“La violencia letal” contra la prensa se incrementó “desde la instauración de un modelo de seguridad en 2006, que tiene una destacada participación de las Fuerzas Armadas”, sostiene Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Expone que las agresiones contra los informadores adoptan múltiples formas, entre ellas las descalificaciones, las demandas judiciales y la asignación discrecional de publicidad oficial. Y exhorta a las autoridades a asumir su responsabilidad para revertir esta tendencia trágica, toda vez que de 40 a 50% de las agresiones proviene de funcionarios municipales y 30% del crimen organizado.
Ante el incremento preocupante de la violencia letal contra la prensa en México, el representante adjunto de la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Jesús Peña Palacios, alerta a funcionarios de todos los niveles de gobierno de la responsabilidad de prevenir las agresiones y “avanzar hacia un ambiente seguro” para periodistas y medios de comunicación.
En un inicio de año en el que el gremio periodístico contabiliza cinco asesinatos, mientras algunos comunicadores son blanco de fuertes señalamientos por parte de servidores públicos, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en entrevista con Proceso, Peña Palacios reflexiona sobre las preocupaciones que tiene la ONUDH sobre la situación de riesgo que viven periodistas en México, al tiempo que recuerda –sin personalizar, por no estar dentro del mandato de su oficina– las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano para garantizar el pleno ejercicio del periodismo.
“La violencia contra la prensa en México no es nueva, pero se incrementó notablemente, en especial la violencia letal, desde la instauración en 2006 de un modelo de seguridad en el que tienen una destacada participación las Fuerzas Armadas”, apunta el diplomático.
Admite que la violencia contra la prensa “es un fenómeno complejo, difícil de valorar en términos de aumento o disminución de manera genérica” porque, además de los casos graves, “adopta múltiples formas: desde amenazas hasta asesinatos y desapariciones, pasando por agresiones físicas, hostigamientos, denostaciones y descalificaciones desproporcionadas, entre otras modalidades”.
La documentación de casos graves en los últimos cinco años da cuenta precisamente de ese incremento. De 2017 a la fecha, la ONUDH ha registrado los homicidios de 54 periodistas y tres colaboradores de medios de comunicación. Esos casos, según la organización, “pudieran estar relacionados con la labor o con las condiciones en las que realizaban la actividad periodística”.
Ante este escenario de violencia “es esencial que todas las autoridades asuman su responsabilidad para revertir esta tendencia trágica con la que se inicia el año”, en que han sido victimados cuatro periodistas y un colaborador de un medio de comunicación, agrega Peña Palacios.
“Quienes agreden a la prensa ven en la agresión una vía efectiva para lograr el control de la información”, refiere el representante adjunto, y retoma el informe de 2017 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alertó de que en México existen “zonas silenciadas”, espacios geográficos en los que “la violencia contra la prensa ha generado que determinada información no pueda publicarse”.
Violencia sin fin
Peña Palacios señala que la oficina de la ONU en México también considera como agresiones “las presiones para no publicar cierto contenido y las amenazas de demandas civiles o la aplicación de determinados tipos penales, como delitos contra el honor, contra quienes denuncian actos de corrupción o violaciones de derechos humanos”, a lo cual se suma “la asignación de publicidad oficial como un instrumento para incidir en la línea editorial de los medios de comunicación”.
Asimismo resalta que para la ONUDH los dos elementos de mayor preocupación son la participación activa de servidores públicos en las agresiones contra periodistas y la impunidad en que se encuentra la gran mayoría de los casos.
Y agrega: “La violencia contra periodistas en México tiene aspectos preocupantes, como el hecho de que muchas agresiones proceden de funcionarios o exfuncionarios, como ha reconocido la Secretaría de Gobernación en relación con las personas beneficiarias del Mecanismo de Protección (de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas)”.
En efecto, el pasado el 29 de enero, el responsable de la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación y responsable del Mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, informó que “entre 40 y 50% de las agresiones (a periodistas y defensores) proviene de autoridades municipales”, mientras que 30%, del crimen organizado.
Irazoque dio esa información en el contexto de la firma de un convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección, y el gobierno de Chihuahua, tras informar que mil 508 personas estaban hasta ese momento inscritas como beneficiarias, de la cuales 495 serían periodistas y mil 23 defensores.
En esa fecha, la dependencia ya registraba 52 asesinatos de periodistas y 97 de defensores ocurridos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, datos superiores a reportes de organizaciones de derechos humanos y organismos como la ONUDH, que sólo contabilizan casos en los que hay elementos para inferir que la labor periodística o de defensa habría motivado los ataques.
Al destacar que la prevención de las agresiones “es imprescindible para poder avanzar hacia un ambiente seguro para la prensa”, Peña Palacios abunda que “otro aspecto de preocupación es la impunidad en la que permanece la mayor parte de las agresiones”, y que las mismas autoridades federales estiman en más de 90%.
“Una firme lucha contra la impunidad es una efectiva medida de protección porque transmite a los posibles perpetradores el mensaje de que sus acciones tendrán consecuencias”, agrega el funcionario de la ONUDH.
Sobre el Mecanismo de Protección, Peña Palacios recuerda que en julio de 2019, a petición del actual gobierno, la ONUDH realizó un diagnóstico sobre su funcionamiento, del que surgieron 104 recomendaciones que estarán “en la ruta de implementación” de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones.
Peña Palacios reconoce que “la pandemia por covid afectó el ritmo de trabajo (del Mecanismo de Protección). No obstante –dice–, se dieron avances en algunas de las recomendaciones y se espera una mayor aceleración en la implementación próximamente, en línea con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su reciente sentencia por el caso Digna Ochoa” (Proceso 2361).
Llamado a la transparencia
El representante adjunto de la ONUDH apunta que varios organismos internacionales han formulado recomendaciones a México en materia de libertad de expresión, siendo uno de los ejes “la protección a periodistas, donde se destacan las medidas preventivas y de seguridad, así como el reconocimiento de las autoridades a su legítima labor y la generación de un ambiente propicio para el ejercicio de la prensa”.
La grave situación en el ámbito de procuración de justicia ha encaminado observaciones sobre “la investigación efectiva y el combate a la impunidad, con pleno respeto al debido proceso, así como evitar la criminalización, la estigmatización y las represalias, eliminar los delitos contra el honor y prevenir el acoso judicial”.
En cuanto al ejercicio del derecho a la información, organismos internacionales han reiterado el llamado a las autoridades a actuar en favor “de la transparencia, las garantías del acceso a la información, la protección de datos personales y la generación de información estadística sobre temas de relevancia pública”.
Peña Palacios alerta que también los medios de comunicación han sido blanco de observaciones de los organismos internacionales, “resaltando el papel de las empresas, la salvaguarda de los derechos laborales, la necesidad de garantizar la pluralidad y el respeto a los derechos humanos en su actuación, el importante papel que juegan las radios comunitarias y la radiodifusión indígena, la adjudicación objetiva de concesiones públicas, el combate a la concentración de los medios y la regulación apropiada de la publicidad oficial”.
Apunta también que los organismos internacionales han puesto el foco en la atención a los periodistas en situaciones particulares de riesgo. Se alienta al gobierno mexicano para que se les brinden medidas de protección en las que se incorporen “la perspectiva de género, el enfoque diferenciado en la acción de las instituciones y la atención de situaciones específicas, como el desplazamiento de periodistas por la violencia”.
E insiste en que, ante un panorama de riesgo para la prensa en México, las autoridades están obligadas a garantizar la labor periodística.
“Ello implica una diligente investigación de estos crímenes y los cometidos en años anteriores, la adopción de medidas preventivas robustas y garantizar la protección efectiva y adecuada a quienes enfrentan algún riesgo, pero también supone el compromiso de preservar una atmósfera que aliente la tolerancia, la diversidad y el pluralismo, así como debates robustos, libres y desinhibidos sobre cualquier tema de interés colectivo”, sentencia el funcionario de ONUDH.
