El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lleva meses enarbolando como bandera el delito de ultraje a la autoridad. Y mientras el Congreso local se desentiende de la recomendación 146/2021 enviada por la CNDH, el mandatario se ufana de que, gracias a esa figura punitiva, hoy más de 40 jefes de plaza y más de 500 lugartenientes del crimen organizado están presos. Abogados, activistas y senadores le critican esa actitud dogmática y sostienen que eso sólo incrementa la corrupción en el Poder Judicial. Por ese delito hay ya más de 4 mil personas imputadas en la entidad.
XALAPA, VER.– En la entidad hay más de 4 mil personas imputadas por ultrajes a la autoridad, donde lo mismo se acusa a políticos que a estudiantes, líderes sindicales y periodistas. Y ese delito hoy enfrenta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez con el Senado, mientras organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) piden derogar esta figura punitiva porque, dicen, violenta los derechos y garantías individuales.
Cientos de los inculpados han optado por adherirse a una salida alterna para evitar la prisión preventiva, prevista en el tipo penal: declararse culpables –sin serlo– para pagar una “reparación”.
En el Congreso local hay un dictamen pendiente para atenuar el delito y acatar la recomendación 146/2021 de la CNDH. El Legislativo, con mayoría de Morena, el partido en el que milita el gobernador, lleva tres semanas aguardando la modificación, cuyos términos se desconocen, pues no está en la página del Congreso.
Para abogados y políticos de oposición, el delito de ultrajes a la autoridad incrementa la corrupción en el Poder Judicial, fomenta la venganza política del gobierno morenista, utilizando a la fiscalía como herramienta ejecutora y deja a Veracruz en el ridículo internacional en materia de garantías individuales.
El gobernador Cuitláhuac García defiende esta figura punitiva y asegura que, gracias a ella, más de 40 jefes de plaza y más de 500 lugartenientes del crimen organizado están presos.
El Código Penal de Veracruz establece el delito de disolución social en su artículo 331, en estos términos: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
A la ambigüedad de este tipo penal se sumó que el 11 de marzo de 2021 el gobierno de Veracruz publicó el decreto 848 por el que se adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
Esta modificación fue la que otorgó facultades extraordinarias a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado para detener a “presuntos delincuentes” y solicitar ante un juez prisión preventiva oficiosa de hasta un año, aunque la comisión del delito se considere menor.
Diputados locales de oposición y la Comisión estatal de derechos humanos promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma que endureció el delito de ultrajes aprobada por el propio Congreso por iniciativa del gobernador Cuitláhuac García, que serán revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes 28 de febrero.
En entrevista, Fidel Ordóñez Solana, exsubprocurador de Justicia de Veracruz y director del despacho Ordóñez-Téllez y Asociados, considera que ahora los policías de Veracruz tienen un “arma muy poderosa”, que es la tipificación de un delito “muy mal redactado” y avalado –insiste– por un gobernador y un secretario de Gobierno que son ingenieros de profesión y desconocen del estado de derecho.
“Los ultrajes a la autoridad implican un incremento desmedido de corrupción. Cualquier policía va a buscar que tú le digas algo, que lo insultes. Eso le va a permitir al policía, por vía de la mordida, obtener no 500 sino miles de pesos, a sabiendas de que, por otro delito, el acusado puede ser vinculado a prisión preventiva oficiosa hasta de un año y todos los gastos y daños que eso implica.”
“Moches” al alza
Desde su despacho, José Alberto García Rodríguez, integrante de la Central de Abogados & Asociados, afirma que el recrudecimiento de las sanciones a ultrajes a la autoridad generó un círculo vicioso en el que los jueces de Veracruz piden “moches” hasta de 50 mil pesos por otorgar un procedimiento abreviado cuando la pena imputada no es grave, independientemente de si el acusado es inocente o no.
“¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un cliente acusado de ultrajes a la autoridad? La familia y los detenidos se desesperan; si van por delito de ultrajes y sin agravantes, te queda un procedimiento abreviado. ¿Qué nos pasa aquí? Tienes que negociar con el estado y con las personas que te aprueban… se dejan pedirte hasta 50 mil pesos por persona”, asegura el litigante.
En su última rueda de prensa, Cuitláhuac García elucubró que el crimen organizado podría “estar detrás” –dijo– de “uno que otro abogado” para que vaya y hable con la prensa o se manifieste en la Plaza Lerdo –Zócalo de Xalapa– para hablar mal del delito de ultrajes a la autoridad.
“Nos quieren desarmar legalmente… ¿No creen ustedes que los grupos delictivos estarían muy interesados en pagar uno que otro abogado para que vayan y hablen mal del delito de ultrajes a la autoridad?; han de decir ‘hablen mal porque no la van a aplicar’.”
Al cierre de edición, el Congreso local preparaba una sesión extraordinaria para sacar adelante una reforma al Código Penal del estado para modificar el tipo penal.
Ningún legislador de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva ha querido hablar del tema. Los morenistas Juan Javier Gómez, presidente de la Junta, y Rafael Faranoni, presidente de la Comisión de Justicia, circularon en algunos medios un comunicado en el que señalan que el pleno del Legislativo “analiza y discute a conciencia” el polémico delito que colocó a Veracruz en la agenda nacional.
“Por órdenes del gobierno”
Los hermanos Heber y José Antonio Galán Contreras fueron detenidos por ultrajes a la autoridad en octubre pasado en el municipio de Apazapan –a 20 kilómetros de Xalapa– y enviados a Centros de Readaptación Social de Pánuco y Tuxpan, en el norte del estado, pues la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y el Poder Judicial del Estado los hicieron pasar por “peligrosos integrantes de la delincuencia organizada”, de acuerdo con el testimonio de Tania Manuel López, esposa de Heber, dado a Proceso.
Los hermanos defendían un predio de dos hectáreas en Apazapan que la empresa cementera Moctezuma les quiere arrebatar para pasar sus camiones de volteo y tráileres sin necesidad de pagar peaje. Esta maniobra de la cementera se hizo con la complicidad de funcionarios de SSP y de la Secretaría de Gobierno, señala Tania Manuel.
El amparo 1002/2021 tramitado por el abogado José Alberto García Rodríguez –defensor de los hermanos Galán Contreras– refiere que Heber, José Antonio, su tío Julián Zavaleta e Hiram Contreras se encontraban instalando una cerca perimetral el 8 de octubre pasado en el predio conocido como La Huerta para evitar la invasión de camiones de la cementera, que evitaban el pago de peaje carretero.
Una decena de policías a bordo de las patrullas número 08219, 08207 y una más llegaron de forma prepotente al predio rústico, preguntaron por el dueño y una vez identificados los hermanos Galán, se los llevaron.
Tras ser imputados, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en el municipio vecino de Coatepec. Sin embargo, antes de que cayera la noche los llamó el director del Cereso para notificarles su traslado a los penales de Tuxpan y Pánuco, pues los clasificaron como reos de alta peligrosidad.
“Una notificación vergonzosa y ridícula. Uno de mis clientes es agricultor; el otro era director de Catastro del ayuntamiento de Apazapan, pero los trasladan por órdenes del gobierno estatal, para quitarle un problema de encima a la cementera y amedrentar a mis clientes de que se metieron donde no debían”, expone el litigante José Alberto García.
Tania Manuel intentó hablar con el entonces alcalde de Apazapan, César Flores Colorado, quien dijo no poder hacer nada, pues “era una orden que venía del gobierno estatal”. A José Alberto García Rodríguez le fue rescindido su contrato de la dirección de Catastro, incluso, a través de su defensa ya hay una denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje por ese despido.
La cédula de notificación 85/21-II, del Juzgado del Procedimiento Oral del distrito judicial de Pacho Viejo del Poder Judicial del Estado notifica que en el proceso penal 85/2021, Heber y José Antonio Galán serían trasladados a otros penales por la “peligrosidad observada” al momento de su detención y porque dentro del Cereso de Pacho Viejo “vociferan su pertenencia a un grupo delincuencial”.
El abogado José Alfredo García insiste en que es una historia fabricada por autoridades judiciales y policiacas para amedrentar a los propietarios del predio La Huerta y quedar bien con la empresa cementera.
Desde la primera semana de diciembre, los senadores de Morena, Ricardo Monreal; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; del PAN, Julen Rementería e Indira Rosales emprendieron una cruzada para reprochar que más de mil personas –la mayoría inocentes– estaban presas en Veracruz por este delito. Delgado propuso incluso la desaparición de poderes en Veracruz.
Monreal viajó en un par de ocasiones a la cárcel de Pacho Viejo para exigir la liberación de su colaborador José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien se encuentra imputado por el homicidio del alcalde de Cazones, René Tovar, pero también por el delito de ultrajes a la autoridad.
Los excesos
Jesús Velázquez Flores, diputado plurinominal suplente del PRD, ocupa la curul de su amigo, el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, preso en el penal de Amatlán de los Reyes y también acusado del polémico delito. En entrevista, considera que son excesivos los procesos que el gobierno de Cuitláhuac García le ha fincado a Castán por revanchismo político.
“Los procesos jurídicos de Rogelio son irregulares. Si fuera un ciudadano común y corriente lo hubieran dejado en libertad, paga una fianza y va para afuera. Pero las medidas jurídicas han sido excesivas, mientras le siguen buscando órdenes de aprehensión, es obvio que lo quieren tener otros seis meses en prisión”, asegura Velázquez vía telefónica.
El senador panista Julen Rementería, uno de los que encabezó una “marcha por la justicia” en Xalapa hace un par de sábados, considera que el gobernador García “ya declara pura barbaridad” para justificar el delito de ultrajes a la autoridad, único en su tipo en el país por las consideraciones punitivas que contempla.
–¿Se equivocó el gobernador? –se le inquiere a Rementería vía telefónica.
–Él confía demasiado en el respaldo que el presidente le ha dado y eso lo ha hecho tropezar una y otra vez. Generó demasiada confianza, pero se equivoca en demasía, pero él piensa que tiene un manto protector presidencial. Tarde o temprano tendrá que asumir las consecuencias.
Para el jurista Fidel Ordóñez hay un error garrafal gubernamental, pues se justifica el delito de ultrajes a la autoridad para mantener en prisión a narcomenudistas, cuando la naturaleza jurídica indica otra cosa.
“Es bien claro, si son narcomenudistas deberían de estar presos en el orden federal y no por un delito tan endeble y sencillo como el de ultrajes a la autoridad. Cuitláhuac García sólo se cree su propio dogma de que (el delito de) ultrajes sirve sólo para detener a delincuentes.”
Ordóñez fustiga que en la polémica nacional que despertó este delito, el mandatario estatal arremetió contra los abogados, a quienes acusó de que obtendrían “mejores dividendos” al llenarse los bolsillos por proteger a delincuentes.
“El gobernador generaliza. Sólo le recuerdo que los abogados no cometimos el error de mandar la iniciativa de ley en febrero, para que el Congreso la aprobara en marzo. El código estaba bien, era muy bueno, el error lo cometieron el Congreso y él. No reparó en que la presunción de inocencia hizo hogar en el análisis jurídico del país. Nosotros no podemos prejuzgar que son delincuentes sólo porque ‘soy gobernador y soy fiscal’.”
Y remata: “El gobernador tiene actitudes fascistas o dogmáticas, porque critica todo lo que no está de acuerdo con él. Parece alumno de los revolucionarios cubanos”.
