El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles acumula procesos legales en su contra: la FGR le abrió una investigación por presuntos actos de corrupción; el actual gobierno estatal interpuso seis denuncias por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada, entre otros delitos; y el Congreso local tramita una solicitud para someterlo a juicio político. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, calcula en más de 50 mil millones de pesos el desfalco al erario de la entidad en acciones como la renta a sobreprecio de helicópteros y “un avión silencioso”, la compra de software para realizar espionaje, la construcción de un búnker en la Casa de Gobierno…
MORELIA, MICH.- Desde varios frentes se estrecha el cerco en torno al exgobernador perredista de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, señalado por la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla de haber cometido presuntos delitos relacionados con daños al erario, peculado y mal manejo de recursos públicos.
Las denuncias contra Aureoles se acumulan: además de la carpeta de investigación que se encuentra abierta en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR), el actual gobierno estatal presentó recientemente las propias ante instancias del ámbito federal y local, contra el exmandatario y varios de sus colaboradores.
A lo anterior se añaden observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán por la realización de obras de deficiente calidad, así como una demanda de juicio político contra el anterior titular del Ejecutivo, interpuesta ante el Congreso del Estado por una organización de productores que denunció anomalías en un programa ganadero.
Hasta ahora es difícil cuantificar el monto total de recursos públicos que podrían haber sido erogados de manera irregular por el gobierno anterior, porque “cada vez salen más”, señala el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, en entrevista con Proceso.
No obstante, al sumar la voluminosa deuda pública heredada y los daños directos al erario que se han documentado en las denuncias, el funcionario calcula una cifra que rebasaría los 50 mil millones de pesos, entre ellos 20 mil millones en créditos bancarios, además de 5 mil millones de los seguros; 13 mil millones de adeudos a proveedores; 9 mil millones de pasivos a instancias gubernamentales, incluida la nómina atrasada de los maestros; así como varios miles de millones correspondientes a presuntos malos manejos detectados en obras y adquisiciones.
Por lo pronto, el gobierno michoacano anunció el lunes 21 de febrero que presentó las primeras seis denuncias en materia penal, derivadas de irregularidades en el gasto público durante la pasada administración, que implicarían una afectación al erario de más de 5 mil millones de pesos.
La secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, refirió que cuatro de las denuncias fueron interpuestas contra exfuncionarios y el representante legal de una empresa privada, ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los probables delitos en agravio del gobierno de Michoacán son enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Torres Piña precisó que por la naturaleza de las denuncias e investigaciones se mantendrá la secrecía sobre los detalles. Pero sí informó que entre los hallazgos destaca la firma de contratos con una empresa sin capacidad económica y jurídica suficiente para prestar el servicio, además de que se realizaron pagos con cantidades excesivas, así como adjudicaciones de inmuebles por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
También fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias contra siete exfuncionarios, que podrían ampliarse si en las investigaciones resultan más implicados, pues se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Conforme a la información obtenida y según avance la investigación, dijo, se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total en torno a este mismo hallazgo en una dependencia.
Por distintas vías, Proceso trató de contactar a Silvano Aureoles para obtener su versión sobre los señalamientos contra su administración, pero no fue posible. De hecho, se desconoce el paradero del exgobernador michoacano, quien no se ha dejado ver públicamente desde hace varios meses.
Despilfarro y espionaje
Carlos Torres Piña, quien fue vocero del equipo de transición de Ramírez Bedolla, afirma en la entrevista que en realidad nunca hubo un proceso de entrega-recepción entre la administración de Aureoles y la actual.
“No tuvimos oportunidad de conocer los estados financieros como lo marca la normatividad, mínimo 45 días antes. Prácticamente llegamos al 1 de octubre desconociendo la situación que guardaba la administración pública de Michoacán. El entonces gobernador tuvo a bien recibir al gobernador electo un día antes de la toma de protesta y algunas secretarías las recibimos dos o tres días después, entre ellas Educación”, expone.
De acuerdo con información difundida previamente por el gobierno de Ramírez Bedolla, en el sexenio de Aureoles se gastaron mil 227 millones 865 mil 800 pesos en la renta de seis helicópteros y un avión sigiloso, mediante un contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa B3 Fly Services, SA de CV, que se constituyó 14 días antes de la firma de la transacción.
Aunque la finalidad de las aeronaves era supuestamente destinarlas a misiones de logística, vigilancia aérea, búsqueda y rescate, así como transportación de funcionarios, afirma Torres Piña que no quedaron bitácoras ni otro tipo de evidencia documental que justifique su uso.
Asimismo, se destinaron en total 5 mil 186 millones de pesos a cuarteles regionales de la Policía Estatal en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Huetamo, Uruapan y Zitácuaro. La construcción de los inmuebles, con presunto sobrecosto de más de 3 mil millones de pesos, se hizo sobre terrenos arrendados por algunos años, pero días antes del final del sexenio fueron adquiridos por el gobierno estatal.
El gobierno de Aureoles contrató también a una empresa propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga –esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero–, a la que según el secretario de Gobierno se le pagaron 34 millones de dólares por un software para monitorear constantemente las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado.
“Sólo tenemos el contrato de compraventa –precisa–, pero no dejaron absolutamente nada de lo que se pudo haber hecho con esa información que se recababa con ese software, no hay registro de a quiénes espiaban.”
Otra de las presuntas irregularidades tiene que ver con la construcción del C5 en Morelia por cerca de 2 mil 700 millones de pesos, cuando en el avalúo que se hizo no supera ni 600 millones, además de que fueron descubiertos algunos casos de fraude con el programa Palomas Mensajeras, destinado al reencuentro de migrantes con sus familias, y el gasto de al menos 12 millones de pesos en la construcción de un búnker en la Casa de Gobierno.
El auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, dice a este semanario que tras las auditorías aplicadas al manejo de los recursos estatales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se detectó un probable daño a las arcas públicas por alrededor de 40 millones de pesos como consecuencia de la realización de obras de mala calidad por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
En el área de Cultura, abunda, hubo observaciones por 8 millones de pesos por la firma de contratos de arrendamiento sin tener facultades para ello y porque el dinero no fue ingresado a la Secretaría de Finanzas, pero en ambas dependencias todavía falta llamar a los presuntos responsables para concederles el derecho de audiencia.
Aguirre Abellaneda comenta que el organismo a su cargo auditará también la construcción de los cuarteles regionales, en función de un crédito de 4 mil 900 millones de pesos contratado por la administración anterior, del que la mayor parte se aplicó en 2021.
En relación con los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el auditor refiere que en las observaciones correspondientes al gobierno estatal hubo daños al erario por aproximadamente 150 millones de pesos, por lo que está a punto de remitir los expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine las sanciones contra quienes resulten responsables.
Juicio político
El pasado 7 de diciembre el Congreso del Estado recibió una demanda de juicio político interpuesta por Rancho la Nueva Gloria, SA de CV, contra Aureoles y los extitulares de la Secretaría de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, y de la de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Rubén Medina Niño.
La empresa, con más de 50 años de antigüedad en la cría de ganado de registro brahmán, denunció que en 2017 y 2018 fue invitada a proveer de ganado al gobierno michoacano, dentro del Programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero, para el que entregó mil vientres, pero nunca le fue cubierto el pago respectivo.
De nada le valió promover un juicio de amparo y una denuncia penal, pues en el primer caso el secretario de Finanzas “mintió en la respuesta que dio a la autoridad” y en el segundo “se nos dijo que no podían darle trámite, pues eran órdenes directas del gobernador en turno y que no nos metiéramos en problemas, por lo que a la fecha ni siquiera se les ha citado a comparecer”.
Mientras, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y solicitó en diciembre a la Secretaría de la Función Pública información sobre los procedimientos administrativos abiertos contra Aureoles con motivo del ejercicio de sus funciones, de acuerdo con un oficio dado a conocer en enero por el portal SinEmbargo.
El secretario de Gobierno dice ignorar las razones de la investigación abierta por la instancia adscrita a la FGR, pero aclara que las denuncias presentadas por la administración bedollista son independientes de ese procedimiento, en tanto que el auditor superior de Michoacán comenta que la FEMCC no le ha solicitado ninguna información sobre las cuentas del exgobernador.
La presidenta estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, considera que el exmandatario encabezó “un gobierno frívolo que dejó mucho que desear a la población michoacana, pues su sello fue la corrupción; la entidad tiene una historia oscura de gobiernos, pero el acabose fue con el gobernador Silvano Aureoles, que dejó a la ciudadanía en ausencia de derechos”.
Aunque afirma que tiene confianza en las investigaciones, Bugarini advierte que “hoy el pueblo es muy sabio, está muy atento a lo que sucede y vamos a estar al pendiente, esperamos que en esta nueva historia no haya impunidad y que realmente cada quien asuma la responsabilidad de sus actos”.
Carlos Torres indica que en Michoacán no hay precedente de una transición gubernamental tan crítica como la que se experimentó recientemente.
“Es la primera vez que se vive esta situación; en años anteriores, aunque hubiera cambio de gobierno de partidos opositores, siempre se dio sin mayores dificultades, y en esta ocasión fue muy lamentable la forma en que se generó, pero era obvio por qué no nos querían informar en la entrega-recepción, porque hasta el último día querían hacer su negocio.”
Torres Piña está convencido de que, después del triunfo electoral de Alfredo Ramírez Bedolla, Aureoles buscaba un “pacto de impunidad” con el nuevo gobierno, pues en los últimos meses de su sexenio “se la pasó haciendo campaña nacional e inclusive internacional”.
Sin embargo, puntualiza el funcionario, “nosotros haremos lo propio con las denuncias, acreditando nuestros dichos y la información con la que se cuenta, que es muy evidente. El asunto quedará en manos de las instancias federales”.
