Desde que iniciaron su querella contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la defensa de las agraviadas ha sido objeto de descalificaciones y se ha enfrentado a la hostilidad del juez Érik Zabalgoitia Novales, quien le ha echado abajo tres de las cuatro sentencias inculpatorias contra el exdirigente del PRI capitalino, acusado del delito de trata de personas y asociación delictuosa. Pese a los múltiples obstáculos, el proceso continúa.
Al menos cuatro sentencias del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, tres de ellas dictadas por el juez Érik Zabalgoitia Novales, permitieron al expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, evadir durante casi siete años las acusaciones de trata de personas y asociación delictuosa.
Ratificado en diciembre de 2016 tras enfrentar seis procedimientos administrativos menores, el juez Zabalgoitia Novales ha resultado un juez muy cómodo para la defensa de Gutiérrez de la Torre y muy hostil para los derechos de las víctimas, al grado de que el amparo contra la exoneración que le concedió el gobierno de Miguel Ángel Mancera se tardó cuatro años en ser aceptado y resuelto en forma definitiva a favor de las víctimas, retrasando el proceso penal en contra del dirigente priista.
Además, desde 2019, cuando Ernestina Godoy asumió la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el mismo juez federal entabló una confrontación permanente con las nuevas autoridades.
Así, de 2016 en adelante, tanto la fiscalía como la defensa de las víctimas han tenido que combatir de manera recurrente las resoluciones de Zabalgoitia ante juzgadores de mayor jerarquía, por lo que un tribunal colegiado, compuesto por tres magistrados, ha tenido que corregir los errores, omisiones y deficiencias de este juez de Distrito.
Desconoció a las víctimas
La procuraduría capitalina a cargo de Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, quien hoy busca ser fiscal del Estado de México, integró entre 2014 y 2015 una indagatoria muy deficiente sobre la red de trata de personas que operaba en el PRI de Cuauhtémoc Gutiérrez.
Con esa investigación deliberadamente omisa, según la actual fiscalía que ya investiga a los servidores públicos involucrados, un Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Gutiérrez de la Torre, resolución que luego de ser impugnada por las víctimas fue ratificada por el entonces subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, sucesor de Ríos Garza.
La defensa de las víctimas presentó un primer amparo, identificado con el expediente 956/2015, que fue turnado al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México.
El primer obstáculo fue la admisión, ya que los titulares de ese juzgado, al que se incorporó Zabalgoitia, se negaron a admitir la demanda, bajo el argumento de que el amparo no estaba firmado por las víctimas, sino por su asesora jurídica, Teresa Ulloa.
Asesor victimal, Héctor Alberto Pérez Rivera advierte que esa negativa del juzgado federal se dio “a pesar de que hay criterios reiterados que permiten a la representación legal debidamente acreditada ante la autoridad responsable promover juicio de amparo en favor de sus representadas”.
La resolución de un tribunal federal obligó a Zabalgoitia a corregir y a admitir la demanda de las víctimas, pero durante todo el amparo mantuvo su hostilidad a la defensa de las mujeres, ya que “compró el argumento del tercero interesado (Gutiérrez de la Torre) de que las víctimas eran un ‘invento’ de Teresa Ulloa y no existían”, explicó Pérez Rivera.
Y denunció: Zabalgoitia “insistió repetidas ocasiones en que las víctimas debían firmar y acudir al juzgado a ratificar su denuncia para que personal del órgano judicial corroborara su identidad. Tuvimos que promover distintos recursos para que esta diligencia se realizara en el domicilio de la representación legal de las víctimas y se hiciera con todas las medidas que otorga el principio de máxima protección de las víctimas reconocido en la normatividad de la materia”, denunció.
De nueva cuenta, la intervención del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México echó abajo la pretensión del juzgador federal de negar el amparo a las víctimas de Gutiérrez, con lo que se hubiera cerrado el caso de forma definitiva.
La defensa tuvo que promover un recurso de revisión, cuya sentencia finalmente obligó en 2019 –cuando la procuraduría capitalina ya se había convertido en FGJCDMX– a reabrir la investigación.
Amparos a modo
Un segundo amparo que Zabalgoitia otorgó directamente a Gutiérrez de la Torre obligaba a la FGJCDMX a determinar o resolver cuatro averiguaciones previas en las que el dirigente priista fue señalado como presunto artífice y beneficiario de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Ese juicio de amparo presionó a la fiscalía capitalina para que tuviera que consignar y judicializar la investigación contra Gutiérrez de la Torre en febrero de 2020, derivado de que el juez 14 de Amparo Penal de la Ciudad de México estimó que la investigación ya debería ser resuelta en uno u otro sentido.
Un tercer amparo concedido a Gutiérrez de la Torre por este mismo juez, identificado con el expediente 352/2021, es una resolución del 14 de octubre de 2021 en la que se ordenó a la jueza penal 17 de la Ciudad de México dejar sin efecto la orden de aprehensión que fue girada contra el llamado Zar o Rey de la Basura y dos de sus colaboradores (Sandra Vaca y Roberto Zamorano) el 2 de marzo de 2021.
Debido a que se presentó un recurso de revisión por parte de la fiscalía capitalina y de la representación legal de las víctimas, el cual ya fue aceptado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, dicha sentencia nunca estuvo firme y la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre se pudo ejecutar el pasado 29 de diciembre.
Una cuarta resolución del juzgador federal en contra de las víctimas se dio el 29 de octubre de 2019, de acuerdo con el expediente 930/2021. La defensa de las afectadas presentó un juicio de amparo para impugnar la negativa de la fiscalía capitalina para brindar protección a las víctimas, pero Zabalgoitia se negó a aceptar la demanda.
El Quinto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México una vez más le ordenó rectificar y admitir la demanda, aunque finalmente Zabalgoitia la desechó por considerar que se presentó de forma extemporánea.
Así, gracias a que la defensa de las víctimas ha impugnado todos los fallos de Zabalgoitia, el gobierno de Miguel Ángel Mancera jamás pudo cerrar la investigación antes de concluir su sexenio y la indagatoria se mantuvo abierta hasta el cambio de fiscalía, por lo que Gutiérrez de la Torre nunca ha sido exonerado de ningún delito como argumenta su actual abogado, Alberto López Rosas.
La defensa de las víctimas de Gutiérrez de la Torre ha estado a cargo desde 2014 de la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera y los constitucionalistas David Peña y Karla Michel Salas.
En contraste, la representación legal del priista ha cambiado constantemente, aunque han destacado dos exservidores públicos, el exministerio público de la procuraduría, Sergio Mancera Medina, y el exsubdirector de Amparo del Congreso de la Ciudad de México, Daniel Salazar Jáuregui.
La investigación a modo
Las víctimas del caso presentaron su denuncia original ante la Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2014, luego de que Noticias MVS y la periodista Carmen Aristegui dieran a conocer el reportaje Red de prostitución en el PRI-DF, en el cual se acredita con grabaciones de audio y testimonios que ese partido político recurría a la publicidad engañosa para ofrecer plazas de trabajo como recepcionistas, edecanes y auxiliares administrativas a jóvenes en situación vulnerable.
Sin embargo, al momento en que las adolescentes acudían a las instalaciones del PRI y de forma posterior a que entregaban sus datos personales, les advertían que su trabajo incluía ofrecer servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre, provocando miedo y sorpresa entre las afectadas.
Debido a que la PGR no aceptó la competencia del caso por considerar que no existía delincuencia organizada, la procuraduría capitalina lo atrajo y desde mayo de 2014 decidió acumular los procesos de tres víctimas que a partir de ese momento tuvieron que luchar a contracorriente de las actuaciones oficiales.
Una primera irregularidad del caso se originó a raíz de que el propio Gutiérrez de la Torre decidió “denunciar” los hechos que se le atribuían, ya que, con ese pretexto, desde el principio la procuraduría capitalina le dio el carácter de coadyuvante en la averiguación previa en la que era el principal imputado, poniendo en riesgo la identidad de las víctimas y la secrecía de las indagatorias.
En su calidad de imputado, el priista puso a desfilar a todos los trabajadores que estaban en la nómina del PRI-DF para rendir testimonios muy similares en los que negaban haber visto edecanes en las instalaciones de ese partido.
Fue así que el 18 de agosto de 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a cargo de Rodolfo Ríos, determinó cerrar el caso decretando el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez, acumulando en un mismo expediente las denuncias de las víctimas en las que no se realizaron diligencias y la averiguación previa que se hizo a modo de la defensa del priista.
A pesar de que la activista Teresa Ulloa impugnó esa decisión, el 28 de septiembre de ese mismo año la procuraduría capitalina confirmó su determinación, por lo que el 21 de octubre de 2015 promovió un juicio de amparo contra dicha autoridad.
El 29 de abril de 2016, el juez Alberto Díaz, entonces titular del Juzgado 14 de Amparo en Material Penal de la Ciudad de México, resolvió sobreseer o desechar el amparo, con el argumento de que Ulloa no contaba con la representación legal de las víctimas, fallo que fue revocado por los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX el 20 de febrero de 2017, ordenando la reposición del procedimiento.
El 24 de marzo de 2017, ya con Zabalgoitia como titular de Juzgado de Amparo, el impartidor de justicia volvió a desechar el juicio de amparo con los mismos argumentos, provocando que la defensa presentará un nuevo recurso de queja.
Así, el 18 de mayo de 2018, el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal volvió a corregir al juez de amparo y revocó su resolución, por lo que también le ordenó preguntar a las tres víctimas si era su deseo ratificar el amparo presentado por Ulloa.
En junio de ese mismo año las víctimas ratificaron el amparo de su puño y letra, por lo que finalmente Zabalgoitia se vio obligado a emitir una tercera sentencia de amparo el 10 de octubre de 2018, pero bajo los lineamientos expresados por el tribunal colegiado a favor de las víctimas.
Esta última resolución fue la que ordenó a la entonces procuraduría capitalina dejar insubsistente el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre por la comisión de diversas irregularidades, incluyendo la acumulación indebida de las denuncias de las víctimas a la averiguación previa que la procuraduría capitalina había iniciado a petición del priista.
Además se resolvió que no existió ninguna justificación para que la indagatoria estuviera a cargo de la Fiscalía de Asuntos Electorales y Relevantes, debido a que era competencia de la Fiscalía de Trata de Personas.
Por lo anterior, el 29 de abril de 2019 la FGJCDMX determinó reabrir la investigación contra el expresidente del PRI-DF, hasta que, en febrero de 2020, solicitó la orden de aprehensión correspondiente contra Gutiérrez de la Torre y tres de sus colaboradoras que operaban como reclutadoras de la red de trata (Claudia Priscila González Martínez, Sandra Esther Vaca Cortés y Adriana Rodríguez Regalado), así como contra Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas bajo la gestión del Rey de la Basura.
Los otros amparos
La batalla jurídica entablada por las víctimas también se ha visto reflejada en otros amparos que han presentado colaboradores de Gutiérrez de la Torre para tener acceso a las indagatorias y conocer si existen órdenes de aprehensión en su contra.
Zabalgoitia también está a cargo de revisar los amparos que decenas de colaboradores o familiares de Gutiérrez interpusieron para tratar de desbloquear las cuentas bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda determinó “congelar” o inmovilizar en el marco de una de las investigaciones más relevantes que se hayan iniciado en el país por el delito de trata de personas.
En junio de 2020 la concejal de Tláhuac, Claudia Elena Ramos López, presentó un primer juicio de amparo, identificado con el expediente 362/2021 para saber si contaba con algún mandamiento judicial que la obligará a comparecer ante la fiscalía capitalina o para descartar una orden de capturar en su contra.
A pesar de que ese amparo fue desechado, posteriormente presentó un segundo juicio de garantías para solicitar a la UIF el descongelamiento de sus cuentas bancarias.
El 17 de noviembre de 2021, Zabalgoitia ordenó a la FGJCDMX entregar una copia de todo el expediente del caso a la defensa de Claudia Elena Ramos, lo que ya fue impugnado por las autoridades por considerar que se trata de una petición injustificada.
En el reportaje original de 2014 sobre la red de trata que operaba en la sede del PRI-DF, Ramos López fue identificada como una de las que “cuidaba” a las mujeres en sus viajes fuera de la capital.
También han presentado amparos contra el congelamiento de cuentas el secretario general adjunto de la dirigencia nacional del PRI, Tonatiuh González Case; el actual presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos, y la hermana de Cuauhtémoc, Norma Gutiérrez de la Torre. Estos tres recursos legales fueron favorables al descongelamiento de cuenta de los tres priistas, pero la fiscalía capitalina ya impugnó la sentencia a favor de la hermana.
