La industria automotriz mexicana va en picada y sin frenos. Si bien es cierto que algunas de las causas de esa crisis son ajenas al país, como la emergencia sanitaria y la escasez mundial de chips, otros problemas que sortea una de las industrias que más contribuyen al PIB provienen del mismo gobierno de la 4T: una reforma eléctrica que atrasa la producción de vehículos cero emisiones y un decreto que legaliza los autos chocolate. En entrevista, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, reflexiona sobre los tres carriles en los cuales la industria tiene problemas: producción de autos, consumo interno y exportación.
La industria automotriz en México no sólo pierde velocidad, está dejando de ser el motor de la economía nacional en tres carriles: producción, ventas en el mercado interno y exportaciones.
La razón del freno tiene causas externas, pero también internas por políticas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las causas externas se encuentra la escasez mundial de piezas conocidas como semiconductores, que son componentes electrónicos diminutos que hacen posibles las diversas funciones de los vehículos.
Esta crisis de chips causó que México dejara de producir 600 mil unidades en 2021, y a escala mundial se dejaron de fabricar 10 millones de autos, cifras conseguidas sin mayor problema antes de la pandemia.
Sin embargo, la puntilla contra la industria automotriz nacional tiene su origen en lo interno, en las políticas impulsadas por el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación: la reforma para la industria eléctrica y el decreto para legalizar los vehículos provenientes ilegalmente de Estados Unidos.
Además, las proyecciones a la baja para el crecimiento de la economía nacional, combinadas con una inflación no menor de 7% anual, convierten a México en un mercado poco atractivo para la venta de vehículos nuevos.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advierte sobre el bache en el cual se encuentra la industria automotriz nacional: “El complicado panorama de 2021 persiste en el comienzo de 2022. El año empezó con un enero en el que hubo caídas en venta doméstica, producción y exportación.
“La perspectiva es que, al menos en lo que toca el mercado interno, será un año en números muy similares a los de 2021; vamos perdiendo punch como para recuperar los niveles prepandemia”, dice en entrevista con Proceso.
Desventaja eléctrica
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la afectación por los contagios de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2 y la escasez de semiconductores a escala global continuaron causando estragos en enero último en la industria automotriz mexicana.
En el primer mes de 2022 se fabricaron 253 mil 366 vehículos, lo que significa una caída de 9.1% anual; y se vendieron al extranjero 216 mil 630 unidades, una disminución de 3.1% respecto de enero de 2021.
En cuanto a las ventas internas, éstas comenzaron el año con niveles por debajo de los reportados en enero de 2020, con 78 mil 585 unidades; si se compara con el mismo mes de 2021, representa un retroceso de 3.8%.
“La industria comienza 2022 con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre oferta y demanda hacia el segundo semestre del año, enfrentando la escasez de componentes y un reducido número de compradores”, expuso en enero pasado la AMIA en su comunicado sobre ventas.
Si bien los representantes de la industria automotriz confían en que en el presente año se reestablezca por completo el abasto de semiconductores, por otro lado hay poco optimismo y, además, molestia frente a las decisiones del gobierno que, aseguran, golpean al motor de la industria nacional, que contribuye con 3.6% del Producto Interno Bruto nacional y equivale a 19.4% del PIB manufacturero.
La reforma eléctrica impulsada por López Obrador es uno de los baches que impedirá a la industria automotriz mexicana transitar hacia la fabricación de vehículos eléctricos, según opiniones de varios personajes de la iniciativa privada.
“La industria automotriz a escala global se encuentra en un periodo de transición; cada vez será mayor la demanda de vehículos eléctricos. Esto quiere decir que tenemos que cumplir, no únicamente con la calidad del producto del vehículo, físicamente como lo vemos, sino que también estamos sujetos a cumplir con los requerimientos que esos países establecen respecto de las condiciones de fabricación”, explica Guillermo Rosales.
Advierte en entrevista que “no bastará con que un vehículo sea cero emisiones, sino que se establecerán requisitos del uso de energía limpia que se requirió para fabricar ese vehículo. Eso ya se está preparando en este momento de transición mientras nosotros no estamos alistándonos para dar el salto a disminuir significativamente el uso de combustibles fósiles en la matriz energética. La propuesta de reforma eléctrica es un retroceso”.
El presidente de la AMDA señala otra cosa: México está contra las cuerdas porque en Estados Unidos hay un apetito por incrementar el proteccionismo a sus productos.
“Ahora mismo estamos viendo que con el presidente Joe Biden se está planteando un paquete fiscal que subsidiará a los vehículos eléctricos y, además, dará un bono adicional de 4 mil 500 dólares por vehículo eléctrico que se fabrique en Estados Unidos con contenido estadunidense de 50% y en una planta que cuente con un contrato laboral, con un sindicato.”
Ante la amenaza de tal medida estadunidense, México respondió, vía la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que habría represalias arancelarias. “Tendríamos que plantear algo muy importante y estratégico para, en aquellos productos, en aquellos lugares donde también duele hacia el otro lado, dar tiros de precisión para que las consecuencias se sientan”, dijo en diciembre último.
Sin embargo, el representante de la AMDA, que agrupa a más de 2 mil 500 distribuidores de vehículos nuevos, expone su lectura de la situación: “Todo esto nos coloca en desventaja como foco de inversión. Y si no damos un salto cualitativo en mejorar la competitividad de la industria… las inversiones no se deciden para tener una línea de producción que entre en operación dentro de un mes o dentro de seis meses, o para que produzcan en un año, no son tortillas”.
Chocolates amargos
Otra decisión que impacta a la débil industria automotriz mexicana, ajena al proteccionismo estadunidense, es el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, impulsado y firmado desde Palacio Nacional.
El mandato presidencial permite regularizar los vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá, que se clasifiquen en ciertas fracciones arancelarias y que al 19 de octubre de 2021 se encuentren en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Igualmente beneficia a dueños de unidades que no cuentan con el documento que acredita su legal estancia en el país; para efectos de su regularización en territorio nacional, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, ni inscripción en el Padrón de Importadores.
Al respecto, Guillermo Rosales alza la voz: “Es una descripción que no tiene justificación; además, el proceso –tal cual como se ha puesto en marcha– no tiene pies ni cabeza”.
López Obrador justificó que la legalización de los autos chocolate ayudaría a frenar su uso en la comisión de delitos. Al respecto, el representante de la AMDA considera que esa medida beneficia el contrabando automotriz. “Lo que tenemos es una debilidad extrema y cada día mayor de las instituciones responsables de la seguridad pública a escala federal, estatal y municipal. (También existe) una desarticulación de los órganos de inteligencia, un Registro Público Vehicular obsoleto, ineficiente e incapaz de proporcionar seguridad jurídica e información confiable para las propias fuerzas de seguridad”.
Rosales Zárate lamenta que el decreto presidencial abona a “una corrupción rampante” en la estructura gubernamental.
“Como nunca antes se habían ingresado vehículos ilegales por la frontera norte, y utilizando los canales de comunicación fronterizos donde están los oficiales aduaneros; además, está la corrupción en los gobiernos estatales donde se encuentra más focalizada la venta de vehículos ilegales, como en Baja California y Ciudad Juárez. Todo ello con la connivencia de todo el sistema del gobierno federal, lo que ahora es respaldado por el presidente de México.”
Rosales denuncia que los principales beneficiados por la regularización de vehículos ilegales son los contrabandistas que han visto agrandar su negocio, “y estos contrabandistas están cobijados, organizados, protegidos y operados por el crimen organizado. Es una estructura criminal que funciona perfectamente y es también favorecida desde Estados Unidos por empresas estadunidenses que encuentran un canal lucrativo para colocar su basura automotriz”.
La AMDA calcula que por ese decreto en favor de los autos chocolate las armadoras de vehículos dejarían de vender 200 mil unidades nuevas anuales, como sucedió de 2006 a 2011, en el sexenio de Felipe Calderón.
De por sí, la pandemia, el bajo crecimiento y la inflación dejaron al mercado interno devastado, por lo que muchos mexicanos no ven como opción hacerse de un auto nuevo o usado, como lo dio a conocer la última Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor en uno de los 10 indicadores complementarios del Indicador de Confianza del Consumidor.
El apartado que mide la “Planeación de algún miembro del hogar para comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años”, correspondiente a enero de 2022, se situó en 11.1 puntos, cuando las 50 unidades representan el umbral de optimismo. Además, ese registro es el menor de los últimos nueve meses.
Rosales reflexiona que, por un lado, México tiene la calidad de empleo que se traduce en salarios que no han recuperado los niveles previos a la pandemia. Y, por otro lado, la inflación va al alza, lo que ocasiona que las familias tengan que destinar mayor cantidad de dinero para cubrir los requerimientos indispensables de alimentación, salud y educación, dejando menos margen para ahorro e inversión.
“Esto afecta a un segmento de la población que tenía la capacidad de adquirir un vehículo nuevo o, en su caso, para contratar un crédito. A una familia promedio, que entra en el perfil de adquirir un vehículo nuevo, le va a ser más difícil tener las condiciones para reunir un enganche o para calificar favorablemente en la solicitud de un crédito”, agrega.
