaños, intensificando desalojos, invasiones y despojos de viviendas, efectuados con el apoyo de una amplia red en la cual participan particulares, grupos de choque, abogados, autoridades municipales, personal de las fiscalías, jueces, inmobiliarias y bancos.
Desde hace un par de décadas Tecámac es un municipio dormitorio, derivado de la proliferación de unidades habitacionales que ya superan las 70, y que en su momento promocionaron su cercanía con la Ciudad de México como el principal plus para adquirir vivienda.
En la actualidad, entre 30 y 50% de las casas están deshabitadas porque algunas no se vendieron, otras se reintegraron por falta de recursos de los compradores para cubrir los pagos, unas más se volvieron sitios que sus propietarios visitan de vez en cuando y otras, incluso, se quedaron en obra negra.
Las viviendas deshabitadas, con dueño o sin él, han creado un ambiente propicio para invasiones y despojos, los cuales se han agravado a partir del polo de desarrollo que representará la nueva terminal aérea asentada en Zumpango, municipio contiguo. Algunas asociaciones condominales calculan que 10% de los inmuebles ya han sido invadidos.
Aunque los despojos ya ocurrían, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD), advierte que se comenzaron a multiplicar los incidentes con la construcción del AIFA, de tal manera que se registraron alrededor de mil 200 casos de 2018 a 2021.
Pérez Espinoza advirtió que estas acciones no serían posibles sin el apoyo de una amplia red que involucra a particulares, grupos de choque, abogados, autoridades municipales, personal de las fiscalías, jueces, inmobiliarias y bancos.
El diputado local morenista Faustino de la Cruz pidió, mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Congreso de la entidad, la intervención urgente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del titular del Poder Judicial estatal, Ricardo Sodi, para indagar a jueces y ejecutores de juzgados mercantiles y civiles de Ecatepec y Tecámac presuntamente involucrados en estas redes.
Por estos hechos el FMDVD ha denunciado ante la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a David Velázquez Vargas, exjuez quinto civil del distrito judicial de Ecatepec; a Jorge Flores García, quien ahora ocupa su lugar, y a Marco Antonio Aguirre Duarte, ejecutor del mismo juzgado.
“Modus operandi”
Regina Salazar es residente de una privada en el fraccionamiento Villas del Real. Solicita utilizar este nombre ficticio debido al temor de ser agredida por los grupos violentos que habitan viviendas invadidas en estos conjuntos habitacionales. Explica que este fenómeno comenzó en su unidad cuando el propietario de una de las casas llegó a vivir con su pareja. Al poco tiempo, refiere, ambos comenzaron a abrir los domicilios desocupados y a decir que adquirieron las casas con alguna persona que tenía convenio con las sofoles.
La señora Salazar calcula que 40% de las viviendas está deshabitada, algunas se salvan porque los propietarios les dan su vuelta muy de vez en cuando.
Los invasores generalmente son protegidos por los presidentes de las asociaciones vecinales y hasta por las autoridades municipales, particularmente durante los cuatro trienios en que el priista Aarón Urbina ha sido alcalde de Tecámac y los conjuntos habitacionales proliferaron. Hasta les envían patrullas para su resguardo.
Las casas invadidas, explica, se revenden en cantidades inverosímiles: si su precio original era de 300 mil pesos, se rematan en 100 mil.
Estos poderosos vecinos imponen sus reglas, amedrentan a los demás y fomentan la inseguridad. Actualmente, lamenta Regina, “vivimos en una casa bastante alejada del concepto que nos vendieron”.
Pérez Espinoza no descarta que los grupos invasores formen parte del crimen organizado, pues en algunas ocasiones se utilizan armas para los desalojos, o ellos las presumen en redes sociales.
En diciembre de 2020, en la sexta sección de Villas del Real, fue detenida Itati “M”, identificada por las autoridades como la hija de Roberto “M”, El Betito, jefe de La Unión Tepito, por su posible participación en el homicidio de su exnovio.
Sin embargo, los grupos de choque –cuyo número de integrantes puede llegar a 60– es el eslabón más bajo de la cadena. “Es toda una mafia: constructoras, inmobiliarias, bancos y ministerios públicos”, refiere Pérez Espinoza.
El activista denuncia que Blanca Aguirre, una abogada que en su momento formó parte de FMDVD, “traicionó al movimiento” y estableció una supuesta asociación civil de nombre Vivimex Om, que opera como empresa, pues por cada crédito negociado cobra el equivalente a 30%.
Refiere que esta abogada se encuentra protegida por su yerno, Adrián Frías Monroy, quien se desempeña como agente del Ministerio Público, cercano al exfiscal Alejandro Gómez Sánchez y a Joel Sánchez Bravo, fiscal regional de Tecámac, quien en septiembre de 2019 fue baleado en un restaurante de la carretera México-Pachuca, incidente en el cual dos elementos de la Fiscalía estatal fallecieron.
Pérez Espinoza considera que la relación de Gómez Sánchez es cercana con los bancos desde su paso por la Escuela Libre de Derecho.
Pérez Espinoza expone que Frías Monroy facilita fraudes procesales mediante los cuales se concretan los despojos de las viviendas, figura en que se incurre porque muchas se obtuvieron mediante juicios mercantiles, cuando la vía jurídica procedente es el juicio especial hipotecario que no existió en el Estado de México sino hasta finales de 2021.
“Hay cientos de denuncias en Tecámac por despojo mediante este modus operandi, pero no se han querido iniciar las investigaciones”.
Isa Aguilar, hija de Blanca y esposa de Adrián, se encarga de comprar la cartera inmobiliaria vencida en derechos litigiosos, muchos de los que le venden los bancos.
Pérez Espinoza explica que, detrás de los despojos a los integrantes del FMDVD, también está la empresa Vinte, una de las beneficiarias de los permisos de construcción de vivienda para abastecer las necesidades del AIFA.
Cuestionada constructora
Con 19.4% de las acciones, el corporativo Vinte tiene entre sus socios a Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano –hijo de Manuel Cadena, secretario general de Gobierno con Arturo Montiel–, quien fuera secretario de Desarrollo Metropolitano en el gobierno estatal de Enrique Peña y secretario del Medio Ambiente y del Trabajo, con Eruviel Ávila.
El activista explica que, con base en una denuncia de la FMDVD, René Jaime Mungarro, fundador y accionista de Vinte, y apoderado legal de Urbi, fue detenido en septiembre de 2015 debido a que no construyó el equipamiento hidráulico de las unidades Villas del Real Quinta y Sexta Secciones, como se desprende de la causa penal 76/14 promovida por delito cometido por fraccionadores.
Dos meses después, el 4 de noviembre de 2015, también fue detenido el activista Pérez Espinoza, acusado en tres carpetas de robo con violencia, ilícitos que tras más de cuatro años en reclusión no se pudieron comprobar, por lo que recuperó su libertad en 2020.
Fuera de la cárcel, Pérez retomó su lucha contra las inmobiliarias y, otra vez –como un mecanismo que, interpreta, busca frenarlo– hay indicios de la fabricación de una nueva carpeta en su contra, ahora por el delito de despojo.
El 4 de febrero último dos hombres que no mostraron identificación acudieron a la vivienda del activista en Tecámac, para realizar una supuesta diligencia. Llevaban consigo un oficio suscrito por Julio César de la Paz González, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Tecámac, en el cual se instruía a los policías de investigación a realizar una inspección en el lugar de los hechos, “para la debida integración de la investigación… y, de ser posible, la presentación de los responsables”.
Los oficiales no portaban identificaciones y, en el documento que los oficiales se negaron a entregar a los vecinos, se alcanza a leer como imputado a José Humbertus Pérez Espinoza y a Josué Marcelino Mendoza Moreno, como víctima.
Cinco días después acudieron otras dos personas, un hombre robusto y una mujer, quienes se identificaron como supuestos policías ministeriales de la Ciudad de México.
Pérez Espinoza reconoce a Noé Centeno como integrante del equipo de Blanca Aguilar; el hombre aparecía como víctima en una de las carpetas por robo que le fabricaron, y como testigo en otra. “Vinte y los Gutiérrez Muguerza, dueños de Patrimonio, pagaron para prolongar mi detención”, denuncia.








